El próximo jueves 23 de octubre se cumple un año de un trágico hecho sin precedentes en la historia de los colegios en Chile: 35 estudiantes resultaron quemadas luego de que en pleno horario escolar una bomba molotov estallara al interior de uno de los baños del Internado Nacional Barros Arana (INBA). De tal magnitud fueron las lesiones de los estudiantes, que un mes después de la explosión el Ministerio de Salud reportaba que 22 afectados permanecían hospitalizados, dos de ellos en estado de extrema gravedad y otros cuatro en estado crítico. Afortunadamente, con el paso del tiempo todos pudieron ser dados de alta.
«Respecto del INBA, para el día 23 tenemos actividades que dan cuenta de nuestra preocupación. Estamos muy preocupados y ocupados de lo que pueda pasar. Estamos trabajando para prevenir no tener hechos de violencia tan graves como esos«, explica en entrevista con El Líbero la jefa de la Dirección de Educación Municipal de Santiago (DEM), Pilar Sazo.
Sazo señala que desde que llegó al cargo, en abril, han tomado las medidas de prevención necesarias para tratar de evitar este tipo de hechos y que muy especialmente para esta fecha, en la que se cumple un año de lo ocurrido, están trabajando coordinadamente con otras unidades de la Municipalidad de Santiago para prevenir situaciones de violencia.
«Nadie quiere que se vuelva a repetir el hecho más grave que hasta hoy ha ocurrido en la educación pública. Es la tragedia más grave, por todo lo que significa. Estamos preocupados del 23, sin duda, pero estamos preocupados también de todos los establecimientos educacionales«, sostiene.
La actual administración municipal, encabezada por el alcalde Mario Desbordes, trabaja en contener las secuelas de una situación que ocurrió cuando la Municipalidad de Santiago (sostenedora de ese liceo emblemático) era controlada por la comunista Irací Hassler -que tras perder la reelección compite para diputada-, la DEM era encabezada por Rodrigo Roco y el INBA era dirigido por María Alejandra Benavides (foto), quien figura en calidad de imputada en la causa que investiga la Fiscalía para dar con los responsables del hecho.
En el expediente, que es de acceso público en la página del Poder Judicial, las últimas actuaciones de fondo que aparecen están fechadas en mayo, hace más de cinco meses. El 9 de ese mes el 7° Juzgado de Garantía de Santiago le consultó a la Fiscalía si los estudiantes quemados que figuran en la causa, y respecto de los cuales se habían solicitado las fichas médicas a Coaniquem, «revisten la calidad de imputados o de víctimas para los fines de la investigación». Siete días después el Ministerio Público respondió que «en el actual estado de avance de la investigación, no resulta posible determinar con certeza la calidad procesal -sea de víctimas, imputados u otras- de las personas singularizadas en la solicitud de autorización para acceso a fichas clínicas».
«Dichos antecedentes son de relevancia para establecer las responsabilidades que debe determinar el Ministerio Público», se indicó en el escrito. En esa misma fecha el mencionado tribunal autorizó la entrega de las fichas.
«Podría pasar que el día 23 de octubre tengamos violencia extrema»
-¿En qué consisten las actividades especiales que tienen previstas para este jueves en el INBA?
-Tenemos planificada para ese día una jornada de reflexión y de encuentro con el objetivo de realzar el sentido de pertenencia y la consciencia colectiva en la comunidad educativa del INBA, así como la idea de que todas las acciones tienen consecuencias y que el cuidado mutuo es fundamental para tejer una nueva historia compartida. Estas jornadas, que son para todos los estudiantes, buscan generar experiencias vivenciales y simbólicas.
-¿Tienen información que les haga temer que ese día se reactive la violencia en el INBA u otro liceos?
-No tenemos ninguna información certera, eso sería irresponsable de mi parte, pero entendemos que como han sucedido los hechos de violencia extrema que hemos tenido estos tiempos, podría pasar que el día 23 de octubre tengamos violencia extrema.
