A través de la Plataforma de la Ley del Lobby, Marco Ide, presidente de la Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur (Fipasur) solicitó una audiencia con el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Ide, y otras organizaciones del rubro, querían conversar con el secretario de Estado sobre la ley 20.249, que crea el espacio costero marino de los pueblos originarios (ECMPO), mejor conocida como Ley Lafkenche. Su objetivo, explica, no es solicitar que se elimine la ley, sino que se revise el artículo 10, que suspende la tramitación de cualquier solicitud hecha en el borde costero que se sobreponga con otra presentada por un pueblo originario. Es decir, una solicitud de ECMPO suspende temporalmente toda otra solicitud sobre el mismo espacio marino costero.
Ide argumenta que la Ley Lafkenche no conversa, por ejemplo, con la Ley de Caletas: “La inversión pública se está perdiendo. Hay un Plan Nacional de Caletas, en el caso nuestro hay un Plan Regional de Caletas, y en la Región de Los Ríos tenemos 14 caletas entrampadas por solicitudes ECMPO”. No solo eso, Ide –quien también es consejero nacional de pesca– calcula que en Los Ríos pueden ser alrededor de 40 los proyectos paralizados, entre públicos y privados debido a este efecto suspensivo.
Otro ejemplo que presenta el presidente de Fipasur ocurrió en Caleta Los Molinos: “Nos demoramos casi cuatro años para que se dé la autorización de desafectación para poder construir la caleta. Una inversión de 5.000 millones de pesos que estuvo paralizada por la solicitud ECMPO, y eso no se puede permitir, estamos en un país con problemas de trabajo, y este tipo de construcciones son beneficiosas; pero no solo tiene que ver con las caletas, sino que cualquier obra que se quiera construir en el borde costero donde haya una solicitud ECMPO no se puede realizar a no ser que se desafecte”. Es decir, que la asociación de comunidades indígenas desista de su requerimiento en esa área.
Aquí entra otro asunto que hace del tema una competencia del Ministerio de Desarrollo Social, y es que en diversas partes del proceso se necesita que concurra la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Es la Conadi la entidad responsable de acreditar el uso consuetudinario del espacio solicitado; lo que implica probar que la asociación de comunidades de manera habitual realiza actividades pesqueras, religiosas, recreativas o medicinales en los lugares que piden administrar (actividades que no necesariamente deben ser de origen ancestral).
La elaboración de ese informe por parte de Conadi es una de las partes del proceso que más tiempo demora. Asimismo, cuando después de muchos años, la solicitud llega a la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC), que es la que decide si aprueba, modifica o rechaza entregar la administración de las hectáreas solicitadas; todas las comunidades que integran la asociación deben tener su directiva vigente; pero Conadi también se demora en este proceso.
A esto se suma que “cuando son asociaciones de comunidades tienen que firmar todas, cada una de ellas, la solicitud de desafectación. En el caso nuestro, por ejemplo, está la ECMPO Wadalafken, que tiene 13 comunidades indígenas, y en este minuto más de cinco de ellas están sin su directiva vigente, por lo tanto no pueden hacer ningún trámite para desafectar. Eso está ocurriendo”, afirma Ide.
La Ley Lafkenche en cifras
La Asociación de Comunidades Indígenas Wadalafken está solicitando un ECMPO que abarca 164.967,73 hectáreas en las comunas de Valdivia, Corral y La Unión para usos de caza, pesca, recolección, navegación, investigación, educación y turismo.
Se trata de una de las diez asociaciones de comunidades indígenas que han solicitado el manejo de más de 100.000 hectáreas desde que la ley fue promulgada en el año 2008. Su petición, ingresada en 2019, actualmente está siendo revisada por Conadi.
La petición de ECMPO más grande ingresada hasta agosto de 2022 abarca 775.419 hectáreas. Fue hecha por las Comunidades Indígenas Antunen Rain, Peumayen, Aliwen y Fotem Mapu en 2017 en la comuna de Cisnes en la Región de Aysén.
En la misma comuna de Cisnes hay otra solicitud de ECMPO por 310.205,85 hectáreas hecha por la Comunidad Indígena Pu Wapi en 2016. Ambas solicitudes en Aysén están siendo revisadas actualmente por Conadi.
