En representación de 62 medios de comunicación a lo largo de todo Chile, llegó hasta la sede del Congreso en Santiago, Juan Jaime Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Prensa (ANP). En la subcomisión de Derechos Fundamentales de la Convención, abordó la importancia de que los medios de comunicación tengan una responsabilidad social y deberes que no deben descansar en una acción estatal, sino que encarnarse en la labor de los propios medios. Todo esto en el mismo escenario en donde a los medios de comunicación se les ha restringido el acceso libre para cubrir la Convención al interior del recinto, como en sus pasillos y en las tribunas del Pleno.
Compartimos la exposición de nuestro presidente, Juan Jaime Díaz, en la Subcomisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional sobre la libertad de expresión como garantía constitucional y el rol de la prensa en democracia.
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En su exposición, el presidente de la ANP, señaló: «En la propuesta que hacemos, se incorporan los derechos a buscar información y de acceso, que no están garantizados explícitamente en la Constitución actual. La búsqueda y acceso a la información resultan esenciales para el ejercicio periodístico y con regulaciones legales que digan relación con el acceso a la fuente. Sabemos que la interpretación constitucional bajo el texto vigente las incluye, pero resulta más conveniente hacerlo de forma explícita, tal como es el estándar en materia de derechos fundamentales sobre la materia. En relación con el derecho de acceder a la información, nos encontramos con la información de carácter público. Asimismo, en materia periodística, debemos reconocer el derecho a buscar y acceder a la información, que tan relevante es en el reporteo periodístico».
En la propuesta que hacemos, se incorporan los derechos a buscar información y de acceso, que no están garantizados explícitamente en la Constitución actual», planteó el presidente de la ANP.
Díaz agregó la necesidad de «reconocer la autorregulación de los medios, trasladar delitos de injurias y calumnias a figuras civiles, y rechazar la posible intervención del Estado en la información que se difunde a través de la prensa”.
Al respecto, Sebastián Zárate, abogado constitucionalista y secretario general de la ANP, precisa en conversación con El Líbero: “Estos deberes no deben descansar en una acción estatal, sino deben encarnarse en la labor de los propios medios, quienes deben seguir ciertos mínimos de ética periodística. “El Estado no debe, en ningún caso, ser el guardián o árbitro de la información que se difunde”. De hecho, plantea que aquel es un escenario «peligroso».
En su exposición, Juan Jaime Díaz recalcó que en un contexto democrático los medios tiene una responsabilidad social, que es informar y favorecer la formación de opiniones, resguardando el derecho de la ciudadanía de recibir información veraz.
Y complementó: «Fuera de la veracidad, algunas pocas constituciones establecen otras exigencias. Algunos se refieren al derecho a recibir información imparcial (como en el caso de Colombia), o ‘veraz, verificada, oportuna, contextualizada y plural’ (en el caso de la Constitución de Ecuador de 2008). Podemos ver que estos criterios exigibles al ejercicio de este derecho de libertad de prensa descansan en la intervención del Estado para definir su cumplimiento, lo que se hará en detrimento de la libertad de prensa».
Agregó: «Si el Estado establece qué es ‘contextualizado o plural’ en cada mensaje informativo, tendremos ciudadanos eventualmente dirigidos por la autoridad de turno en qué deben saber y conocer».
Es la ciudadanía, en una democracia, la que se nutre de la información y opinión, y la encargada de juzgar, preferir o rechazar las distintas voces del sistema», subraya el abogado constitucionalista Sebastián Zárate.
Zárate explica que la libertad de prensa es la base de una democracia moderna y madura. “Por contraposición está una visión que nos habla del “derecho a la comunicación” como una visión en la cual el Estado interfiere de un modo indebido los mensajes, los actores, y lo que la ciudadanía ‘debe’ conocer. Es la ciudadanía, en una democracia, la que se nutre de la información y opinión, y la encargada de juzgar, preferir o rechazar las distintas voces del sistema”.
En esta línea, el secretario general de la ANP apunta que la veracidad consiste en el compromiso constante del Periodismo de buscar la verdad, lo que implica comprobar los hechos que informa: “Eso es precisamente lo que permite hoy sostener que los medios tienen una misión de combatir contra la información falsa (fake news). La veracidad es controlable por los tribunales de justicia de manera más o menos objetiva”.
Subraya que “el estándar internacional incluso permite que el medio se equivoque en esta comprobación (informar algo de buena fe, que finalmente no terminó siendo verdadero), pero siempre que este error esté ‘ausente de malicia’, tal como se dice en la terminología legal sobre la materia”.
Plasmar un texto vivo que pueda adaptarse a las necesidades sociales. Los medios son dinámicos, y los problemas que generarán las políticas también lo son», planteó Juan Jaime Díaz.
Sobre este punto, Díaz dijo en la subcomisión de Derechos Fundamentales: «Aclaramos que el deber de veracidad se aplica al ejercicio informativo. Aunque resulte obvio decirlo, no hay opiniones falsas o verdaderas: todas ellas contribuyen al debate público, aun las que se fundan en elementos que resulten finalmente equivocados».
Cerrando su exposición, el líder de la ANP, señaló: «El debate democrático no puede quedar limitado ambiciosamente en la Constitución, sino permitir a los poderes constituidos plasmar un texto vivo que pueda adaptarse a las necesidades sociales. Los medios son dinámicos, y los problemas que generarán las políticas también lo son».