Hoy se vota, en una sesión extraordinaria del Congreso, una nueva prórroga al estado de excepción para las provincias de Biobío, Arauco, Cautín y Malleco por la violencia rural que afecta al sector. De concretarse esta sería su décima extensión, mientras que en el norte también se encuentran bajo esta normativa las provincias de Arica, Parinacota, Tamarugal y El Loa desde el 15 de febrero.
El próximo 11 de marzo el presidente electo Gabriel Boric recibirá al país con ocho provincias en Estado de Excepción -una medida que en el caso de la Macrozona Sur, de ser aprobada hoy, regiría hasta ese día- aunque inicialmente el próximo Jefe de Estado, y su equipo de gabinete, se negó rotundamente a prolongar los estados de excepción en su período de gobierno, este lunes tras un encuentro con el ministro de Interior, Rodrigo Delgado, la futura titular de esa cartera, Izkia Siches, dio luces sobre un cambio de opinión.
“Hemos agendado ya reunión con los gobernadores y también con los alcaldes esta semana para poder, junto a ellos, con las comunidades, con las autoridades que viven día a día los problemas de este territorio poder ir ajustando y evaluar la continuidad o no del estado de excepción, eventuales correcciones o mejoras”, dijo Siches en alusión a la zona norte.
Quienes hacen vida en las ocho provincias en estado de excepción agradecen la implementación en ambas zonas. Unos por la crisis migratoria que ha causado estragos en la seguridad pública. Mientras que en el sur distintas organizaciones, como la Multigremial de la Araucanía no dudan en decir que 2021 fue “el año más grave” del conflicto.
“Es una buena noticia para toda la zona fronteriza de la macrozona norte, principalmente porque esto se va a adicionar al decreto 265 que ha permitido disponer capacidad de logística de las Fuerzas Armadas sobre todo para el combate del narcotráfico, el crimen organizado, en la frontera”, sostiene el delegado presidencial de Iquique, Daniel Agusto.
En tanto, el presidente Multigremial de La Araucanía, Patricio Santibáñez enfatiza en que “en La Araucanía necesitamos reforzar la política de seguridad, no desmantelarla. Los pocos avances que se han logrado son vitales mantenerlos para el futuro de la región, en paz, con diálogo y soluciones sin miedo”.
El despliegue en el norte
Hace una semana el propio presidente Sebastián Piñera explicó el despliegue que se esperaba en las cuatro provincias del norte por el estado de emergencia y anunció el incremento en 100 del número de carabineros que están en la protección de la frontera y el despliegue de 672 efectivos de las Fuerzas Armadas también destinados a la protección de las fronteras. El Mandatario anunció, además, mayor dotación en equipamiento y tecnología, patrullajes y controles conjuntos, la instalación de nuevos puestos de observación, uso de drones, helicópteros con cámaras de visión nocturna y térmicas.
A ocho días de la entrada en vigencia del Estado de Excepción en el norte ya ha comenzado el despliegue de militares en el sector. Según describe el jefe de zona de Tarapacá, Marcos Jaque, el balance es positivo y va por “buen camino” y añade que “se evalúa principalmente con los movimientos, los reconducidos, el estado que ocurre aquí en Colchane específicamente de la tranquilidad del pueblo que también lo aprecia. Se ve una tranquilidad distinta que hace dos o tres semanas”.
Al mismo tiempo, respecto al despliegue y a la actividad militar explica: “Los puestos que hay de observación en la frontera son los adecuados, estos puestos son 24 horas, existen patrullajes móviles en la zona, check points en los distintos lugares que sabemos son de paso para los buses que lucran esto, con ese estudio y estrategia hemos ido minimizando la llegada de buses pirata hacia la localidad de Iquique”.
Adicionalmente, el personal militar ha avanzado en las obras de limpieza y despeje de la zanja que se encuentra en la zona. Y es que, según describe, “producto del invierno altiplánico la zanja se ha ido derrumbando, han aparecido puntos que son para el uso del narcotráfico y principalmente queremos evitar la entrada de extranjeros a la comuna de Colchane y también al país”, enfatiza el general Jaque.
Para el alcalde de Colchane, Javier García, la actividad ha sido de gran ayuda, ya que “todas las barreras físicas contribuyen a la labor que puede realizar Carabineros en la frontera para controlar el ingreso indiscriminado de migrantes”.
Según fuentes cercanas al Servicio Nacional de Migraciones, el año pasado hubo en promedio 2.000 ingresos clandestinos al mes, siendo el período más “crítico” el mes de octubre de 2021, con alrededor de 10.000 ingresos ilegales. Esto, acusan, se debió principalmente a la propuesta del, en ese entonces, candidato Gabriel Boric.
Para ese momento Boric incluía en su programa de gobierno que “el acceso de las personas migrantes independiente de su situación administrativa, al Banco de Vivienda Protegida y a los programas de vivienda humanitaria para la primera acogida”, medida que durante la campaña fue eliminada.
