La Fundación Participa fue parte del grupo de think tanks #CentrosDeEstudiosXBoric y su trabajo como centro de estudios ha sido principalmente político. Sin embargo, en su historial figuran tres proyectos financiados con fondos públicos. Dos con la Subsecretaría de Prevención del Delito (2017 y 2022) y uno con el Gobierno Regional de Los Lagos en 2023. Este último es el más cuantioso y es el primero que esta fundación, con domicilio en Peñaflor, desarrolla fuera de la capital. Fue por $1.200 millones con el fin de ejecutar el programa “Saneamiento de títulos de dominio de familias vulnerables”, el cual está siendo investigado por la Fiscalía en el marco del Caso Convenios.
Al seguir la línea de su arribo a Los Lagos, todos los caminos llevan al mismo lugar: el corazón del PPD.
La empresa de la pareja de Piergentili
Según un documento al que tuvo acceso El Líbero, el responsable técnico de este proyecto que está llevando a cabo la Fundación Participa es el abogado Nicolás Navia, socio de la consultora Terranostrum, que desde 2012 se dedica a temas de saneamiento de títulos de dominio.
El socio de Navia en esta consultora es Andrés Saavedra, militante del PPD y pareja de la presidenta de ese partido, Natalia Piergentili.
Cuando a fines de junio El Líbero dio a conocer el caso de la Fundación Participa (ver nota aquí), a través de redes sociales unas cuentas anónimas acusaron que Piergentili había sido directora de la fundación.
Ella desmintió la información sosteniendo que no figuraba como tal en el Registro Civil, pero lo cierto es que la cuenta de Twitter de Participa al menos en una oportunidad la presentó como directora.
El presidente de Participa es Daniel Ibáñez Castro, que en la última elección parlamentaria postuló para diputado por el distrito 9 representando al PRO de Marco Enríquez-Ominami. Anteriormente fue militante y candidato del PPD.
Consultada Piergentili por este medio, informó que el Ministerio Público no le ha hecho ningún tipo de requerimiento en esta línea al PPD.
El factor PPD
Andrés Saavedra, quien fuera parte de la comisión política del PPD, es administrador público de la U. Mayor y magíster en Comunicación Estratégica en la UAI. Si bien actualmente trabaja como subgerente de Asuntos Públicos del proyecto de transmisión eléctrica Kimal-Lo Aguirre; en el mundo comunal se le conocía por asistir técnicamente a municipalidades para proyectos de saneamiento de títulos de dominio, como profesional particular.
Es un área que maneja. De hecho, en 2006 fue jefe de la Unidad Regional de Subdere Los Lagos, subsecretaría que tiene a cargo la vinculación con las municipalidades y gobiernos regionales y donde años después, también se desempeñó Piergentili como secretaria ejecutiva del Comité interministerial de Zonas Extremas y jefa de la división de Desarrollo Regional.
En 2020, y tras haber sido jefe de gabinete de la senadora ex PPD Ximena Órdenes (mientras Daniel Ibañez era su asesor legislativo), Saavedra se constituyó como socio del abogado Nicolás Navia en Terranostrum, consultora con la que ganaron licitaciones públicas de saneamiento de títulos de personas que no han regularizado sus propiedades en comunas como Colina y Cochamó. Su socio también hace saneamientos de títulos de dominio desde hace más de una década y según Infolobby, en marzo propuso -vía Terranostrum- realizar un programa en esa línea al Gobierno Regional Metropolitano.
El hermano de Saavedra -pareja de Piergentili-, Mauricio (PPD), fue hasta el lunes pasado el jefe de la División de Presupuestos e Inversión Regional (Dipir) del Gobierno Regional de Los Lagos. No obstante, la decisión de proponer como ejecutante de los $1.200 millones a Participa, no habría pasado por su división, sino que por la División de Fomento Productivo e Industria -que estaba a cargo de la ex PPD, Gloria González-, de la administradora regional, Viviana Godoy y el propio gobernador.
¿Cómo llegó Participa al Gobierno Regional de Los Lagos? Según contó el presidente de la fundación, Daniel Ibáñez, a Mega, en 2022 recibió una invitación por parte del Gobierno Regional para participar de la ejecución de programas. No reveló nombres.
Mauricio Saavedra fue coordinador en el programa de reconstrucción de Chaitén, profesional asesor en inversiones regionales en la Subdere y Coordinador Nacional del Programa para Territorios Aislados y Zonas Extremas, para las regiones de Los Lagos, Aysén y la provincia de Palena. El gobernador Patricio Vallespín lo sacó del cargo a él, a la jefa de la división de Fomento Productivo e Industria y al jefe de la Unidad Jurídica (PR), mientras el Gore se encuentra bajo la lupa del Caso Convenios. No obstante el despido, fuentes de El Líbero aseguran que sigue vinculado como asesor.
Luego de estar permanentemente “en construcción”, la página de la fundación volvió a estar en línea, esta vez con noticias de trabajos en terreno. Dos de ellos, dicen haber sido financiados por los gobiernos regionales de Santiago y del Maule, sin que exista registro de ellos en el Registro Central de Colaboradores del Estado.
En su página web aparecen como contrapartes esos gobiernos regionales y Fundación Pablo Iglesias, resabio de su pasado reciente como centro de estudios políticos con una reciente reconversión a los trabajos territoriales.
El proyecto de saneamiento de títulos de Participa en Los Lagos
Desde el 14 de abril, la cuenta de Instagram de la Fundación Participa revivió. Ese día le pusieron fin a un silencio que se extendió desde el triunfo del Rechazo, pues hasta entonces sus publicaciones eran de campaña a favor del Apruebo.
La reactivación se debió a que en enero comenzaron a trabajar en el programa de saneamiento de títulos que les adjudicó el Gore (aunque el convenio data de abril), por lo que comenzaron a subir fotografías de las visitas a terreno donde buscaban informar y catastrar a un total de 1.400 beneficiarios de las provincias de Llanquihue, Osorno, Palena y Chiloé sobre la regularización de los títulos de dominio de sus propiedades. Todo el proceso duraría un año y, hasta junio, calcularon que habían ejecutado un 26% de los $1.200 millones.
El proyecto contempla la contratación de ocho profesionales para realizar los servicios jurídicos, con sueldos de $1.700.000 mensuales. Hay abogados, pero también profesionales de otras áreas que según Linkedin, trabajan de forma independiente o en otros lugares, es decir, no con exclusividad para Terranostrum ni Participa.
Se calculó que el costo unitario por beneficiario sería de $857.143.