Publicado el 26 de febrero, 2019

Grupo de Lima pone más presión a Bachelet y propone que envíe experto independiente a Venezuela

Autor:

Emily Avendaño

La coalición de países se reunió ayer y elevó a instancias como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Corte Penal Internacional su llamado a atender la crisis que atraviesa Venezuela. Esto es visto por analistas como un mecanismo “para abordar con más fuerza” la situación que vive ese país, y que le da un alcance mayor e institucional al reclamo para restaurar la democracia en la nación petrolera.

Autor:

Emily Avendaño

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La reunión del Grupo de Lima generó expectación por cómo serían las conclusiones de los países reunidos en Bogotá. En las horas previas, las posibilidades de una intervención en Venezuela sonaban cada vez más fuerte. En particular por los dichos Julio Borges, embajador de Venezuela en esa instancia designado por Juan Guaidó, quien afirmó que exigiría “una escalada en la presión diplomática y en el uso de la fuerza contra la dictadura de Nicolás Maduro”. El propio Presidente Encargado de Venezuela dijo que plantearía a la comunidad internacional de “manera formal” que debían “mantener abiertas todas las opciones” para lograr la “liberación” del país petrolero.

No obstante, desde que comenzó la reunión se dejó claro que no apoyarían ninguna opción que implicase fuerza y que la transición en Venezuela debe ocurrir por la vía diplomática y pacífica. Postura que ya había adelantado el canciller Roberto Ampuero, quien el domingo escribió en Twitter que “Chile reitera su respaldo a una salida política y pacífica de la crisis en Venezuela. Chile no está disponible para apoyar alternativas que no sean pacíficas”.

Finalmente, el Grupo de Lima, optó por mantenerse en el camino de la política y la diplomacia. Y desplegaron una serie de acciones. Entre otros puntos, impulsar la designación de un experto por parte del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas que haga seguimiento a la situación de Venezuela; propiciar la discusión de la situación de ese país en el Consejo de Seguridad de la ONU e insistir en la Corte Penal Internacional (CPI).

El punto 5 del manifiesto de ayer señala que solicitarán a la CPI tomar en consideración “la grave situación humanitaria en Venezuela, la violencia criminal del régimen de Nicolás Maduro en contra de la población civil, y la denegación del acceso a la asistencia internacional, que constituye un crimen de lesa humanidad”.

La Fiscalía de la CPI abrió de oficio en febrero de 2018 una investigación preliminar para determinar si en Venezuela se han cometido crímenes que fueran de competencia de ese tribunal, al menos desde abril de 2017. Meses después, el 27 de septiembre de 2018, Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá solicitaron a la instancia que investigara posibles crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos ocurridos en Venezuela a partir del 12 de abril de 2014, bajo el gobierno de Nicolás Maduro. Esta denuncia fue luego refrendada por Costa Rica y Francia.

Eduardo Trujillo Ariza, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas, explica que en la corte se está haciendo un examen preliminar que va en la fase dos, en la cual se determina si existe un fundamento para afirmar que se ha cometido un crimen previsto en el Estatuto de Roma, si el caso es admisible en la Corte y si es de interés para lograr justicia. “Es una medida que genera presión personal, pero no es una solución inmediata a la crisis política y de derechos humanos que tiene el país”, opina.

Además, el Grupo de Lima abrió el compás para que otras instancias internacionales se involucren en la crisis venezolana. En particular el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad. Este último ya  anunció que se reunirá hoy en Nueva York a las 17:00 horas en Chile.

“Hay una percepción de que la ONU no ha sido contundente, pero estoy seguro que muchos funcionarios de Naciones Unidas en Nueva York y Ginebra tienen muy clara la crítica realidad venezolana y, de hecho, hay decenas de informes y declaraciones en donde se da cuenta de la grave realidad del país. No lo veo como un traslado de la solución del problema sino como la generación de mayor presión en este mecanismo de integración, para abordar con más fuerza el caso venezolano”, analiza Trujillo.

Antonio Ledezma: “Lo que hace falta es una fuerza que nos ayude a liberarnos”

Antes de que se hiciera pública la resolución del cuerpo multilateral, Guaidó escribió: “Ahora mismo hay millones de venezolanos en peligro de muerte. Soy Presidente Interino de un país que muere de hambre y está secuestrado por criminales. Es momento de escalar la preocupación y considerar los niveles más altos de presión y acción”.

Alejandro González, abogado y miembro del Bloque Constitucional de Venezuela, destaca que “al involucrar a instancias internacionales le dan mayor alcance y un alcance institucional a la presión, porque el Grupo de Lima ejerce una influencia meramente política. Cuando apelan a la institucionalidad internacional tiene una connotación distinta. El Consejo de Seguridad sí tiene la posibilidad de evaluar con carácter vinculante, por ejemplo, la activación del principio de la responsabilidad de proteger e incluso la injerencia humanitaria, que es la ayuda militarizada que puede ingresar a un país”.

