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Publicado el 09 de marzo, 2019

Los niños, las víctimas invisibles de la violencia en La Araucanía

Autor:

Emily Avendaño

Algunos se encuentran recibiendo atención psicológica, otros han debido cambiarse de escuela. Pese a los esfuerzos de sus padres, los pequeños se han convertido en testigos silenciosos de la violencia rural. El jueves se constituyó la organización “Mujeres Unidas por la Paz”, que agrupa a más de 130 personas, y cuyo objetivo es sensibilizar y visibilizar esta situación en La Araucanía.

Autor:

Emily Avendaño

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A los 12 o 13 años de edad, la hija mayor de esta familia de agricultores, residentes en Ercilla, sabía con exactitud cómo manejar un extintor. También sabía que si su vivienda, ubicada en el campo, sufría un asedio debía tomar a su hermano pequeño –al que le lleva 9 años– llevarlo a una pieza ya preestablecida, levantar allí un colchón contra la ventana, por si había disparos, tener un teléfono al lado y esperar instrucciones.

Ahora el niño más pequeño, que ya creció y tiene 8 años de edad, también sabe que, si va en el auto con su madre y ella utiliza la expresión “operación tortuga”, él debe dejar lo que esté haciendo y tirarse al piso. Su mamá lo hace parecer un juego, pero lo que en realidad está sucediendo en que están tirando piedras en el camino.

La madre, por seguridad, pide que no se le identifique con nombre y apellido. Ha sido víctima de la violencia rural durante años y su familia ha sufrido cientos de ataques. En enero de 2019 se unió a otras 130 mujeres de La Araucanía, Los Ríos y Biobío para conformar la organización “Mujeres Unidas por la Paz” que busca visibilizar y sensibilizar sobre la situación de los niños que deben atestiguar, y en algunos casos ser partícipes de estos hechos.

Nos han recibido porque nunca nadie había planteado el tema. Nunca nadie lo vio desde el punto de vista de los testigos chicos del conflicto. La infancia no estaba en el radar de nadie”, dice Carola Martínez Bohlken, vocera de Mujeres Unidas por la Paz.

Carola Martínez Bohlken es miembro y vocera de la organización que quedó constituida formalmente el pasado jueves. Explica que su intención es trabajar en cuatro ejes: protección de la infancia, mujer y familia, seguridad integral, y daño ambiental y animalista. Sin embargo, en este momento su énfasis está en los niños: “Tenemos una realidad muy poderosa. En una sala de clase en La Araucanía tenemos a un hijo de un carabinero, a un hijo de un agricultor y a un niño mapuche y cada uno de los tres ve una realidad diferente de este elefante que está dentro de la habitación. Las mamás tratamos de lidiar con esto con muy pocas herramientas y tampoco existe nadie que ayude a tratar el sufrimiento de la madre”.

Dice Martínez Bohlken que la organización surgió después de escuchar a algunos niños expresar:

-Mamá, ¿nos van a venir a matar?

-Mamá, ¿duermo con un cuchillo para protegerte?

-Mamá, mi papá se va a cosechar, ¿lo van a matar?

Pero no se ocupan solo de los hijos de los agricultores. La activista subraya que los más pequeños se han convertido en testigos silenciosos de los ataques. “Después de la muerte de Camilo Catrillanca tuvimos una escalada de violencia. A finales de diciembre y enero vimos una ola de embanderamiento de campos y, cuando hacían esto, quienes iban en la línea delantera de las tomas eran niños de 2 y 3 años y, detrás de ellos, mujeres con sus guaguas”. Subraya que, hasta el momento, ni las autoridades, ni los políticos, ni la sociedad ni las organizaciones de DD.HH. se han hecho cargo de la situación.

Lo que quiero es que mis hijos no crezcan con odio a una raza. La situación se ha descontrolado por culpa de unos pocos, pero es increíble la influencia que tienen y cómo pasan por encima de sus propios compañeros mapuche. No solo mis hijos tienen miedo. Los suyos también”, afirma una agricultora de Victoria.

