Publicado el 21 de julio, 2020

Impuesto a los “súper ricos”: La experiencia fallida en otros países

Autor:

Bastián Garcés

De los trece países de la OCDE que han implementado esta política en algún momento de su historia, solo tres continúan aplicando esta medida. Este jueves la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados discutirá una reforma constitucional impulsada por el PC, que plantea gravar en un 2,5% a las personas con un patrimonio superior a los US$22 millones.  Al respecto, el investigador del CEP Álvaro Cordero señala que “subir impuestos durante recesiones económicas es complejo, y suele ir en contra de la recomendación de la política económica tradicional”.

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Bastián Garcés

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Este jueves la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, liderada por el DC Matías Walker, discutirá el proyecto de reforma constitucional que busca que las personas con un patrimonio superior a los US$22 millones paguen un impuesto especial del 2,5% de sus bienes. La propuesta impulsada por el Partido Comunista fue presentada a principios de junio y contó, inicialmente, con el patrocinio de los legisladores Gabriel Ascencio (DC), Alexis Sepúlveda (PR), Luis Rocafull (PS), Alejandra Sepúlveda (FRVS), Giorgio Jackson (RD), Raúl Soto (indep-PPD), Camila Vallejo (PC), Daniel Núñez (PC) y Karol Cariola (PC), además de otros 30 congresistas que comprometieron su apoyo.

“Queremos que los ‘súper ricos’ hagan un aporte real para que nuestro país tenga una renta básica de emergencia”, aseguró en la ocasión la diputada Karol Cariola. En tanto, su par Camila Vallejo afirmó en conversación con Radio Universidad de Chile, el 4 de junio, que “hay varios países donde se aplica” esta idea y que “se instala con mayor fuerza desde el estallido social y, ahora, con mayor razón, desde la pandemia”.

La idea de implementar un impuesto especial para los “súper ricos” no es algo nuevo para la bancada comunista. A fines de mayo, el PC junto a los Regionalistas ingresaron un proyecto de reforma constitucional con el mismo objetivo. De hecho, esta discusión ya había generado a comienzos de año como una alternativa para solventar un mayor gasto social a raíz de la crisis social que vivía el país desde mediados de octubre de 2019.

En ese contexto, en enero de este año el Centro de Estudios Públicos publicó un informe, elaborado por Rodrigo Vergara y Álvaro Cordero, en el que analizan cómo se ha implementado este tipo de tributos en el mundo y el que concluye que la evidencia encontrada muestra “la poca efectividad que el impuesto a la riqueza ha tenido en países que lo han implementado” y que “suele recaudar poco en términos del PIB, y lleva aparejado un alto costo administrativo, lo que se ve reflejado, tal y como documentamos, en que la mayoría de los países desarrollados que lo han impuesto, luego lo han eliminado”.

De los 13 países que alguna vez lo implementaron, el impuesto al patrimonio/riqueza sigue vigente en solo 3 de ellos (…) La documentación internacional muestra la existencia de salida de capitales a partir de este impuesto, lo que deriva en una menor inversión”, señala el economista Álvaro Cordero, investigador del CEP.

Al ser consultado por El Líbero sobre el impacto que podría tener esta reforma constitucional, el economista Álvaro Cordero sostiene que “la tendencia de las últimas décadas respecto de este tipo de impuestos es claramente a la baja, y muestra de ello es que de los trece países que alguna vez lo implementaron, el impuesto al patrimonio/riqueza sigue vigente en solo 3 de ellos”. Una opinión similar tiene la economista Cecilia Cifuentes, directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros del ESE, de la Universidad de los Andes, quien señala que desde 1990 los países de la OCDE han apuntado a tener políticas de disminución de las tasas tributarias.

