Señor Director:
En las últimas semanas el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, el Ministerio de la Mujer y sus respectivas autoridades han estado en la palestra en diversos medios de comunicación lo que para mí no es sorpresa en lo absoluto. ¿Por qué lo digo?
El 30 de noviembre de 2022, después de haber trabajado cinco años en el Sernameg, se me informa, mediante una carta certificada en mi domicilio -donde estaba realizado teletrabajo por tener un hijo de 16 meses- que no me renovarían la contrata, a pesar de haber tenido históricamente las calificaciones más altas en la evaluación de funcionarios (lista 1). ¿La razón? Un informe paralelo al oficial, firmado por la entonces jefa de Área Mujer y Trabajo, señalaba que yo no tenía las competencias para ejercer mi cargo y, además, se me imputaban una serie de acusaciones denigrantes y vejatorias.
Al tratarse de una situación ilegal y arbitraria, interpuse una tutela laboral. Con fecha 02 de octubre del 2023, en el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago determinó que el Sernameg lesionó y vulneró mis derechos fundamentales condenando a la institución a pagar una indemnización y ofrecer disculpas públicas de la Sra. Priscilla Carrasco Pizarro, actual directora del servicio, y de Lesly Meyer, quien firmó el cuestionado informe.
Más allá de la satisfacción porque se hizo justicia, me surge la siguiente pregunta ¿por qué los contribuyentes tenemos que pagar errores e ilegalidades que cometen las autoridades y jefaturas de las instituciones públicas? ¿No debiesen ser esas personas las responsables de desembolsar estas sumas de dinero que, por lo demás, no son menores?
Es hora de que el Estado deje de ser una cuenta corriente abierta o una bolsa de empleos, y que los y las responsables se hagan cargo de las malas decisiones que toman, las que empobrecen al Estado y ponen en tela de juicio la transparencia en los procesos de la administración del Estado y hacen imposible que los funcionarios públicos tengan una carrera funcionaria que vaya más allá de los gobiernos de turno.
María Soledad Martín – Historiadora. Master of Arts, Goldsmiths, University of London.
El Estado, en realidad sus directivos, comete abusos con sus funcionarios, mientras que, paralelamente, califican invariablemente al empresario de explotar y abusar.