“Este es uno de los casos que expresa de manera más grave la relación entre política y dinero que impide que se puedan hacer las transformaciones que venimos solicitando desde las luchas sociales”. Con esa frase, Javiera Toro (Comunes), actual ministra de Bienes Nacionales, criticaba en 2021 el vínculo dado a conocer entre el ex Presidente Sebastián Piñera y la Minera Dominga.
Hoy, es ese mismo proyecto minero el que la abogada declaró como una «potencial fuente de conflicto». El Líbero revisó las declaraciones de intereses y patrimonio realizadas en abril por los ministros ante InfoProbidad y comprobó que la ex presidenta de Comunes transparentó un vínculo relacionado con Dominga. Con ello, el proyecto minero podría volver a transformarse en un dolor de cabeza para el gobierno de turno, como ya lo fue para las administraciones de Bachelet 2 y Piñera 2.
El conflicto de interés estaría relacionado con su madre María Pamela Cáceres Meza. Según señala Toro en su declaración de intereses del 8 de abril de 2022, Cáceres tiene un 50% de participación de Asesorías e Inversiones Contreras y Cáceres Ltda., empresa que es socia de Inversiones Dominga SPA (2,73%) y socia, a su vez, de Andes Iron SPA en un 8%. En palabras de Toro, su madre “tiene interés en el 0,11% de la sociedad dueña del Proyecto Dominga”.
Asesorías e Inversiones Contreras y Cáceres Ltda. fue constituida el 2 de junio de 2011 por Pamela Cáceres Meza y Alejandro Contreras Cifuentes. El objetivo de la sociedad –según consta en el Diario Oficial– es el desarrollo de “asesorías, estudios y proyectos en materia de geología, minería, psicología y formación de personas y empresas en esas disciplinas”. De ahí la participación de Cáceres, quien es psicóloga y vicepresidenta del Instituto Chileno de Terapia Familiar; y de Contreras, gerente corporativo de Exploraciones y Geología en el holding minero Cemin.
Otra vez Dominga
A pesar de que Dominga cuenta con el apoyo de gran parte de los vecinos de la zona donde se emplazará y ha logrado superar las vallas de evaluación técnica que ha enfrentado hasta ahora, todavía no logra iniciar formalmente sus labores. El camino ha sido difícil, principalmente por las vinculaciones que se le han hecho con el mundo político.
El primer gran problema lo sufrió en agosto de 2017, cuando el proyecto fue rechazado por el Comité de Ministros del gobierno de Michelle Bachelet. La decisión fue de carácter político y no técnico, y eso trajo al menos dos coletazos graves. El primero de ellos vino sólo nueve días después de la votación, cuando por primera vez desde la vuelta a la democracia renunció en bloque el comité económico del gobierno, con los ministros Rodrigo Valdés (Hacienda), Luis Felipe Céspedes (Economía) y el subsecretario Alejandro Micco (Hacienda). «Algunos no tienen al crecimiento dentro de las prioridades más altas», dijo Valdés en esos días..
Años después, el 16 de abril de 2021, el Primer Tribunal Ambiental acogería una reclamación de Minera Dominga y ordenaría repetir la votación, “esta vez ajustada a derecho”. Es decir, la institucionalidad dio cuenta de que la votación ocurrida en el gobierno de Michelle Bachelet había sido irregular. ¿Por qué ocurrió esto?
Los terrenos de Compagnon
En enero de 2014, cuando Bachelet ya era Presidenta electa, su nuera Natalia Compagnon compró 12 terrenos de media hectárea a pocos kilómetros de donde se emplazaría Dominga. Dichos lotes subirían su valor de suelo considerablemente si se aprobaba el proyecto de Andes Iron.
El 24 de marzo de ese año, la hija menor de la mandataria, Sofía Henríquez, le compró a Compagnon uno de los terrenos en 6,5 millones de pesos. Bachelet luego diría que ella había puesto el dinero para esa compra con el fin de hacer «una cosa recreativa, como de buena vibra, de buena onda”. La ex jefa de Estado señaló en ese entonces que “ni siquiera sabía que existía, a esa altura, un proyecto minero”. Sin embargo, Bachelet debió estar al tanto de Dominga debido a que sus ministros ya hablaban del tema al momento de la compra y ella ya había sido interpelada por grupos ambientalistas para que lo detuviera.
El asunto de los terrenos salió a la luz pública en marzo de 2017, poco antes de la votación del Comité de Ministros. Quienes conocieron de cerca la decisión tomada por esos días, señalan que la Presidenta ya había sido duramente golpeada en lo político y en lo personal con el caso Caval en 2015 y no se podía exponer a un nuevo episodio así, donde sus familiares se vieran eventualmente beneficiados por la aprobación de este proyecto. Al final Dominga terminaría pagando los platos rotos.