En total, según datos obtenidos de Subpesca por las organizaciones que se han interesado en este tema, desde la entrada en vigencia de la ley se han presentado 102 solicitudes. Hasta agosto del año pasado; 18 de ellas habían sido otorgadas y 84 se mantenían en trámite.
La superficie solicitada abarca 3.880.749,01 hectáreas.
Yendo al detalle de lo ya otorgado, dichas solicitudes eran por 531.270,8 hectáreas, de las cuales se otorgaron 99.295 hectáreas.
“El 100% de Los Ríos, nuestra región, que es pequeñita, está solicitada como espacio costero marino. Lo mismo está pasando en la zona de Puerto Montt, todo lo que es el borde costero de la isla de Chiloé, y hacia el sur, Aysén y Magallanes. Todo eso suma 4 millones de hectáreas. ¿Y por qué nosotros queríamos pedir una reunión con el ministro? Porque esta es una ley que se crea en el año 2008, bajo el alero del Ministerio de Planificación que después se convierte en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Por lo tanto este tema le compete al ministro Jackson”, insiste el presidente de Fipasur.
Ley Lafkenche: “En pedir no hay engaño”
En enero circuló en redes sociales un video que muestra, a través del Visualizador de Mapas de Subpesca, todas estas solicitudes de ECMPO. Prevalece el color amarillo porque hasta ahora solo son un requerimiento. Si llegaran a otorgarse aparecerán en color rojo.
Claudia Unicahuin, que hasta julio de 2022 trabajó en la oficina de Conadi en Castro y es la actual vicepresidenta de Pueblos Originarios en Renovación Nacional, coincide en que la Ley Lafkenche debe ser modificada. No obstante, hace la salvedad de que lo mostrado en el video no significa que le vayan a entregar todo el uso del mar a los pueblos indígenas. “En pedir no hay engaño”, afirma.
Unicahuin subraya que si bien las comunidades no tienen restricciones en cuanto a la extensión de hectáreas a solicitar es difícil que efectivamente la CRUBC otorgue todo lo solicitado.
Y es que en esta comisión hay participación de los gobiernos regionales, de seremis de Economía, Obras Públicas, Bienes Nacionales, Transporte, Desarrollo Social, Medio Ambiente, Vivienda. También participan directores regionales del Servicio Nacional de Turismo, de Conadi, Sernapesca, hay presencia de la Subpesca, gobernadores marítimos, municipalidades, cores, representantes de organizaciones privadas y de quienes se oponen al otorgamiento de la ECMPO.
“Es una comisión bastante amplia donde se evalúa cuánto se le va a entregar a qué comunidad y por qué. Y yo creo que acá debe haber un tremendo sentido de la responsabilidad de la comisión”, dice la dirigente de pueblos originarios.
Sin embargo, Unicahuin coincide en que la suspensión de otras solicitudes con otros fines en las mismas áreas constituyen un problema, así como que no se limite la extensión de las solicitudes, ni la creación de comunidades indígenas en un mismo territorio, ya que incluso sucede que se pueden “sobreponer” solicitudes entre las mismas comunidades indígenas.
“Según el espíritu de la ley, la suspensión no debería ser de más de tres meses, pero en la realidad no es así. Mi opinión es que la ley está mal hecha. Si yo hablo de 10.000 hectáreas y la comunidad indígena tiene 12 socios, por ende 12 familias, 12 familias no van a trabajar 10.000 hectáreas”, plantea.
Y a esto suma los tiempos que se demora Conadi en elaborar los informes, primero por la pandemia, cuando no podían asistir al terreno, y también por falta de personal y de recursos materiales para hacer las visitas a las comunidades que, además, pueden estar en zonas de difícil acceso.
Quién le pone el cascabel al gato
En la respuesta que recibió el presidente de Fipasur, Marco Ide, cuando pidió entrevistarse con el ministro Giorgio Jackson, junto con negarle la audiencia se dice que “no corresponde a temas del Ministerio de Desarrollo Social y Familia” y se le sugiere solicitar una audiencia con la Subsecretaría de Pesca.
