La Contraloría General de la República instruyó abrir «un sumario administrativo en el Servicio Local de Educación Pública Santiago Centro (…) con el objeto de determinar (…) las eventuales responsabilidades administrativas de Paulina Retamales«, directora del referido SLEP, organismo que asumió como sostenedor de los 44 liceos públicos de esa comuna el pasado 1 de enero.
La decisión la tomó el ente contralor el pasado 28 de mayo -mediante la resolución exenta 15963/2026 a la que El Líbero tuvo acceso-, en respuesta a una denuncia por supuesto acoso laboral que se presentó en contra de Retamales a finales de febrero.
La acción la interpuso la directora del Liceo José de San Martín, Andrea Bravo Valenzuela, quien llegó al cargo por concurso de Alta Dirección Pública. La ahora denunciante fue seleccionada para su cargo en diciembre del año pasado por el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, menos de un mes antes de que los liceos fiscales de esa comuna dejaran de estar bajo el alero de la municipalidad, para pasar a ser responsabilidad del SLEP.
Bravo advierte en su escrito que el menoscabo laboral al que asegura que ha estado sometida por parte de su actual empleador -el SLEP Santiago Centro que dirige Retamales-, está motivado «por temas ideológicos y políticos».
SLEP: «Manifestamos nuestra total disposición a colaborar con el proceso investigativo que lleva a cabo la Contraloría»
El Líbero consultó al SLEP Santiago Centro sobre la decisión de Contraloría de instruir un sumario debido a la denuncia que interpuso Bravo.
«Como SLEP Santiago Centro manifestamos nuestra total disposición a colaborar con el proceso investigativo que lleva a cabo la Contraloría General de la República y a entregar todos los antecedentes que sean requeridos», respondieron.
Indicaron además que «dado que se trata de un proceso en desarrollo, y en resguardo de las garantías que corresponden a todas las partes involucradas, no resulta procedente emitir comentarios sobre el fondo de los hechos mientras la investigación se encuentre en curso».
«Asimismo, reafirmamos nuestro compromiso con la promoción de ambientes laborales basados en el respeto, el buen trato y la probidad, así como con el cumplimiento de los principios que rigen la función pública», agregaron.
Denuncian «acoso y persecución» por el hecho de que el nombramiento, aunque por ADP, lo efectuó Desbordes
En la denuncia que presentó por Ley Karin, la afectada asevera estar sometida a “situaciones de menoscabo, acoso y persecución que van desde simples comentarios a acciones de persecución y hostigamiento debido a la supuesta disconformidad con los nombramientos del alcalde».
En criterio de Bravo, lo anterior estaría ocurriendo «por el solo hecho de que los nombramientos fueron hechos durante la administración de Mario Desbordes y la supuesta afinidad de las directoras nombradas con su administración y con él mismo».
La directora del Liceo José de San Martín afirma en su escrito que existe “un claro menoscabo laboral, gatillado no solo por la asignación de tareas en periodo de vacaciones, sino también por acciones realizadas con mala fe, dolosamente y con ánimo claro de perjuicio para mí por parte de mi empleador, motivadas por temas ideológicos y políticos”.
«Ánimo de persecución» y trabas en el nombramiento del equipo técnico
Bravo afirma en su denuncia que desde que fue nombrada en su cargo por ADP, mediante el acto administrativo correspondiente por parte de la Municipalidad de Santiago, el SLEP Santiago Centro le hizo una serie de requerimientos relacionados con sus antecedentes curriculares. Muchas de estas solicitudes se le hicieron durante el período de feriado legal, en enero y febrero.
La directora asevera que le indicaron: «le pido que nos remita la información y documentación requerida dado que aún no contamos con la documentación por parte de la DEM y que ésta es de vital importancia para gestionar el nombramiento».
De acuerdo con lo afirmado por Bravo en el escrito, en el SLEP le señalaron que «la solución para presionar al alcalde para que enviara al SLEP dicha información, era dejar de pagar las remuneraciones».