Guaidó ha sido emplazado por otros políticos de su país a que active la doctrina de la “responsabilidad de proteger” ante el peligro de que Venezuela no pueda salir sola de este conflicto. Antonio Ledezma, quien fue preso político y ahora se encuentra en el exilio tras huir de esa nación, grabó un video en el que plantea “la necesidad que tiene Venezuela de ser rescatada de las garras de mafias que ejecutan exterminio. Es hora de invocar intervención humanitaria y la responsabilidad de proteger aprobada en la ONU. Es hora de activar el artículo 187 de la Constitución de Venezuela”.

En entrevista para El Líbero, Ledezma explica que ante los millones de venezolanos manifestando, los miles que claman por ayuda humanitaria y el concierto de gobiernos democráticos que respaldan la causa de la libertad de Venezuela, “el tirano sigue allí enquistado porque se apoya en cañones, fusiles y metralletas, así que lo que hace falta es una fuerza que nos ayude a liberarnos y eso está planteado, o implícito en ese principio de intervención humanitaria”.

El principio fundamental que rige esta doctrina es el de prevenir la pérdida a gran escala de vidas humanas por crímenes de guerra, limpieza étnica, genocidio o crímenes de lesa humanidad y surge ante la necesidad de proteger civiles en casos de violencia perpetrados por Estados.

Para Ledezma, este principio aplica pues se está en presencia de un “exterminio”. “Hay una catástrofe humanitaria que es evidente, y que ha sido reconocida como tal por los representantes de la Organización de las Naciones Unidas, que han evaluado la profundidad de la miseria en la que viven millones de venezolanos, muchos de los cuales mueren por desnutrición o porque no tienen medicamentos para atacar una enfermedad, o como consecuencia de la desbordada inseguridad. Además, hay una represión masiva y sistemática que desarrolla el régimen contra la disidencia, por eso hay miles de presos políticos, gente que ha sido torturado, otros presos han terminado muertos, u otros hemos terminado en el exilio. Si eso no es suficiente, vemos que este fin de semana Maduro ordenó tirar a matar a venezolanos que simplemente están reclamando una ayuda humanitaria e, incluso llegan a la barbarie de quemar esas unidades de transporte”.

El ex alcalde metropolitano señala que la figura del exterminio aparece tipificada en el artículo 7 del Estatuto de Roma. “Así las cosas, está más que justificada la activación del principio de injerencia humanitaria, estrictamente todo lo que tiene que ver con la ‘responsabilidad de proteger’ que fue planteado en la ONU el 16 de septiembre del año 2005”. Sobre la negativa del Grupo de Lima a plantearse este tipo de alternativas, Ledezma responde que hay que persistir: “Si no somos nosotros los que lo pedimos, no esperemos que los demás hagan el trabajo”.

En cuanto al Consejo de DD.HH. de la ONU, González recuerda que la instancia, “presidida por la señora Michelle Bachelet, puede, debe y, ya está en mora, de enviar a Venezuela una misión de expertos para que ellos in situ hagan una evaluación de la situación de la sistemática violación de los derechos humanos. Los funcionarios que son cabeza de organismos internacionales hasta ahora han tenido una actitud muy contemplativa, muy pasiva, frente a las violaciones de DD.HH. en Venezuela y es bueno que se involucren de una manera mucho más proactiva”, dice. Agrega que de esta manera Bachelet podrá hacer observaciones y elevar sugerencias tanto al Consejo de Seguridad, como a la Asamblea de las Naciones Unidas.

“No hay duda que el mejor canal para aportar ayuda humanitaria hacia Venezuela es la ONU”

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró al menos tres asesinados y 295 heridos en la jornada del sábado 23 de febrero, cuando se impidió el paso de la ayuda humanitaria.

Trujillo Ariza aclara que lo ocurrido ese día no califica como un “acto de guerra en el marco del derecho internacional. Es una expresión continuada del maltrato a los derechos de la población con aditivos ya lamentablemente conocidos, como fallecimientos en el marco de protestas, represión policial y militar, ataque de grupos armados con aquiescencia de las autoridades en perjuicio de civiles, etc”.

Para el especialista en Derechos Humanos, “en el tablero de victorias y derrotas de las partes en conflicto, es decir, el gobierno constitucional representado por la Asamblea Nacional y el gobierno de facto que usurpa el Poder Ejecutivo, el gran perdedor es el ciudadano, quien ve mermados sus derechos ante quienes afirman que en Venezuela no hay una crisis humanitaria”. Duda que en el Consejo de Seguridad haya una posición favorable ante la materialización de una intervención amparada en la responsabilidad de proteger pues “implica el pronunciamiento favorable al respecto del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas; y el derecho de veto que tienen Rusia y China de cualquier resolución encaminada por esa vía, pareciera hacer improbable el uso de la violencia legítima internacional en el caso venezolano”.

Asoma que también existe la “intervención por invitación” que se basa en el principio de soberanía. “Entre líneas, Juan Guaidó ha planteado la posibilidad de una intervención extranjera en Venezuela para colaborar en temas humanitarios y en el restablecimiento de la vigencia de la Constitución. Eso sí, no hay duda que el mejor canal para aportar ayuda humanitaria hacia Venezuela es la ONU a través de sus agencias, quienes harían una labor despolitizada y atendiendo exclusivamente a criterios humanitarios”.

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