Este lunes, el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, se reunió durante una hora con familiares de los ocho comuneros mapuches formalizados por asociación ilícita en el caso “Operación Huracán”, y que fueron puestos en libertad por el mismo tribunal.

La audiencia fue solicitada antes del 19 de octubre, cuando se dio a conocer el fallo de la Segunda Sala de la Corte Suprema que acogió el recurso de amparo y dejó en libertad al líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul; a su hijo Ernesto, de 21 años, y a David Cid, además de Jaime Huenchullán, Rodrigo Huenchullán, Fidel Tranamil, Martín Curiche y Claudio Leiva.

Los familiares le reclamaron a Dolmestch por un supuesto procedimiento judicial irregular, violencia excesiva de policías y abuso de poder del Ministerio Público, pero el magistrado optó por no emitir pronunciamiento público tras el encuentro.

Ilwen Hernández, esposa del machi Fidel Tranamil, denunció «los vicios de un procedimiento basado en un montaje policial con fines políticos basándose solo en la lucha ideológica de la causa mapuche y el discurso de recuperación de tierras».

Tras la liberación de los ocho imputados, el presidente de la Suprema dijo que la “Operación Huracán” necesita de otras pruebas aparte de los mensajes de WhatsApp, que fueron interceptados por Carabineros y que la Fiscalía presentó en la audiencia de formalización de los ocho imputados.

“Si es así, que se probó por WhatsApp, por supuesto que tendría que haber habido otra prueba, que es lo que está diciendo la sentencia. Yo me quedo con lo que dice la sentencia, que faltaron medios probatorios para establecer la existencia del delito”, indicó Dolmestch, argumento que permitió liberar al grupo liderado por Héctor Llaitul.

La agenda mapuche de Dolmestch: Ha tenido otras dos audiencias con personas involucradas en hechos de violencia en la Araucanía

Pero si bien dicha reunión ha tenido impacto público, y en el Poder Judicial descartan que exista alguna inhabilidad porque al presidente del Máximo Tribunal no le tocará conocer ningún recurso ni integrar alguna sala, las reuniones con personas de la etnia mapuche involucradas en actos de violencia en la Araucanía han sido una práctica habitual del magistrado. Incluso, ha recibido a familiares de imputados en presidio y en huelga de hambre.

Y es que, además del encuentro de este lunes, Hugo Dolmestch tuvo el 19 de julio pasado una audiencia con los lonkos José Cariqueo y Víctor Queipul; y el  29 de septiembre recibió en su despacho a los abogados Cristopher Corvalán y Pamela Nahuelcheo, y a Cristián Tralcal, hijo del lonko Alfredo Tralcal, imputado por quemar una iglesia evangélica y actualmente en presidio.

Dichos encuentros son parte de las 152 audiencias públicas que ha tenido el presidente de la Corte Suprema durante este año, decenas de ellas dedicadas a encuentros protocolares con otros organismos del Estado o internacionales.

Quiénes son los mapuches recibidos por Dolmestch

Uno de los recibidos por Dolmestch, José Cariqueo, lonko de la comunidad mapuche cacique José Guiñón, en Ercilla, estuvo en la clandestinidad y huyendo de la justicia durante más de un año, y estuvo en prisión preventiva cuando finalmente lo pudieron ubicar en octubre de 2005.

Los procesos judiciales que pesaban en su contra eran incendio terrorista al fundo Poluco Pidenco, propiedad de la forestal Mininco, y asociación ilícita terrorista.

En enero de 2012 denunció “terrorismo de Estado” en reclamo por 50 órdenes de allanamiento en contra de su comunidad.

En septiembre pasado se hizo una fiesta en beneficio de la machi Francisca Linconao, quien estuvo imputada y luego fue absuelta en el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay; de Celestino Córdova, condenado a 18 años por dicho asesinato, y del lonko José Cariqueo.

Víctor Queipul, quien fue a la audiencia del magistrado junto a Cariqueo en julio  pasado, es lonko de la comunidad autónoma de Temucuicui, en Malleco, quien ha sido detenido y formalizado por diversos delitos.

En abril de 2013 la Fiscalía le imputó los delitos de “desórdenes públicos” y “amenazas”, y estuvo con firma mensual y arraigo nacional. Y el 25 de septiembre pasado, dos meses después de reunirse con el presidente de la Suprema,  fue detenido por la PDI por tener una orden pendiente al no haberse presentado en una audiencia por agresión a un oficial de la PDI.

La orden de captura se emitió un mes después de reunirse con el magistrado. El lonko fue detenido luego de haber visitado al machi Celestino Córdova en la cárcel de Temuco.

Dicha comunidad también generó polémica porque no le permitió el acceso a los censistas en abril pasado, alegando que “no dependemos del Estado y no vamos a caer en el juego. Nos interesa que nos devuelvan las tierras, que se vayan las forestales y una nación mapuche libre, esa es la política de nuestra comunidad», señaló en aquella ocasión Jorge Huenchullán, werkén de la comunidad.

El lonko que quemó una iglesia en Padre de las Casas

El 29 de septiembre, Dolmestch también se reunió con los abogados y el hijo del lonko Alfredo Tralcal, quien está en prisión luego de ser detenido quemando una iglesia, en Padre Las Casas, en junio de 2016, mientras se realizaba un culto con los fieles dentro.

Un grupo de encapuchados entró al templo, intimidó con armas a los presentes y, mientras efectuaban disparos, rociaron líquido de unos bidones sobre el piso, muebles y el púlpito, prendiéndoles fuego.

Al momento de la audiencia, Tralcal llevaba 102 días de huelga de hambre alegando que no se le aplique la ley antiterrorista, que se eliminen los testigos protegidos y se le rebaje la medida cautelar.

Incluso, el abogado Corvalán dijo que su defendido estaba dispuesto, junto a los otros tres comuneros huelguistas detenidos (Pablo, Benito y Ariel Trangol), a llegar “hasta las últimas consecuencias. Me dijo que prefería salir en un cajón de la cárcel y obtener de esa manera un juicio justo para sus hermanos a que le dieran la libertad como una moneda de cambio y fuesen juzgados como terroristas cuando no lo son”.

El gobierno cedió ante la presión y le quitó la aplicación de dicha ley, con lo que se bajó la huelga de hambre, pero el Juzgado de Garantía de Temuco mantuvo el presidio alegando que los imputados son un peligro para la sociedad.

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