María Servini de Cubría es la jueza federal argentina que quedó a cargo, por sorteo, del caso que se seguirá en contra del Presidente de ese país, Javier Milei, por las denuncias que se presentaron en su contra por la presunta megaestafa que habría significado $Libra, la criptomoneda que el mandatario promovió en su cuenta de X, y que poco después se fue a pique dejando pérdidas por 4.000 millones de dólares y afectando a unas 40.000 personas.
En las últimas horas los medios argentinos han abordado el ruido que ha causado que sea precisamente Servini de Cubría la que se encargue del caso de Milei, que ya cuenta con más de 100 denuncias.
La vinculación de la magistrada con La Libertad Avanza, el partido del mandatario, es más que clara, según la prensa del otro lado de la cordillera. Se asegura que Santiago Viola, apoderado de esa tienda política trata de “tía” a la jueza. La cercanía vendría por la amistad que tendría Servini con Claudia Balbían, la mamá de este último.
“Mi sobrino está con ustedes”, habría dicho la jurista a un dirigente de los libertarios que acudió ante el Juzgado Electoral de la Ciudad para realizar un trámite, según el medio LPO.
La forma en la que se realizó el sorteo también ha dado de qué hablar. En lugar de utilizar el sistema informático, el presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Mariano Llorens, optó por el sistema de tómbola.
«Pasamos de la sospecha por el sistema informático a la sospecha por mano fría y bolilla caliente», dijeron en pasillos de juzgados a periodistas argentinos.
El vínculo con Chile por el caso Prats
Pero el nombre de Servini no es ajeno a nuestro país. Y es que la magistrada, de 87 años de edad, fue noticia de primera plana en los medios nacionales en la década de los 90 y 2000, cuando estuvo a cargo de la investigación del atentado en Buenos Aires contra el general Carlos Prats, quien fue ministro de Interior de Salvador Allende y comandante en jefe del Ejército.
El general Prats había salido del país el 15 de septiembre de 1973, a cuatro días del derrocamiento de Allende. Poco más de un año después, el 30 de septiembre de 1974, fue asesinado junto a su esposa, Sofía Cuthbert, al explotar una bomba que había sido puesta en su automóvil.
Fue Servini de Cubría quien ordenó la detención en 1996 de Enrique Arancibia, quien posteriormente fue condenado en Argentina a cadena perpetua por el atentado, aunque tras pasar un años en prisión logró que le otorgaran la libertad condicional. En 2011 fue hallado muerto en su departamento con múltiples heridas de apuñalamiento.
La jueza Servini de Cubría vino a hacer diligencias judiciales a Chile a fines de los 90
Por las diligencias que se requirieron para ese caso, la jueza Servini de Cubría estuvo en Chile en 1999. En esa oportunidad interrogó a quien fue el jefe máximo de la DINA, Manuel Contreras. Para esto, la jueza se trasladó hasta la cárcel de Punta Peuco, donde el exuniformado, que falleció en 2015, cumplía condena por otro asesinato registrado en el extranjero, el del ex canciller Orlando Letelier, ocurrido en Estados Unidos el 21 de septiembre de 1976, también por coche bomba.
Entre los interrogados en esa ocasión también estuvieron el segundo al mando de la DINA, brigadier Pedro Espinoza. La prensa también informó en su momento que la jueza interrogó al general retirado Sergio Arellano Stark, que en ese momento se encontraba en medio de un proceso judicial, acusado por la presuntas violaciones a los derechos humanos y que posteriormente fue condenado a seis años de cárcel. Falleció en 2016, mientras estaba internado en una clínica.
En la lista de quienes tuvieron que responder en Chile las preguntas redactadas por la magistrada argentina, también figuraron los oficiales en retiro general Raúl Iturriaga y brigadier José Zara. Aunque la defensa de estos dos últimos ex militares solicitaron la anulación de estos procedimientos investigativos, en julio de ese mismo año la Corte Suprema las validó.
Fue Servini quien logró la confesión de Michael Townley
La actuaciones judiciales de Servini de Cubría fueron de vital importancia, así lo informó la prensa chilena en su momento, para que se activaran en el país los procesos penales que finalmente terminaron en las condenas de ex agentes de la DINA como Contreras y Espinoza.
¿La razón? Fue esta jueza argentina la que logró la confesión de Michael Townley, estadounidense ex agente de la Dina.
Servini se trasladó a Washington en 1999 y en presencia de un abogado del Departamento de Justicia de Estados Unidos logró una confesión bajo juramento de Townley. Fue a la jurista argentina a quien le señaló que él había construido la bomba usada en el asesinato del general Prats y su esposa, y que personalmente se había encargado de instalarla en el auto y detonarla.
La magistrada argentina volvió a Chile en 2001
En 2001 la magistrada argentina regresó a Chile para efectuar dos interrogatorios más a los ex agentes de la DINA Cristoph Willike y Mariana Callejas, esta última, la esposa de Townley, quien la habría acompañado a Buenos Aires para la comisión del crimen en contra de Prats. Según la declaración jurada que él mismo dio, ella oprimió el detonador una primera vez, pero la bomba no estalló. Fue entonces cuando él repitió el procedimiento, logrando el fatal desenlace.
La declaración indagatoria se realizó en la sede del Primer Juzgado del Crimen de Santiago y la pudo hacer directamente Servini. Los interrogatorios de 1999, en tanto, fueron dirigidos por el juez chileno Joaquín Billard, que se encargó de hacer las preguntas que había elaborado la juez argentina.
Servini pidió sin éxito interrogar a Pinochet
Tres años después, en septiembre 2004, la jueza argentina solicitó a la justicia chilena interrogar a Augusto Pinochet, esto luego que el pleno de la Corte Suprema confirmara el desafuero del general.
Servini buscaba vincular a Pinochet con el asesinato de Prats, acusándolo del delito de asociación ilícita. Ya en 2001 había presentado esta misma petición. En ninguna de las dos oportunidades tuvo éxito.
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Chuta, nada de Milei……….retrocedimos 50 años……..
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