La afectada también denunció a que pese a la facultad que tienen los directores titulares de nombrar a su propio equipo de confianza, el SLEP le puso trabas para poder nombrar al inspector general y a la jefa técnica pedagógica.
Bravo también asegura en el documento que en su criterio existe «un claro sesgo político e ideológico», así como un «ánimo de persecución» en su contra, que se manifiesta en la «extrema celeridad inexplicable» que, asegura, se ha aplicado al sumario que fue abierto en su contra el 15 de enero. Advierte, por ejemplo, que la citaron a comparecer el 24 de febrero -fecha en la que aún estaban corriendo las vacaciones- en lugar de esperar seis días, cuando ya sería marzo y con eso el inicio de sus actividades laborales.
Directora del INBA ya había interpuesto tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales
La directora del Internado Nacional Barros Arana (INBA), Urbi Rojas, interpuso una tutela en tribunales laborales por vulneración de derechos fundamentales en contra del SLEP Santiago Centro, una semana después de iniciado este año escolar.
“Se han producido decisiones administrativas inconsistentes, modificaciones injustificadas en la dotación institucional, rechazo infundado de designaciones directivas, falta de provisión de recursos básicos para el funcionamiento del establecimiento e instrucciones contradictorias respecto del personal. De acuerdo con lo expuesto, estas actuaciones están dirigidas únicamente a provocar molestia, frustración en mi persona generando un menoscabo profesional, obstaculizando el ejercicio de las atribuciones propias del cargo directivo y provocado un ambiente de incertidumbre institucional», advierte Rojas en la demanda.
Rojas también llegó a su cargo en diciembre, por concurso de Alta Dirección Pública, cuando la selección correspondía aún al alcalde Desbordes. Ella también fue en contra del SLEP Santiago Centro.
Al igual que la directora del Liceo José de San Martín, la rectora del INBA alegó en su denuncia que los tratos a los que asegura haber estado sometida se deben a que fue nombrada en el cargo antes del traspaso.
Esta directora asevera que los hechos que describe «permiten advertir un patrón de trato particularmente restrictivo hacia quienes asumimos cargos directivos con anterioridad al proceso de traspaso institucional, situación que también ha sido manifestada por otros directores que se encuentran en una condición similar dentro del sistema educativo actualmente administrado por el SLEP Santiago Centro».
El Líbero consultó en su momento al SLEP Santiago Centro sobre esta demanda. «Informamos que hemos tomado conocimiento de la acción presentada por la directora del INBA. Dado que se trata de una materia actualmente en investigación por parte de los tribunales de justicia, respetamos las instancias institucionales correspondientes, por lo que no resulta procedente referirse al contenido específico de la demanda ni a las alegaciones allí expuestas», respondieron.
Otras acusaciones contra el SLEP ante Contraloría
Ya a principios de mayo el alcalde de Santiago acudió a Contraloría para denunciar al SLEP Santiago Centro, alegando que ese serivicio continuó con el pago de remuneraciones a la exdirectora del Instituto Nacional, Carolina Vega, a pesar de que fue destituida mediante sumario administrativo.
Más recientemente, el pasado fin de semana, Desbordes aseveró en entrevista con este medio que no descarta ir nuevamente ante el ente contralor a presentar denuncia contra Retamales -y también contra el director de Educación Pública de Mineduc-, «por la inacción durante todos los hechos que hemos tenido estas últimas semanas de tomas y actos violentos».
Esto lo indicó el alcalde luego de que el jueves de la semana pasada, en medio de una manifestación afuera del Instituto Nacional, uno de los jóvenes que salió de ese liceo dirigió contra un periodista de Radio Bío Bío una de las bombas molotov que arrojaron.
“Nuestras imágenes nos muestran a los encapuchados con overol blanco, preparando con total tranquilidad sus molotov en el patio a la vista y paciencia de todo el mundo. Eso se informó de inmediato. Lo que debió suceder, lo que habría pasado si yo hubiera estado a cargo de los establecimientos, es que se ordenara el inmediato ingreso de la fuerza pública para desbaratar eso y ojalá detener a los autores”, aseveró.
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