La Fundación Fuerza Ciudadana, representada por su presidente, el abogado Raimundo Palamara, presentó una querella contra el senador Juan Luis Castro (PS) y “todos quienes resulten responsables”, por los eventuales delitos de falsificación de documento público y uso malicioso de instrumento falso. La acción se origina en las gestiones hechas por el senador Castro para el retiro de las autorizaciones que permitían a Fidel Espinoza (PS) y Ximena Órdenes (IND-PPD) ausentarse del país, esto pese a que todavía se encuentran de viaje, acompañando al Presidente José Antonio Kast en su gira por Asia.
En la acción, presentada hoy ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso, se pide que la PDI concurra de inmediato al Congreso para resguardar los documentos originales, y también solicita que la Fiscalía promueva el desafuero de Castro ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso tan pronto se cumplan los requisitos legales.
La controversia se da en plena tramitación del Presupuesto 2027. El martes 17 de noviembre, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), dio cuenta en la Sala del retiro de los permisos de Órdenes y Espinoza. Dicho retiro aumentaba la cantidad de votos que el Ejecutivo necesitaba para aprobar una autorización de endeudamiento. Al día siguiente, el senador Pedro Araya leyó una carta en la que Órdenes negó haber pedido el retiro, haber firmado documento alguno con ese fin o haber autorizado a alguien para usar su firma. Los permisos fueron restituidos esa misma jornada y la Fiscalía de Valparaíso abrió una investigación de oficio.
Castro dijo a La Segunda que se trató de “hechos circunstanciales en el marco del debate político”. Espinoza, por su parte, negó que hubiese falsificación de firmas, dijo que fue más bien una “desprolijidad administrativa” y cuestionó la intervención de la Fiscalía.
En conversación con El Líbero, Palamara sostiene que la urgencia es periciar los originales antes de que se pierda evidencia, porque la pregunta de fondo sigue abierta: “Si hay retiros de permiso, alguien los tuvo que haber suscrito (…) ¿quién firmó esos documentos?”. El abogado advierte que el problema no desaparece aunque prevalezca la versión de Castro. Si fueron los propios senadores quienes pidieron retirar sus permisos sabiendo que no volverían desde Asia a votar, el escenario sería el de una eventual falsedad ideológica. “Aunque le diéramos la razón a Juan Luis Castro (…) igualmente se está cometiendo trampa, en definitiva, con la ciudadanía”, afirma.
«Resulta que se determine de dónde sacó don Juan Luis Castro esas solicitudes de retiro del permiso constitucional»
–¿Qué antecedentes tienen para ir directamente contra el senador Juan Luis Castro?
–Lo hacemos por lo que se señaló en el día de ayer (miércoles) en el Senado: que se indicó que él habría tramitado supuestamente los retiros de estos permisos constitucionales para ausentarse del país; para ausentarse, mejor dicho, de las sesiones del Congreso, de los senadores Ximena Órdenes y Fidel Espinoza. Es un hecho público y notorio que están en Asia, junto con el Presidente José Antonio Kast, en la gira por Asia. Hicieron los permisos constitucionales a tiempo, para ausentarse de sus labores de legisladores, razón por la cual ya es extraño que ellos hayan retirado o hayan dado su voluntad para retirar un permiso para ausentarse de sus labores, siendo que es público y notorio, como bien dije, que ellos se encuentran en Asia. Habiendo Ximena Órdenes desconocido haber retirado el permiso, resulta importantísimo, vital, que se determine en definitiva de dónde sacó don Juan Luis Castro esas solicitudes de retiro del permiso constitucional. Y es por ello que tomamos la decisión, como Fundación Fuerza Ciudadana, de realizar la querella, con el objetivo de requerir pericias y requerir antecedentes concretos lo antes posible, con el objeto de que no desaparezcan pruebas, por un lado. Porque si hay retiros de permiso, alguien los tuvo que haber suscrito. Si Ximena Órdenes señala que no lo retiró –Fidel Espinoza, no sé si ha declarado algo al respecto– y bien sabemos que ellos continúan en Asia, ¿quién firmó esos documentos? Por ende, eventualmente estamos ante un delito de falsificación de documentos públicos o falsificación de documentos privados, según lo determine el Ministerio Público en su investigación.
–¿La querella la presentan por falsificación de documentos públicos o privados? ¿Qué delitos solicitan que se investiguen?
–La querella es por falsificación de documentos públicos, porque para nosotros estos son documentos públicos. Sin perjuicio de ello, igual se levanta la posibilidad de que sean documentos privados, si el Ministerio Público así lo determina. Pero tanto en una como en otra situación estamos ante eventuales delitos.
