En el oficio Nº 742-2022 el juez titular del Juzgado de Letras y Garantía de Collipulli, ante la petición de un preso de ser trasladado al módulo de comuneros mapuche del recinto penitenciario de Angol, determinó: “Ofíciese al CDP de Angol, a fin de que se consulte a los comuneros mapuche del módulo referido y éstos se pronuncien sobre su opinión en cuanto a incluir al señor C.J.F. en dicho módulo”. 

Frente a esto, Ayleen Amaro, dirigente provincial de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería (Ansog) en Concepción, subraya que es primera vez en todos sus años de carrera que ve que un tribunal solicita la opinión de otros internos sobre la procedencia de su decisión. 

A esto se suma que quien solicita el beneficio es uno de los acusados por el Ministerio Público por haber participado en el doble secuestro que incluyó torturas y un descuartizamiento en Collipulli. Un caso que además tendría relación con la muerte del carabinero Francisco Benavides.

Pero este no sería el único caso en el que un preso -mediante una acción judicial- solicita, y logra permanecer, en un módulo específico o incluso que le levanten alguna sanción impuesta por Gendarmería. 

Ansog: “Tenemos un malestar generalizado por la intervención de algunos tribunales de garantía”

“Como Gendarmería de Chile tenemos un malestar generalizado, tanto como institución como el personal, por la intervención que están teniendo algunos tribunales de garantía tomando decisiones que debilitan nuestra función. Esto es a través de recursos de cautela de garantías a favor de algunos internos para designarles dependencias o lugares específicos, como un privilegio”, subraya Héctor García, presidente nacional del Ansog.

El dirigente agrega que también han visto que ciertos “juzgados de garantía dejan sin efecto la sanción disciplinaria del interno. Eso es un privilegio. Él queda como si no hubiera hecho nada y puede continuar, por ejemplo, con postulación a beneficios intrapenitenciarios. Todo esto vulnera nuestras decisiones de segregación de la población penal a través de nuestras oficinas de clasificación, donde se ve claramente la peligrosidad y nivel delictual de cada interno”. 

Cómo Gendarmería ubica a los presos

Los dirigentes de Ansog explican que dentro de las cárceles de Gendarmería, para el caso de los condenados, existen módulos que son denominados de alta peligrosidad, de máxima peligrosidad y de baja peligrosidad. Mientras que para los imputados están los módulos de primerizos y de reincidentes.

Para determinar en qué módulo va a ser ubicado un preso, el personal de Gendarmería determina si éste tiene una alta peligrosidad, considerando si es “refractario al sistema”, si tiene condenas previas o reincidencia en el delito, entre otros elementos. Sin embargo, advierten que aun habiendo casos en que han recomendado que un preso vaya a un módulo de alta peligrosidad hay veces en que los jueces consideran que deben estar en uno de baja peligrosidad. 

¿Cuáles son las consecuencias de esto? Elías Hidalgo, dirigente nacional de Ansog, lo expone con un ejemplo.

“Puede ser un interno con alto compromiso delictual, que tiene alto poder adquisitivo. Ese interno, según Gendarmería, tiene que ser clasificado para ser llevado a un recinto con un régimen diferenciado de reclusión porque no puede estar con primerizos. Y el tribunal dice que no, que debe estar ahí. Ese interno que llega con alto poder económico y refractario al sistema penitenciario va a cometer abusos contra los otros internos, que son, en la jerarquía delictual, de menor rango y no solamente contra él sino también contra sus familias”. 

El caso Berkhoff

Otro caso es el de Emilio Berkhoff, quien cumple condena por los delitos de robo con intimidación e incendio, y actualmente enfrenta un juicio por tráfico de más de 800 kilos de droga.

En julio, la Corte de Apelaciones de Temuco aprobó su traslado desde el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Biobío hacia el Centro de Detención Preventiva de Lebu, pese al informe negativo de Gendarmería que lo tiene clasificado como de “alto riesgo”, y argumentaban, entre otro puntos, que Berkhoff cuenta con “redes para eventualmente vulnerar los escasos niveles de seguridad del establecimiento penitenciario de destino”. 

En nombre de Berkhoff, la radicalizada Weichan Auka Mapu se ha adjudicado múltiples atentados exigiendo su libertad. 

La decisión de la Corte de Apelaciones de Temuco fue revertida por la Corte Suprema en agosto, pero tras una huelga de hambre y diversos atentados en su favor, Berkhoff igual logró ser llevado a la Cárcel El Manzano ubicada en Concepción. 

Más recientemente, el 7 de octubre, fue visto por los gendarmes portando un celular -artículo cuyo uso no tiene permitido-. Una nota de La Tercera relata que al hacer la revisión de su celda -que comparte con otro interno- se hallaron dos teléfonos, marihuana, tres elementos cortopunzantes y otros artículos. Al exintegrante de la CAM se le impuso la sanción de estar 15 días sin poder recibir visitas, pero su defensa presentó un amparo. 

La jueza a cargo fijó una audiencia para ver el caso el 26 de octubre, pero en el ínterin determinó que se “suspende o se abstenga Gendarmería de toda sanción disciplinaria”. Asimismo, prohibió que los gendarmes que se dieron cuenta de la tenencia del celular estén en contacto con Berkhoff hasta la resolución. 

La “estrategia” de los internos

Para los representantes de Ansog, existe ya una “estrategia” de los presos que consiste en, primero, solicitar medidas de protección en contra de los funcionarios de Gendarmería para inhibir su actuación en el régimen interno. Segundo, buscan la obtención de traslados aludiendo a acosos o persecuciones por parte del personal de Gendarmería de Chile. Y tercero, buscan obtener beneficios intrapenitenciarios, pese a la mala conducta.

