Nuevamente el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), está inmerso en un proceso judicial. Esta vez no es por el Caso Luminarias o por su disputa con la Inmobiliaria Bellavista; sino que por sus gestiones como representante legal de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp). Si bien el edil lo niega, podría estar ad portas de una formalización por cohecho, mientras que Contraloría envió antecedentes al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público, que incluyen, entre otros puntos, faltas de elaboración de informes de rendición de cuentas y de estados financiero-contables, e irregularidades en la celebración de convenios con el Servicio Nacional de la Discapacidad y también para encargar a terceros la elaboración de estudios y producción del medicamento Interferón y para la compra de Avifavir.
Si bien las farmacias populares se alzaron como un proyecto estrella de Jadue –cuando inauguró la primera en octubre de 2015–; menos de una década después se convirtieron en un dolor de cabeza para él, al punto de que en junio de 2022 el 4º Juzgado Civil de Santiago ordenó su liquidación forzosa, tras una demanda presentada por la empresa Best Quality Products Spa; que acusó a Achifarp del no pago de 10 facturas emitidas entre julio y noviembre de 2020, por casi mil trescientos millones de pesos; por la venta de insumos para combatir el Covid-19.
Mientras el proceso de quiebra de la Asociación sigue su curso, avanza la investigación por cohecho que lleva la Fiscalía Metropolitana Centro Norte debido a que el alcalde habría solicitado una donación de productos médicos fuera de contrato para el Partido Comunista. Y, por otro lado, Contraloría emitió un informe de seguimiento en junio –posterior a uno publicado en abril de 2022– en el que cuestiona duramente los manejos de Achifarp.
El contralor Jorge Bermúdez confirmó ayer que “Contraloría formuló cargos a 11 funcionarios de esa municipalidad, incluyendo al alcalde, precisamente por traspasos de dineros que se hicieron a la Asociación de Farmacias Populares”. Agregó que “efectivamente hay irregularidades que son relevantes, pero no puedo dar más detalles ya que se abre ahora un periodo de descargos por parte de los inculpados y luego se debe determinar cuál es la sanción”.
El monto objetado, en total, asciende a $600 millones.
Tras las declaraciones del contralor, el alcalde Jadue utilizó su cuenta de Twitter para responder. “Es impresentable que el propio Contralor prejuzgue y sentencie públicamente un sumario no terminado y al contrario no ordene una investigación interna por filtración de un sumario, donde aún no hay culpables”, indicó. “Ante esto, nos vemos obligados a ejercer las acciones judiciales necesarias«.
Los saldos pendientes de Achifarp
En su informe de junio de este año, Contraloría alude a más de $200 millones que corresponden a los convenios entre la Municipalidad de Recoleta y Achifarp para poner a disposición los cuestionados medicamentos Interferón y Avifavir. Un monto que Recoleta intentó recuperar en una fallida jugada al intentar convertirse en acreedor en el proceso de quiebra que se lleva a cabo en la Asociación de Farmacias Populares. Una medida que también intentó la Municipalidad de Macul.
Los descargos de Contraloría apuntan, entre varios temas, al convenio para la entrega de Interferón firmado con la Universidad de Concepción, el 30 de abril de 2021. Esto era para la producción de 5.000 dosis para uso experimental del medicamento, de las cuales se iban a enviar 2.600 a la Achifarp.
“Ahora bien, de los $240.476.800 recibidos por la Achifarp para la ejecución de este convenio -aportados por las municipalidades de Recoleta y Macul-, sólo $25.000.000 habían sido transferidos entre el 25 de julio de 2020 y el 4 de mayo de 2021 a la referida universidad, existiendo un saldo pendiente de traspasar de $215.476.800, conforme a dicho acuerdo”, dice el informe de Contraloría.
La entidad agrega que “se corroboró que la Asociación no tenía un control financiero contable de los recursos públicos que le fueron traspasados, toda vez que no sustentó la inversión de los mismos como tampoco dio cuenta de la disponibilidad de ellos ante una eventual devolución a los municipios de Recoleta y Macul, pues, como se indicó, no contaba en su cuenta corriente con el monto pendiente de ejecución”.
En ese sentido, la Contraloría ordenó a la Municipalidad de Recoleta efectuar las gestiones necesarias para recuperar los montos no invertidos por la Achifarp en la ejecución de ese convenio; y la municipalidad informó que en mayo de 2022 habían iniciado una acción judicial en contra de la Achifarp en el 13° Juzgado Civil de Santiago tendiente a la restitución de los montos.