–¿Usted, como abogado, considera que es necesario acreditar que el senador Castro falsificó personalmente la firma, o basta con demostrar que sabía que eran unas firmas falsas y utilizó el documento?
–Es necesario determinar quién fue el que falsificó la firma, si es que se falsificaron. ¿Fue Juan Luis Castro, o Juan Luis Castro fue eventualmente víctima de otra persona que desconocemos? Tenemos que determinar todo el iter criminis, todo el proceso, porque eventualmente aquí podría haber más responsabilidades. Porque si le damos la razón a Juan Luis Castro y sostenemos que eventualmente tanto Ximena Órdenes como Fidel Espinoza retiraron los permisos constitucionales para ausentarse de las sesiones, podríamos estar ante una falsedad ideológica respecto de Ximena Órdenes y Fidel Espinoza. Porque sabemos que ellos pidieron el permiso para ausentarse porque iban a ir a Asia. Entonces, ¿con qué razón ellos podrían retirar este permiso constitucional, con el solo objetivo de alterar los quórums? Y eso nos parece que transgrede abiertamente el principio democrático. En democracia, sobre todo cuando estamos hablando de senadores electos, justamente, democráticamente, no se puede vulnerar la fe pública, que es lo que está en juego aquí. Razón por la cual es de suma importancia la investigación que lleva adelante el Ministerio Público. Es de suma importancia que las diligencias se hagan a la brevedad posible, que se requieran los antecedentes dentro del menor tiempo posible, con el objeto de evitar que se pierdan, o cualquier otro tipo de situación que pueda afectar, en definitiva, el esclarecimiento de los hechos que esta parte, como Fundación Fuerza Ciudadana, pide que se investiguen.
–¿En la querella piden que se investigue de igual manera lo ocurrido con Espinoza y lo ocurrido con Órdenes, o hacen separaciones?
–En la querella vamos con los hechos que en principio están. Y los hechos que en principio están es que Juan Luis Castro es quien habría utilizado este documento para solicitar el retiro de los permisos constitucionales de Ximena Órdenes y Fidel Espinoza. Sin perjuicio de que durante la investigación eventualmente se podría acreditar que efectivamente tanto Ximena Órdenes como Fidel Espinoza –pese a los dichos de Ximena Órdenes– pidieron el retiro. Pero si así fuese, ellos también eventualmente podrían verse en problemas, porque ¿con qué razón ellos solicitarían el retiro de un permiso constitucional, a sabiendas de que no iban a cumplir con acudir al Senado a legislar? Porque si yo retiro un permiso constitucional, quiere decir que lo retiro porque finalmente me presentaré. Y sabemos que no se iban a presentar porque están en la gira. Razón por la cual es importante que el Ministerio Público determine las responsabilidades, determine los actores, cómo sucedió todo esto: todo el iter, todo el camino, hasta que finalmente se presentaron en una sesión del Senado de la República estos dos retiros de los permisos constitucionales. Es grave. Es grave este asunto.
«Estamos vulnerando el principio democrático a través de estas artimañas»
–¿A qué penas podrían exponerse los involucrados si se acredita la falsificación del documento?
–La falsificación de documentos públicos podría llegar a penas de hasta cinco años, eventualmente. Sin perjuicio de que probablemente tienen irreprochable conducta anterior, pero sí es importante que se determine la responsabilidad y que se investigue. Y para eso, obviamente, en el caso de que se logre determinar, el Ministerio Público tiene que pedir el desafuero.
–¿Cómo influye el tema del fuero parlamentario en esta investigación?
–A juicio personal, el fuero parlamentario es un privilegio que tienen algunas personas –entre ellas los congresistas, diputados y senadores, y los expresidentes de la República también– que efectivamente enlentece una investigación. Más que la investigación, enlentece cualquier juicio, porque previo a formalizarlo o a cualquier medida cautelar de mayor gravedad es necesario desaforarlo, y eso tiene un procedimiento propio que tiene que ventilarse, que consta de dos instancias: la Corte de Apelaciones, en primera instancia, y luego termina resolviendo la Corte Suprema en la mayoría de los casos. Razón por la cual es un proceso que enlentece el sistema. Pero la investigación el Ministerio Público la puede desarrollar desde ya, sin necesidad de desafuero. Y eso también hay que tenerlo muy claro: no es necesario desaforarlo para que el Ministerio Público, a través de la Policía de Investigaciones, por ejemplo, requiera los antecedentes y acuda al Senado para recuperarlos lo antes posible.
–¿Le parece que acá pudo haber una operación política, digamos, para dificultar la aprobación del endeudamiento del gobierno?
