En un hecho de alcance político y diplomático, el viernes 27 de agosto se publicó en el Diario Oficial el decreto que fija las áreas jurisdiccionales marítimas nacionales en las Islas Australes de Chile. Como efecto colateral, el Decreto reafirma la inoponibilidad de la plataforma continental o «medialuna» de 9.700 kilómetros pretendida por Argentina en un área que Chile entiende como propia y que se sitúa más allá de los deslindes acordados en el Tratado de Paz y Amistad de 1984.
Si bien el Decreto está concebido para que Argentina tome nota de los derechos chilenos, lo que hizo este viernes la Cancillería es fijar los límites exteriores de la plataforma continental. Para el exfuncionario de Cancillería y Doctor en Asuntos Polares Jorge Guzmán, es un acto de normalidad, pues «la Convención del Derecho del Mar es parte del ordenamiento interno de Chile y, por lo tanto, lo que el Decreto señala está apegado tanto a la Convención del Mar, como a los compromisos vigentes con Argentina. Chile no ha violentado ningún tratado con Argentina”.
Si bien el Tratado de Paz y Amistad impone una restricción a la proyección de la Zona Económica Exclusiva, no lo hace respecto de la plataforma continental. De acuerdo con Guzmán, política y legalmente hablando, la geografía vuelve al reclamo argentino sobre el continente blanco “una expresión de deseo”, difuso y muy complejo de acreditar.
En consecuencia, el Decreto significa un giro político a la doctrina imperante en Relaciones Exteriores hasta antes de la dirección del excanciller Teodoro Ribera, bajo cuya gestión se objetó formalmente ante Argentina su pretensión en la medialuna situada al sureste del Cabo de Hornos. También una revalorización de los espacios australes, incluida la Antártica, como centro de disputa internacional.
Fue en 2009 que Argentina inició el procedimiento ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, un organismo dependiente de la Reunión de Estados de la Convención del Mar.
Luego de casi 11 años de trabajo ante este organismo, Argentina publicó en marzo del año pasado sus mapas con los deslindes de su plataforma continental, que incluyó la medialuna situada en territorio chileno, (la “medialuna argentina”). Ante la inminente validación por parte del Congreso argentino del mapa argentino, la Cancillería chilena envió en mayo de 2020 una nota a Buenos Aires objetando la existencia de tal pretensión.
Fuentes consultadas destacan que fue la Armada la que presionó para que se reafirmara la posición nacional en la plataforma continental, lo que la llevó a enfrentarse a la Dirección de Fronteras y Límites (Cancillería), que prefería postergar esta definición. La decisión final del Presidente Sebastián Piñera terminó por zanjar el asunto, instruyendo la publicación del Decreto.
De acuerdo con analistas consultados, el decreto chileno del viernes 27 de agosto no debiese sorprender a Argentina, puesto que en su cálculo original el gobierno peronista autor de la medialuna, debió suponer que tarde o temprano Chile fijaría su posición ante esta pretensión. Independiente del costo que significa a la relación bilateral.
Los efectos no son menores, Guzmán afirma que Argentina no tiene continuidad natural hacia la Antártica. El éxito de su reclamo sobre un enorme arco de territorios insulares administrados por el Reino Unido depende, enteramente, de que se reconozca su soberanía sobre los mismos (algo muy poco probable). En otras palabras, la proyección argentina a la Antártica está “técnicamente encerrada” entre la barrera oriental conformada por las Islas Sandwich del Sur, Georgias del Sur y Falkland/Malvinas (en poder del Reino Unido) y, en el Occidente, por la las Islas Australes en poder de Chile al sur del canal Beagle.