La madre residente en Ercilla afirma, con pena, que sus hijos han debido crecer en “una burbuja”. No van al centro del pueblo, no andan en bicicleta por los predios y tienen pocos amigos. Debido a la gravedad de los ataques que ha sufrido su familia cuentan con vigilancia de Carabineros. Cuando su hija tenía 8 años por recomendación de la Fiscalía tuvo que ser cambiada de colegio a uno ubicado en Victoria –a 25 kilómetros de distancia–. “Mis hijos han crecido en medio de este conflicto. Los niños toda la vida han tenido atención psicológica y en algunos casos hasta psiquiátrica. Hemos estado en terapia familiar. A mi esposo lo han amenazado delante de mi hijo. La vida gira en torno a este problema”.

Hace algunas semanas su caso, junto al de otras mujeres, fue escuchado por la Subsecretaria de la Niñez y por la Subsecretaría de Prevención del Delito. “Organizaciones como la de Mujeres Unidas por la Paz son muy importantes. Es un gran paso que el gobierno nos haya escuchado, que haya atendido a las víctimas y considerado a nuestras familias. Todos somos chilenos y queremos que nos traten con dignidad”, afirma.

“Hay una pugna de poder al interior de las mismas comunidades mapuche. Ellos no tienen a quién acudir”

Las mujeres que integran esta organización tratan de inculcarle a sus hijos que “no son todos”, que los violentos son unos pocos y procuran evitar el odio; pero ellas mismas temen no tener las herramientas suficientes para lograrlo.

Martínez explica que mujeres de comunidades mapuche también han asistido a las reuniones de la organización, aunque con miedo. “Hay una dirigente antigua de una comunidad a la que se le quiere imponer una persona más joven de Temucuicui con la promesa de que conseguirán tierras. Esta gente la hostiga, un día quemaron la casa a una de sus personas de confianza con todo adentro. Es una comunidad pacífica que ha sido víctima de una dirigencia violenta. Hay una pugna de poder fortísima a lo interno de las mismas comunidades mapuche. Ellos no tienen a quien acudir”.

Después de la muerte de Camilo Catrillanca tuvimos una escalada de violencia. A finales de diciembre y enero vimos una ola de embanderamiento de campos y, cuando hacían esto, quienes iban en la línea delantera de las tomas eran niños de 2 y 3 años y, detrás de ellos, mujeres con sus guaguas”, afirma Carola Martínez, vocera de Mujeres Unidas por la Paz.

Es un conflicto que permea todo. Bárbara Orellana también es de Ercilla y comparte la causa de Mujeres Unidas por la Paz. Cuenta que en el colegio de su hija no sucede, pero hijos de carabineros también sufren de acoso escolar. “Un niño de 8 años tiene que decirle a su papá que no se ponga el uniforme, porque sus compañeros de clase se refieren a su padre, y me disculpa la expresión, como ‘paco cu…’. Esta es una realidad muy fuerte”.

El esposo de Orellana estuvo en todas las noticias a mediados de enero, después de recibir un disparo en una pierna. En total fueron tres los proyectiles descargados: los otros dos impactaron contra el tractor en el que se desplazaba. “Mi vida cambió. Ya no hay sanidad mental, te hacen sentir ajeno en tu propia casa. La gente puede pensar que exageramos, pero esta es nuestra realidad”, describe.

Desde el disparo, su hija de cinco años duerme con ella, porque le da miedo dormir sola; y cada vez que escucha un sonido repentino o muy fuerte, “salta” y pide que llamen a los carabineros. “Siempre le he inculcado a mi hija que todos somos ciudadanos iguales. Hay temor en Ercilla, Victoria, Collipulli. Los violentos no son todos. La mayoría de los mapuche son buena gente, pero están amedrentados y temen hablar. Con esta situación sufren todos los niños, no solamente mi hija. Mapuche o no mapuche. Siempre que hay un atentado se cortan todos los caminos y los niños no pueden llegar a sus casas o a las escuelas. Todos tenemos una dificultad. Todos sufren por igual”.

