Este miércoles y jueves se votarán, en la Comisión de Derechos Fundamentales, las propuestas sobre seguridad social. Si bien este tema tiene amplias aristas es clave un punto que incluyen todas las iniciativas: el sistema previsional.  

Entre las normas presentadas por convencionales y las iniciativas populares, suman nueve. Y si se pudiera dividir entre “blanco y negro”, cuatro de ellas permiten la actuación de privados -y son de sensibilidad de centroderecha-; una de centroizquierda les deja la «puerta abierta», y otras cuatro representan una mirada de izquierda y descartan que los privados participen en el sistema de pensiones. Al ver cómo han sido las votaciones de distintas normas que propone Chile Vamos, las que tendrían mayor “viabilidad” serían, precisamente, estas últimas que están ubicados a la izquierda.

El tema que preocupa a más de algún convencional y a la industria es que muchos de los aspectos que están garantizados hoy en el actual sistema -sobre el que hay consenso que debe perfeccionarse- se perderán, y con complejas consecuencias.

¿Cuáles alertas se encienden? Al menos cinco son las que levantan quienes conocen el tema de cerca: Riesgo para las personas que ya no sean dueñas de sus ahorros previsionales, por lo tanto, ya no serían heredables; no habría libertad de elección sobre quién administra, pues todo estaría en manos del Estado; se afectaría el mercado de capitales -algo que ya se ha visto con los retiros- lo que tiene consecuencias en el mercado inmobiliario y las inversiones. Junto a esto, la transición del actual sistema a uno estatal genera incertidumbre pues todas las AFP deberían vender sus carteras, lo que podría producir una pérdida importante para las las personas. 

Sobre esta situación, el convencional Bernardo Fontaine, relata: “Varias iniciativas presentadas sobre pensiones van mucho más allá que lo planteado por Gabriel Boric: piden estatizar todos los ahorros previsionales actuales y futuros, eliminando así la propiedad de éstos por parte de los trabajadores. Además, establecen un administrador estatal obligatorio. Si lo hace mal, el cotizante estará condenado a sufrir las consecuencias de la mala administración estatal. Incluso el Estado podrá desviar los fondos a gasto público por la vía de obligar al administrador público a comprar bonos del Estado”.

La iniciativa del PC, junto a No+AFP que enciende las alarmas

La propuesta de la izquierda que debiese estar en la lupa es la iniciativa N° 28 – 4. Entre los 17 convencionales que la presentaron, tres son militantes del Partido Comunista: Carolina Videla, Bárbara Sepúlveda y Marcos Barraza. Además de que el documento tiene el logo del movimiento No+AFP.

“La urgencia de desprivatizar el actual sistema privado de cuentas individuales es la principal tarea”, dice el texto.

Y explicita el control del Estado: “La definición de la política de seguridad social y el control del sistema que se establezca competen al Estado y al esfuerzo de trabajadores y empleadores a través de cotizaciones obligatorias. La gestión y administración del sistema será pública y recaerá en entes públicos, autónomos sin fines de lucro, cuyo directorio estará integrado por representantes del Estado, los empresarios y los trabajadores”.

En otro de sus puntos, plantean: “Las administradoras de fondos de pensiones deberán hacer traspaso de los fondos o documentos que los respalden y los registros individuales de cada afiliado activo o pensionado al referido Instituto (de Previsión Social) dentro del plazo de un año, contado desde la entrada en vigor de esta norma constitucional. Corresponderá a la Superintendencia de Pensiones supervigilar al Instituto de Previsión Social en todo este proceso”.

Volviendo a los autores, la clave es que los tres convencionales comunistas, tendrán una “aliada” en el futuro gobierno: Jeannette Jara, también del PC, que asumirá la cartera del Trabajo desde marzo. 

Tras ser designada, Jara señaló que una de sus prioridades será la reforma previsional -algo confirmado por el futuro ministro de Hacienda, Mario Marcel- y que irá en línea con lo que establezca la Convención. “No sabemos si vamos a tener un proyecto de ley de pensiones antes o después que el proceso constitucional se cierre, pero entre la reforma al sistema de pensiones, alineada con la seguridad social, y una nueva Constitución que avance en un Estado social y democrático de derechos, tiene que haber una sintonía”.

Y agregó: “Las nuevas cotizaciones van a ir a una institución pública. Es así como lo hemos diseñado en el programa de gobierno”.

No solo por la coincidencia ideológica sería esta alianza, sino que Jeannette Jara y Marcos Barraza tienen una amistad y vida en común en el Partido Comunista de más de 30 años.

Ambos ingresaron a las Juventudes Comunistas a fines de los años 80 y en la Universidad de Santiago, compartieron en la Federación de Estudiantes del plantel, hecho que recordó la semana pasada la futura secretaria de Estado.


En Bachelet II ambos trabajaron codo a codo. Cuando Barraza fue subsecretario de Previsión Social, Jara era su jefa de gabinete. El mismo cargo que desempeñó cuando la ex Presidenta Michelle Bachelet nombró a Barraza como ministro de Desarrollo Social. Luego, Jara partió a Trabajo, luego de que la ex Mandataria la designara como subsecretaria de Previsión Social. 

No solo Barraza es una conveniente contraparte para Jara. También lo es la convencional del PC, Carolina Videla, que firma la iniciativa de norma constitucional. En sus redes sociales, la constituyente muestra gran aprecio por la futura ministra. Desde saludos en 2017 cuando era subsecretaría de Previsión Social hasta otros más recientes.


Expertos en la materia advierten que no creen que el nuevo gobierno envíe antes de julio -es decir antes de que esté listo el texto de la propuesta de una nueva Constitución- una reforma al sistema de pensiones para ser discutida en el Congreso. O si lo hace, estará de cierta forma, en línea a lo que ocurra en la Convención. “El gobierno electo como los convencionales buscan que se estatice el sistema de pensiones”, de ahí la alerta. Que si no resulta por un camino, la Convención, pueden optar por otro… que es el Congreso, o viceversa. El punto es que la suerte ya estaría echada para el actual sistema y para el que sea su alternativa.

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