“Estas son estrategias por parte de los internos. ¿Cuál es el reclamo nuestro? Que al considerar a un interno que haga eso y le den el beneficio el resto sigue sistemáticamente haciendo lo mismo”, advierte Ayleen Amaro. 

Por su parte, Elías Hidalgo subraya: “Hay un intento hoy día por parte de la población penal de saltarse el torniquete, saltarse el régimen interno de Gendarmería, usando los subterfugios leguleyos para poder hacerlo. Si bien entendemos la importancia para Chile de un Poder Judicial independiente y el respeto a las resoluciones judiciales, también tenemos que entender que este poder del Estado tiene el mandato también de garantizar la paz social, contribuir a la paz social. Pero las señales que se están enviando con algunas resoluciones de tribunales de garantía respecto a las cautelas, y demás, interponiendo recursos ante los tribunales a nuestro entender es errónea cuando esta viene con el fin de mitigar el accionar y los procedimientos internos de nuestra institución y muchas veces criminalizando al trabajador penitenciario”.

“La opinión de Gendarmería no es vinculante”

Amaro lamenta que los tribunales al tomar estas resoluciones “opacan el trabajo profesional que están haciendo los gendarmes”.

“Si el tribunal da el favor a la apelación del interno desautorizan al alcaide, al jefe de unidad, a la autoridad penitenciaria; aun cuando el Decreto 518 que fija el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios avala sus decisiones. Esto, a la vista de otros internos, de otros usuarios del sistema penitenciario, claramente les muestra que de esta mala forma pueden conseguir beneficios”, agrega la dirigente de Concepción.

Opina que en estos casos, “lo que vale es la palabra del interno. Eso es lo que estamos denunciando porque no es posible que si interponen una denuncia ya sea por cautela de garantía, por protección, por lo que quieran; para nosotros lo lógico es que el tribunal pida un informe a Gendarmería respecto de la situación y también que se le entregue el beneficio de la duda al funcionario. Aquí se decide solo en base a lo que el interno declara porque muchas veces Gendarmería ha enviado informes negativos en razón de algunas faltas de internos y no dan a lugar a Gendarmería, dan a lugar al interno… la opinión de Gendarmería no es vinculante para la toma de decisión”. 

“No queremos entrar en conflicto con el Poder Judicial”

Hidalgo agrega: “No queremos entrar en conflicto con el Poder Judicial, queremos ser una voz de alerta de lo que puede suceder, porque hoy vemos las repercusiones de lo se vivió de 2019 en adelante. Las cárceles son el último bastión, si se pierde la lucha en las cárceles y no va a haber un centímetro del territorio de Chile en donde las personas puedan hacer sus vidas y las familias estén tranquilas”.

El dirigente nacional de Ansog insiste en que “no queremos un choque, sino dar una voz de alerta, no son todos los tribunales de justicia, son algunas excepciones, pero necesitamos que nos permitan hacer nuestro trabajo, que no nos aten de manos como lo hicieron con la institución de Carabineros. No estamos buscando impunidad, ni tener ninguna ley especial porque los funcionarios de Gendarmería, el 99,9% del personal, es respetuoso de los DD.HH. Fuimos de las primeras instituciones que absorbimos estas nuevas instrucciones que vinieron respecto de algo tan importante como respetar los DD.HH. de quienes están bajo nuestro resguardo”. 

“Cuando pasa esto el gendarme se inhibe, es lo que pasó con Carabineros en Valparaíso, cuando se les prohibió usar las escopetas. Hoy día estamos teniendo el fruto de lo que no supimos administrar hace dos o tres años atrás, poniendo a priori en la posición de acusado al personal de gendarmería, debilitando el régimen interno y erosionando la autoridad del gendarme que día a día da su vida por un trabajo que va en directo beneficio a la seguridad de la nación”, añade.

“Estas decisiones dejan en desmedro la función de Gendarmería de Chile”

Otro caso que señalan es el de la negativa del Juzgado de Garantía de Arica, ratificada por la Corte de Apelaciones de Arica, de trasladar a 17 imputados que estarían vinculados a la banda criminal venezolana Tren de Aragua, desde Arica a las cárceles de La Serena y Rancagua, que cuentan con mejores condiciones de seguridad; esto tras un recurso interpuesto por la propia Gendarmería. 

O el caso de los presos de Angol Johan Millanao Nahuelpi y Juan Calbucoy llevados al Centro de Educación y Trabajo de Angol, tras un atentado en el que hubo amenazas al alcaide de la cárcel de Angol, en donde estaban originalmente. 

“Estas decisiones dejan en desmedro la función de Gendarmería de Chile y ponen en riesgo en cierta medida la seguridad de la población penal, de los funcionarios y de la comunidad que tanta seguridad nos pide día a día”, dice Héctor García, presidente nacional del Ansog.

“Hay tribunales que han sido más reiterativos, pero esto ha sido transversal en todo el país. La preocupación del personal está llegando al extremo que nosotros tenemos que manifestarlo abiertamente para que no seamos los responsables el día de mañana si pasa algo grave”, afirma García.

El presidente de Ansog pide “el apoyo del Poder Ejecutivo y Legislativo, que nos entreguen las herramientas, protocolos y facultades actualizados para actuar ante este tipo de internos que se aprovechan del sistema buscando beneficios, y también por el nuevo campo delictual que hemos importado, como es el crimen organizado y el narcotráfico, que cada día hace que nuestro trabajo sea más riesgoso y peligroso. Sin embargo, lo cumplimos y se mantiene la seguridad en las unidades penales gracias al profesionalismo y el esfuerzo de todos los gendarmes de Chile”. 

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