La sentencia por el ataque al Molino Grollmus, conocida esta semana, fue catalogada como “histórica”. El Tribunal Oral en lo Penal de Cañete condenó a 18 personas por el ataque ocurrido en agosto de 2022 en Contulmo a penas que combinadas suman más de 1.000 años de cárcel. La Fiscalía del Biobío aseguró además que, desde la detención de los involucrados, los atentados atribuidos a la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML) “descendieron prácticamente a cero”.
Para Pablo Urquízar, excoordinador de Seguridad de la Macrozona Sur y actual coordinador del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (OCRIT) de la Universidad Andrés Bello, el fallo constituye “la sentencia más relevante del año para la Macrozona Sur” y demuestra la capacidad del sistema de persecución penal para enfrentar hechos complejos. Pero advierte que sería prematuro dar por desaparecida a la RML: “Hablaría de una RML fuertemente debilitada y, en términos operativos, aparentemente desarticulada, pero no afirmaría todavía que desapareció como red”, pues enumera que una organización puede conservar vínculos territoriales, financiamiento o capacidad para recomponerse incluso después de dejar de ejecutar atentados.
Un informe del OCRIT presentado en julio y elaborado a partir de datos oficiales de Carabineros, en el que se hace un análisis de lo que han sido los cuatro años de estado de emergencia en la Macrozona Sur registró una caída de 42,6% en las denuncias por hechos delictivos, de 45,5% en los incendios y de 67,1% en las usurpaciones. Al mismo tiempo, detectó una reconfiguración de las organizaciones radicalizadas: mientras grupos históricos perdieron actividad, otros aumentaron su presencia y parte de la violencia se desplazó hacia zonas no cubiertas por la medida, como Ranco y Osorno.
Ese escenario, dice Urquízar, obliga a mirar más allá de la reducción en el número de atentados. El desafío, dice, está en “transformar una presencia excepcional en capacidad estatal ordinaria”, con inteligencia policial, servicios públicos, desarrollo económico y una institucionalidad capaz de resolver la cuestión territorial. “El éxito no consiste en levantar el Estado de Emergencia; consiste en levantarlo sin que vuelva a ser necesario”, plantea.
A su juicio, para avanzar hacia una normalización de la Macrozona Sur todavía existe una tarea central: “Sigue pendiente contar con una estrategia antiterrorista integral que permita orientar y coordinar la acción de las distintas instituciones del Estado”.
–¿Qué significado tiene para la seguridad de la Macrozona Sur que 18 personas hayan terminado condenadas y que cinco de quienes fueron identificados como líderes recibieran penas superiores a 80 años?
–La condena tiene, al menos, cinco dimensiones relevantes. En primer lugar, genera una esperanza de paz y de fortalecimiento del Estado de Derecho en la Macrozona Sur. En segundo término, constituye un hito muy significativo desde el punto de vista de la persecución penal y, sin duda, la sentencia más relevante del año para la Macrozona Sur, no solo porque 18 personas fueron condenadas por un ataque de extrema gravedad contra la familia Grollmus, sino también porque cinco de ellas, identificadas como líderes del atentado, recibieron penas superiores a los 80 años, acumulando en total más de 1.060 años de condena. Esto demuestra la capacidad del sistema de persecución penal para investigar hechos complejos, llevar a sus responsables a juicio y obtener condenas. En tercer lugar, la sentencia entrega una señal muy relevante: recurrir a la violencia como método de acción política tiene consecuencias penales para sus autores y no queda sin sanción. En cuarto lugar, constituye una señal positiva de unidad de acción del Estado frente a la violencia y el terrorismo. Por último, contribuye, al menos en parte, a generar una sensación de justicia para las víctimas, al transmitirles que no han sido olvidadas y que su situación y el daño que han sufrido son relevantes para el Estado.
