Durante la madrugada del miércoles, el gobierno, la CUT y la mayor parte de las organizaciones sindicales del sector público, suscribieron un acuerdo respecto del reajuste salarial, ley que ingresará al Congreso el 5 de enero para su discusión.
En él acordaron un incremento general de los sueldos de 3,4% (que es mayor para quienes perciben remuneraciones mínimas) y que no es más que la misma cifra de la inflación en noviembre, cuestión que políticamente fue bien recibido, menos por la Anef y el Colegio de Profesores, que se restaron de la firma.
Sin embargo, lo que llamó la atención, es que el documento no sólo aborda el incremento que tendrán los sueldos de los funcionarios públicos, sino que en esta oportunidad también pretende dejar fijado por ley el asunto de la continuidad laboral de los trabajadores “a contrata” (las personas que tienen contrato anual en el Estado, el que puede ser renovado o no a fin de año), expectativa conocida como “confianza legítima” y sobre la que ya se ha pronunciado la Corte Suprema y a Contraloría General de la República.
Hasta 2021, la Contraloría resolvía si procedían o no las discrepancias sobre la desvinculación de una persona a la cual le habían renovado la contrata durante dos periodos consecutivos. Esto, al considerarse implícitamente que había una expectativa razonable de continuidad. Sin embargo, en 2022 la Corte Suprema estableció que ese argumento podría usarse tras cinco años de trabajo continuado y no dos. Además, la contralora Dorothy Pérez determinó que esos casos debían ser resueltos en los tribunales y no en Contraloría, cuestión que la Suprema confirmó.
Ahora, el acuerdo firmado por los ministros de Hacienda, Nicolás Grau, y el de Trabajo, Giorgio Boccardo, establece que los funcionarios a contrata despedidos podrán alegar “confianza legítima” en Contraloría con dos años de servicio, salvo que antes hubieran recurrido a la justicia. Además, dice que la no renovación se deberá hacer mediante un acto administrativo fundado, no bastando la mera mención a que se debe a las «necesidades del servicio».
“Yo celebro que el ministro Grau haya llegado a un acuerdo donde el reajuste del sector público no sea más allá de la inflación. Creo que eso está en línea con lo que podemos hacer. Ir más allá me hubiera parecido un exceso y me parece que eso es una buena señal”, dice a El Líbero el exdirector de la Dirección de Presupuestos (Dipres) del segundo gobierno de Sebastián Piñera, Matías Acevedo, sobre el reajuste de 3,4% del acuerdo.
Sin embargo, califica de «improcedente» que se haya abordado el tema de la «confianza legítima» en el reajuste, cuando a su juicio lo que corresponde es tratarlo en una reforma al Estatuto Administrativo, que es el cuerpo legal que regula el trabajo de los funcionarios públicos.
Una norma «improcedente» e «inoportuna» en la Ley de Reajuste
– El acuerdo del gobierno y la mesa del sector público quiere establecer que la confianza legítima vuelva a ser de dos años y no cinco, como dijo la Corte Suprema, y menciona que los casos los podrá resolver Contraloría. ¿Es propio de la ley de reajuste entrar en estos temas o cree que exceden su objetivo?
-Hoy día las contratas representan la mayor proporción del empleo público y un contrato a contrata, valga la redundancia, dura un año. Todos los noviembre de cada año hay un proceso donde tú puedes continuar o prescindir de ese funcionario. Eso dice la ley. Uno podrá discutir si ese es el mejor régimen para el empleo público y esa es una pregunta válida, de hecho, el Estatuto Administrativo no se ha cambiado desde el año 1989. Pero eso se tiene que dar en el contexto de una reforma al empleo público al que le hemos hecho el quite durante más de 30 años. No se puede parchar el empleo público como se está promoviendo ahora en la Ley de Reajuste, porque todo esto tiene una consecuencia. Aquí los cambios que tú haces tienen que tener una concordancia, no pueden ser aislados.
Si queremos que las personas tengan un contrato a plazo indefinido, tenemos que partir con que ingresen por un sistema competitivo, donde las personas que ingresan son las mejores, no los apitutados y evitar la discrecionalidad en la contratación. Y si queremos que estas personas tengan un contrato de base indefinida, también tienen que tener condiciones de salida definidas
Este gobierno tuvo cuatro años para presentar una reforma de Estatuto Administrativo y no lo hizo. Yo tengo entendido que tienen un borrador que han presentado a la Comisión de Modernización del Estado, pero estamos hacia fines del gobierno. Llevamos cuatro años sin presentar una reforma al empleo público y (ahora) se trata de parchar el sistema con este beneficio que me parece improcedente en la Ley de Reajuste.
-Si llegara a quedar tal como lo plantea el acuerdo, ¿el efecto práctico sería que al próximo gobierno le costará más terminar la relación laboral con algunos funcionarios, sobre todo, con los que tal vez no son los mejores?
-La idea matriz de la ley es el reajuste de las remuneraciones y subvenciones del Estado del sector público, no es cambiar las condiciones del Estatuto Administrativo ni sobre todo esto que ya ha sido muy debatido e interpretado por la Contraloría y que después la Corte Suprema ratificó. Entonces no me parece que sea la manera de hacerse cargo de una reforma de verdad al empleo público ad portas del término de un gobierno, porque además, obviamente, levanta sospechas que pueden ser incluso infundadas. Genera un clima de desconfianza brutal que no se merece esta discusión.