A lo que el ente fiscalizador señala que “sin perjuicio de las medidas adoptadas por esa entidad edilicia, ellas se efectuaron con posterioridad al examen de la materia por parte de esta Contraloría General, es decir, actuó acciones tardíamente. Asimismo, debe exponerse que esa Municipalidad de Recoleta debía conocer la situación de la Achifarp por cuando el alcalde de la referida comuna es a su vez el presidente de aquella asociación”.
La promoción de Jadue al Interferón y al Avifavir
Contraloría también objeta el convenio para la compra de Avifavir. El informe indica que la Municipalidad de Recoleta transfirió a la Achifarp $150.000.000, monto acerca del cual la Asociación aportó antecedentes que dan cuenta de gastos relacionados al convenio, ascendentes a $134.968.584, existiendo un saldo pendiente de ejecución de $15.031.416, cuya disponibilidad no fue acreditada.
A lo que la Achifarp respondió que estaban en gestiones para restituir $14.904.439 a la Municipalidad de Recoleta; pero Contraloría llama la atención sobre que el saldo informado por la asociación “no es coincidente con aquel determinado por este Organismo de Control”.
El uso de Interferón y del Avifavir fue duramente criticado en la pandemia. Y es que fue Nicolás Maduro en Venezuela el primero en promover este medicamento; llevando al país petrolero una comitiva procedente de Cuba, encabezada por el doctor Luis Herrera que, según el gobierno venezolano, era el creador del Interferón alfa 2-B.
Los cuestionamientos llegaban desde la propia Venezuela, ya que la Federación Farmacéutica Venezolana (Fefarven), dejó en claro que el Interferón era un medicamento en fase de ensayo, cuya efectividad para combatir el coronavirus aún era desconocida.
Dos años después, el Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile ordenó a las farmacias populares devolver las dosis del medicamento Interferón a la Universidad de Concepción, para que fueran destruidas al ser consideradas como «un peligro para la salud de la población».
En cuanto al Avifavir, también fue promovido por Jadue en tiempos en que era precandidato presidencial del PC. Se trataba del remedio que Rusia quería comercializar a los países de América Latina para combatir el Covid-19. De nuevo, un medicamento con poca evidencia científica sobre su efectividad para combatir el SARS-CoV-2.
¿Dónde están los $200 millones?
De vuelta a los dineros, la posibilidad de rendir adecuadamente esos más de $200 millones es incierta.
En una jugada judicial, como parte del proceso de quiebra en curso de Achifarp, en el 4º Juzgado Civil de Santiago, la Municipalidad de Recoleta intentó convertirse en uno de los acreedores de las farmacias populares; una movida que fue objetada tanto por Best Quality Products Spa; como por el liquidador titular del proceso.
En el desglose, desde la alcaldía señalan que el primer crédito corresponde al convenio suscrito entre la Achifarp y la Universidad de Concepción para la adquisición de 180.000 dosis del tratamiento con medicamento Interferón Alfa 2b.
La municipalidad asegura en el escrito que efectuó dos aportes, los cuales se materializaron a través de los decretos exentos Nºs 1.035, de 13 de agosto de 2020, por la suma de $25.500.000 y 723, de 30 de abril de 2021, por la suma de $204.976.800, totalizando un aporte de $230.476.800; pero señalan que de esa totalidad, la Asociación únicamente ha dado cuenta de ejecución por el monto ascendente a la suma de $25.000.000.
Sobre esas 180.000 dosis, en su informe de junio Contraloría también hace reparos: “No consta que la Municipalidad de Recoleta ni la Achifarp hayan realizado las gestiones y coordinaciones pertinentes con el Ministerio de Salud acerca de la pertinencia de iniciar acciones conducentes a un eventual uso de Interferón para el tratamiento del Covid-19”, y describe las gestiones que hizo el ISP con el objeto de que las dosis fuesen destruidas.
“La Achifarp indico que procedería a la restitución de los fondos, sin embargo, no proporcionó antecedentes que demostraran la acción enunciada, por Io que corresponde mantener lo objetado”, añade Contraloría.