Cuando recién comenzó la implementación del estado de emergencia en estas provincias, el alcalde de Colchane denunció que para ese momento estaban ingresando 500 personas diarias por pasos ilegales. A una semana de la implementación aún no se sabe cuantitativamente el efecto pues las fuerzas de seguridad aún no liberan las cifras, aunque, por ejemplo, datos extraoficiales hablan de 300 ingresos diarios por Iquique.
“El Ejército, Carabineros y la PDI manejan las cifras exactas de acuerdo a los procedimientos que ellos aplican. Eso es lo que se oficializa en términos de cifras, entonces hay que ser cuidadoso en los números que se dan y no ser irresponsables”, subraya el delegado presidencial de Iquique, Daniel Agusto.
No obstante, hace un balance positivo de esta primera semana ya que ha permitido desplegar más apoyo a Carabineros, PDI y militares para “efectos de propender un mayor resguardo de la frontera, creo que hemos podido generar una mayor cobertura sobre todo en los pasos no habilitados a través de ciertas capacidades tecnológicas que tiene el Ejército que han servido bastante para detectar, por ejemplo, pasos en la noche a través de visores nocturnos, cámaras térmicas, visores infrarrojo y han sido herramientas muy importantes para detectar este tránsito e ingreso de migrantes ilegales”.
La iniciativa, explica el delegado, también incluye la dotación de “recursos tecnológicos, visores infrarrojos, cámaras térmicas, vuelos no tripulados que van a ayudar en el trabajo de fiscalización nocturna de la frontera”. Mientras que en el ámbito territorial la medida constitucional, sumada al decreto 265, permitirán “un proceso de fiscalización más integral, con más presencia y con más facultades para el control de las Fuerzas Armadas en coordinación directa con Carabineros y Policía de Investigaciones”. Con esto, se espera que junto a solucionar la crisis migratoria de la zona, se pueda avanzar, de forma paralela, “en combatir el narcotráfico, el crimen organizado, la trata de personas, el tráfico de inmigrantes y el tráfico de armas en la frontera”.
Por su parte, el alcalde de Colchane, Javier García, apunta a que se ha visto un incremento significativo de personal militar como también de Carabineros, junto con un “alza en los controles de vehículos sobre todo en los irregulares que no tienen los permisos del Ministerio de Transporte. Sin embargo, continuamos viendo como grupos de migrantes siguen ingresando a nuestra comuna. Además, los ciudadanos venezolanos que son reconducidos a la frontera nos tienen muy preocupados porque Bolivia solo estaría recibiendo a ciudadanos bolivianos reconducidos lo cual nos deja una situación muy compleja”.
El gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, señala que ya con la entrada en vigencia de la Ley de Migración y la aprobación del reglamento se ha avanzado en la reconducción de migrantes. “También los dirigentes me han ido informando del accionar y la presencia de Carabineros en las carreteras, por lo menos eso va dejando tranquilo porque se va cumpliendo con la misión de tener un control mucho más seguro y permanente en carreteras que evite futuros conflictos con los camioneros”, explica.
Sin embargo, lamenta la falta de comunicación con el Ejecutivo que no informó directamente a los líderes regionales en qué consistiría el despliegue militar y que, dijo, “se enteraron por la prensa”. “Tiene que trabajar con las autoridades locales y territoriales, podría informarnos mejor sobre la instalación de esto”, agrega.
En todo caso, enfatiza en la característica de excepción que tiene la medida, ya que según explicó: “Tiene que ser una señal potente de dar más seguridad, pero no puede transformarse en una normalidad y para eso tenemos que trabajar en conjunto, visualizar un modo de actuar en donde brindemos mayor seguridad a los vecinos y vecinas y donde se regularice esto. Y una vez que eso ocurra, que vuelva el Estado de Derecho puesto que debieran ser nuestras policías las que den esta certeza de seguridad”.
Lo que se iría en el sur
En caso de que el presidente electo decidiera levantar la medida constitucional, los cerca de 2.600 efectivos -entre las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas- desplegados en la zona se retirarían del sector, es decir que los más de 5.000 miembros de las policías que se encuentran en la zona, se reducirían a la mitad según aseguran fuentes fuera de micrófono pertenecientes a la estrategia en terreno.
Son precisamente estos efectivos adicionales los que han colaborado con apoyo de transporte, logístico, de vigilancia y tecnológico en los procesos policiales contra el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado en las cuatro provincias de la zona sur. En esta línea, el levantamiento de la medida no permitiría que se continúen realizando este tipo de labores.
Fuentes cercanas a la delegación del ministerio de interior para La Araucanía apuntan a que si bien no cuentan con una proyección concreta de cuánto podrían subir los casos de violencia rural, son precisamente las labores que están cumpliendo hoy las Fuerzas Armadas en apoyo a las policías lo que significa una mayor cantidad de patrullajes mixtos.