–La Fiscalía dijo que desde la detención de estos integrantes los atentados atribuidos a la RML “descendieron prácticamente a cero”. ¿Eso permite hablar de una organización desarticulada?
–Sería prudente en no afirmar todavía una desaparición completa de la orgánica. El problema es que una orgánica puede dejar de cometer atentados y conservar redes, vínculos territoriales, mecanismos de financiamiento o capacidad de recomposición. Además, el motor ideológico que da sustento a la RML sigue existiendo. Por eso hablaría de una RML fuertemente debilitada y, en términos operativos, aparentemente desarticulada, pero no afirmaría todavía que desapareció como red. Hay que evaluar este período que viene post sentencia para tener una respuesta más clara. Por lo demás, hay que tener claro que la sentencia aún no se encuentra firme y ejecutoriada ya que existen plazos corriendo para interponer recursos aún.
–¿Qué tiene que ocurrir para que técnicamente podamos decir que una organización como la RML fue desmantelada? ¿Basta con detener a sus líderes y cortar su capacidad de ejecutar atentados?
–No basta. Para hablar de desmantelamiento hay que observar varias dimensiones: que pierda su conducción; que se neutralicen sus células operativas; que pierda acceso a armas y logística; que se afecten sus fuentes de financiamiento; que desaparezca o disminuya significativamente su capacidad de reclutamiento; que se vacíe su motivación ideológica, y, sobre todo, que esa pérdida de capacidad se mantenga en el tiempo sin que la estructura reaparezca con otro nombre. Por otro lado, hay que observar la cárcel también con detención de manera que no vaya a ser también un lugar de reconfiguración de la orgánica.
–Usted ha planteado que una caída de los homicidios, incendios o usurpaciones no necesariamente implica que hayan desaparecido las estructuras que sostienen la violencia, porque pueden adaptarse o reorganizarse. ¿Qué grupos conservan hoy mayor capacidad operativa?
–La señal más clara es la Resistencia Mapuche Malleco (RMM). Mientras la CAM, la WAM y especialmente la RML redujeron su actividad, la RMM aumentó sus adjudicaciones en 87,1% después del inicio del Estado de Emergencia y aparece con un arraigo territorial importante, particularmente en sectores como Temucuicui. Además, en 2026 siguen existiendo señales de actividad de la RMM. También hay que observar la Liberación Nacional Mapuche. Por eso no diría que hoy existe una sola organización dominante. Hay un escenario más fragmentado y territorializado.
–¿La CAM está efectivamente debilitada con Héctor Llaitul preso?
–La CAM muestra un debilitamiento medible: registra una disminución aproximada del 20,5% de su actividad. La RML presenta una caída mucho más profunda, del 62,5%, y posteriormente las detenciones y condenas de sus integrantes coinciden con una virtual desaparición de sus reivindicaciones. Pero el punto central es que esa disminución no significó que todo el ecosistema desapareciera. La RMM aumentó considerablemente su actividad en el período analizado, mientras en 2026 tanto RMM como Liberación Nacional Mapuche han aparecido asociadas a nuevas reivindicaciones. Entonces, más que mirar solamente qué pasó con la CAM o la RML, hay que preguntarse si las capacidades que tenían esas organizaciones desaparecieron o migraron hacia otras estructuras. Con todo, la CAM sigue también presente mediática y operativamente.
–En su informe reciente del OCRIT plantean que ha habido una reconfiguración de las organizaciones, con grupos históricos que pierden presencia y otros que se fortalecen. ¿Hoy existe una menor capacidad operativa global o simplemente cambiaron los actores?
