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Publicado el 28 de julio, 2019

El monumento a sitio ocupado por el MIR y los otros «legados malditos» de Bachelet a Piñera

Autor:

Javiera Barrueto

El cambio a la malla curricular, los medidores inteligentes y el pacto migratorio de Marrakech son algunas de las iniciativas que fueron selladas durante el gobierno anterior, pero que la actual administración ha tenido que llevarlas a cabo, o hacerse cargo. En casi una decena de ejemplos, como la reciente declaración de monumento histórico a un sitio que fue ocupado por el MIR en los 80, las autoridades del gobierno de Piñera han enfrentado conflictos y, más de alguno, un «verdadero infierno» con su propio sector.

Autor:

Javiera Barrueto

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Defender el legado de la ex Presidenta Michelle Bachelet ha sido la estrategia de la ex Nueva Mayoría desde que finalizó su periodo en La Moneda hace 16 meses. Y con tal fuerza, que los dirigentes de la oposición encuentran un punto fácil de unidad cuando de críticas al actual gobierno se trata.

Pero parte de ese legado también ha debido ser asumido por el Presidente Sebastián Piñera. Claro que con otro cariz. Es el lado «menos amable» de la herencia del gobierno de la Nueva Mayoría, ya sea porque les ha correspondido implementar políticas con las que no concuerdan o porque les ha generado problemas internos, incluso con conflictos dentro del mismo oficialismo.

Así ocurrió en el último episodio de estas características, la semana pasada. En la oportunidad, se hizo público que la ministra de Culturas, Consuelo Valdés, firmó un decreto -cuyo acuerdo se afinó en el gobierno anterior- para que se declarara monumento histórico un sitio que fue ocupado por el MIR a comienzos de los 80, en la Región de los Ríos. La medida desató las críticas de la UDI, la secretaria de Estado dio sus argumentos -diciendo que prácticamente estaba de manos atadas-, pero en el sector no se detuvieron los cuestionamientos.

Como este ejemplo, otras autoridades han debido enfrentar una compleja crisis con el «lado oscuro» del legado.

Un monumento de críticas

«Sitio de Memoria Retén de Carabineros de Neltume» y el «Sitio de Memoria Campamento 83 del Destacamento Guerrillero Toqui Lautaro», son los lugares que  desataron la polémica tras ser declarados monumentos históricos con la firma de la ministra Valdés. En el decreto -dictado por el gobierno y publicado en el Diario Oficial- se dice, sobre el primero, que allí «ocurrieron confusos incidentes entre Carabineros y dirigentes del Cofomap el 12 de septiembre de 1973». Y el segundo caso se trata del último de los lugares implementados por el MIR como «espacio de resistencia armada», de comienzo de los 80.

El documento firmado por Valdés generó fuertes críticas desde la UDI, puesto que en la colectividad aseguraron que la ministra realzaba la violencia política y que no era razonable la medida. «Ni la Concertación ni la Nueva Mayoría homenajeron al MIR de esta forma», criticó el senador de la UDI, Víctor Pérez.

Por su parte, la secretaria de Estado sostuvo que la medida formaba parte de un acuerdo del Consejo de Monumentos Nacional aprobado durante el gobierno de Bachelet. Incluso, aseguró que si no tramitaba el decreto podría haber sido acusada de abandono de deberes. «Como ministra no tengo, bajo la actual ley de monumentos, facultades para rechazar un acuerdo realizado por el CMN, aún cuando no lo comparta. No tramitar este acuerdo significa caer en notable abandono de deberes”, señaló Valdés a La Segunda. Pero la situación no está zanjada. De hecho, la presidenta de la UDI Jaqueline van Rysselberghe, llamó a que revirtiera el mentado decreto.

Además de llevar el reclamo hasta La Moneda, la senadora señaló: “Es insólito que la ministra de Cultura, que es quien tiene que realzar aquellos aspectos que enriquecen a la sociedad, realce como monumento histórico un lugar donde se generó violencia política y le costó la vida a personas”.

En la «historia» el cambio en la malla curricular

Hace dos años el Consejo Nacional de Educación (CNED) evaluó las propuestas de bases curriculares elaboradas por el Ministerio de Educación bajo el gobierno de Bachelet. El proceso concluyó que a partir de 2020 los estudiantes de 3° y 4° medio tendrán un nuevo sistema de asignaturas obligatorias y electivas.

Precisamente esas disposiciones generaron polémica por establecer el ramo de Historia como electivo de profundización. El objetivo de esta modificación fue establecer la asignatura de Educación Ciudadana como obligatoria para todos los establecimientos, puesto que se hace cargo de los contenidos que -hasta el momento- se enseñan en Historia, Geografía y Ciencias Sociales en los últimos dos años de enseñanza media.

