A partir del escándalo desatado con la Fundación Democracia Viva, la Fiscalía inició investigaciones en nueve regiones del país a fin de determinar si existieron irregularidades en el traspaso de fondos públicos desde el gobierno central o regional a fundaciones ligadas al oficialismo en todo el país. Son nueve las regiones en las que se está investigando, por montos que en suma superan $14 mil millones.
En algunos casos son los fiscales jefes los que lideran las indagatorias; en otros los persecutores de alta complejidad o los integrantes de los Sistemas de Análisis Criminal y Focos Investigativos. A continuación los perfiles de los fiscales al mando en cada región.
Antofagasta: Donde todo comenzó
Fueron los primeros. El 20 de junio la Fiscalía Regional de Antofagasta informó que abrió, de oficio, una investigación en torno a los convenios suscritos por la Seremi de Vivienda, entonces a cargo del ex jefe de gabinete de la diputada RD Catalina Pérez, Carlos Contreras; y la Fundación Democracia Viva, cuyo fundador, Daniel Andrade, era pareja de la legisladora. La pesquisa de los convenios por $426 millones quedó a cargo del fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar.
El persecutor, quien es académico en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Norte, se desempeña en Antofagasta desde los inicios de la Reforma Procesal Penal. Su trayectoria comenzó en Taltal, luego se trasladó a Antofagasta donde se especializó en la investigación de delitos sexuales, también indagó delitos económicos y antes ocupó el cargo de fiscal regional.
Como parte de las indagatorias del Caso Democracia Viva, se han hecho allanamientos a la seremi de Vivienda en Antofagasta, a las oficinas de Democracia Viva, en Ñuñoa, y a la casa de Daniel Andrade y Catalina Pérez. Además, la Fiscalía de Antofagasta amplió las diligencias de entrada, registro e incautación, llevadas a cabo por la PDI, en los domicilios de cuatro fundaciones receptoras de recursos públicos en las comunas de Antofagasta, Providencia, Las Condes, Ñuñoa y San José de Maipo, como parte de las pesquisas que lidera Aguilar. Los operativos afectaron a las fundaciones Procultura, Urbanismo Social, Tomarte y la Fundación Arte y Cultura Movimiento Fabre.
Uno de los casos con más revuelo mediático que tuvo este fiscal fue el que se llevó contra la ex alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, quien fue condenada a cinco años y un día de cárcel por fraude al Fisco, luego de que se determinara que había contratado una asesoría comunicacional para fines personales con recursos de la corporación municipal. Tras darse a la fuga, Rojo actualmente está detenida en Países Bajos; mientras se llevan a cabo los procesos judiciales para lograr su extradición.
El fiscal también está a cargo de una investigación contra el alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, señalado por el uso de asesoría legal con abogados y recursos municipales en procesos judiciales personales.
Aguilar ha recibido amenazas de muerte. Esto ocurrió el 6 de marzo de 2020, cuando se llevaba a cabo la formalización de Matías Aquevedo Eissmann en un caso de agresión a un carabinero en el contexto de los disturbios posteriores al 18 de octubre de 2019. “Me estoy grabando la cara del fiscal para puro matarlo”, dijo Aquevedo, junto con fuertes insultos contra el persecutor durante un receso de la audiencia. Por estos hechos, el hombre fue condenado a una pena de 540 días de presidio menor en su grado mínimo.
Por el caso de Democracia Viva se investigan los posibles delitos de tráfico de influencias, fraude al fisco y malversación de caudales públicos.
Maule: Los antecedentes fueron traspasado a la Fiscalía de Antofagasta
La Fiscalía del Maule inició una investigación de oficio por la entrega de recursos desde la Seremi del Minvu de esa región a Urbanismo Social.
El ex seremi Rodrigo Hernández, militante de RD, trabajó en esa fundación por siete años, antes de asumir en abril de 2022 la secretaría regional del Maule. Cargo que ocupó hasta el 7 de julio, cuando el Gobierno solicitó su renuncia.
En un momento, el propio Presidente Gabriel Boric defendió a Hernández; a quien días después se le solicitó apartarse del cargo, cuando se confirmó que habría infringido la inhabilidad que pesaba sobre él, al firmar un documento relativo a la fundación.
