El sábado 23 de agosto quedará como una de las jornadas más negras en La Araucanía. En un lapso de apenas 18 horas se registraron dos atentados, y el último, ocurrido cerca de las 22:30 en el predio Los Prados, en la comuna de Victoria, dejó como saldo el asesinato de Manuel León Urra, de 60 años, y graves heridas de bala a César Osorio, de 50 años; ambos trabajadores de una empresa que presta servicios de resguardo patrimonial para la CMPC.
La cámara de seguridad de la camioneta en la que se desplazaban las víctimas mostró el momento exacto del ataque: cuatro sujetos portando armas largas y chalecos antibalas dispararon contra los dos trabajadores de la empresa Green America. De acuerdo con el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, uno de esos disparos provocó la muerte de Manuel León Urra. En tanto que César Osorio recibió tres impactos balísticos.
“El calibre del arma que se utiliza es un calibre comercial, no corresponde a un armamento de guerra propiamente tal, pero tiene características similares”, detalló el fiscal.
Sobre el desarrollo de los hechos, Garrido explicó que las víctimas estaban por salir del predio. Osorio se había bajado del vehículo en el que se trasladaban cuando fueron abordados por sujetos que les dispararon. Inicialmente les ordenaron detenerse, pero al percibir la presencia de terceros huyeron de inmediato. La víctima que resultó herida se lanzó al pick-up de la camioneta, desde donde continuaron la huida hasta detenerse metros más adelante, tras recibir el conductor un impacto fatal.
“Claramente era una situación que estaba preparada, esto da cuenta de una emboscada, de esperar a las personas, de poder planificar, en la lógica de estas mismas organizaciones criminales de otras veces, que atacan directamente también a las personas. Ha recrudecido la violencia directamente contra las personas, no obstante que los hechos en su cantidad han disminuido, pero con una demostración de violencia que es cada vez mayor, y con acceso a armas de fuego y de grueso calibre que lo hace más preocupante todavía”, afirmó Garrido.
El fiscal agregó que “por la cantidad de sujetos, la preparación que demostraron, evidentemente se trata de una forma de crimen organizado” y que todavía no se descarta ninguna hipótesis, las que van desde el intento de sustracción de la camioneta hasta un ataque directo a los trabajadores forestales, como una demostración de fuerza.
Entrenamiento paramilitar
El hecho ocurrió a poca distancia del lugar en el que en 2021 asesinaron al agricultor Orwal Casanova, quien falleció tras recibir un disparo en la cabeza. “Yo puedo hacer una línea. El que le disparó a Orwal Casanova era muy certero en el tiro. Bueno, el que le disparó al chofer, quien tenía el arma de guerra, es muy certero en el tiro. No es fácil tener esa sangre fría, pero tampoco esa puntería. O sea, perdón, aquí hay entrenamiento paramilitar en este tema”, denuncia el diputado RN Miguel Mellado.
La víctima fatal recibió el disparo a la altura de la sien.
Ya hay evidencias del entrenamiento paramilitar que habrían recibido integrantes de las orgánicas radicales que actúan en el sur, en particular de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM).
Tras la muerte del número 2 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Raúl Reyes, comenzaron a surgir antecedentes sobre el entrenamiento que esta guerrilla brindó a comuneros mapuche entre 2004 y 2006, con la posible intermediación del Partido Comunista chileno.
El entonces fiscal regional de La Araucanía, Francisco Ljubetic, confirmó que miembros de la CAM recibieron instrucción paramilitar en el extranjero. En 2020 Ljubetic explicó a El Líbero que gracias a un informe de la Policía de Investigaciones, que a su vez obtuvo la información de las autoridades de cada país, se logró establecer que había personas de la etnia mapuche que viajaron a Colombia y habían permanecido allá algunos de 2 a 3 meses, y en un caso hasta por un año. Normalmente, señaló, esos viajes eran en pareja, conformada por una persona de la Región de La Araucanía y por otra del Biobío, específicamente de Cañete y Tirúa. Los viajes se realizaban por tierra, por lo que se obtuvo registros oficiales de Bolivia, Perú, Ecuador y también Venezuela.
Más tarde se halló evidencia de este entrenamiento cuando comenzaron las detenciones por el atentado contra el fiscal Mario Elgueta, ocurrido en 2008. Las autoridades detuvieron a quienes identificaban como integrantes de la alta estructura de la CAM, incluyendo a nombres como el de Héctor Llaitul y Ramón Llanquileo Pilquimán; este último tenía en su poder folletos de las FARC, en uno de ellos se daban las instrucciones para realizar una “emboscada de aniquilamiento”.
El error de Cordero
En su primera alocución tras el homicidio de Manuel León Urra, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, dijo que «respecto de la Macrozona Sur nosotros no teníamos atentados contra personas. Si es que esto fuera una de las situaciones que podríamos estar en presente hace bastante tiempo, yo diría que más allá de un año, cuando se atentó contra un bus de trabajadores”.
