“En el caso de la violencia rural, vamos a reformular el Programa de Apoyo a Víctimas de Violencia Rural que entrega subsidios de reposición económica a quienes hayan visto afectadas sus actividades productivas y/o comerciales y brindaremos intenso apoyo jurídico y psicosocial a las víctimas en las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos”. Con estas palabras, en su primera Cuenta Pública de 2022, el Presidente Gabriel Boric anunció una de las medidas emblemáticas que impulsaría en la Macrozona Sur para las víctimas de la violencia rural.
El Líbero consultó a la Delegación Presidencial de La Araucanía sobre el estado de avance del compromiso hecho por el Mandatario, y desde la institución señalaron que la reformulación que anunció el jefe de Estado se basó en la habilitación de una oficina en Temuco, la cual implicó el aumento de profesionales como psicólogos, abogados y asistentes sociales que, hoy en día, apoyan en este programa de atención a víctimas.
Eso sí, las medidas de apoyo que otorga la oficina siguen siendo las mismas. Es decir, los subsidios que otorga el Estado para las víctimas de violencia rural no han variado desde el 2018, año en el que se inició el programa del Ministerio del Interior, levantando un catastro para registrar tanto a personas naturales, empresas y organizaciones sociales que habían sufrido un ataque incendiario.
Si bien el programa inició con sedes en las regiones del Biobío, Araucanía y Los Ríos, durante estos últimos seis años se agregaron las regiones de Ñuble y Los Lagos.
Víctimas dicen que el programa es insuficiente y que «llega tarde»
Si bien valoran que exista esta instancia y el apoyo de los profesionales, los usuarios de este programa dicen que los cambios han sido insuficientes y que no ha habido una «reformulación» como la que se comprometió.
Por ejemplo, el presidente de la Asociación de Agricultores Malleco, Sebastián Naveillan, indica que “es una buena instancia para las personas que han sido víctimas del terrorismo, pero lamentablemente, como buen organismo público, la burocracia lo hace ser lento y tramitador. Finalmente llega sumamente tarde (…). Necesitamos un organismo que sea rápido. Tenemos que pensar que los atentados se demoran minutos en destruir todo y el Estado se demora casi dos años en reponerte el dinero perdido producto del atentado”.
Por otro lado, una víctima de La Araucanía, quien prefiere resguardar su identidad ya que está en proceso de tramitación en el programa que lidera el Ministerio del Interior, señala que “uno agradece que esto exista. El terrorismo lleva más de 25 años y las ayudas de reparación han sido mínimas. Pero con el programa de víctimas hay lentitud en todo el proceso y, a veces, uno dice ¿para qué seguir con esto si debo volver a surgir y mi familia no puede quedar esperando respuesta del Estado? Los políticos dicen que las víctimas no pueden quedar olvidadas, pero acá te olvidan durante el tiempo que tramitas tu subsidio que cubre parte de todo lo perdido”.
Parlamentarios cuestionan montos de la reparación y lentitud
Consultados por el anuncio que realizó el Presidente Boric y lo que se ha desarrollado durante estos últimos años en el Programa de Apoyo a Víctimas de Violencia Rural, parlamentarios de la zona manifiestan que habrían esperado medidas que beneficien de forma más ágil a quienes han sufrido ataques.
Por ejemplo, el diputado Miguel Mellado señala que “los atentados terroristas siguen, pero la prontitud con la que se ayuda a las víctimas del terrorismo no es igual de rápida que como se producen los atentados. La ayuda psicológica es más rápida, pero hay una demora sustancial en la reparación. También es muy baja la reparación que se hace con respecto a la pérdida que tuvieron (las víctimas) con los atentados, sumando el tiempo excesivo de espera y de trámites”.
Por su parte, el diputado Andrés Jouannet indica que “uno esperaría una oficina robusta, una oficina no sólo con profesionales, sino con recursos y con metodologías para poder ayudar a las víctimas desde el punto de vista psicológico pero también desde el punto de vista material. Pero por otra parte, ¿cómo protegemos a las víctimas? Porque si las víctimas finalmente terminan denunciando son después acosadas, son después amenazadas. Entonces la verdad es que esta es una oficinita muy abrigadita pero que la verdad no cumple ningún rol”.
Finalmente, Mellado también apunta a los recursos de los que dispone el programa, señalando que son “insuficientes” y agregando que “en los últimos años ha tenido que ser el gobierno regional, a través del gobernador Luciano Rivas, el que ha colocado recursos para terminar la lista de espera que tenían”.