La estrategia comenzó en 2020, a través de la conformación de equipos especializados en la Fiscalía de La Araucanía para investigar organizaciones como la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), la Weichan Auka Mapu (WAM), Liberación Nacional Mapuche y la Resistencia Mapuche Malleco, con el objeto de identificación de sus estructuras internas, la intervención de los mercados ilícitos que las financian; así como un trabajo coordinado con Carabineros, la Policía de Investigaciones y otras instituciones del Estado; se logró la disminución de hechos violentos asociados a los atentados terroristas que se viven en la IX Región.
Así, el fiscal regional Roberto Garrido informó durante su Cuenta Pública que, por cuarto año consecutivo, los hechos asociados a este fenómeno han disminuido en La Araucanía. Durante 2025 se registraron 226 denuncias, lo que representa una baja cercana al 6% respecto del año anterior y un 77% menos en comparación con el peak alcanzado en 2021 (cuando hubo 978 denuncias).
En paralelo, la Fiscalía logró durante el año pasado la condena de 93 personas en causas vinculadas a violencia rural, mantuvo a 38 imputados en prisión preventiva y avanzó con 22 acusaciones que ya se encaminan a juicio.
No obstante, Garrido fue enfático en señalar que esta reducción no constituye un punto de llegada. “Es un avance, pero es frágil. Exige mantener y profundizar los esfuerzos de todas las agencias del Estado”, advirtió.
Uno de los indicadores más relevantes expuestos por el fiscal fue la disminución sostenida de los incendios de alta connotación, históricamente utilizados como una de las principales herramientas de intimidación por parte de organizaciones criminales. Estos hechos pasaron de 219 en 2023; a 93 en 2024; y a 64 durante 2025.
Sin embargo, Garrido precisó que esta reducción no implica que dichas organizaciones estén desarticuladas. En los últimos meses de 2025 se registró una seguidilla de atentados incendiarios adjudicados por la orgánica WAM en comunas como Vilcún, Cunco, Carahue, Nueva Imperial y Contulmo, en la Región del Biobío.
De acuerdo con el fiscal regional, todo indica que esa escalada respondió a las condenas impuestas a integrantes de esa organización, lo que confirma que el crimen organizado reacciona frente a decisiones judiciales que afectan directamente su estructura. “Queda claro que el crimen organizado se defiende, rearticula su capacidad operativa, actúa en distintas regiones y reacciona frente a decisiones judiciales que afectan directamente su estructura”, afirmó Garrido.
El fiscal enfatizó que el crimen organizado en la región ha mostrado una capacidad permanente de adaptación, rearticulando sus métodos y aprovechando debilidades institucionales. “El delito se adapta, cambia sus métodos y aprovecha cualquier debilitamiento institucional. Enfrentarlo exige herramientas adecuadas, equipos fortalecidos y marcos normativos que permitan investigar con oportunidad y profundidad. La seguridad pública no es responsabilidad de una sola entidad. Es una tarea conjunta que exige continuidad en las políticas públicas y una mirada de Estado que trascienda los ciclos políticos”, sostuvo Garrido durante su exposición.
El asesinato de Manuel León Urra
La manera de rearticularse de las orgánicas se refleja también en los mensajes utilizados para adjudicar atentados: en cerca del 60% de los casos se exigió la liberación de 17 personas que actualmente cumplen condenas por delitos de alta gravedad, como homicidios, robos con violencia o tráfico de drogas.
En ese contexto, el fiscal fue categórico al rechazar la calificación de “presos políticos” para este tipo de condenados. “En un mundo donde todavía persiste la persecución de las ideas, pretender llamar preso político a quien roba un automóvil y luego mutila a su víctima no solo distorsiona el sentido de ese concepto, sino que constituye verdaderamente una falta de respeto a la memoria de quienes son perseguidos por luchar por una sociedad que se base en la libertad, la igualdad y la democracia”, señaló
Garrido advirtió además sobre el uso creciente de armas de fuego en los hechos de violencia. Entre enero y diciembre de 2025, en al menos el 39% de los hechos violentos registrados se constató la utilización de armamento, incluyendo armas de guerra. Como ejemplo paradigmático de esta violencia criminal –que calificó como ajena a cualquier reivindicación de derechos ancestrales– mencionó el caso ocurrido en el sector Selva Oscura, en la comuna de Victoria, donde el trabajador Manuel León Urra falleció tras recibir impactos balísticos mientras realizaba labores de vigilancia.
Tráfico transnacional de armas
Junto con la disminución de la violencia rural, el fiscal regional alertó sobre el aumento del crimen organizado urbano y transnacional. En este ámbito, los secuestros han mostrado una tendencia sostenida al alza: pasaron de 23 denuncias en 2022 a 27 en 2023, alcanzaron 34 casos en 2024 y se mantuvieron en esa cifra durante 2025. Las extorsiones, en tanto, evidencian un incremento aún más marcado, pasando de solo cinco denuncias en 2022 a 40 en 2023, registrando 33 casos en 2024 y alcanzando 47 durante 2025.
A ello se suma un aumento de los homicidios consumados en la región, que pasaron de 45 en 2024 a 53 en 2025, lo que, según Garrido, da cuenta de una mayor letalidad de la violencia y refuerza la preocupación por la evolución de estos fenómenos delictuales.
En materia de drogas, las causas ingresadas aumentaron de 1.749 en 2024 a 1.804 durante 2025, consolidando una tendencia sostenida desde 2022. El tráfico de armas también mostró un incremento, pasando de 12 a 18 investigaciones.
El fiscal destacó un operativo realizado en noviembre en la comuna de Lonquimay, donde se incautaron cinco subametralladoras automáticas de origen argentino, junto con cargadores y municiones de alto calibre. Una persona fue formalizada y quedó en prisión preventiva. Para Garrido, este procedimiento evidencia un fenómeno que requiere especial atención: el tráfico transnacional de armas, particularmente desde Argentina, ya que la circulación de este tipo de armamento fortalece la capacidad operativa de las organizaciones criminales y eleva el nivel de violencia de los delitos asociados.
El Indicador de Violencia e Impunidad de El Líbero no registró hechos violentos entre el 12 y el 18 de enero.