“Hay una cifra desconocida que es la cantidad de eventos que dejan de ocurrir precisamente por la presencia militar y eso indudablemente se ven afectados. No podemos hacer una proyección completa de lo que va a ocurrir porque no somos magos, pero sin duda que a menor presencia, mayor existencia de acciones violentas”, explican.
Ahora bien, enfatizan en que el estado de excepción sí ha funcionado según reportan los últimos informes. Por ejemplo, según el último informe de la Coordinación de la Macrozona Sur desde que entró en vigencia el estado de excepción el 12 de octubre hasta el 10 de febrero “la acción conjunta de las FF.AA. y policías ha permitido reducir en 45% los hechos violencia bajando de 5,5 diarios antes a 3 diarios desde su vigencia; en 72% las usurpaciones de terreno y en 10% los atentados incendiarios”.
Al mismo tiempo, se han realizado más de 63 mil controles y más de 5.800 operativos militares mixtos y patrullajes que resultaron con 160 personas detenidas, 43 de ellas solamente en lo que va del año.
Tras el doble homicidio registrado el domingo en un predio forestal de Carahue, en La Araucanía, el coordinador nacional de Seguridad de la Macrozona Sur, Pablo Urquízar, aseguró: “Es el mismo sector donde en octubre pasado la Weichan Auka Mapu, grupo terrorista, se adjudicó un grave atentando incendiario”, por lo que “esto no hace más que ratificar la necesidad del Estado de Emergencia y de poner todas las herramientas del Gobierno a disposición de las familias mapuches y no mapuches para darles mayor seguridad”.
“Levantar el Estado de Emergencia implica una reducción muy significativa del personal destinado o prevenir y contener los delitos que ocurren en las regiones del sur, son del orden de 2.000 efectivos, esto significaría mayores facilidades para el movimiento de grupos delictuales, mayor facilidad para mover mercancías robadas , como madera y otras, para mover y cultivar drogas”, explica el presidente Multigremial de La Araucanía, Patricio Santibáñez.
Al mismo tiempo, dice el presidente de la Multigremial, implicaría “un aumento de los delitos que bajaron significativamente durante este periodo, como las usurpaciones y agresiones, implicaría mayor impunidad. Además, implica mayores riesgos para las policías, los funcionarios públicos de diferentes servicios y para las personas en general”.
La difícil misión del orden público: la primera piedra de Boric
Las demandas para mantener el estado de excepción llegan desde el norte y desde el sur. Por un lado, el presidente Multigremial de La Araucanía hace un llamado al presidente electo: “Le pedimos al gobierno entrante que evalué su decisión y escuche la voz de quienes vivimos en regiones. Más de 140 mil personas votamos por mantener el estado de excepción en la Consulta Araucanía. Todos queremos diálogo, todos queremos soluciones, pero con seguridad. Nadie puede dialogar cuando tiene miedo”.
Por otro, el delegado de Iquique calificó de “lamentable” la eventual decisión de levantar la medida. Según describe que tanto en el norte como en el sur se necesita de “mayor seguridad y también de que efectivamente contingente de Fuerzas Armadas pueda ayudar en las tareas de las policías. Entonces yo esperaría que aquí en la Macrozona Norte se respete también el Estado de Excepción constitucional y no solo se respete, le pediría al próximo gobierno que lo fortalezca”.
Esta decisión podría ser una de las primeras complicaciones para el próximo gobierno: la seguridad pública. Según describe el académico de la Universidad Central y analista político, Marco Moreno, “todo hace pensar que probablemente las condiciones del entorno y el contexto obliguen al gobierno a repensar esa decisión de no continuar con el estado de excepción en la macrozona sur y lo que podría para también en el norte del país”.
Añade que al tratarse de una situación “dinámica” el próximo gobierno debería “adecuar sus ideas a las situaciones del entorno y el contexto, más allá de las posiciones doctrinarias. Aquí hay que tener en cuenta cuestiones que tienen que ver con el bien común y eso muchas veces obliga a los gobiernos a cambiar sus convicciones por decisiones que tienen que ver cuestiones más bien de orden práctico”.
Y aunque, en un principio, no fue parte de la prioridad de Boric casi obligatoriamente la seguridad pública se instaló en la agenda del comando del frenteamplista. “Son temas que van a tomar el control de la agenda los primeros días de la instalación del gobierno, la agenda va a estar fuertemente influida por los temas de orden público, ya sabíamos que eso iba a ser una cuestión central en los problemas que iba a tener que enfrentar el gobierno, lo que pasa es que los últimos días se ha recrudecido”, describe Moreno.
Ahora bien, el peso caerá no solamente en los hombros del presidente electo, sino que también de su ministra de Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, que deberá encaminar la solución de la crisis de violencia y migratoria que enfrenta el país. “Va a tener que poner ese capital político a disposición de resolver el problema o de intentar de alguna manera más que resolver a encausarlo porque no lo van a poder resolver en pocos días”, afirma Moreno.