–Hay evidencia de una menor intensidad global de la violencia, pero simultáneamente de una reconfiguración de los actores. Son dos fenómenos que pueden coexistir. El informe registra una reducción de 42,6% de los hechos denunciados, de 58,3% de los homicidios, de 45,5% de los incendios y de 67,1% de las usurpaciones. Eso es una disminución sustantiva y no solamente un cambio de siglas. Pero al mismo tiempo el ecosistema se hizo más disperso: disminuyeron organizaciones históricas y aumentaron o aparecieron otras estructuras. Las cifras muestran “menor concentración en organizaciones históricas y mayor dispersión hacia actores emergentes”. Por tanto, hay menos violencia agregada, pero no evidencia suficiente para sostener que desaparecieron todas las capacidades que pueden volver a producirla.
“El éxito no consiste en levantar el Estado de Emergencia; consiste en levantarlo sin que vuelva a ser necesario”
–Pese a la caída general de la violencia, este año Carabineros ha informado la incautación de más de 200 armas en La Araucanía y se han detectado incluso ingresos desde Argentina. ¿Qué le dice ese dato sobre la disponibilidad de armamento en la zona y el riesgo de que estas organizaciones mantengan capacidad de fuego?
–Es una señal que obliga a separar dos variables: frecuencia de atentados y capacidad potencial. Que haya menos ataques no significa necesariamente que haya desaparecido el armamento disponible. Por lo demás, esto se cruza con la delincuencia común y con el crimen organizado. En tal sentido, es armamento disponible lo cual siempre es complejo. Con todo, una incautación elevada también puede reflejar mayor eficacia policial, por lo que el número por sí solo no permite calcular el stock ilegal existente. Pero sí demuestra que el mercado y circulación de armas sigue siendo una variable crítica. Para evaluar realmente el riesgo habría que determinar origen, trazabilidad, calibre, destino, vínculos de los poseedores y si existe abastecimiento sistemático a organizaciones violentas. El desafío no es solamente quitar armas: es identificar y desarticular las redes que las proveen.
–El informe detecta además un desplazamiento parcial de la violencia hacia zonas no cubiertas por el Estado de Excepción, especialmente Ranco y Osorno. ¿Cómo se evita que la presión sobre un territorio traslade el problema hacia otro?
–Sería un error diseñar una estrategia de seguridad en la Macrozona Sur simplemente considerando los límites administrativos del Estado de Emergencia. La violencia y el terrorismo y las orgánicas que lo materializan se mueven en distintas comunas, provincias y regiones. Basta considerar la detención de Carlos Cancino en Valdivia, región de Los Ríos, por la muerte del Cabo Nain en Metrenco, región de La Araucanía.
En general, existen durante el Estado de Emergencia reducciones importantes en los territorios intervenidos, pero simultáneamente aumentos de destrucción de bienes en Los Ríos y Los Lagos y un desplazamiento parcial hacia Ranco y Osorno. La respuesta tiene que ser anticipatoria: inteligencia interregional, intercambio permanente de información, persecución de redes y no solamente de hechos individuales, vigilancia de corredores logísticos y fortalecimiento policial en las zonas contiguas. El objetivo debe ser que la presión estatal acompañe a la organización y sus redes, no que termine en la frontera de una provincia.
–El Estado de Emergencia ha permitido contener la violencia, pero este año todavía se han registrado más de 20 atentados. ¿Qué falta para pasar de la contención a una solución más permanente?
–Este es probablemente el punto central del problema hoy. El Estado de Emergencia puede recuperar capacidad coercitiva, pero no sustituye la presencia permanente del Estado. Como desafíos se encuentran la necesidad de un plan estratégico de mediano y largo plazo para volver a la normalidad, el fortalecimiento de inteligencia y coordinación interagencial, las políticas de desarrollo territorial y el problema penitenciario como eventual espacio de articulación de organizaciones.
En términos conceptuales, hay que transformar una presencia excepcional en capacidad estatal ordinaria: policías con inteligencia y medios suficientes, Ministerio Público con capacidad investigativa, Tribunales, servicios públicos, infraestructura, desarrollo económico y una institucionalidad capaz de resolver la cuestión territorial. La solución permanente comienza cuando la seguridad deja de depender de una excepcionalidad constitucional.
