Un capítulo completo de la Cuenta Pública le dedicó el Presidente Gabriel Boric a fomentar una «mejor democracia», tomando como punto de partida la libertad de expresión y prensa.
El Mandatario relevó la importancia de que exista un sistema de medios plural y que proteja la libertad de opinión y expresión. En esa línea, anunció que la vocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC), sería la encargada de estudiar un «mecanismo legal para resguardar la libertad de prensa. También desde la Segegob se coordinaría la firma de un convenio entre el Estado y tres universidades estatales.
En un nuevo «Especial Mirada Líbero» los periodistas y académicos Juan Ignacio Brito y María José Labrador analizaron los anuncios del Presidente y cuestionaron la pertinencia de estos mecanismos de resguardo de la libertad de expresión, en un país donde no estaría amenazada.
Sobre los anuncios, Brito, ex decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Los Andes, sostuvo: «Es algo curioso, por no decir paradójico, que el Gobierno de la nueva generación, de los jóvenes, tenga una mirada tan anticuada respecto del mercado de los medios».
El periodista afirmó que «no se han subido a la tecnología digital que es la que prolifera hoy». «La enorme mayoría dice que se informa por redes sociales, más que por televisión, pero insisten en que lo que hay que hacer es fundamentar medios tradicionales», explicó.
Labrador: «No está amenazada en Chile la libertad de expresión»
De acuerdo con la periodista investigadora de la Universidad del Desarrollo «el anuncio que admite más cuestionamientos es el mecanismo legal en el que se estaría trabajando para resguardar los derechos asociados a la comunicación, que nosotros entendemos que no son más que la libertad de expresión e información».
«Me parece que no está amenazada en Chile la libertad de expresión», dijo Labrador.
En la misma línea, Brito argumentó que hay un sector de la izquierda reacio a la idea que se le atribuyó a Eugenio Tironi, primer secretario de comunicaciones de Patricio Aylwin, de que «la mejor política de medios es no tener política de medios». Ese mismo sector es el que critica «el duopolio» de los privados Copesa y El Mercurio. Según el académico «una revisión somera del mercado medial chileno echa por tierra esa mirada».
Uno de los anuncios que causó dudas fue la firma del convenio “Más amplitud, más voces, más democracia”, entre el Estado y tres universidades públicas. Al respecto, el periodista dijo que «la manera en que van a ser seleccionadas las universidades a dedo, da lugar a ciertos resquemores», sin embargo, aseguró: «Que se forme una comisión para hablar de libertad de expresión desde el Gobierno no me parece algo que haya que criticar».
«Habrá que ver cuáles son las intenciones posteriores. Veremos qué contenido y qué forma empieza a tomar esa discusión», explicó.
En tanto, Labrador dijo que esperaría «que a esa discusión se incluyera no solo universidades del ámbito público, sino privado para hacer honor al nombre ‘muchas voces'».
¿Es suficiente la legislación actual para proteger a los periodistas?
De acuerdo con Brito, la Ley de Prensa (19.733) «nació anticuada». El periodista afirmó que «hay cuestiones legales que están en un vacío, especialmente los que tienen que ver con tecnologías digitales». «Hay una serie de cosas que no están cubiertas en la ley chilena», sostuvo, sin embargo, «lo que tiene que ver con lo que entendemos con amenazas a la libertad de expresión sí está». «En términos de libertad de expresión, en este país quien quiera fundar un medio puede hacerlo y ocurre muy frecuentemente», detalló el periodista.
Labrador sostuvo que la Ley 19.733 es «suficiente», pero que «el Estado está al debe con las iniciativas del ámbito digital». «Eso podría ser muy bueno, eficaz en materia de democracia y no quedarnos en esta ley de prensa que por lo demás está amparada en la declaración universal de los derechos humanos», detalló.
En cuanto a cómo se abordó la libertad de expresión en el borrador de la nueva Constitución, ambos periodistas coincidieron en que la materia quedó «cubierta», pero que habría que avanzar en temas de mayor complejidad y más actuales.
En ese texto quedó estipulada la libertad de expresión y opinión por cualquier medio. Se rechazó, por otro lado, que el Estado adoptara las medidas necesarias para asegurar el pluralismo y condenar el discurso de odio.