“Nosotros hemos tenido múltiples reuniones con la Subpesca. De hecho, yo soy consejero nacional de pesca. Desde la subsecretaría lo que nos han dicho es que hay reuniones de coordinación interministerial, tanto del Ministerio de Economía como del Ministerio de Desarrollo Social, pero son puras palabras y aquí hay que hacer acciones”, subraya Ide.
El abogado Eric Correa de la Fuente asesoró al Ministerio de Economía hasta el final del gobierno pasado. Y entre los temas que debió mirar estaba la Ley Lafkenche. Plantea que la ley ha presentado problemas desde el inicio por parte del Estado.
“Nunca se implementó bien esta norma desde que se dictó, no se preparó a los equipos. Sencillamente todos los servicios asumieron la carga nueva sin mayor capacitación, sin mayor presupuesto y sin mayor personal. Entonces, lo que ocurre en la Subpesca, en la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, en Conadi, es que son equipos que tienen una tarea específica, principal, y que tiene que dedicar cierta cantidad de horas a las solicitudes lafkenches”, afirma.
En cuanto a las competencias, argumenta que siempre ha sido “precaria” la institucionalidad en el tema.
“Los esfuerzos que han ocurrido son en base a buscar una coordinación entre esos servicios, un esfuerzo que por lo general lideró el Ministerio de Economía. En el primer gobierno de Sebastián Piñera se creó una mesa de trabajo interinstitucional que lideró Economía, pero cuando asume Michelle Bachelet en su segundo gobierno esa mesa cambia el liderazgo al Ministerio de Desarrollo Social, por lo tanto cambia el enfoque”, relata.
Asevera que el enfoque “original tenía que ver con levantar la problemática y buscar formas de acelerar la tramitación de procedimientos, de dar certezas, de buscar aunar criterios a la hora de aplicar la ley. La mesa que lideró Desarrollo Social tenía que ver con la negociación que se estaba dando con las comunidades indígenas, sobre todo con las de origen lafkenche y responder a un pliego de peticiones que ellos tenían”.
En el segundo gobierno del Presidente Piñera, cuenta el abogado, se retoma esta mesa, pero funciona los dos primeros años hasta que el estallido social la “desinfló” un poco.
“Con el gobierno actual finalmente Economía deja de liderarla y le encomienda la dirección, según entiendo, a la Subsecretaría de Pesca, lo que es pésimo, porque Subpesca es uno más de los operadores, no tiene el peso político de que haya un ministerio encargado y Subpesca en muchas cosas también es parte del problema, no de la solución, y obviamente no tiene la jerarquía para entenderse con los otros servicios y subsecretarías que dependen de otras autoridades, por lo tanto eso dificulta que pueda tener un liderazgo un poco más eficaz”, opina Correa.
Ide, por su parte, asegura que insistirán con la Ley de Lobby y solicitarán de nuevo una audiencia con el ministro Jackson: “Alguien tiene que decírselo: que la ley ECMPO es de su cartera. No puede hacer la vista gorda y decir que vayamos a Subpesca. La Subpesca por la misma ley está metida como el destinatario de estas destinaciones marítimas, ese es su rol en la tramitación, pero para modificar una ley tiene que ser el ministerio que le corresponde, y ese es el Ministerio de Desarrollo Social y Familia”.
El uso “abusivo” de la ley
Y es que la ley tiene problemas más allá del efecto suspensivo que las solicitudes ECMPO generan sobre otros proyectos. Una demora que en algunos casos puede ser de cinco, seis y hasta siete años, que es el tiempo que toma responder. A lo que se suma que esta “preferencia en la tramitación no asegura la asignación”, dice Correa.
Además, indica el abogado, “se empezó a utilizar la Ley Lafkenche, no para su objetivo original, sino como una forma de suspender o paralizar otras solicitudes de concesiones asociadas a proyectos productivos o inversiones, que ocurrían en la región y que la comunidad no quería en la zona. Entonces, ese es un uso abusivo porque en el fondo, no busca el fin que es obtener el espacio, sino que sencillamente evitar que otros se instalen”.
También ha sucedido que una comunidad solicita el uso del borde costero, por ejemplo, para la pesca; y cuando Conadi acude para acreditar el uso consuetudinario se encuentran con que no hay ni un bote en la costa.
