HidroAysén fue un proyecto energético de cinco grandes embalses y una red de trasmisión eléctrica de 2.500 kms que generó hace más de una década un fuerte rechazo político y masivas manifestaciones en diferentes ciudades.

Una de las ONG de mayor protagonismo entonces fue Patagonia sin Represas, que tuvo como abogado a Marcelo Castillo, un reconocido profesional en el mundo ambiental, y actualmente socio en Vicent & Asociados.

Ahora, Castillo representa a los pescadores de La Higuera, quienes se mantienen atentos al futuro de Dominga. Se espera que en los próximos días se pronuncie el Comité de Ministros sobre el proyecto minero y ayer los pescadores de La Higuera presentaron un recurso para pedir a la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas -que preside el Comité-, que se inhabilite en la decisión por «infringir el principio de probidad administrativa, y la objetividad e imparcialidad de la Administración», ya que «ha emitido públicamente juicios o declaraciones contrarias al Proyecto Dominga».

En conversación con El Líbero, Marcelo Castillo aborda el polémico proyecto minero Dominga, en Coquimbo, que está por vivir un hito clave cuando el Comité de Ministros decida si lo aprueba o rechaza.

El historial de Dominga

El proyecto de US$2.500 millones lleva en tramitación casi una década, ya que inició su tramitación ambiental en 2013; busca extraer y exportar hierro y cobre.

El historial político y judicial del proyecto es extenso. En 2017 generó una crisis política cuando el Comité de Ministros durante el gobierno de Michelle Bachelet lo rechazó, pese a tener un informe técnico favorable. Lo que gatilló la renuncia de los entonces ministros de Hacienda, Rodrigo Valdés, de Economía, Luis Felipe Céspedes, y del subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco.

Dominga también ha pasado por el Tribunal Ambiental de Antofagasta y la Corte Suprema, instancias que anularon el proceso previo por estar viciado, y pidieron que se repitiera.

El rechazo de Boric y la ministra Maisa Rojas a Dominga

El proyecto ha sido usado como bandera política en la izquierda. El Presidente Gabriel Boric, el mismo día que ganó, dijo: “No queremos más zonas de sacrificio, no queremos proyectos que destruyan nuestro Chile, que compran y destruyan a las comunidades. Y lo ejemplificamos en un caso que ha sido simbólico: No a Dominga”.

Maisa Rojas, titular de Medio Ambiente y quien preside el Comité de Ministros, afirmó en agosto de 2021: “No es una buena noticia”, al referirse a la aprobación en el Consejo Ambiental de Coquimbo.

En diciembre pasado varios informes de organismos públicos emitieron informes negativos del proyecto, lo que podrían presagiar la decisión de las autoridades.

Marcelo Castillo aborda el tema frente a estos posicionamientos previos de las autoridades.

Marcelo Castillo, abogado

-¿Cuál es su opinión en general del proyecto Dominga, que tiene una larga historia de tramitación y conflictos políticos?

-Es un proyecto bastante curioso, porque en general, en los proyectos mineros los impactos principalmente son terrestres, pero la polémica de este proyecto ha estado en sus efectos sobre el ecosistema marino. Es una paradoja. Es decir, el área menos impactada es la que genera más controversia, y con hipótesis sobre los efectos que podría causar en las instalaciones portuarias y la navegación de los buques que van hacia el puerto.

-Respecto de los procesos pasados, hubo polémica en 2017 cuando el Comité de Ministros lo rechazó pese al informe favorable. ¿Cuál es su opinion sobre el debido proceso de este proyecto?

-Una de las principales conclusiones es que ha estado lleno de irregularidades administrativas, las cuales han sido subsanadas por los tribunales de justicia. Dos ministros y un subsecretario en el segundo gobierno de Bachelet renunciaron porque se estaba tratando de rechazar el proyecto sin fundamentos legales. El  titular reclamó ante los tribunales ambientales, y le dieron la razón. El planteamiento político dentro de la administración es muy fuerte en este tipo de controversias. De manera tal, que no se respeta la ley adecuadamente en la evaluación de estos proyectos.

-¿El fallo de la Suprema le raya la cancha al Comité de Ministros para que se pronuncie sobre los aspectos técnicos y no políticos?    

