“El Sistema de Alta Dirección Pública (SADP) tiene como objetivo dotar a las instituciones de gobierno -a través de concursos públicos y transparentes- de directivos con probada capacidad de gestión y liderazgo para ejecutar de forma eficaz y eficiente las políticas públicas definidas por la autoridad”. Así define el Servicio Civil el mecanismo que desde 2003 dota de autoridades de primer y segundo nivel jerárquico al Estado, como los directores regionales de servicios. Por esa vía fue contratada la exdirectora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg) de Los Ríos, Isabel Amor -cuya polémica salida ocurrió a sólo dos días de su llegada-, al igual que otras directoras regionales que fueron desvinculadas, acusan, por razones políticas y no profesionales, antes de haber cumplido los tres años que estipulaba su contrato.
Una de ellas incluso tiene dos cartas donde Sernameg deja por escrito que, pese a su buen rendimiento, su salida se debió a causa política. Esto contraviene la doctrina de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, quien ha defendido que a Amor se le pidió el cargo por “pérdida de confianza” y no por motivos ideológicos.
“La confianza dentro de la ley y dentro de la administración pública, no significa que los funcionarios seamos amigos, no significa que seamos del mismo partido. De hecho, tenemos varias autoridades del Servicio de la Mujer y Equidad de Género que no son de este Gobierno y, en base a un buen desempeño, se han mantenido en el cargo”, dijo el 14 de agosto en radio Cooperativa.
El argumento también va en dirección contraria a lo que dice el Protocolo de Egreso para Altos Directivos Públicos del Servicio Civil, donde se esgrime que no se puede hacer alusión a motivos políticos, religiosos o sexuales, para pedir la salida de un directivo, pues podría ser considerado discriminatorio.
Exdirectora de Sernameg Maule tenía cumplimientos por sobre el 100%
El caso en cuestión es el de Antonieta Morales, administradora pública y trabajadora social que había sido directora de la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer, Prodemu, durante el gobierno de Sebastián Piñera. Ese era su trabajo hasta que se presentó la oportunidad de postular vía ADP a la dirección de Sernameg Maule. Tras sortear el proceso que duró cerca de tres meses, comenzó en el cargo en octubre de 2020.
Pero su buen desempeño no fue suficiente para mantenerse en él. “Yo alcancé a recibir mi primera evaluación con un cumplimiento del 100% y tenía varios logros que fueron destacables para el Sernameg regional y nacional incluso. Entonces me pilla un poco de sorpresa la forma en la cual me sacan, porque en primera instancia podríamos haber llegado a algún acuerdo, pero me desvinculan por razones políticas (…) Y yo tuve muchos logros. De verdad que me puse full la camiseta. De una meta de 100%, yo pasé ese porcentaje de cumplimiento, apalanqué $1.500 millones extras para el Sernameg, que fue un hecho histórico para ellos a nivel nacional. Entonces, profesionalmente no había nada que ellos pudiesen aludir, nunca tampoco algún reclamo ni algo, nada”, relata Morales a El Líbero.
“Yo podría haber cumplido sólo ese 100% y nada más, pero todas las estrategias externas, como presentar al Gobierno Regional iniciativas para mujeres con violencia, mujeres emprendedoras, y haber apalancado tantos recursos, eso nadie me lo estaba pidiendo. Era voluntad mía el poder hacer gestión extra y apoyar. Entonces, desde lo técnico, ellos jamás, jamás podrían haber dicho nada”, lamenta.
La “línea política”
Con el cambio de gobierno, las directoras que entraron en el periodo anterior sabían que podían venir cambios en Sernameg, por eso Morales se comunicó con la directora nacional subrogante, Vannina Masman, “y fue ella fue la que me manifestaba que me quedara tranquila, que en mi caso no tenía que preocuparme, que era una de las regiones mejor evaluadas, y yo le insistí mucho. Dije: no tengo problema si me quieren sacar, pero por favor díganme antes, no me vayan a avisar de un minuto a otro. Eso fue importante para mí. Yo me había proyectado con este ADP a los tres años que me correspondían (…) la directora subrogante todo lo preguntaba al ministerio, en ese tiempo lógicamente ya estaba la actual ministra (Orellana). No había ninguna decisión que la directora del servicio tomara por sí sola, sin que fuera avisada por ella”, explica la profesional.