“El gran problema es el filtro de admisibilidad que lleva a que haya grandes solicitudes. Esto es cuestionable, cuando uno ve lo que ocurre hacia el final, por el costo que tiene mantener durante cuatro, cinco o seis años suspendida la tramitación de otros proyectos. Yo diría que ese es el gran problema al final del día, que es el efecto suspensivo, eso sumado a la solicitud excesiva es la que está generando este problema al detener el desarrollo”, resume Correa.
Y puesto que no está zonificado el uso del borde costero, eso también suma a que no haya elementos técnicos que faciliten la toma de decisión con respecto a una ECMPO.
Paz Charpentier, directora ejecutiva de Juntos +Libres, le suma que aparte de afectar el desarrollo del borde costero y sus dificultades de aplicación jurídica-práctica, “es una normativa que entre otras cosas constituye un foco de conflictividad entre chilenos; entre chilenos que son indígenas y no indígenas”.
El Caso Coronel
Donde la situación ha estado más tensa debido a esta ley es en la comuna de Coronel, en la Región del Biobío, cuando el año pasado, a partir de una solicitud de espacio marino del borde costero de la comuna, el conflicto entre las partes interesadas escaló hasta advertir una “guerra en la calle” y los pescadores de Coronel hasta afirmaron que “correrían a bala” a los mapuche que se acercaran a la playa.
Las comunidades solicitantes eran Fotun Pu Lafken, Marihuen y Huenullanca, quienes fueron asesorados por el estudio de abogados de la exconvencional Amaya Álvez (Revolución Democrática). Esto pese a que en ese minuto una vocera de la comunidad Marihuén incluso reconoció a Radio Biobío que no viven en Coronel y que tampoco realizan actividad extractiva marina.
Marisol Ortega, representante del Sindicato de Algueras de Caleta Las Rojas, explica que transcurridos varios meses desde que se enteraron de dicha solicitud ahora las cosas están tranquilas, puesto que se “tomó un acuerdo de que iban a armar una mesa de trabajo y que ellos iban a desistir de pedir el borde costero”. Señala que la alerta en ese momento fue tal porque se creyó que la intención detrás de la solicitud era “después cobrar de peaje a los mismos pescadores o a los recolectores de orilla” y la comunidad no lo iba a permitir. Ortega también cuestiona que en ese momento “todo fue a puerta cerrada y nosotros nos íbamos a enterar cuando saliera el decreto”.
Pero este no es el único conflicto causado por la normativa. En una presentación hecha por Ide a finales del año pasado ante la Confederación Nacional de Federaciones de Pescadores Artesanales de Chile (Confepach), figura una denuncia hecha ante la Capitanía de Puerto de San Vicente –también en Biobío– porque los tripulantes de una embarcación pesquera fueron intimidados con armas de grueso calibre el 3 de noviembre de 2022.
Para Unicahuin, leyes como esta “tan cerradas para pueblos indígenas, pueden generar todas las dudas y generar este tipo de racismo. A mi parecer, viéndola como indígena y como persona que ha trabajado en el área de los pueblos indígenas, está tan mal hecha que genera una separación efectiva con las personas que no son indígenas e incluso entre indígenas”, lamenta.
Por ello opina que “tanto la Ley Indígena como la Ley Lafkenche deben ser revisadas y modificadas en conjunto con las comunidades, personas y asociaciones indígenas. Yo creo que es muy importante poder actualizar los procesos y ambas leyes al contexto que hoy día estamos viviendo. Y viendo también lo que esto ha provocado”. Y agrega: “Que existan leyes que están mal hechas tampoco es culpa de los pueblos originarios”.
Al respecto, Ide insiste en que querían conversar con el ministro “para que de una vez por todas se pongan los pantalones. Nosotros no queremos tener conflictos, porque finalmente en la pesca artesanal, en el caso nuestro, yo diría como el 60% de los pescadores artesanales de nuestra región, de Los Ríos, es de origen lafkenche, y no están asociados a comunidades”.
Concluye el presidente de Fipasur: “El mensaje es que no hay que tenerle miedo a esto, porque nadie está pidiendo que la ley se elimine. Lo que estamos pidiendo es que se revise el artículo 10 de esta ley”.