Publicado el 1 noviembre, 2020

Impunidad en La Araucanía: cómo el Rechazo tuvo un mejor desempeño en una de las zona con más violencia en el país

Autor:

Emily Avendaño

El asesinato de un carabinero en La Araucanía se suma a una triste lista de delitos en la zona donde la resolución de casos por parte de la fiscalía o tribunales ha sido prácticamente nula. En las cuatro comunas más violentas de la IX Región la distancia entre el número de votos en una u otra opción en el plebiscito constitucional no fue tan amplia como en otras regiones, en especial en Ercilla y Victoria. De 2013 a 2019 la Multigremial de la Araucanía establece la existencia de 1.424 hechos de violencia. En la gran mayoría de esos casos no hay nadie cumpliendo condena. Fedesur contabiliza 575 camiones quemados desde 1997, y solo una sentencia en 2015. La Asociación de Víctimas de Violencia Rural atiende a 220 personas desde 2016 y sostienen que en ningún caso “hubo resultados positivos” en las investigaciones, mientras la Asociación de Contratistas Forestales ha hecho 29 denuncias desde 2018, en cuatro de esos casos la Fiscalía no perseveró y solo en uno hay una condenado. 

Autor:

Emily Avendaño

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Con la muerte del carabinero mapuche, Eugenio Nain Caniumil, tras ser emboscado el viernes en Padre Las Casas, Región de La Araucanía, son cinco las víctimas fatales de violencia rural en la macrozona sur del país.

Antes del caso del uniformado, los decesos de 2020 -en este mismo contexto- corresponden a Juan Barrios, un camionero quemado dentro de su vehículo en Victoria; Francisco Millalén, quien chocó su moto contra una barricada en Lautaro; Moisés Orellana, asesinado de un tiro en la cabeza en Cañete (Biobío) por individuos que poco antes habían quemado tres cabañas; y Pedro Cabrera, trabajador agrícola que recibió un disparo en la cabeza con un fusil de guerra en un fundo en Collipulli. En ninguno de estos casos se ha podido dar con los responsables y por lo tanto no hay detenidos. 

Un similar resultado han tenido cientos de denuncias de atentados, usurpación, intimidación, quemas de maquinarias, camiones, heridos a balas y un largo etcétera. Y es en ese mismo sector donde, el domingo pasado, la opción Rechazo en el plebiscito tuvo un mejor desempeño que en otras zonas del país.

En ninguna región de Chile se impuso la opción del Rechazo en el plebiscito constitucional llevado a cabo el 25 de octubre. Hubo una sola región en la que el Apruebo no superó el 70% de las preferencias: se trata de La Araucanía, donde esta alternativa consiguió 66,84% de los sufragios, y el Rechazo obtuvo 33,16% de los 351.039 votos emitidos. El mejor resultado para esa opción en todo el país.

2020 ha sido un año difícil para la macrozona sur en términos de violencia rural. La organización Mujeres por La Araucanía registra 84 ataques en los primeros seis meses de este período, y más de 70 de estos atentados ocurrieron después del inicio del Estado de Catástrofe, el 19 de marzo. Los hechos incluyen acciones tan graves como el descarrilamiento de trenes, la herida de bala que sufrió una niña de 9 años cuando se trasladaba en un camión con su familia, quema de municipalidades e incluso muertes. 

La impunidad con la que se cometen estos atentados es uno de los factores que más reclaman las víctimas de la violencia rural en la IX Región. El primer atentado ocurrió en 1997 en la comuna de Lumaco, y la Coordinadora Arauco Malleco lo reivindica como su primer acto violento. José Villagrán, presidente de la Federación de Dueños de Camiones del Sur (Fedesur), afirma que su gremio contabiliza 575 camiones quemados precisamente desde 1997, y que por estos hechos solo ha habido una condena, fue en 2015 y el responsable quedó con reclusión nocturna. 

En la misma línea, Alejo Apraiz, presidente de la Asociación de Víctimas de Violencia Rural en La Araucanía Avvru, explica que desde 2016 han acudido a ellos 220 víctimas directas, y asegura que en todos los casos estos denunciaron los hechos, no obstante, en ninguno de ellos, afirma, “hubo resultados positivos”. Agrega que de ese total de víctimas, 58 se atendieron con la organización en 2020. “Lo que pasa es que nunca se encuentra a los responsables, y por eso no hay condenas para los culpables”. 

René Muñoz, presidente de la Asociación de Contratistas Forestales A.G. (Acoforag), detalla que en el caso de la agrupación que representa existen 29 denuncias de atentados a contratistas forestales desde 2018 a 2020 hechas ante la Fiscalía, de esos hay 5 que están terminados: en 4 de ellos por decisión de la propia Fiscalía de no perseverar, y uno con la persona detenida cumpliendo su condena. Quedan 24 que se mantienen con la investigación pendiente.

La condena en el caso de los asociados a Acoforag se logró en enero de 2020, cuando el Tribunal Oral en Lo Penal de Temuco sentenció al comunero mapuche Daniel Canío Tralcal, vinculado a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), a 16 años y seis meses de prisión, por su participación en la quema de camiones forestales en el Fundo Oyama, ubicado en Lautaro, donde fue detenido por Carabineros en octubre del 2018.