–De todas maneras. Aquí, sea como sea la situación, es grave. Porque estamos vulnerando el principio democrático a través de estas artimañas: permisos constitucionales tramitados a tiempo y luego retiros de estos permisos cuando no les conviene, con el objetivo de modificar los quórums. Todas estas situaciones no se pueden hacer; o sea, por algo está regulado. El propio Reglamento del Senado señala cuál es el procedimiento tanto para solicitar los permisos como para poder retirarlos. También señala quién tiene que pedirlo: el mismo senador que pide el permiso o que lo retira. Aquí, en este caso, los senadores estaban en Asia. ¿Pudieron haber dado su autorización telemática para retirar estos permisos de manera remota, con firma electrónica avanzada, por ejemplo? Sí, eventualmente sí, lo pudieron haber hecho. Y en ese caso, ¿con qué objetivo lo hicieron? Con el solo objetivo de alterar el quórum, siendo que sabían que ellos no iban a estar presentes. Entonces, en uno u otro caso, se altera el principio democrático. O sea, aunque le diéramos la razón a Juan Luis Castro, y le diéramos la razón en que efectivamente los senadores Ximena Órdenes y Fidel Espinoza pidieron los retiros de los permisos solicitados por ellos previamente, igualmente se está cometiendo trampa, en definitiva, con la ciudadanía, con los electores, en la manera de legislar. Entonces, si bien eventualmente, lo desconozco, estas artimañas tal vez han sido utilizadas en el pasado, no se puede seguir permitiendo. Porque por más que muchas veces estas costumbres sean repetitivas, no se pueden transformar en una tradición dentro del Senado ni tampoco de la Cámara de Diputados; derechamente son una mala costumbre. Y cuando se falsifica una rúbrica o se comete un hecho similar, eventualmente hay delitos. Esos delitos son los que pedimos que sean investigados como Fundación Fuerza Ciudadana.
–¿Cree que se podría impugnar alguna de las votaciones del Presupuesto si se llegara a determinar que esto no solamente pasó en este caso, sino en otros?
–Eventualmente sí, aunque siempre hay hechos consolidados. Sin embargo, siempre se puede investigar. Espero que esto no sea la hebra de un problema mayor, más grande, hacia atrás. Lo espero. Pero en el caso de… Espero también que se determine la responsabilidad y que se investigue seriamente, con el principio básico que existe en cualquier Estado de derecho: la igualdad ante la ley. Y la igualdad ante la ley, si bien se rompe con la existencia de fueros parlamentarios, para la investigación y para la seriedad del proceso se tiene que investigar con igual rigor a todo particular, a todo diputado y a todo senador, con igual seriedad. Más todavía cuando el disvalor aquí es mayor, porque las decisiones que se toman dentro del Senado o de la Cámara de Diputados, dentro del órgano legislativo, afectan a toda la ciudadanía. Razón por la cual, con mayor razón, no se puede actuar haciendo trampa. Y esto no puede ser eventualmente una práctica. Espero que no sea una práctica dentro del Senado. Y en caso de que se verifique esto, el Ministerio Público debería actuar en consecuencia, pedir el desafuero o los desafueros correspondientes de las personas involucradas y seguir el procedimiento como corresponda en contra de los eventuales responsables.
–¿Qué diligencias se esperan? ¿Qué están pidiendo ustedes en la querella que se haga?
–Se está pidiendo que se tome declaración a los funcionarios administrativos del Senado de la República; que se tome declaración en carácter de imputado a don Juan Luis Castro, que se tome declaración también a los senadores Ximena Órdenes y Fidel Espinoza; también a la senadora Núñez (Paulina Núñez, presidenta del Senado), que dieron lectura, y al senador Rodolfo Carter, que también estuvo presente y que, de hecho, fue el que señaló y alertó los posibles caracteres de delito en este hecho, en este retiro de permiso. Porque, insisto, no se puede. Y, particularmente, la diligencia más importante es que se actúe a la brevedad por parte del Ministerio Público, dándole la respectiva orden a la Policía de Investigaciones para que custodie prontamente estos documentos en original y se logren hacer pericias para determinar efectivamente quién firmó esos retiros, quién firmó esos documentos. Y así se pueden ir estableciendo y esclareciendo las responsabilidades a que eventualmente haya lugar.
–¿Cree que se podría ampliar entonces a funcionarios o asesores del Socialismo Democrático en el Senado?
–No lo descarto. No me consta. Es por eso que es importante que la labor investigativa se desarrolle lo antes posible. Mientras antes se desarrolle la labor investigativa, mientras antes se pidan las declaraciones, mayor veracidad suele haber en las mismas.
–¿Y debería el propio Senado hacerse parte de esta causa penal?
–No tengo conocimiento de que puedan hacerse parte como Cámara. Contra un senador lo que procede es un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, cuando eventualmente se vulnera la Constitución o las leyes. Eso ya lo tendría que determinar el Tribunal Constitucional.