-En el diseño de la evaluación ambiental, las decisiones mayoritariamente debieran considerar el componente técnico y lo político debiera ser lo mínimo. No se refiere a la política minúscula, respecto a la simpatía o no por el proyecto, sino que se refiere a las grandes políticas públicas como el desarrollo sustentable. Pero no política en el sentido que si soy Presidente y no me gusta, voy a rechazarlo. La política con minúscula no debería tener ningún peso. Sin embargo, hemos visto en este gobierno, como en gobiernos anteriores, que se mueven por consideraciones exclusivamente políticas. Toman una decisión política y después buscan las adecuaciones, aunque no tengan fundamentos, para rechazarlo o aprobarlo.

«Si tenemos un Presidente que cuando asumió dijo ‘no a Dominga’, una ministra que expresó opiniones en contra del proyecto, un subsecretario de MMAA que es contrario al proyecto, y varios otros ministros que quieren rechazarlo es evidente lo que va a ocurrir, que lo van a rechazar»

Marcelo Castillo, abogado

-Hay informes recientes de Medio Ambiente, Salud, Conaf, DGA y SAG contra la aprobacion de Dominga. ¿De qué manera incide en la decisión?

-Hay un tema que se relaciona con lo político. En el informe del SAG resulta muy sorprendente, que en una evaluación ambiental hay dos oficios, uno del 29 de junio de 2022, con un pronunciamiento satisfactorio del proyecto, y otro del 4 de agosto, que reconoce que, aunque no tiene competencias, objeta el proyecto. Es una irregularidad administrativa que nunca había visto. Otra irregularidad administrativa es que solo pueden informar los servicios públicos que emitieron informes sectoriales en la evaluación ambiental y constan en el expediente del proyecto. La Subsecretaría de Medio Ambiente no tuvo ninguna participación en la evaluación ambiental, pero sí emitió un informe en él Comité de Ministros, lo que es una irregularidad manifiesta y evidente, que tendría como efecto que ese informe no fuera considerado. Ademas, el subsecretario hizo una serie de declaraciones públicas en que se manifestó contrario al proyecto, lo que le quita imparcialidad y objetividad al informe.

-Usted escribió un tuit en que pide a Maisa Rojas inhabilitarse porque es muy amiga del abogado de Océana, Ezio Costa. “Cometería prevaricación administrativa”, a su juicio.

-Por supuesto, la inhabilitación de la ministra es una obligación de acuerdo con la ley de procedimientos administrativos, 19.880 y 18.575. Ambos fueron voceros y redactaron el programa ambiental del Presidente Boric, lo que denota una familiaridad y amistad que hace que se tenga que inhabilitar. Además, desarrollan muchas actividades en conjunto, a traves de distintos seminarios y foros.

¿Cuáles son sus expectativas sobre el Comité de Ministros?

-Si tenemos un Presidente que cuando asumió dijo ‘no a Dominga’, una ministra que expresó opiniones en contra del proyecto, un subsecretario de MM.AA. que es contrario al proyecto, y varios otros ministros que quieren rechazarlo es evidente lo que va a ocurrir, que lo van a rechazar, en el sentido de que acogerán la reclamacion en contra, y van a rechazar la que pide el titular pero solamente por consideraciones políticas. Las consideraciones técnicas serán a última hora inventadas, no se atendrán al mérito del proceso ambiental. Por lo tanto, creo con un 100% de certeza que ese proyecto va a ser rechazado. El gobierno va a rechazar Dominga solo por consideraciones políticas.

«Hemos visto proyectos que se rechazan sin fundamento, solamente poniéndose de acuerdo por WhatsApp. Eso no puede ser. Esa es la negación del estado de derecho»

Marcelo Castillo

-¿De que manera ese rechazo político, de ocurrir, afecta el sistema de evaluación ambiental?

-Es una pésima señal para el sistema de evaluación de impacto ambiental, porque lo que importa no es la ley, sino la convicción política que tienen los ministros y los funcionarios. Cuando impera la política de esa manera, tan manifiesta y evidente, uno no necesita cumplir la ley, necesita lobistas afines a los que están gobernando para que les aprueben o rechacen los proyectos. Es una distorsión del sistema ambiental, que debe ser eminentemente técnico. Hemos visto proyectos que se rechazan sin fundamento, solamente poniéndose de acuerdo por WhatsApp. Eso no puede ser. Esa es la negación del estado de derecho, del imperio de la ley y el reino de la arbitrariedad.

-¿Qué pasará con el proyecto si lo rechaza el Comité de Ministros?

-El titular del proyecto puede reclamar judicialmente contra la decisión ante los tribunales ambientales, y la última instancia es de la Corte Suprema.

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