En este caso se indagan ocho transferencias, por un total de $577 millones.
El fiscal jefe del Maule, Julio Contardo, indicó que la investigación fue derivada a la Fiscalía de Antofagasta. “No hay diligencias decretadas en el Maule, hemos coordinado con el fiscal Aguilar”, señaló.
O’Higgins: La fiscal ha formalizado a 42 personas por malversación en San Fernando
La Fiscalía de O’Higgins informó el 6 de julio el inicio de una investigación de oficio por los convenios suscritos entre fundaciones y organismos del Estado que puedan revestir carácter de corrupción. Las pesquisas quedaron radicadas en la Fiscalía de Alta Complejidad, a cargo de Fabiola Echeverría.
En su comunicado, la Fiscalía indicó que “para salvaguardar el éxito de la investigación, de momento no se darán a conocer nombres de personas e instituciones que puedan estar presuntamente involucradas”. Sin embargo, trascendió que se trata de esclarecer eventuales irregularidades en la firma de dos convenios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Arquiduc en 2021, que se adjudicó montos vía trato directo por $56 y $65 millones. El convenio era para la instalación de luminaria pública, pero la fundación no contaba con el giro para realizar dicha función.
La fiscal Echeverría tiene a su cargo las indagatorias por las millonarias pérdidas detectadas en la Corporación Municipal de San Fernando (Cormusaf). La Contraloría acreditó que entre 2016 y 2020 se detectó el desvío de fondos destinados al área educacional de la Corporación que correspondían al pago de cotizaciones, bonos incentivos al retiro de profesores y remuneraciones de los docentes.
Por este caso la Fiscalía de Alta Complejidad ha formalizado a 42 personas por cargos como fraude al fisco, malversación de caudales públicos, adulteración de instrumento público y privado, lavado de activos, emisión de boletas y facturas ideológicamente falsas.
Entre los imputados aparecen el ex alcalde Juan Paulo Molina (2004-2012), que se encuentra con la cautelar de arresto domiciliario total, y el ex alcalde Luis Berwart Araya (2012-2021), en prisión preventiva desde diciembre de 2021. El monto defraudado rondaría los $20 mil millones.
Arica: La Fiscalía investiga la asignación de $2.500 millones
A cargo del fiscal de Alta Complejidad de Arica, Carlos Eltit Ortega, quedó la indagatoria en la que se busca determinar si existieron eventuales irregularidades en la asignación de $2.500 millones a la Fundación para el Desarrollo de las Organizaciones.
La Fiscalía de Arica y Parinacota informó que abrió esta investigación, de oficio, el 6 de julio, para establecer o descartar eventuales delitos en el traspaso de recursos públicos desde el Gobierno Regional hacia esta fundación con domicilio en la Región de Coquimbo.
Eltit participó en la investigación por corrupción en la Municipalidad de Arica, cuando el alcalde era Waldo Sankán. En 2012, La Segunda publicó que el fiscal y su familia estaban con resguardo policial; debido a que había recibido llamadas anónimas amenazantes, luego de que el fiscal estuviera a cargo de los allanamientos que se realizaron en abril de ese año en las dependencias de la alcaldía.
Más recientemente logró la condena de un hombre que amenazó con quemar a toda su familia; también la condena de cuatro ex carabineros por los delitos de cohecho y soborno, ya que se acreditó que durante 2019 recibieron pagos para facilitar el contrabando de diversos tipos de mercaderías que eran trasladadas por camioneros entre Chile y Bolivia.
También ha tenido que ver casos por tráfico de migrantes.
La Araucanía: El fiscal que formalizará a los «secuestradores» de los gendarmes
En La Araucanía se dispuso que sea la Fiscalía de Alta Complejidad la que asuma la dirección de la investigación. Esto luego de que la fiscalía recibiera un correo electrónico en el cual se daba cuenta de posibles irregularidades en el traspaso de dineros desde el Gobierno Regional a la Fundación Local.
Después de eso hubo dos nuevas denuncias que también se investigan. Una de ellas la hizo el diputado Mauricio Ojeda con el fin de que se indague a la Fundación Creseres, que tendría su centro de operación en el mismo terreno donde vive la delegada presidencial Andrea Parra. Esta semana fueron allanadas tanto la vivienda de la delegada, como la sede de la fundación.