Como segundo punto, la municipalidad menciona el Avifavir y dicen que le transfirieron a Achifarp $134.968.584, respecto de los cuales existe un saldo pendiente de ejecución de $15.031.416, cuya disponibilidad no fue acreditada y que está pendiente de devolución.
La “dualidad” de Jadue como representante de Recoleta y Achifarp
Como resultado de esto, el liquidador titular, José Rojas García, presentó una objeción el 14 de octubre de 2022 con respecto al monto total solicitado por Recoleta ($220.508.216), pues señaló que “no hay constancia de ningún antecedente documental suficiente que permita acreditar de forma indubitada la falta de ejecución de los convenios por parte de Achifarp, ni la consecuente obligación de restitución reclamada”.
Ahondan en que la objeción es por “falta absoluta de título justificativo, pues… los documentos aportados por éste son insuficientes para efectos de establecer con certeza la exigibilidad, cuantía y alcance de la obligación reclamada. Máxime si se trata de una pretensión entre empresas relacionadas, con identidad de representantes (Daniel Jadue), lo cual, no hace sino complejizar el vínculo entre ambas y la credibilidad de las declaraciones vertidas justo antes del inicio del presente procedimiento”.
Best Quality Products Spa también objetó la pretensión de Recoleta. “Como cuestión preliminar, resulta trascendente subrayar la ‘dualidad’ que se genera en el caso de marras, y que se traduce, en que don Óscar Daniel Jadue Jadue sea por una parte, el Alcalde de la I. Municipalidad de Recoleta, y por otra parte el Presidente del Directorio y representante legal de Achifarp”; manifiestan en el escrito presentado ante el 4° Juzgado Civil de Santiago.
El texto presentado por la empresa argumenta, además, que “la cuantía de lo que supuestamente se le adeuda al Municipio de Recoleta, situaba a Achifarp en la obligación de consagrar a dicho organismo dentro de sus tres principales acreedores, cuestión que como se evidencia en estos autos, la deudora no hizo, mencionando únicamente como tales, en su presentación de fecha 22 de noviembre de 2021, a Importadora, Exportadora y Comercializadora Asis Pacífico Ltda.; Comercial Destroy Spa, y V Exponencial Spa”.
Continúan: “Cabe preguntarse ¿cómo es posible que atendida las fechas y cuantía del crédito que supuestamente tiene la Municipalidad de Recoleta respecto de Achifarp (y que superaría los 220 millones de pesos), esta última no haya individualizado a dicho municipio dentro de sus tres principales acreedores conforme a lo ordenado expresamente por la Ley N°20.720; y más aún, ¿cómo podría aún explicarse aquello, teniendo a la vista que el representante legal de Achifarp y el alcalde de la comuna de Recoleta, son exactamente la misma persona?”.
El fracaso de Jadue
Al final, la Municipalidad de Recoleta no logró su cometido, pues el 4° Juzgado Civil rechazó en dos ocasiones el intento de la alcaldía por integrar la lista de acreedores. También lo hizo la Corte de Apelaciones de Santiago, ya que la municipalidad no logró acreditar con títulos ejecutivos; como por ejemplo facturas, u otros medios la existencia de la deuda.
Y la Corte Suprema también rechazó el intento de Recoleta, el 9 de junio 2023, por “manifiesta falta de fundamento” en la petición de la municipalidad encabezada por Daniel Jadue.
Tras el fallo, la Municipalidad de Recoleta aseguró que “esta sentencia no significa de ninguna forma que este municipio haya perdido de forma permanente su derecho como acreedor, pues sigue en curso de forma paralela el juicio ordinario de cobro de pesos, cuyo éxito significará concurrir nuevamente con nuestro crédito en el procedimiento de liquidación” de Achifarp.
El informe de Contraloría del mes de junio también daba cuenta de que la Asociación de Farmacias Populares carecía de un sistema de información contable y tampoco aportó antecedentes que acrediten la elaboración de los “informes de rendición de cuenta anual” previstos en su propia normativa.
Asimismo, el ente contralor llamó la atención sobre la falta de elaboración de estados financiero-contables. La Asociación solo entregó un balance “tributario” del año 2017 y los informes de gestión de los años 2017 y 2018, quedando pendiente lo correspondiente a 2019 y 2020. Afirma Contraloría que de lo entregado, no hubo “registros contables o reportes auxiliares que respaldaran esas cifras y que permitieran acreditar su confiabilidad, integridad y oportunidad”.