-¿Cómo se preparan para tratar de evitar o contener estos probables hechos de violencia al completarse un año de la tragedia del INBA, justo en la semana posterior al cumplimiento de los seis años del estallido?
-Nosotros como DEM, dependiente de la Municipalidad de Santiago, tenemos una coordinación con otras unidades municipales que sin duda tienen competencia en estos asuntos y nos pueden apoyar para limpiar el entorno de los establecimientos, por ejemplo. Hay una coordinación municipal para prepararnos para estas fechas que son difíciles. Para nosotros como DEM, se trata de la aplicación de los protocolos que tenemos revisados y que están instalados en los establecimientos, que conocen los directores y directoras de cada comunidad educativa y que fueron revisados por la Superintendencia de Educación (…). En el caso del INBA, hay que prevenir y revisar todos los días. El rector (Gonzalo Saavedra) tiene instruido que debe revisar tres veces el INBA, completo: los accesos y todos los lugares donde se pueda acopiar. Yo no puedo entender cómo entran elementos sin que se dé cuenta ningún funcionario.
-¿Ya desde antes de esta fecha han implementado medidas preventivas?
-Hemos tomado medidas, no solamente con el INBA, sino con todos los establecimientos, para poder subsanar en la medida que podamos, porque hay que tener presente también que tenemos un déficit de $24.000 millones anuales por cuenta de una administración financieramente irresponsable (la anterior). ¿Por qué tengo que hablar de presupuesto? Porque hay necesidades que son estructurales, que necesitan presupuesto para poder solucionarse. Tenemos planes de seguridad que están revisados y actualizados con el fin de poder prevenir hechos de violencia. Y cuando digo prevenir, hablo también de la limitación que tenemos en el tema pedagógico, porque el de la violencia no es un tema pedagógico: cuando queman una micro, cuando atacan a un profesor. Eso no se resuelve con herramientas pedagógicas. Nosotros tenemos que cumplir con el servicio educativo. La gran mayoría de estudiantes que tenemos en la comuna quieren estudiar y quieren recibir ese servicio, pero tenemos una minoría que es violenta y que también tenemos que trabajar con ella. Nosotros aplicamos los protocolos internos, que tienen que ver con la violencia y con emergencia, porque debemos cuidar a toda la comunidad educativa, a los estudiantes y a los funcionarios. Yo no puedo decirle a un funcionario que se enfrente a un capucha, porque no es su función. Tenemos protocolos de emergencia que hemos ido revisando en esta administración con el fin de que estén adecuados a los tiempos.
-¿Cuáles son esos planes de seguridad que indica que tienen revisados y actualizados?
-La Superintendencia de Educación, luego de los hechos del INBA, fiscalizó al sostenedor y levantó cargos. Por ejemplo: “El establecimiento educacional presenta extintores de incendios con sus cargas vencidas, sin señalización de su ubicación”. Esto es impresentable. Lo que hemos hecho es procurar que estén todos los implementos para poder hacer frente a una emergencia. Además, hemos capacitado más de una vez a los funcionarios en emergencia, en uso de extintores, también en RCP.
Dos de los estudiantes quemados se reincorporaron a sus clases en el INBA
-¿A un año de los hechos ocurrido en el INBA, cómo es el ambiente de convivencia escolar en el liceo, qué trabajo están haciendo en esa institución?
-Sin lugar a dudas, después del 23 de octubre quedó una comunidad quebrada en convivencia, emocionalmente, psicológicamente y físicamente. Hay una comunidad afectada. Hemos trabajado también con ellos en el tema de salud mental, en poder recomponer también las confianzas. Y ahí yo he trabajado con todos los estamentos, me he relacionado con el gremio de profesores por lo menos seis veces. Con el centro de estudiantes hemos realizado cuatro reuniones presenciales, tenemos comunicación constante vía correo electrónico y hemos dado un 73% de respuesta a sus requerimientos. Resolvimos un paro que tenía el gremios de los asistentes de la educación y también nos hemos reunido más de una vez con los apoderados. Hemos trabajado mucho con el INBA, se han realizado innumerables visitas y para proyectos de mayor envergadura se realizaron otras en conjunto con los Slep. Actualmente está en ejecución un proyecto presentado por la DEM y financiado por el GORE por cerca de $544 millones de pesos, que busca mejorar la infraestructura y condiciones estructurales del histórico establecimiento educativo.