La otra denuncia la presentó el diputado Andrés Jouannet, quien apuntó a presuntas irregularidades en el traspaso de$442 millones en un período de cinco meses a una consultora en la región de La Araucanía por parte, en su mayoría, de Conadi. El caso llama la atención, entre otras cosas, porque se trata de una sociedad creada recién en febrero de este año.
El responsable de la investigación es el fiscal Carlos Cornejo, quien está a cargo de los delitos de corrupción en la Fiscalía de Alta Complejidad.
En el pasado Cornejo ha trabajado en causas de alto perfil como la del homicidio de Alex Lemún. Vio el caso de la niña de nueve años que fue herida mientras viajaba en el camión de su padre en la ruta que conecta Angol y Collipulli. El fiscal confirmó que la niña no fue herida por un perdigón, sino que recibió el impacto de una bala calibre 22.
También participó del desmantelamiento de una banda criminal en Angol, en 2022, por el que la PDI realizó un megaoperativo que involucró a alrededor de 100 detectives, y que permitió el arresto de ocho personas y decomisaron drogas, dinero en efectivo y armas de fuego. El fiscal además logró la condena de cinco comuneros detenidos con armas de guerra en Traiguén; y participó en la audiencia de formalización del hijo menor del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, Pelantaro Llaitul; quien se encuentra actualmente en prisión preventiva.
Cornejo, además, fue el fiscal que se constituyó en la Cárcel de Angol, cuando el 7 de mayo comuneros retuvieron a tres gendarmes; y presentó el requerimiento para formalizar por secuestro calificado a los 17 involucrados. Audiencia que quedó fijada para el 31 de julio.
Los Lagos: El persecutor que cuestionó la «intromisión» del Presidente Boric
El perfil de Linkedin del fiscal Marco Muñoz Becker dice: “17 años en el Ministerio Público. Investigaciones en delitos contra la propiedad, vida e integridad física, delitos tributarios, funcionarios, económicos y lavado de activos”.
Muñoz Becker pertenece al Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos. La investigación de oficio fue anunciada por el propio fiscal el 28 de junio, luego de que medios de comunicación dieran a conocer el traspaso de recursos públicos desde el Gobierno Regional de Los Lagos a ciertas fundaciones e instituciones que operan en la región. Esto tras un reportaje de Mega que apuntaba al gobernador regional, Patricio Vallespín, ya que durante 2022 se transfirieron $4.000 millones a tres organizaciones por convenios. Entre ellas la Fundación Chinquihue que en diciembre del año pasado recibió $1.628 millones.
También se investiga a la Fundación Participa, dirigida por el ex candidato por el PPD y PRO, Daniel Ibáñez, que se adjudicó $1.200 millones; y a la Corporación Kimün, que recibió un monto similar, y se relaciona con el ex candidato presidencial de la Lista del Pueblo, Diego Ancalao.
Muñoz Becker figura como parte de la directiva de la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público para el período 2021-2023, donde, según la información disponible en la misma web, es director de Asuntos Constitucionales y Legislativos desde 2021.
Como persecutor, en 2020 formalizó a 17 miembros de una organización criminal dedicada a los préstamos «gota a gota» y al lavado de dinero, que estaría vinculada a sicariatos. Ese mismo año se logró la condena de varios de ellos.
El fiscal también participó en la causa en la que se condenó a Felipe Santana a cinco años de cárcel, por ser autor del incendio frustrado de la Catedral de Puerto Montt, ocurrido el 18 de noviembre de 2019, esto en medio de incidentes en la Plaza de Armas, en el contexto del “estallido social”.
Santana fue uno de los indultados por el Presidente Gabriel Boric en la víspera de 2023; y tras las declaraciones del Presidente Boric defendiendo la medida, el fiscal, entrevistado por El Llanquihue de Puerto Montt, declaró: “Si bien él tiene atribuciones legales en materia de indultos, el cuestionar públicamente un fallo judicial firme y ejecutoriado, sosteniendo incluso una suerte de inocencia, deviene en un propósito de revivir procesos que están en la Constitución y las leyes, y por ello es una intromisión en otro poder del Estado, en su autonomía y en el principio de separación de los poderes, es preocupante. En consecuencia esa intromisión afecta el debido equilibrio en el Estado de Derecho y de allí lo delicado de las expresiones”.
