La directora del Sernameg, Priscilla Carrasco, la exjefa de la Unidad en Violencia contra la Mujer, Paula Cifuentes; y la ministra Antonia Orellana

El caso de Isabel Amor está lejos de ser un caso aislado. Luego de que la exdirectora de Sernameg O’Higgins, Danusia Rivas, se atreviera a contar su situación en El Líbero, una profesional y otras dos exdirectoras regionales se animaron a denunciar que las despidieron del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género por razones políticas y no técnicas, pese a llegar a sus cargos vía Alta Dirección Pública (ADP).


Hoy se suma un caso emblemático: el de la jefatura de la Unidad de Violencia contra las Mujeres del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Paula Cifuentes. Ella no llegó vía ADP, sino que tras hacer carrera desde 2014 en el servicio, ganó el primer concurso público realizado para ese cargo nacional. Y aunque en noviembre del año pasado le notificaron por escrito la renovación de su contrata para 2024, la directora nacional de Sernameg, Priscilla Carrasco, le habría informado verbalmente en diciembre que eso no era así y que no tenía el perfil para el cargo. Un “no quiero trabajar contigo” sería el final de la conversación.

A eso se suma que le explicaron que en evaluaciones paralelas a las oficiales -y que le eran desconocidas- ella no habría salido bien parada.

Una carrera de nueve años en Servicio Nacional de la Mujer

Hasta 2021, las jefaturas a cargo de la Unidad de Violencia en el Servicio Nacional de la Mujer no eran técnicas, sino que políticas. Ese año, la decena de trabajadores del área que está a cargo de materias tan sensibles como los femicidios, se movilizó.

Cifuentes fue la vocera de Sernameg en materia de femicidios.

“Ya estábamos aburridos de tener estas jefaturas políticas, porque la Unidad de Violencia era una unidad altamente técnica. Nosotros trabajábamos con la vida y la muerte de las mujeres, las decisiones que se tomaban dentro tenían que tener una expertise técnica que ninguna de las jefas que tuvimos, tenía. Entonces hicimos una movilización apoyados por la Asociación de Funcionarios y finalmente la autoridad, la ministra y la directora de aquel entonces, dijeron ‘OK, hagamos un concurso’ y se subió al Servicio Civil”, relata Paula Cifuentes a El Líbero, la abogada que ganó el concurso y que acusa haber sido injusta e irregularmente desvinculada.

Que la eligieran tras un largo proceso, “me llenó de orgullo, ya que era la primera vez en la historia de Sernameg que se concursaba un cargo de jefatura, y más aún de una jefatura tan trascendente”, dice, acotando que además fue un reconocimiento a la carrera funcionaria en general.

Exjefa de Sernameg: “A mí se me cayó el gobierno feminista mucho antes de que me echaran”

Cifuentes, que entró en la administración de Michelle Bachelet, no milita en ningún partido político y siempre se mantuvo en el tope máximo en las evaluaciones. Cuenta que ayudó en la instalación de este gobierno e incluso llegó a considerar que tenía una buena relación con la ministra de la Mujer y la subsecretaria, pues esta última le escribía “cualquier día y a cualquier hora” para salir de dudas, y la jefa de comunicaciones de la ministra le enviaba mensajes de Whatsapp para lo mismo cuando la ministra Antonia Orellana tenía entrevistas en vivo.

Lo hizo porque era “funcionaria de Estado, no de gobierno”, frase que le repitió a la directora Priscilla Carrasco cuando ella le comunicó que su contrato terminaba anticipadamente, pese a que le habían avisado su renovación en el plazo legal. En el sistema público, el término de las contratas se debe hacer en un acto administrativo fundado hasta el 30 de noviembre. Cifuentes fue confirmada el 28, pero Carrasco decidió otra cosa el 11 de diciembre, por lo que la exjefa lo consideró un acto ilegal y arbitrario.

Con Carrasco, reconoce, la relación era más tensa porque ella le habría hecho observaciones a la directora del Sernameg respecto a lo inconveniente de usar el presupuesto de la Unidad de Violencia para aumentar remuneraciones de honorarios, situación que habría llevado a que el Presupuesto 2024 sólo se discutiera en gabinete y no con otras jefaturas.

Cuando le notificó de su despido, la abogada recurrió “al brazo derecho de la ministra”, con quien había coordinado la instalación y quien era su contraparte en el ministerio. Hablaban prácticamente a diario. “Cuando yo le dije lo que estaba pasando me respondió, ‘bueno, esa es decisión de la directora’ y no me contestó nunca más el teléfono. Entonces yo me dije, si ella, que era mi par con la jefa, con la que me relacionaba diariamente, me cerró la puerta en la cara, es porque la ministra sabe que a mí me echaron y está de acuerdo con eso”.