-¿De los 35 estudiantes que resultaron quemados, ha regresado alguno a estudiar al INBA?
-Sí, son dos los que se reincorporaron a las clases. Varios egresaron porque eran de cuarto medio.
-¿Sabe si alguno de ellos ha participado en posteriores manifestaciones junto a los estudiantes que salen con los overoles blancos?
-Si es que esto hubiera ocurrido, que no lo estoy afirmando, tampoco podría comentarlo porque hay un debido proceso y es reservado.
-¿Qué evaluación hace del avance que ha tenido la investigación judicial de los hechos ocurridos en el INBA?
-Sobre eso no me puedo referir porque no es mi competencia.
-Personas cercanas al INBA han asegurado a El Líbero que en el liceo hay grupos que tratan de boicotear la labor del actual rector y de la DEM, de mantener la violencia en la institución. ¿Tienen información sobre eso?
-No tengo pruebas fidedignas. Lo que le puedo decir es que hay una resistencia de ciertos integrantes de estamentos, porque tampoco son estamentos completos, de poder gestionar adecuadamente el internado.
«No tengo dudas de que hay adultos detrás»
-¿Tienen conocimiento de que efectivamente haya adultos que están financiando la violencia en los liceos de Santiago?
–No tengo ninguna duda que hay adultos detrás. ¿Sabe por qué? Yo a los 17 años no tenía 20.000 pesos para quemar. Porque si uno suma el costo de cada overol, de la bencina -que está a 1.300 pesos el litro-, los guantes, las botellas, las mechas, todos los materiales, eso es aproximadamente lo que requiere en dinero cada encapuchado en cada salida. Los jóvenes no tienen acceso para gastar esa plata en quemarla, porque después de cada hecho queman los overoles y todos los elementos para que no queden vestigios. Un estudiante no tiene esa plata para quemar. Tenemos estudiantes que con suerte tienen para la locomoción. Y también uno no comprende de qué forma llegan esos implementos dentro de los establecimientos.
-¿Eso no lo han podido determinar?
-No, no hemos podido, no tenemos prueba de aquello, pero los capuchas salen de adentro de los establecimientos, claramente.
-¿Saben si esos adultos que colaboran pertenecen a algún partido político?
-No, no tengo ninguna certeza.
-¿Considera entonces que hay estudiantes que son instrumentalizados por esos adultos que estarían detrás del financiamiento para generar violencia con fines políticos?
-Algunos, pero yo creo que son una minoría. Pero sí, todas las señales dicen aquello.
-¿Cuáles son las señales?
–Los tiempos de esta violencia. Quiero hablar de días, a eso me refiero. Por ejemplo, hay salidas violentas que no tienen ninguna motivación, pero hay otras que sí las tienen. Quedan panfletos cuando salen.
«Apenas asumo se da la instrucción de que se regularicen los reglamentos, en el sentido de incorporar la Ley Aula Segura»
-¿Cómo fue recibir la DEM y los 44 colegios municipales de Santiago, incluyendo algunos de los liceos emblemáticos más convulsos de la ciudad, de manos de Hassler, que desde el principio se mostró contraria a la aplicación de la Ley Aula Segura?