En ese sentido, el estudio realizado en enero por el CEP indica que 13 de los países que componen la OCDE implementaron en algún momento este tipo de impuestos de los cuales solo se mantiene en España, Noruega y en algunos cantones de Suiza. Respecto a la recaudación producida por estos tributos, el informe señala que en promedio no superó “el 1% del total recaudado por impuestos, lo que permite explicar por qué el impuesto a la riqueza fue cayendo en la irrelevancia”, además plantea la “posibilidad de la existencia de un comportamiento estratégico en los hogares ‘súper ricos’, a través del cual puedan eludir el impuesto a la riqueza, y/o simplemente de problemas administrativos para calcular y luego cobrar este impuesto”.

Es una política fuertemente anti inversión, y por lo tanto, anti empleo”, apunta la economista de la U. Andes, Cecilia Cifuentes.

En esa línea, Cordero sostiene que “la documentación internacional muestra la existencia de salida de capitales a partir del impuesto al patrimonio, lo que deriva en una menor inversión”. De hecho, en el informe se señala que “las decisiones residenciales de los 400 más ricos de Estados Unidos (Forbes 400) son sensibles al nivel de impuesto de herencia estatal”, además de que las “decisiones residenciales de personas de altos niveles de ingresos alrededor del mundo -como jugadores de fútbol, innovadores exitosos, o trabajadores de gran habilidad- dependen de los impuestos”.

Sobre este tema el ex subsecretario de Economía, Tomás Flores, recuerda la situación que ocurrió en Francia en 2012, cuando el actor Gerard Depardieu se mudó a Bélgica luego de que el gobierno de François Hollande decidiera aumentar el impuesto a los “súper ricos”, el que consistía en un gravamen del 75% para los ciudadanos con ingresos superiores al millón de euros. La situación escaló a tal punto que Depardieu renunció a su pasaporte francés luego de las críticas que generó su decisión.

En contrapartida, Cifuentes señala que hay países que plantean mejores condiciones impositivas para atraer la inversión. Uno de esos casos es Portugal, nación que desde comienzos de la década implementó un programa para entregar visas a los extranjeros que realicen inversiones de al menos US$578.000 en el país.

El caso español

La idea planteada por el PC chileno tiene un antecedente en España este año. A mediados de mayo, Podemos anunció una propuesta para implementar una tasa del 2% para los patrimonios netos a partir de un millón de euros, un 2,5% a partir de 10 millones de euros, un 3% a partir de 50 millones de euros y un 3,5% a partir de 100 millones. Una medida que no se encontraba incluida en el programa de coalición acordado entre el PSOE y Unidas Podemos, pero que sí estaba en el programa con el que Pablo Iglesias se presentó a las elecciones del 10 de noviembre. Sin embargo, el partido liderado por Iglesias renunció a la idea a fines de junio.

Al respecto, Cifuentes plantea que los impuestos al patrimonio son una “política fuertemente anti inversión, y por lo tanto, anti empleo”. Mientras que Cordero señala que “subir impuestos durante recesiones económicas es complejo, y suele ir en contra de la recomendación de política económica tradicional”. El investigador del CEP añade que “hace un par de semanas países de Europa han explicitado propuestas para reducir impuestos para enfrentar la pandemia”.

“El consenso al que han llegado todos los países, y Chile también, es que lo mejor es cobrar los impuestos sobre el flujo de impuestos, la renta o el salario obtenido en un año fiscal, y lo que tú hagas con ellos después sea cosa tuya”, apunta Flores respecto a una posible solución frente a esta materia y agrega que de esa forma no se “ahuyenta fiscalmente a las personas” porque con un impuesto de este tipo se produce una doble tributación en términos de que “ese patrimonio ya pagó impuesto a la renta”.

En tanto el investigador del CEP apunta que deberían buscarse “medidas que reduzcan -al menos momentáneamente- el costo de inversión con la finalidad de dinamizar la economía, y que ésta pueda recuperarse con rapidez. En paralelo, contribuye también un esfuerzo fiscal robusto en inversión pública, que vincule también a iniciativas privadas, además del subsidio al empleo y la contratación”.

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