Cifuentes recuerda que en más de una oportunidad sostuvo públicamente que le interesaba que le fuera bien al primer gobierno que se autodenominaba feminista “porque eso significaba que era un avance para el país, para nosotras las mujeres que tanto nos ha costado en este país lograr avanzar”. Sin embargo, ya no cree que la administración de Gabriel Boric lo sea: “No, a mí se me cayó el gobierno feminista mucho antes de que me echaran. Mucho antes”.

El “mecanismo” y las evaluaciones desconocidas

Si hay algo común entre las experiencias de Isabel Amor -despedida dos días después de haber sido nombrada directora de Sernameg en Los Ríos-, Danusia Rivas (O’Higgins), Antonieta Morales (Maule), María Soledad Martin (profesional de Sernameg) y al menos una exdirectora regional más con las que ha tenido contacto El Líbero, es que comentan que esto ha pasado con más mujeres y que como las sacan de una forma inadecuada, el servicio “inventa” situaciones para echarlas, donde consideran que se les injuria.

En el caso de Amor, se aludió pérdida de confianza a sólo dos días de haber asumido y ella acusa que fue tras abordar la condena por derechos humanos de su padre en una entrevista. A Rivas la sacaron aludiendo un sumario de maltrato, sin que la investigación hubiera terminado. Cuando culminó, arrojó una “falta de cortesía» de su parte. A Morales, que tenía excelente evaluación, le dijeron directamente que era por no compartir “los ideales” del ministerio; y a Martin, al igual que a Cifuentes, les dijeron que estaban mal evaluadas pese a estar en lista 1 (la mejor) en la calificación de funcionarios.

¿El problema? Acusan que se trata de evaluaciones paralelas -y desconocidas para ellas- elaboradas por la superior de ambas, Lesly Meyer, ahora jefa nacional del Departamento de Gestión de Programas.

Cada año los funcionarios públicos son sometidos a una evaluación de desempeño por sus jefaturas. Los trabajadores pueden conocer, comentar e incluso rechazar las observaciones y de los resultados dependerá su calificación dentro del sistema público.

“El 30 de noviembre de 2022, después de haber trabajado cinco años en el Sernameg, se me informa, mediante una carta certificada en mi domicilio -donde estaba realizando teletrabajo por tener un hijo de 16 meses- que no me renovarían la contrata, a pesar de haber tenido históricamente las calificaciones más altas en la evaluación de funcionarios (lista 1). ¿La razón? Un informe paralelo al oficial, firmado por la entonces jefa de Área Mujer y Trabajo, señalaba que yo no tenía las competencias para ejercer mi cargo y, además, se me imputaban una serie de acusaciones denigrantes y vejatorias”, relata Martin en una carta a El Líbero donde también cuenta que interpuso una tutela laboral que ganó y el servicio tuvo que disculparse.

En el caso de Cifuentes, también citan informes de evaluación que no son los que la tenían en lista 1 e incluso con una anotación de mérito por su desempeño alegando una causa en el Tribunal Constitucional respecto de la inconstitucionalidad de la Ley Pascua, “siendo un hito para nuestro servicio, ya que por primera vez una jefa de unidad, alegaba ante el Excelentísimo Tribunal Constitucional”.

La exjefa supo de las evaluaciones paralelas de Meyer por boca de la directora de Sernameg el día que la desvinculó y porque tras presentar una denuncia en la Contraloría General de la República, el Servicio Nacional de la Mujer presentó sus descargos.

Ahí “dan cuenta de evaluaciones paralelas que son desconocidas por mí, sumado a la grave imputación de conductas que son a lo menos injuriosas y/o calumniosas, que ensucian mi actuar como funcionaria pública y enlodan el trabajo realizado durante estos nueve años, en los que antepuse mi fiel compromiso con la temática y con mujeres de nuestro país, por sobre mi salud física y mental, mi familia, mis horas de descanso y espacios libres, con la más profunda convicción de que en algún momento de nuestra historia, las mujeres de Chile podrían caminar libres y sin miedo, incluyéndome”.

El Líbero consultó sobre la salida de Paula Cifuentes al Servicio Nacional de la Mujer, y desde ahí contestaron que «este servicio emitió un informe a solicitud de la Contraloría General de la República, el 26 de enero de 2024, y del cual no es posible proporcionar mayores antecedentes, en atención a que la respuesta del organismo fiscalizador se encuentra pendiente. Nuestra institución lleva procesos rigurosos y transparentes, tanto como de selección y nombramientos, así como de renovación de cargos, donde las autoridades de la institución evalúan la gestión y desempeño de funcionarias y funcionarios, en el ejercicio de sus facultades legales, con el objetivo de asegurar el cumplimiento del buen funcionamiento de Sernameg».

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