Desde Acoforag incluso advierten que esta “violencia irracional está presente en 27 de las 107 comunas de la macrozona sur”. Solo en el caso de su gremio contabilizan 65 atentados en lo que va de año, “siendo el 2020 el más violento y destructivo para el sector forestal, con una ocurrencia de 6,5 atentados por mes”.

“Estos datos evidencian la falta de Estado y desgobierno que se vive en la macrozona sur, donde hay libertad para quemar, para destruir, atacar a las personas, formar asociaciones ilícitas, traficar drogas, robar y usurpar. Es la tierra de nadie”, escribió Acoforag en un comunicado difundido el jueves.

Ante las quejas de los gremios por la impunidad en la zona, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, subrayó en un punto de prensa ofrecido el 25 de agosto de 2020, pocos días después del disparo a la niña Monserrat y ad portas del inicio del paro de camioneros que empezó el 27 de agosto: “En el último tiempo han habido más de cien personas  detenidas en la macrozona sur en eventos ya sea en delitos asociados a la violencia rural  o en delitos conexos a ella y al menos 40 de ellos están hoy día en prisión preventiva”.

El subsecretario reiteró este punto el 28 de agosto: “Se ha dicho que no hay personas sancionadas por los delitos cometidos en la macrozona sur, yo le digo de inmediato, hay 48 personas en prisión preventiva que están imputadas por delitos cometidos en la macrozona sur”. Pero la crítica de los gremios va más allá de las detenciones y apunta más bien al ínfimo porcentaje de estos sucesos en los que hay presos cumpliendo condenas firmes. 

Al respecto, y por esos mismos días, el ministro de Defensa Mario Desbordes cuestionó el estándar probatorio exigido en casos judiciales de La Araucanía. El secretario de Estado dijo en Radio Pauta que en La Araucanía “pareciera que medios probatorios para acreditar los hechos deben ser muchísimos más que en otras partes de Chile, y eso no puede ser”. Además, apuntó que los fiscales en la IX Región “actúan bajo amenaza, son agredidos, emboscados con atentados donde se ha acribillado vehículos”.

Resultados del plebiscito versus hechos de violencia rural

De acuerdo con cifras del Barómetro de Conflictos con Connotación Indígena, que elabora cada año la Multigremial de La Araucanía, es la Provincia de Malleco, en la Araucanía, la que concentra el mayor número de hechos de violencia, desde que comenzaron a hacer la medición en 2013.

La IX Región se divide en dos provincias: Malleco y Cautín. La primera está conformada por 12 comunas; y la segunda por 20 (32 municipios en total). De los 1.424 hechos de violencia en la IX Región, que el Barómetro contabiliza entre 2013 y 2019, 1.114 (78,23%) de esos sucesos ocurrieron en la Provincia de Malleco.

Es así como según los antecedentes entregados por la Multigremial, cuyos informes se elaboran con datos entregados por la Fiscalía de La Araucanía, la mayoría de los hechos de violencia ocurren en comunas como Ercilla, Collipulli, Victoria y Angol.

De acuerdo con el Servicio Electoral (Servel), solo en cinco comunas del país ganó la opción del Rechazo (Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, Colchane y La Antártica). Sin embargo, en las comunas en las que los hechos de violencia rural son más reiterativos, la brecha entre ambas opciones no fue tan grande como en el resto del país.

En Ercilla, por ejemplo, entre 2014 y 2019, la Multigremial tiene registro de 361 hechos de violencia rural y, según esta medición es la comuna en la que más atentados de este tipo ocurren, que pueden ser incendio, robo con intimidación, daños, atentado contra la autoridad, usurpación, entre otros delitos. Aquí se emitieron en total 2.593 votos, en las 27 mesas habilitadas; el Apruebo obtuvo 59,86% de las preferencias y el Rechazo 40,14%. 

La segunda comuna más violenta en La Araucanía es Collipulli, en donde hubo 201 atentados de 2014 a 2019, en esta zona el Apruebo logró el 62,65% de los votos y el Rechazo 37,35%. En Collipulli votaron 8.340 ciudadanos, repartidos en 66 mesas. 

Les sigue Victoria, donde la brecha entre el Apruebo y el Rechazo volvió a acortarse. La primera opción sacó 57,62% de los 12.373 sufragios realizados, y la segunda logró 42,38%. En esta comuna hubo 154 atentados en los seis años detallados por la Multigremial. 

La cuarta comuna que concentra más atentados es Angol, con 98 de 2014 a 2019, allí se emitieron 19.538 votos, 62,05% por el Apruebo y 37,95% por el Rechazo. 

A diferencia de otras regiones del país, donde existen críticas por la gestión de Carabineros. En las zonas donde el Rechazo tiene más cabida más bien se pide que se le dé piso a Carabineros para poder combatir con más herramientas los hechos de violencia. Al ser consultado sobre las razones por las que existe impunidad en los hechos de violencia rural, José Villagrán, presidente de Fedesur, asegura que “los políticos le cortaron las manos a las policías, al ordenarle no activarse. Siempre llegan tarde, tocando bocina y con las luces encendidas. Por otra parte, la policía trata de hacer bien su pega, pero para el Ministerio Público las pruebas nunca son suficientes, y si no son los jueces. Aquí no existe Estado de Derecho”, sentencia. 

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