No obstante, datos facilitados por Pablo Úrquizar, coordinador del Observatorio de Crimen Organizado y Terrorismo (Ocrit) de la UNAB, indican que “según cifras oficiales de Carabineros de Chile hasta el 31 de julio de 2025, durante este año por hechos de violencia se han registrado 35 personas lesionadas, tres de las cuales directamente atribuibles a la Resistencia Mapuche Malleco, orgánica radicalizada y terrorista que podría estar detrás de los graves hechos del fin de semana”.
Las declaraciones de Cordero que indican que este año no ha habido atentados contra personas tampoco se condicen con los dichos del fiscal Roberto Garrido quien explicó que “lamentablemente en los últimos tiempos hemos visto que la violencia se ha focalizado en el ataque a personas. Estas organizaciones criminales, que han sido atacadas fuertemente en otras áreas donde ellos desarrollan delitos o cometen delitos que les proporcionan recursos económicos, como la sustracción de madera o la plantación de sustancias psicotrópicas, han derivado en el ataque directamente a las personas para hacerse de sus bienes y hacer este tipo de demostraciones de fuerza”.
La diputada Gloria Naveillán compara los dichos de Cordero con “volver a hablar de delincuencia rural, cuando todos sabemos que es narcoterrorismo. Para el gobierno lo más fácil es comprarse este discurso de la violencia rural y decir que estos ataques son contra los bienes, no contra las personas. Y la verdad es que esa es una tremenda mentira. En el gobierno son expertos en sacar estadísticas, cifras, y te las tiran encima y con una seguridad tal que la gente se las termina creyendo, pero la verdad es que son mentiras. Han habido muchos ataques a muchas personas, por supuesto sin muertos propiamente tal, pero convengamos que al final del día ahora tenemos un fallecido y quién le va a dar
las explicaciones a esa familia quien le va a dar el consuelo a esa familia”.
Por su lado, el diputado Miguel Mellado sostiene que “el ministro de Seguridad debería haber venido a la Región de la Araucanía a hablar con la familia de las víctimas. Debería haber estado acá presentando una querella por ley antiterrorista. Este hecho en especial es un antes y un después, pero el gobierno a la vida de los trabajadores no les da el respeto que se merece y tampoco la protección a la familia, ni a los trabajadores, les da lo mismo”.
El Presidente Gabriel Boric se refirió al tema y, además de enviar sus condolencias, dijo que “como Ejecutivo vamos a presentar una querella por homicidio, como ya anunció el ministro de Seguridad, Luis Cordero. Se está investigando el carácter de los hechos, para evaluar si es necesario ampliar o modificar el carácter de la querella”.
La seremi de Trabajo que calificó el atentado como un “accidente”
Mellado también lamenta que la Seremi del Trabajo de La Araucanía haya calificado el hecho como un “accidente”. En una publicación en las redes sociales de la instancia escribieron: “Se inicia el procedimiento de fiscalización para investigar causas del accidente fatal que afectó a trabajadores de una empresa forestal de Victoria”.
“Es una falta de respeto que el gobierno se refiera como ‘accidente fatal’ al cruel ataque que terminó con un trabajador asesinado y otro gravemente herido… decir que esto es un accidente es reírse de las víctimas, de las familias que hoy están sufriendo”. E insistió en que el gobierno debería querellarse por el atentado invocando la ley antiterrorista.
Encapuchados armados queman cinco maquinarias
El otro hecho que registró el Indicador de Violencia e Impunidad de El Líbero fue un ataque incendiario que destruyó cinco equipos de trabajo pertenecientes a la empresa Antulemo, subcontratada por Territoria.
Los hechos ocurrieron el 23 de agosto alrededor de las 03:30 horas, cuando tres encapuchados vestidos de negro y armados protagonizaron el ataque en el kilómetro 7 de la Ruta S-156, que une Carahue con Nueva Imperial.
Carabineros llegó al lugar a las 05:25 horas, tras recibir un llamado que alertaba del ataque. De acuerdo al relato del cuidador del predio, los individuos lo intimidaron, le robaron su teléfono celular y lo obligaron a retirarse. Minutos después, observó cómo incendiaron el campamento y varias maquinarias.
Entre los bienes afectados están una motoniveladora, una retroexcavadora, un rodillo neumático, un skidder y un winche, además de un carro de arrastre y un comedor.
En el sitio no se encontraron lienzos reivindicatorios. Sin embargo, más tarde circuló por redes sociales la reivindicación de la “acción de sabotaje” en la que se leía: “Ni paz, ni entendimiento mientras existan pu weichafe encarcelados y militarización. Libertad a los PPM-CAM, caso quilleco y todos los PPM (presos políticos mapuche). Trato digno por parte de gendarmería. Territorio y autonomía para la nación mapuche”.
La Fiscalía dispuso medidas de protección en el predio.
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