Publicado el 21 octubre, 2020

Dirigentes que encarnan la “trampa semántica” que acusa Carlos Peña sobre la violencia

Autor:

Sofía Del Río y Daniela Bas

El rector de la Universidad Diego Portales, en una columna publicada en el diario El Mercurio, plantea el dilema sobre “La violencia y sus máscaras”. En ella explica que desde el 18-O del año pasado se ha intentado relativizar el concepto de violencia. Ejemplo de esto es “equiparar la coacción con situaciones de injusticia”, señala el académico, una táctica a la que tanto políticos como miembros de organismos gremiales han recurrido. Entre ellos, parlamentarios del PC, del FA y líderes de organizaciones como No+AFP y la CUT.

 

 

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Sofía Del Río y Daniela Bas

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El reciente aniversario del 18-O volvió a traer imágenes sobre una manifestación que comenzó en apariencia pacíficamente, pero que terminó con barristas peleando a los pies del monumento de Baquedano y con dos iglesias quemadas, además de saqueos y ataques a comisarías.

Tras estos acontecimientos, las reflexiones sobre la violencia y su condena están más presentes que nunca, considerando que faltan solo 4 días del plebiscito constitucional. Carlos Peña, rector de la UDP, escribe ayer en El Mercurio sobre “La violencia y sus máscaras” donde dice que una de las formas de eludir su condena es “tender una trampa semántica” que consiste en “llamar violencia sin más no solo a los actos de coacción física, sino también a diversas situaciones de injusticia, desde la discriminación de clase a la carencia de bienes básicos”. 

Desde el 18 de octubre del año pasado, muchos han sido los intentos y llamados a condenar la violencia “venga de donde venga”. Lo insisten desde el Gobierno, los actores sociales y los partidos políticos, pero aún quedan voces que, como menciona Peña, tienden a “relativizar” el concepto.

Así por ejemplo, la diputada Camila Vallejo (Partido Comunista) escribió hace unos días en su cuenta de Twitter que “condena la violencia” y luego pone una “lista de violencias”… de las AFP, del hambre, etc. 

Estas afirmaciones que equiparan la coacción con las situaciones de injusticia, “proveen una coartada falsamente moral a quienes ejercen la violencia”, afirma Peña. “Después de todo, si la quema de iglesias, la destrucción cotidiana, son una reacción frente a otra violencia no física, ¿qué razón habría para condenarla?”.

Desde el Frente amplio, a un año de estallido, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp posteó: “¡Qué las manifestaciones sean siempre pacíficas! Pero no aceptemos el chantaje de quienes bombardearon La Moneda, avalaron una dictadura criminal, impusieron un modelo injusto sin democracia y aceptaron violaciones a DDHH. La violencia retrocederá con justicia social y democracia.”

Algo similar se puede ver en la postura del diputado Tomás Hirsch (ex Partido Humanista) cuando se refiere a los “jóvenes violentados” que evadieron el Metro.

El presidente del PC, Guillermo Teillier, mencionó el 11 de octubre en una entrevista en La Tercera que “aquí se quiere connotar un estado de violencia que no creo que exista. Me dicen ‘mire los destrozos que hicieron algunos’, pero digo: fíjese, Ponce Lerou le rebajaron como 60 millones de dólares la multa. Esos sí que son destrozos. Antes de ponerse a condenar así como así digamos todas las causas de las cosas”.

Y aún tras los hechos violentos que quedaron de manifiesto este domingo, Juan Andrés Lagos, encargado de relaciones públicas de la misma colectividad, expresó en Ex-Ante: “Claro que es condenable que se queme una iglesia. Pero encasillar la violencia que existe hoy en Chile con hechos puntuales como la quema de iglesias, es incompleto. La violencia más grave es la violencia represora del Estado”.

La lista sigue. Desde el estallido muchas han sido las voces que se han referido a la violencia y a las causas que llevarían a explicarla, por ejemplo, como lo intenta hacer el diputado Jorge Brito (RD) que afirmó condenar “todo tipo de violencia”.

Y esta tónica no solo se ha dado en la esfera del Congreso. Usando la misma táctica el secretario general de la Central Única de Trabajadores (CUT) , Nolberto Díaz (DC) afirmó: “Presidente se indigna con violencia que mayoría rechaza pero ¿por qué no se indigna con la misma fuerza contra colusión de empresas privadas? Farmacias, pollos, papel etc. ¿o la corrupción de SQM o por Penta? ¿O el negocio de las AFP? ¿Vamos a esperar que muera la democracia o nuestros jubilados?”.

A su vez, la vocera de No + AFP, Carolina Espinoza, señaló que “violento es que nuestras viejas reciban una pensión de 100 mil pesos” y el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, aseguró que “la raíz de esta violencia es la injusticia social, la marginación, la discriminación.

Condeno la violencia, pero…

Dentro de esta lógica, los sectores más moderados también han sido parte de la “trampa semántica” de la que habla Carlos Peña en su columna. Por ejemplo, el año pasado uno de los hechos que marcó el estallido fue la evasión al Metro por alumnos de liceos emblemáticos, como el Instituto Nacional luego del alza del pasaje entre $10 y $30 pesos.

Consultados en aquel minuto, los líderes de la oposición dieron a conocer su opinión respecto a lo acontecido. Heraldo Muñoz, presidente del PPD, afirmó que “de ninguna manera comparto la violencia en el Metro, pero cuando subió la tarifa el ministro de Economía llamó a los usuarios a levantarse más temprano, y el Ministro Larraín dijo que las flores habían bajado de precio. Esa falta de empatía genera indignación entre quienes ganan 400 mil pesos mensuales o menos, que son la mitad de los chilenos.”

Por su parte, el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, sostuvo que “llamamos al Presidente Piñera a enfrentar este episodio con diálogo y no con fuerza. Nadie avala los destrozos, pero aquí hay un malestar de fondo del que hay que hacerse cargo: la sensación de que la clase media y los más vulnerables terminan siempre soportando todas las cargas del sistema. Así ocurre en salud, educación, pensiones y ahora en transporte”.

En esa misma línea, el ex PS y constitucionalista, Fernando Atria, dijo que “cuando uno se enfrenta a un movimiento como éste se podría decir que está mal evadir, que es ilegal. Y eso es verdad. Pero esto tiene una dimensión más profunda. Esto denota una creciente conciencia y rechazo a la fundamentales faltas de reciprocidad en el modo de vida . La gente siente que su educación funciona mal, que suben los planes de salud, que sube el transporte mientras los que venden planes de Isapre, AFP y otros reciben más y más beneficios.”

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