-Ha sido difícil, pero hemos podido regularizar lo que corresponde. Respecto al tema específico de los reglamentos internos que deben, por ley, tener en su contenido la aplicación de la Ley Aula Segura, esa instrucción se dio de inmediato. Antes estaba en los reglamentos internos un capítulo que decía ‘procedimiento abreviado’, que se aplicaba a casos de violencia o a los casos donde habían consecuencias de integridad física o psíquica grave respecto a algún integrante de la comunidad educativa. Pero el procedimiento abreviado no es el término que corresponde. Lo que debe estar contenido en el reglamento interno de cada establecimiento educacional es la Ley Aula Segura, porque así lo manda la norma. Por lo tanto, inmediatamente asumo se da la instrucción de que se regularicen esos reglamentos, se modifiquen en el sentido de incorporar la Ley Aula Segura en todos sus términos. Esto se hizo en los reglamentos internos de los 44 establecimientos y fue supervisado por la Subdirección Técnico-Pedagógica.
-¿Porque en los reglamentos internos de ninguno de los 44 establecimientos estaba prevista la Ley Aula Segura?
-Exactamente.
-¿Y en los hechos, con las comunidades educativas, cómo fue la llegada de ustedes?
-Ha sido difícil también porque tenemos que actuar de acuerdo a la norma educativa, teniendo en consideración todos los estamentos de la comunidad educativa, que no son pocos: docentes, asistentes de la educación, estudiantes, apoderados. Lo que ha resultado una buena práctica, de acuerdo a mi experiencia, ha sido reunirme con todos los estamentos. Entre el día que asumo, que es el 24 de abril, en calidad de directora de educación, y el 15 de mayo, tuve más de 80 reuniones con todos los estamentos, con el fin de poder conocernos, regularizar lo que había que regularizar y dar instrucciones respecto al cumplimiento de la normativa. Porque tenemos normativas que cumplir, que llegan desde el Ministerio de Educación, desde la Superintendencia de Educación, que es un organismo fiscalizador, y desde todos los organismos con los que nosotros nos relacionamos. Por lo tanto, eso había que hacerlo, pero también había que hacer estas reuniones que son también para conocernos y para poder atender las necesidades de los estudiantes. Esta labor no es menor, sobre todo si se toma en cuenta lo que pasó con las tomas hace poco tiempo, porque en los discursos de algunos liceos se dijo que nunca habían sido atendidos y eso es falso. Antes de la agresión a la Municipalidad de Santiago, que fue el 24 de julio, yo había tenido reuniones con la gran mayoría de los liceos.
-¿Y con los centros de estudiantes de los seis emblemáticos que hicieron las tomas (Instituto Nacional, Liceo de Aplicación, Liceo Manuel Barros Borgoño, Liceo Confederación Suiza, Liceo Javiera Carrera y el Isaura Dinator de Guzmán) y que alegaron que esta administración nunca los había atendido también se habían reunido?
-No con todos, pero con la gran mayoría, y de eso tengo verificadores porque levantamos actas de las reuniones que se hicieron con los centros de estudiantes y con la presencia de sus profesores, asesores y de los rectores. Que yo no me hubiera reunido con ellos antes de que hicieran las tomas, solo el Barros Borgoño y el Liceo de Aplicación. Con los demás en algún sentido habíamos tenido relación y contacto. Con algunos nos habíamos reunido por lo menos tres veces, en reuniones donde generamos petitorios y fechas de cumplimiento.
«Las tomas se produjeron con el fundamento de que el alcalde no los había escuchado, y eso no es efectivo»
-¿Cómo hicieron para contener las tomas?