La medida, impulsada durante la gestión anterior, fue respaldada por la ministra de Educación, Marcela Cubillos. «Quiero señalar muy claramente que cualquiera que lea hoy día las bases curriculares va a entender que en la materia de Historia hoy día un estudiante tiene las posibilidades de tener más Historia y en ningún caso menos. Y en materia de Educación Física, lo mismo”, señaló en mayo la titular de la cartera. Su postura bastó para que los dardos se centraran en este gobierno y no dónde se generó el cambio. Colegio de Profesores, grupo de historiadores, dirigentes políticos, todos tomaron esta bandera de lucha como si la medida hubiese sido idea de Cubillos.

Medidores inteligentes: la división de dos bacheletistas… y la cuenta que pagó la ministra

“Nosotros como gobierno heredamos esta situación y hemos querido ser parte de la solución”. Con esas palabras la ex ministra de Energía, Susana Jiménez, abordó el panorama sobre la implementación de los medidores inteligentes, a fines de marzo de este año. Días antes se había revelado que desde septiembre miles de usuarios pagaban por los medidores inteligentes que las empresas eléctricas habían instalado.

Y si bien esta ley entró en vigencia durante el primer año del gobierno de Sebastián Piñera, fue una medida sellada bajo la administración de Michelle Bachelet. En enero de 2018, a solo dos meses de que la ex Mandataria finalizara su periodo en La Moneda, el entonces ministro de Energía, Andrés Rebolledo, se desplegó en el Senado para que se aprobara el proyecto.

El secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Andrés Romero, explicó entonces la propuesta del gobierno: las compañías eléctricas debían ser las dueñas de los medidores y que su instalación y mantención debía ser pagada por los usuarios. Las modificaciones fueron aprobadas por unanimidad. De esta manera, el proyecto volvió a la Cámara, donde fue aprobada por todos los diputados.

Sin embargo, recién este año se conoció que el “usuario paga todo”, según afirmó el Presidente Piñera el 5 de marzo. Incluso, la polémica en torno al financiamiento de los medidores inteligentes derivó en que se enfrentaran dos bacheletistas y ex ministros de Energía durante el gobierno anterior: Máximo Pacheco y Andrés Rebolledo.

“Esto fue un golazo que le metieron las distribuidoras eléctricas al Estado. Es una política contra el bien común y en favor de las distribuidoras que con ello están cometiendo un abuso inaceptable contra los hogares”, aseguró Pacheco. Mientras que Rebolledo respondió que “de ninguna manera fue un golazo (…). Esta es una política que se llevó a cabo en el gobierno anterior por un tiempo muy largo, estos son elementos técnicos que requieren un trabajo muy preciso”.

Aunque las recriminaciones eran entre los ex ministros, la cuenta la terminó pagando la actual administración. De hecho, según una encuesta Cadem del mes de abril arrojó que el 85% desaprobaba la forma como el gobierno había manejado el tema de los nuevos medidores. 

Y la «maldición» del legado incluso pudo ser uno de los factores para que, en junio pasado, la ministra Jiménez tuviera que dejar la cartera.

TPP 11, el (des)acuerdo traicionó a Heraldo Muñoz

Cuando faltaban cuatro meses para que la ex Presidenta Michelle Bachelet entregara su banda presidencial, abrochó un tratado de profundización comercial entre Chile y China. Y en el marco de la Cumbre de APEC en Vietnam, también, destrabó el relanzamiento del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífica (TPP 11).

En la gira por el sudeste asiático, la ex Mandataria estuvo acompañada por su entonces canciller, Heraldo Muñoz, quien valoró los avances comerciales.

“Con el TPP 11, el Pacífico se consolidará como la zona de mayor dinamismo económico. Una vez que concluya el proceso, Chile será parte de un acuerdo comercial inclusivo, de última generación y altos estándares. Celebro los avances que alcanzamos en Da Nang”, señaló Bachelet el 11 de noviembre de 2017.


Y ya a tres días de que la ex Mandataria finalizara su mandato, selló el TPP 11 junto a otras 10 naciones. “Su objetivo es contribuir al crecimiento económico y crear nuevas oportunidades para empresas, trabajadores, agricultores y consumidores”, señaló el ex canciller Muñoz.

Pero 17 meses después, el TPP 11 estuvo lejos de aunar a la oposición. Hecho que pudo complicar a la actual administración que siempre se mostró partidaria del acuerdo comercial. El PPD, el PS y el PC rechazaron de plano el tratado, “traicionando” a sus líderes del sector.