Sin embargo, el 15 de junio de 2022, Masman, envió un oficio al Servicio Civil -al que tuvo acceso El Líbero– informando que se le pediría la renuncia a Morales, pues pese a cumplir sus funciones, ella pertenecía a una “línea política” que no compartía los lineamientos del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género “a partir de su reconocimiento de las mujeres en su diversidad como sujetas plenas de derecho reconociendo su autonomía física y el derecho a disponer libremente de su cuerpo”. Morales es militante RN.
Aquello “constituye fundamento suficiente”, prosigue el documento, para no tener la “convicción que realizará las labores de coordinación con otros actores de la administración del Estado necesarias para liderar correctamente el equipo de trabajo y asegurar la continuidad de la función pública”; por lo que se “procederá a solicitar la renuncia a la alta directiva pública por pérdida de confianza”.
“Mi opinión política era la determinante para la pérdida de confianza”
El 30 de junio le llegó la notificación a Morales. En la carta le reiteraban su buen desempeño en Sernameg, pero le hacían ver que no podían seguir con ella porque no compartía “los ideales” del ministerio. “Se contradicen, porque dice que me sacan pese a yo haber cumplido todas mis funciones, no obstante, mi opinión política era la determinante para la pérdida de confianza”.
“Para mí, fue súper dolorosa la forma en que me sacan porque desconocen totalmente mi aporte, y lo vinculan solamente a un tema político. Yo trabajé con mi compromiso por las mujeres, no por las mujeres de derecha. A nadie le pregunté su color político, traté de colaborar lo más que pude en mi trabajo para ellas (…) mi forma de dirigir estaba enfocada netamente al trabajo que se me solicitaba”, asegura.
Morales: «Mi trabajo era transversal»
Para Morales, el Sernameg dejó de ser un “un ente autónomo (porque) sus acciones pasaron a ser dirigidas desde el ministerio”, dice, agregando que trabajó sin inconvenientes con profesionales de otros partidos, quienes resintieron su salida “porque mi trabajo era transversal” y porque la sacaron “pasando por encima de mis derechos y sin mucho derecho a réplica. Tratándome de que porque era de derecha, era mala (…) Se toman del concepto ‘feminista’, en base a sus ideologías, y no pensando por el bien común de todas las mujeres”.
Morales hizo una denuncia de tutela laboral buscando “que ellos reconocieran que la forma en que me habían sacado no era la correcta, y que mi nombre quedara limpio”, porque a su juicio que a alguien se le pida la renuncia tiene directa relación con su mala labor. “Yo lo que les pedí es que se disculparan conmigo y reconocieran que habían cometido un acto arbitrario, al sacarme por razones políticas, sin ellos siquiera tener un argumento válido que dijera efectivamente que ‘su pensamiento político estuvo por sobre su gestión’”, sin embargo, sólo hubo un ofrecimiento de compensación que no aceptó y el juzgado aprobó su salida por pérdida de confianza.
Sobre el sistema de ADP, agrega que “se esforzó mucho” por superar el proceso y que hasta entonces, pensaba “que las entidades públicas funcionaban de acuerdo al mandato que correspondía, y que el Servicio Civil también iba a validar lo que ellos mismos tienen dentro de sus manuales”.
El protocolo del Servicio Civil que dice algo diferente a Sernameg
El manual al que se refiere Morales es el Protocolo de egreso para Altos Directivos Públicos del Servicio Civil, organismo que, así como tiene medidas que cumplir para el ingreso, también señala aspectos a tener presentes a la hora de remover a una persona que llegó por medio de sus concursos.
En sus lineamientos dice que se debe mencionar explícitamente las razones de desempeño o confianza que fundan la desvinculación y que no se debe «hacer referencia a elementos de opinión política, religiosa, opción sexual, etc., en tanto son elementos que pueden considerarse discriminatorios».
Dentro de las preguntas frecuentes de este instructivos se hace hincapié en asuntos, por ejemplo, de indemnización, pero no surge como duda el asunto de la confianza ni tampoco consideraciones políticas.