–Después de más de cuatro años, ¿estamos cerca de poder levantar por completo el Estado de Emergencia?
–El Estado de Emergencia debe ser temporal, subsidiario y excepcional, y su prolongación por más de cuatro años y decenas de renovaciones plantea precisamente el problema de normalizar una herramienta extraordinaria. Por tanto, la pregunta relevante no es solamente si bajaron los atentados, sino qué ocurriría al retirar las Fuerzas Armadas. Si las policías y demás instituciones ordinarias pueden mantener el control territorial, prevenir una recomposición de las organizaciones y responder a episodios críticos sin apoyo militar permanente, existirían condiciones objetivas para una salida. Si todavía no pueden hacerlo, la reducción de las cifras por sí sola no demuestra que esa transición esté consolidada.
–Cuando terminó el Estado de Excepción del gobierno de Sebastián Piñera hubo 51 días sin la medida y después volvió a aumentar la violencia. ¿Qué tendría que hacerse distinto esta vez para evitar que ocurra nuevamente?
–Precisamente evitar un retiro que produzca un vacío de capacidad estatal. El antecedente es relevante: después del término del Estado de Emergencia anterior hubo 51 días sin la medida y los hechos de violencia aumentaron 53%. Esta vez la salida tendría que ser gradual, territorial y condicionada a indicadores, no simplemente determinada por una fecha. Las capacidades militares que hoy sostienen vigilancia, movilidad, protección de rutas y apoyo operativo deberían ser reemplazadas previamente por capacidades policiales e institucionales equivalentes. Además, debería existir un sistema de alerta que permita detectar rápidamente una recomposición. El éxito no consiste en levantar el Estado de Emergencia; consiste en levantarlo sin que vuelva a ser necesario.
“A seis meses, se observa -en lo que respecta a seguridad- más bien una lógica de continuidad”
–Desde el 20 de junio, el Ejército asumió un mando unificado para La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío. Antes existía una conducción diferenciada entre Ejército y Armada. ¿Era un cambio necesario y qué problema concreto permite resolver?
–Lo que se tuvo a la vista es que las organizaciones y redes delictivas no operan respetando divisiones administrativas ni institucionales. En ese contexto, una conducción única permite una planificación común, integrar las capacidades de inteligencia, asignar los recursos en función de las características del fenómeno y no de las fronteras regionales, y aumentar la velocidad y eficacia de la coordinación. Esto es coherente con uno de los déficits identificados: la necesidad de fortalecer la coordinación interagencial. Con todo, es importante destacar que tanto el Ejército como la Armada, que estuvieron a cargo de la conducción en La Araucanía y el Biobío, respectivamente, mientras los mandos permanecieron separados, realizaron un trabajo de excelencia, profesional y de alto nivel, que contribuyó a generar mejores condiciones de seguridad. Actualmente, las cifras de hechos de violencia son comparables, en términos de cantidad, con las registradas en 2014. La expectativa es que esta tendencia se mantenga y se consolide bajo la conducción del mando único.
–Si el objetivo final es poder prescindir del Estado de Excepción, ¿qué instituciones deberían asumir las capacidades que hoy descansan en las Fuerzas Armadas?
–Se requiere mucho más que simplemente pensar en aumentar los efectivos policiales. En primer lugar, sigue pendiente contar con una estrategia antiterrorista integral que permita orientar y coordinar la acción de las distintas instituciones del Estado. En segundo término, es necesario fortalecer las capacidades estratégicas, lo que implica avanzar en inteligencia, tecnología, recursos logísticos y medios especializados. En tercer lugar, cada institución debe asumir plenamente las funciones que le corresponden: Carabineros, el control territorial y preventivo; la PDI, la investigación de delitos complejos; el Ministerio Público, la dirección de investigaciones orientadas a desarticular estructuras y redes; Gendarmería, el control del componente penitenciario; y los demás organismos competentes, la detección y persecución del financiamiento y de las economías ilícitas vinculadas a la violencia. A ello se suma el papel de los ministerios y servicios responsables de infraestructura, economía y desarrollo territorial, cuya presencia y acción deben fortalecerse de manera decidida. En definitiva, avanzar hacia un escenario en que sea posible prescindir del Estado de Excepción requiere mucho más que sustituir efectivos militares por policiales: supone construir capacidades estatales permanentes. El monopolio efectivo de la fuerza no depende únicamente del despliegue coercitivo, sino también de una presencia institucional sostenida, capaz de hacer cumplir la ley, ejercer control territorial y prestar servicios públicos de manera regular.