“Cuando nuestros niños nos vieron los moretones tuvimos que decirles que eran picaduras de araña de rincón”

El pasado martes hubo dos escuelas de Ercilla que no comenzaron el año escolar. Ambas fueron víctimas de episodios de violencia en noviembre. Uno de los centros es el de las docentes que fueron asaltadas en el operativo policial que precedió a la muerte de Camilo Catrillanca. La otra es la escuela Millalevia, que fue incendiada el 15 de noviembre. En otra de las movilizaciones posteriores a la muerte del mapuche también fue tomado el Liceo de Ercilla, los daños de esta acción se avaluaron en $100 millones.

“En Victoria, por ejemplo, no hay recintos particulares pagados. Todos son de administración gubernamental, sea porque son municipales, o porque tienen un sostenedor, pero este recibe subvención del Estado, así que todos son gratuitos. En los centros conviven hijos de carabineros, de agricultores o mapuche. La convivencia escolar no está siendo evaluada, ni atendida, ni visibilizada”, afirma Martínez.

La madre de una familia de agricultores en Victoria relata que durante todo el verano sus hijos de 4 y 7 años de edad han tenido que estar en tratamiento psicológico. Esto después de que embanderaran su terreno y reclamaran sus tierras. Parte de este terreno, además, ya estaba pactado para ser vendido a la Conadi y entregado a la comunidad mapuche aledaña. Sin embargo, el embanderamiento detuvo todo el proceso.

Un niño de 8 años tiene que decirle a su papá que no se ponga el uniforme, porque sus compañeros de clase se refieren a su padre, y me disculpa la expresión, como ‘paco cu…’. Esta es una realidad muy fuerte”, relata Bárbara Orellana.

“Nosotros intentamos conversar con ellos. Explicarles que la compra-venta no se podía dar en esa circunstancia. Pero de manera violenta, a palos, nos echaron del lugar. Nos dieron por todos lados, apedrearon nuestro vehículo, quedó inutilizable. Cuando nuestros niños nos vieron los moretones tuvimos que decirles que eran picaduras de araña de rincón. Tratamos de que no se involucren, pero no podemos mantenerlos en una burbuja. Notan que hay tensión, y nos preguntan por qué no pueden jugar en el campo o andar en bicicleta hasta después de que oscurezca”, dice la agricultora, que también teme identificarse.

Patricia Urban explica que en su caso los ataques empezaron en 2001, y que les han quemado la casa, los galpones y también animales. A sus hijos hubo que cambiarlos de colegio. Y en el pueblo hay rayones en las paredes que dicen: “Mueran los Urban”. Sus hijos ven esto con pena. Les parece injusto que los insulten solo por su apellido. No pueden acercarse a la plaza del pueblo o salir; y su casa es un punto fijo con presencia de carabineros. “Hemos asimilado que esto es lo que nos tocó”, dice resignada.

Opina que ha sido bueno organizarse. Porque siempre se abordaba el tema desde los gremios o los agricultores, pero nunca desde la parte humana.

Recalca Martínez: “Buscamos que haya atención a las víctimas, localizada; porque los centros de atención están en Temuco o en Angol y quedan a una hora de viaje; y desarrollar una política educativa. Hay que hacer un levantamiento del daño psicológico que han sufrido nuestros niños y la mejor forma de llegar a todos es en los colegios”.

También buscan hacer contacto con los ministerios de la Mujer y de Educación para que haya articulación entre las distintas organizaciones. “Nos han recibido porque nunca nadie había planteado el tema. Nunca nadie lo vio desde el punto de vista de los testigos chicos del conflicto. La infancia no estaba en el radar de nadie”, concluye.

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