Con la incorporación en 2018 del nombramiento de la dirección del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg) al sistema de alta administración pública, se buscó darle un perfil técnico y una continuidad en el tiempo a las políticas públicas en favor de la mujer e igualdad de género, sacando el servicio de los nombramientos políticos.
Por eso en algunos sectores de la oposición llamó la atención que durante esta administración, y sin la defensa de la ministra Antonia Orellana, se haya desvinculado a cuatro directoras regionales que formaron parte de esta primera camada de directoras nombradas bajo este sistema.
Se trata de las directoras de la Región de O’Higgins, Aysén, Coquimbo y el Maule. Las cuatro terminaron en demandas legales debido a que, según acusan las involucradas, se les desvinculó sin cumplir los seis meses requeridos por ley, y sin consideraciones técnicas.
El servicio en algunos casos sigue con cargo subrogante, como sucede en Aysén, pese a que como acusa una funcionaria, uno de los principales compromisos del Gobierno del Presidente Gabriel Boric apunta a luchar contra la violencia e igualdad de género, donde el servicio cumple un rol fundamental.
La propia ministra Orellana abrió una polémica el jueves pasado cuando responsabilizó al gobierno anterior por el femicidio de una matrona en Arica.
Las dificultades de su gestión, en todo caso, no han estado circunscritas solo al ámbito de su cartera. Al interior del oficialismo hay quienes sostienen que Orellana ha pagado un costo por el rol político que se la ha dado al ministerio y la excesiva influencia que ha tenido en algunos casos.
Una de las ministras mas cercanas al Presidente Boric, Orellana fue una apuesta con la que el Mandatario buscó marcar al gobierno con el sello feminista.
Su influencia
De los sectores más duros de Convergencia Social, es la única frenteamplista que ha sobrevivido al interior del comité político. Esto, luego que tras la derrota en el plebiscito del 4 de septiembre, el Gobierno diera un giro en el gabinete en favor del Socialismo Democrático (los partidos de la ex Nueva Mayoría), como una forma de apuntar al centro.
Al interior del comité político Orellana hizo sentir por varios meses su influencia, basada en la confianza y cercanía que mantiene con Boric.
La ministra, por ejemplo, fue quien frenó el nombramiento del sacerdote Felipe Berríos como asesor en materia de campamentos del Ministerio de Vivienda, debido a los antecedentes de denuncias de abuso sexual.
Su influencia al interior de La Moneda no es fortuita. Si bien no era del círculo íntimo de los históricos del FA, al menos dos episodios la transformaron en una de las personas de confianza del Presidente.
El primero es que pese a no ser parte del sector de Boric al interior de Convergencia Social, la ministra habría sido una de las férreas defensoras del entonces diputado, cuando el partido quiso expulsarlo por haber firmado el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución del 15 de noviembre.
Orellana también habría jugado un rol clave durante la campaña presidencial, cuando Boric debió enfrentar una acusación de acoso sexual (ver nota aquí). Las gestiones de Orellana habrían permitido destrabar la polémica al interior del FA.
El declive
Sin embargo, y pese a la confianza que le tiene el Mandatario, la voz del frente Amplio al interior del comité político atraviesa un momento crítico desde hace varios meses, que han hecho que su influencia vaya en declive.
Un primer golpe a la influencia de Orellana habría ocurrido con la llegada de Carolina Tohá al ministerio del Interior, quien habría tomado un rol articulador, para entre otras cosas evitar las salidas de libretos y ordenar el gabinete.
Algo que chocaba con el estilo frontal de Orellana y la relevancia que busca darle en la agenda política del gobierno a la agenda feminista .
El estilo de Orellana fue quedando desacoplado del nuevo comité político y las exigencias que la contingencia le fue poniendo al Gobierno. La dura derrota en el plebiscito y una crisis de seguridad limitaron la libertad con que se había desplegado en un primer momento la ministra.
En el oficialismo aún recuerdan, por ejemplo, que en octubre, cuando el Gobierno tenía las prioridades en temas como la seguridad y el acuerdo constitucional, la ministra confirmara en el programa Tolerancia Cero que el Ejecutivo estaba preparando el proyecto de aborto más allá de las tres causales, abriendo un flanco que en ese entonces en el oficialismo se consideró innecesario.
La pérdida de influencia de la ministra de la Mujer, significó en la práctica, un debilitamiento del eje Apruebo Dignidad al interior del gabinete, representado principalmente por la dupla Orellana-Vallejo.
«Estamos hablando en la práctica de una nueva hegemonía en la construcción del gobierno. El eje Orellana-Vallejo (Camila, ministra de la Secretaría General de Gobierno) ha cedido protagonismo y participación en las decisiones y eso es lo más relevante que ha ocurrido», dijo ayer el ex diputado y analista, Pepe Auth, en el podcast Política para Adultos de El Libero.
Mala evaluación en las encuestas
A la llegada del Socialismo Democrático al comité político y al giro del gobierno tras el plebiscito del 4 de septiembre, se suma el hecho de que Orellana, al contrario de lo que ha sucedido históricamente con las ministras de esa cartera, no tiene una buena evaluación en las encuestas. Esto, en línea con que en los últimos meses la agenda de género tampoco aparece entra las prioridades de la ciudadanía.
Ministras como Claudia Pascual (PC) o Carolina Schmidt (indep.), por ejemplo, siempre estuvieron entre las ministras mejor evaluadas en Bachelet 2 y Piñera 1, respectivamente. En el caso de Isabel Pla (UDI), hasta el estallido de 2019, el panorama no era diferente. La ex ministra terminó el primer año de gobierno de Piñera 2 como la ministra mejor evaluada.
En contraste, Orellana en la encuesta Cadem de octubre sólo tenía un 33% de conocimiento, mientras en la de noviembre seguía abajo del 40%, con un 39% de conocimiento.
Durante noviembre también, un sondeo de TúInfluyes ubicó a la militante de Convergencia Social en el último lugar entre sus pares con la menor aprobación (26%).
La Cadem de esta semana, en tanto, consultó por los temas prioritarios que debe tener el Gobierno para el 2023, instalándose en los primeros lugares la delincuencia, orden público y narcotráfico. Sólo un 4% mencionó temas de agenda de género.