La arista Piñera por la que enfrentó una acusación constitucional
La vinculación con el ex Presidente Sebastián Piñera viene desde el origen del proyecto. En 2009 la familia Piñera-Morel invirtió en el proyecto minero a través de Mediterráneo Fondo de Inversión (FIP). Junto a la familia Délano-Méndez obtuvieron más del 56% de la propiedad de Minería Activa Uno SPA, propietaria de Minera Andes Iron Ltda, a cargo de Dominga.
En 2010, Délano compró la parte de los otros inversores de Dominga por US$152 millones. La suma se pagaría en tres cuotas y la última dependía de que no se estableciera como área de protección ambiental el emplazamiento de Dominga. Ese aspecto tenía relación directa con las atribuciones y decisiones del entonces Presidente Sebastián Piñera.
Ese último antecedente se dio a conocer en octubre del año pasado dentro de la investigación llamada Pandora Papers publicada por Ciper y LaBot y desencadenó una acusación constitucional en contra del entonces Mandatario.
78 diputados votaron a favor de abrir un proceso contra el Jefe de Estado asegurando que “habría comprometido gravemente el honor de la Nación e infringido abiertamente la Constitución y las leyes”. Finalmente, el libelo se rechazó tras no obtener los 29 votos requeridos en el Senado.
Las críticas de Javiera Toro
Tras salir a la luz los nuevos antecedentes que relacionaron a Piñera con Dominga en los Pandora Papers, Toro fue tajante al criticarlo.
En Estado Nacional, la abogada integrante del equipo estratégico del comando de Gabriel Boric, aseguró que era uno de los claros ejemplos en que se relacionaba política y dinero. “Acá, de manera tan estrecha, está relacionado el interés del Presidente de la República con, por ejemplo, lo que iba a pasar con un proyecto de inversión que tiene altos impactos ambientales”, aseguró Toro. “De hecho el Presidente nombró a las 11 personas que tomaron hace un par de semanas la decisión en la Comisión de Evaluación de Coquimbo respecto al mismo proyecto”, continuó.
En tanto, el Presidente Gabriel Boric se ha mostrado constantemente en contra de la iniciativa minero-portuaria. Tras la aprobación ambiental de agosto de 2021, el entonces candidato dijo que «Chile Vamos y la derecha están haciendo un daño irreparable al permitir que continúe el proyecto de minera Dominga». «Nuestra postura en esto es clara y la mantendremos firme en un futuro gobierno: queremos desarrollo pero no a costa del medio ambiente y las comunidades”, agregó.
El Líbero consultó a la ministra sobre su intención de transparentar el potencial conflicto de interés con el proyecto minero, pero hasta el cierre de esta nota no hubo una respuesta ya que Toro se encontraba en una visita en el norte.
Toro es abogada de la Universidad de Chile, excandidata a Constituyente por el Distrito 11 y exdirectora de la Fundación Nodo XXI. Además, fue la primera presidenta de Comunes y fue dirigenta estudiantil.
En cuanto a su declaración de intereses y patrimonio, es una de las ministras del gabinete que menos patrimonio registra. Da cuenta de un bien inmueble en Santiago, avaluado fiscalmente en $41.581.643 y sostiene estar pagando un crédito hipotecario por $66.747.753 y uno de consumo por $9.129.068.
El camino que aún recorre Dominga
El último traspié de Dominga se dio en la Corte Suprema hace unas semanas, cuando la instancia acogió una petición de pescadores y trabajadores del turismo –opositores al proyecto– y resolvió poner término a la conciliación.
El gerente de Asuntos Públicos de Andes Iron de Dominga, Francisco Villalón, desdramatizó dicho fracaso de la conciliación en la Corte Suprema y aseguró que seguirán esperando. “Es oportuno resaltar que cada vez que el proyecto Dominga se ha sometido a instancias de evaluación técnica, ha recibido pronunciamientos favorables”, dijo anteriormente a El Líbero.
Pero aún hay flacos pendientes. La Suprema debe resolver la causa abierta que se mantiene luego de que las comunidades apelaran ante la resolución de la comisión regional, que dio el visto bueno en cuanto al efecto medioambiental.
En paralelo el Comité de Ministros deberá tomar una nueva decisión. La instancia la preside la ministra de Medio Ambiente y la integran sus pares de Salud, Economía, Agricultura, Energía y Minería.
Según conocedores de la cartera de Bienes Nacionales, ese ministerio no está directamente relacionado con el proyecto de Dominga, sin embargo, podría generarse un conflicto de interés si se llegara a pedir algún terreno fiscal cercano.
Recientemente Andes Iron alcanzó un acuerdo con un consorcio chino para traspasar el 100% de la propiedad del proyecto minero-portuario. Según informó el Diario Financiero, las partes se encuentran realizando un due diligence que se extenderá por los próximos cuatro meses. El acuerdo buscaría que se mantengan los compromisos ambientales y con la comunidad que ha asumido Andes Iron en Coquimbo.