En la votación del 17 de abril, Heraldo Muñoz no logró conquistar los votos de su bancada. Así, según fuentes conocedoras de la negociación, la negativa de esa colectividad al TPP 11 significó un dura «derrota emocional y política» para el ex canciller. Y, de paso, complicó al Ministerio de Relaciones Exteriores que tuvo más de un obstáculo para sacar adelante el tratado.

Finalmente, gobierno consiguió la aprobación del acuerdo en la Cámara con los votos de Chile Vamos, la DC, el PR y un solo socialista. “Estoy decepcionado, porque una fuerza política no se puede comportar de una manera cuando es gobierno y de otra radicalmente distinta cuando es oposición”, señaló entonces el diputado Pepe Auth.

El pacto migratorio de Marrakech que complicó al embajador en la ONU y a RR.EE.

“Yo lo lamento, pero es una decisión del gobierno actual, y yo no puedo menos que señalar que espero que algún día Chile se sume al pacto global, que creo que puede ser muy positivo”. Esas fueron las palabras de la Alta Comisionada para los DD.HH., en diciembre pasado, para referirse a la decisión del gobierno de Piñera de restarse del pacto migratorio de Marrakech.

Las negociaciones del pacto comenzaron en 2016, bajo la administración anterior. La antesala a Marruecos fue la Asamblea General de las Naciones Unidas de hace tres años. Y en esa jornada se firmó la “Declaración de Nueva York” tras la Reunión Plenaria de Alto Nivel sobre los desplazamientos de refugiados y migrantes.

Además de los cuestionamientos que surgieron desde la oposición, al interior del Minrel se produjo una compleja polémica. Así lo reveló El Líbero en diciembre pasado. En esa fecha, la decisión de La Moneda era firmar el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Pero con reparos y estos quedarían plasmados en la cumbre en la ciudad de  Marrakech. Sin embargo, el embajador ante las Naciones Unidas, Milenko Skoknic -cercano a Muñoz- habría rechazado leer el texto elaborado por La Moneda y la Cancillería. Al saber de la situación, el Presidente ordenó el retiro inmediato de la cita.

Una semana después de Marruecos, en el plenario de la Asamblea de Naciones Unidas (en Nueva York), quien habló por Chile fue el representante alterno de la Misión Permanente ante la ONU, Jorge Iglesias. Y expuso: «El Pacto incentiva la migración irregular, pues no distingue entre inmigrantes regulares e irregulares en lo relativo a la reunificación familiar», promueve el ingreso de inmigrantes vulnerables que no han solicitado asilo ni «han sido reconocidos como refugiados», y afecta del derecho soberano de todo Estado. Esta vez, todo en línea con el Presidente Piñera quien ya había afirmado: «Si bien el Pacto de Marrakech no es legalmente vinculante, sus objetivos, su contenido, incentivan la migración irregular, establecen nuevos deberes para el Estado de Chile, restringen nuestra soberanía y pueden perjudicar a nuestro país en eventuales juicios internacionales»

El Sistema de Admisión Escolar llega a la Región Metropolitana

Hace dos años la ex ministra de Educación, Adriana Delpiano, impulsó el Sistema de Admisión Escolar (SAE). La iniciativa detonó el debate en torno al proceso de selección escolar, puesto que el gobierno del Presidente Piñera ha subrayado que el mérito y el esfuerzo debían ser un criterio válido de selección.

De hecho, en un intento por equilibrar la política del legado de Bachelet se lanzó el proyecto Admisión Justa. “Vamos a contribuir a una sociedad con mejor calidad de educación, a una sociedad con mayor igualdad de oportunidades, a una sociedad que sepa valorar el esfuerzo y reconocer y premiar el mérito”, señaló el 10 de enero pasado el Mandatario.

Sin embargo, la iniciativa vivió un duro revés luego de que se rechazara en la comisión de Educación de la Cámara, el 13 de mayo. La expectativa del Ministerio de Educación era tener aprobado en junio este proyecto, antes de que el SAE entrara en vigencia en la Región Metropolitana, única zona que aún no se suma al mecanismo y que tiene la mayor cantidad de colegios emblemáticos.

Será a mediados de agosto su debut en la RM. Y ya la ministra Cubillos advirtió que será una compleja implementación. «Nosotros estamos convencidos, y lo hemos dicho desde el comienzo, que el sistema de admisión escolar tiene un problema de diseño, independiente de una gestión perfecta, que es la que vamos a procurar hacer, igual que la del año pasado» Y agregó que se podrían repetir «situaciones muy injustas» que ya se vieron en regiones.

Así, en las próximas semanas, se podrá ver cómo el gobierno administrará otra de las herencias, ahora en Educación, dejada por Bachelet.

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