Otra exdirectora desvinculada de Sernameg por pérdida de confianza: «Es legal, pero no es ético»
Una tercera exdirectora regional de Sernameg que fue desvinculada por «pérdida de confianza» y que prefirió mantener su identidad en reserva, añade a El Líbero que si bien estos cargos de segunda línea jerárquica tienen un componente político implícito, que es el que permite sacar legalmente a alguien por asuntos de confianza; lo concreto es que ellos no toman ninguna decisión de esa índole, sino que todo es técnico.
Y como la «pérdida de confianza» es un concepto que no está claramente definido en la legislación, esto generaría un ambiente propenso a abusos, ya que no hay criterios específicos para fundamentar tales decisiones, «entonces la autoridad puede poner lo que se le ocurra (para echarte) (…) Es legal, pero no es ético».
Es en ese contexto en que se abren sumarios, por ejemplo, por supuestos maltratos a subalternos que son en los que se basan las nuevas autoridades para justificar la pérdida de la confianza y para echar a directoras elegidas vía ADP, «mecanismo» que denunció la exdirectora de Sernameg O’Higgins, Danusia Rivas en Mirada Líbero. «Ahí es donde se provoca el abuso, porque tú no tienes el derecho a ser tratada como inocente durante el periodo que dura la investigación. Y hay otro abuso que se genera porque tú sales de la institución sindicada como maltratadora».
En su caso y en el de Rivas, sus sumarios por supuesto maltrato terminaron en que fueron culpables de «faltas a la cortesía», pero a esas alturas ya estaban despedidas.
Esta exdirectora, que es militante de oposición, ya había vivido procesos de traspasos de mando tras cambios de gobierno y opina que la llegada de esta nueva administración «sobrepasó todos los límites. Eso hay que decirlo. Es abusivo. Generalmente como gobierno, hay un respeto. De hecho, yo entro en 2019 porque la directora anterior estuvo un año tranquilamente. Había un respeto a este buen actuar de buena fe. No se le inventaban faltas a los directivos para sacarlos».
Ella misma lo vivió siendo directora de otro servicio durante el primer gobierno de Sebastián Piñera y llegó la segunda administración de Michelle Bachelet: «En un tiempo prudente me dijeron que salía por falta de confianza política y estaba perfecto, son las reglas del juego. No me mandaron una carta para decirme que era una especie de maltratadora». En 2022 a ella tampoco la llamó nadie para decirle que estaba despedida, sino que se enteró cuando dejaron de pagarle el sueldo. La carta certificada nunca llegó a su casa y tuvo que ir a buscarla a Correos.
Exconsejero ADP: «Seguimos removiendo a las personas por confianza política y no por ser incompetentes»
El exconsejero de la Alta Dirección Pública (ADP) entre 2013 y 2019, Manuel Inostroza, expone a El Líbero que el sistema buscaba definir un candidato equilibrando el mérito y la confianza política. Por ello, pese a la evaluación de currículum, la sintonía del aspirante con las políticas públicas del gobierno influyen en la selección.
Sin embargo, este modelo ha producido que cuando hay cambios de gobierno, las remociones de cargos de ADP oscilen entre el 55% y 70%. Mientras que estos cambios “en países como Inglaterra, cuando son del mismo signo político, son del 5%; y cuando son distintos, sube al 10%. Es decir: más del 90% de los cargos permanece”, grafica.
A su juicio, casos como el de Amor es un “autoengaño de los partidos políticos y gobiernos, porque al final seguimos removiendo a las personas por confianza política y no por ser incompetentes en las funciones del Estado”. Para que el país proceda en vías de un Estado más moderno, advierte que será necesario un cambio legislativo que elimine el requisito de confianza política para los cargos de ADP de segundo nivel, como es el caso de los subdirectores de servicios públicos, que actualmente varían entre 1.200 a 1.300 personas.
Respecto al rol de Orellana en el caso Amor, Inostroza opina que la ministra ha demostrado “bastante sesgo ideológico y político, porque cuando una mujer ha exigido la defensa de su derecho a trabajar en la Alta Dirección Pública, la ministra en menos de dos días ordenó, por una opinión política personal, su desvinculación”.