–Han pasado seis meses desde que asumió el gobierno de José Antonio Kast. ¿Cómo evalúa hasta ahora la estrategia del gobierno en la zona?
–A seis meses, se observa -en lo que respecta a seguridad- más bien una lógica de continuidad vinculada esencialmente al Estado de Emergencia. Con todo, pueden identificarse decisiones concretas, pero todavía es temprano para atribuirles resultados estructurales. El gobierno mantuvo el Estado de Excepción, modificó su conducción mediante el mando militar unificado y anunció cambios relevantes en política indígena y de tierras que todavía están pendientes. La evaluación deberá hacerse con indicadores comparables en el tiempo: atentados, homicidios y lesionados; capacidad y actividad de las organizaciones; armas y financiamiento; control territorial; condenas; y fortalecimiento de las instituciones ordinarias. En ese último punto será quizás lo más importante, el Gobierno debe aprovechar la menor violencia para construir una institucionalidad que permita reducir la dependencia del Estado de Excepción y consolidar la normalidad.
–¿Cuánto pesa en la persistencia del problema asuntos como la política de tierras o que haya zonas como Temucuicui donde la presencia del Estado sigue siendo débil?
–Pesan de manera importante. Hay condiciones estructurales como pobreza rural, déficits de infraestructura y servicios y una demanda de desarrollo económico, social y cultural, incluida la cuestión territorial cuya resolución institucional sigue pendiente.
El factor crítico es la combinación de esas vulnerabilidades con baja capacidad estatal. Allí donde la ley se aplica intermitentemente y existen espacios en los que organizaciones no estatales pueden ejercer coerción, aparecen condiciones para mantener estructuras violentas. Por eso Temucuicui es relevante en el análisis. La RMM aparece con fuerte arraigo territorial en ese sector. La política de tierras puede abordar una fuente histórica del problema, pero debe ir acompañada de presencia estatal efectiva, seguridad y aplicación regular de la ley.
–El gobierno anunció que quiere reformar la Ley Indígena y también que reformulará la consulta indígena sobre el nuevo sistema de tierras, ¿qué tendría que hacer distinto esta vez para que la consulta no termine bloqueada y para que una nueva política de tierras contribuya realmente a reducir o acabar con el conflicto?
–Para que una nueva política tenga efectos sostenibles, debería resolver tres problemas diferentes. Primero, legitimidad: reglas claras, representatividad, información suficiente y condiciones para que las comunidades puedan deliberar. Segundo, certeza institucional: criterios transparentes para determinar quién tiene derecho a qué, mecanismos de tasación y adquisición trazables, plazos y financiamiento conocidos. Tercero, seguridad: separar la demanda territorial legítima del uso de violencia como instrumento para obtener control territorial.
Una política de tierras puede contribuir a resolver una dimensión histórica importante, pero no puede suponerse que, por sí sola, terminará con la violencia. El desafío consiste en combinar condiciones estructurales con capacidad estatal, coordinación institucional y control efectivo del territorio. Por eso la política más sostenible sería aquella capaz de avanzar simultáneamente en desarrollo económico, social y cultural, seguridad y presencia institucional permanente, evitando tratar cualquiera de esas dimensiones como explicación única del fenómeno.
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