-Hemos recibido a todos los liceos emblemáticos y a los que no son emblemáticos también. Cuando se produjo esta violencia en contra de la municipalidad, la declaración era que el alcalde no los había recibido y que por eso rompieron las ventanas. Eso fue el jueves 23 de julio. De ahí recibimos los petitorios el lunes 27 y nos comprometimos a entregar respuestas el viernes siguiente, el 1 de agosto, y las entregamos. Había solicitudes como ‘queremos cambiar el financiamiento de la educación’. Eso no es competencia del sostenedor y ellos lo saben, es competencia del Congreso. Pero sí había temas que eran competencia nuestra y que podíamos cumplir, y que tenían que ver con infraestructura a corto plazo. El mismo lunes 27 el alcalde invitó a la reunión del día de entrega de compromiso a la Seremi, al SLEP, con el fin de comprometer también el año 2026, porque qué sentido tiene que comencemos un proyecto que el Slep no va a considerar. Es conocido por el Ministerio de Educación el déficit que tenemos. No había una intención de no cumplir con nuestra obligación de sostenedor, sino más bien hacer un trabajo colaborativo, responsable, porque no podíamos comprometernos a proyectos que iban a terminar en el 2026 sin que el Slep supiera, pero ese viernes no fue nadie. En todo caso las tomas se produjeron desde ese lunes 27 de julio, con el fundamento de que el alcalde no los había escuchado, y eso no es efectivo. Voy a agregar una cosa. En el petitorio del Liceo de Aplicación estaba el arreglo del auditorio. Hicimos la contratación porque para poder arreglar el techo hay que contratar unas máquinas que nosotros no tenemos. El día de arriendo cuesta un millón de pesos, lo contratamos y producto de la toma en el Liceo de Aplicación no pudimos entrar a poder arreglar y teníamos que pagarlo.
-¿Pero cómo han hecho para contener las tomas, porque en efecto pararon?
-Primero, con atención oportuna. Estamos cumpliendo nuestros compromisos como sostenedor. Lo importante en la solución de las tomas fue el diálogo, la comunicación directa y los compromisos cumplidos, eso es muy importante. Comprometimos también visitas con profesionales de la DEM para poder ver en terreno que los petitorios estuviesen adecuados a la realidad. Pero además, cada colegio que es tomado es desalojado en forma inmediata. Y ha sido reconocido que ha sido extremadamente rápido el desalojo. Y así evitamos también los desmanes. Porque si ya tenemos problemas en infraestructura, se vuelve un círculo vicioso.
-¿Se le mandó un mensaje a los estudiantes con el hecho de que antes se tomaban el colegio todo el tiempo que quisieran y ahora hacían desalojos diarios?
-Lo que pasa es que los desalojos también tienen que ver con que nosotros tenemos que cuidar a la gran mayoría de estudiantes y que ellos quieren estudiar. Y además los desalojos se hacen de acuerdo a la ley, a la norma, y son ejecutados por carabineros. Pero la solicitud de desalojo sale desde el sostenedor.
El traslado el 1 de enero de los liceos al Slep: «En ocho meses hemos tenido que hacer la pega de cuatro años»
-La municipalidad va a ser sostenedora hasta el 31 de diciembre porque el 1 de enero los colegios municipales de Santiago deben estar en manos de los Slep. ¿Cómo va el traspaso?
-El traspaso ha sido difícil también porque debió iniciarse en el 2022. Nosotros nos encontramos con un desorden administrativo brutal, con falta de documentación en todos los ámbitos: financiero, de gestión de personas y de los inmuebles. Eso ha significado que nosotros en ocho meses hemos tenido que hacer la pega de cuatro años. Tenemos un déficit que también es importante, que asciende a 24 mil millones. Hay rendiciones pendientes de la administración anterior, estoy hablando de las rendiciones que uno hace ante la Superintendencia de Educación, porque los recursos que nos llegan del Ministerio de Educación nosotros tenemos que rendirlos el año siguiente. Pues hay rendiciones pendientes del 2021. Entonces hemos tenido que dedicarnos a rendir tardíamente, acreditar tardíamente. Eso es muy difícil, pero a pesar de eso estamos cumpliendo con los hitos del traspaso.
-¿Y se va a lograr el traspaso a tiempo?
-Sí, el alcalde ha instruido un traspaso correcto, adecuado y con cumplimiento de la ley. Y eso estamos ejecutando. Hemos trabajado mucho. Yo tengo actualmente una dotación de 3.984 funcionarios -entre docentes y asistentes de la educación-, cuando en 2024 era de 4.597. Yo desvinculé casi 600 personas. Todo esto mientras la matrícula ha disminuido de 31.109 en 2020 a 26.155 este año.
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