Chile es uno de los pocos países de la OCDE que no ha logrado recuperar los niveles de ocupación laboral previos a la pandemia. Sin embargo, donde sí se habría producido un incremento, es en el sector público: de acuerdo a la última encuesta del INE, el empleo público asalariado habría crecido en un 8,6% anual en el último trimestre móvil, mientras que en el sector privado solo lo habría hecho en un 1%.
Esto se traduce en que 94 mil personas habrían sido contratadas en 12 meses por el Estado, lo que ha sido puesto en duda por el gobierno.
En Mirada Líbero analizamos este tema y la situación del mercado laboral en Chile junto a Matías Acevedo, economista y ex director de la Dirección se Presupuestos (Dipres).
Según Acevedo, el gasto en empleo público representa cerca de un 30% del gasto total de la nación, por lo que “es incomprensible que en un país con este nivel de desarrollo no sepamos cuánta gente trabaja en el Estado”.
Obligación de informar dotación de empleados públicos
Indicó que “a pesar de que las instituciones tienen la obligación desde 2020 por ley de reportar mensualmente su dotación, no lo hacen”. Por un lado, señaló que del gobierno central se tiene una estimación fehaciente de la dotación, lo que no ocurre en el gobierno descentralizado: municipios, universidades públicas, empresas públicas, etc.
“La última información que se obtuvo respecto a la recopilación de datos de la Dipres en esta materia indica que menos del 50% de las instituciones ha reportado, entonces es esperable que con estas cifras se generen este tipo de debates, si no sabemos cuántos funcionarios trabajan en el Estado”, aseguró.
En esta línea, Acevedo explicó que es la Contraloría la que debiera hacerse cargo de fiscalizar que se cumpla la ley. “Esto es un artículo de ley que se estableció a raíz de una discusión que tuvimos en la ley de reajuste en el sector público el año 2020, porque no sabíamos si la información de los municipios era veraz”, señaló.
“En ese contexto, me imagino que la Contraloría tendrá algo que decir en esto. Es claro que si la ley no se fiscaliza es letra muerta y nadie tiene la obligación de reportar”, sostuvo.
«La Dipres debe exigir nómina de empleados»
Consultado sobre quién debe hacerse cargo de consolidar esta información, el economista manifestó que debe ser la Dipres, pues “tiene las facultades legales de exigir a los municipios esa información y también puede reportarla. No estamos pidiendo grandes inversiones en sistemas de información, es un tema de coordinación”.
“Hay una buena oportunidad, hay un cuestionamiento de la ciudadanía respecto al crecimiento exacerbado del empleo público, y para la gente el Estado es uno y ahí tienen una oportunidad de hacerse cargo de esto. Requiere mucha voluntad, seguimiento y control, y creo que están en una buena coyuntura para poder avanzar en aquello”, aseguró.