– ¿En los reajustes anteriores no se refirieron a este tema? Esto será entonces en respuesta a los anuncios de presuntos recortes de operadores políticos o de personal que ha hecho José Antonio Kast?
-Parte de los compromisos que tuvo el Ejecutivo fue revisar cómo hacerse cargo del empleo público, pero eso era parte de una discusión en una reforma al Estatuto Administrativo, una reforma integral y empleo público. No puede ser una cuestión aislada. Las sospechas que se levantan es que quieren ‘dejar amarrados’ a todos los funcionarios que contrataron, que quieren evitar despidos masivos -que pueden ser muy justificados- y que por distintas razones le quieren dejar la pista más difícil (al próximo gobierno). Todas esas cosas son justamente las que tenemos que evitar si queremos tener una discusión seria de una reforma del empleo público.
No existen sectores que están a favor o en contra de los funcionarios públicos, ¡eso no es cierto! Yo lo viví en las leyes de reajuste y me tocó gente de distintos sectores apoyando tener un buen sistema de contratación, justo, meritocrático, de evaluación, de darle estabilidad a los funcionarios con las condiciones que se merecen por ser funcionarios públicos, pero habiendo entrado en un proceso competitivo. En todas esas cosas hay bastante consenso y a mí me llama mucho la atención que ese consenso que existe hace tanto tiempo no lo haya aprovechado este gobierno para incorporar una reforma que una. Entonces, plantear esto como planteando una desconfianza de un sector político contra otro, me parece que solamente le hace un flaco favor a lo que todos estamos aspirando, que es tener un mejor empleo público. Y plantear esto como una lucha de sectores de la izquierda versus la derecha, uno a favor y uno contra los funcionarios públicos, está lejos de ser la realidad y por eso me parece muy inoportuna esta potencial indicación que se va a hacer en los artículos de la ley.
-El acuerdo también menciona los bonos permanentes que usted denunció que quedaron consagrados por ley (Navidad, Fiestas Patrias y bonos de escolaridad). En esta oportunidad se quiere establecer que sean sujetos de reajuste. ¿Qué le parece esta medida?
-Justamente es lo que uno no quiere. Si los bonos y los reajustes se deben discutir en su mérito, no puede ser un derecho consagrado. Yo no conozco a ningún trabajador del sector privado que tenga sus bonos asegurados por ley. Eso obviamente depende del desempeño y de muchas variables: del desempeño del funcionario, del trabajador, del desempeño de la empresa, etcétera. Yo no veo ninguna razón de por qué tener ciertos bonos, como se estableció el año pasado, consagrados por ley. Todos los bonos deberían ser objeto de discusión anual. Porque además, tienen que conversar con la realidad del sector público. Imagínate que en un periodo de crisis como lo que tuvimos en la pandemia, estemos obligados a pagar 300 millones de dólares porque los bonos están consagrados por ley (…). Me parece que no conversa, primero, con la realidad, con los trabajadores que no tienen ningún bono asegurado por ley, y segundo, con nuestra realidad fiscal. No amerita, con el déficit crónico de dos puntos del PIB, estar asegurando más gastos permanentes, cuando sabemos que un gasto permanente hoy día se financia con deuda, porque no tenemos los ingresos suficientes para financiarlos. Las generaciones que vienen se van a tener que hacer cargo de estos privilegios que se están incorporando en la Ley de Reajuste.
-¿Cree que el Congreso vaya a impugnar alguno de estos dos temas?
-Me costaría creer que este artículo vaya a ser aprobado en el Senado. No tienen la mayoría para eso. Más allá de una visión ideológica, esto tiene que ver con un sentido de oportunidad totalmente ‘no ha lugar’, que se tiene que discutir en el contexto de una reforma del sector público y creo que los parlamentarios del Senado lo tienen clarísimo. Si bien es un tema que se acordó, muchas cosas de las leyes de reajuste se terminan rechazando y me parece que esta debería ser una de ellas. Y aunque quede poco tiempo, (quiero) pedirle al Ejecutivo que acelere el ingreso de su propuesta de reforma al Estatuto Administrativo.
–Si el Congreso llegara a impugnarlo, si no saliera este articulado, ¿nuevamente se abre la puerta a la molestia social y a protestas de los mismos gremios que hoy día están firmando este acuerdo?
-Eso va a pasar de todas maneras, lo que pasa es que acá se pasaron 10 pueblos. Acá ya hubo una discusión sobre la confianza legítima donde ya se pronunció la Suprema y la Contraloría. Esta es una forma de volver a rigidizar un contrato. Todos sabemos que el momento no es el adecuado, que esto se debe discutir en una reforma del estatuto y no tratar de buscar un parche porque viene un cambio de gobierno y algunos funcionarios, que probablemente no son los funcionarios buenos, aquellos que conocen el Estado y que trabajan para tener mejor servicios, sino que son todo lo contrario; quieren tener una protección adicional que no la tiene hoy día ningún trabajador del sector privado y evitar que por su desempeño eventualmente no sigan prestando servicios en un futuro gobierno.
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