Biobío: Las condenas en Talcahuano
La Fiscalía de Biobío investiga, de oficio, el traspaso de recursos desde organismos públicos a cuatro organizaciones.
El 4 de julio informaron la indagatoria de eventuales irregularidades en los aportes recibidos por la Fundación Urbanismo Social de parte del Serviu; y de la ONG Red Cultivarte, a quien le asignó fondos el Gobierno Regional. Y el 13 de julio anunciaron nuevas pesquisas por el traspaso de fondos desde el GORE a la Fundación En Ti y a Horizonte Ciudadano.
La Fundación En Ti está asociada a la ex candidata a alcaldesa y a diputada Camila Polizzi, que se adjudicó $250 millones y, según BioBioChile, se trata de una fundación “arrendada” y “buena parte de los dineros fueron a parar a cercanos” de Polizzi.
Mientras Horizonte Ciudadano fue creada por la ex Presidenta Michelle Bachelet y mediante el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) logró más de $379 millones para desarrollar el programa “Niños, niñas y adolescentes: voces del Bío Bío para vivir sin violencia”, según halló el mismo medio.
Las causas quedaron a cargo de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía, y las lidera la fiscal de anticorrupción María José Aguayo.
En 2022 ésta fiscal logró la condena de dos acusados por fraude en el Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) de Talcahuano por más de $260 millones. Mismo año en que también condenaron a ex funcionarios de la misma municipalidad por malversar $412 millones al Departamento de Administración de Salud (DAS), diligencias que también lideró Aguayo.
La fiscal también formó parte de la investigación contra la médico Paulina Carrasco, condenada en 2023 por defraudar a Fonasa por un monto cercano a los $6 mil millones. Cuando la Suprema ratificó la condena, la fiscal declaró que «se recuperaron fondos fiscales, más del 80% tanto en dinero como en especies, lo cual pudo ser devuelto a la víctima, que en este caso fue Fonasa».
Aysén: Fiscalía investiga traspasos en acto de Democracia Viva donde intervino Podemos
La Fiscalía de Aysén informó el 7 de julio que investiga las presuntas irregularidades en la adjudicación de dineros públicos desde el Gobierno Regional y la Universidad Estatal de Aysén hacia las fundaciones Democracia Viva y ProCultura.
Las pesquisas quedaron a cargo de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos, Sacfi, y el fiscal Ricardo Soto es quien está coordinando las diligencias.
En este caso los diputados René Alinco, Marcia Raphael y Miguel Calisto solicitaron dilucidar si la Universidad de Aysén efectuó pagos de honorarios o gastos de traslado y estadía u otros gastos a trabajadores de Democracia Viva, como parte de la Escuela de Verano de la Universidad. Una actividad en la que también estuvo involucrado el partido Podemos de España a través de su fundación Instituto 25 de Mayo.
También solicitan los antecedentes que llevaron a la gobernadora regional de Aysén, Andrea Macías, y al Consejo Regional de Aysén a aprobar $1.673.000, a la Fundación Procultura.
Según su Linkedin, el fiscal Soto ha trabajado por más de 12 años en la Fiscalía. Como parte del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos en La Serena, el fiscal trabajó este año en una investigación que permitió decomisar drogas y municiones en el casco histórico de La Serena.
Atacama: Investigan a Fundación Comprometidos
El fiscal regional (s) de Atacama, Christian González Carriel, confirmó el 30 de junio el inicio de una investigación ante la denuncia de posibles ilícitos en el convenio firmado entre la Fundación Comprometidos y el Ministerio de Vivienda.
La Fundación Comprometidos recibió $128 millones para entregar agua potable en camiones aljibes a cuatro campamentos de Copiapó. La cifra llegaría a $190 millones en mayo. Sin embargo, ésta sólo registraba como giros “actividades en producción de películas cinematográficas” y “actividades de clínicas veterinarias”.
A cargo de la investigación quedó la Unidad de Causas Complejas de la Fiscalía Local de Copiapó; desde la instancia indicaron que son varios los persecutores trabajando en la causa y prefirieron no individualizar a ninguno.