Un atentado incendiario sacudió la Región del Biobío la mañana del viernes 23 de mayo, cuando un grupo de al menos cinco encapuchados armados irrumpió en un predio forestal de CMPC en el sector Porvenir, comuna de Mulchén, para prender fuego a vehículos y maquinaria en plena faena.
Según información recabada por Carabineros y la Policía de Investigaciones, cinco individuos llegaron en una camioneta cerca de las 08:10 horas, intimidaron con armas de fuego a los trabajadores presentes y los obligaron a retirarse del lugar. Posteriormente, procedieron a incendiar cuatro camionetas, dos máquinas de faena, un camión y dos containers, pertenecientes a contratistas que prestan servicios en el predio de la empresa forestal.
En el sitio se encontraron consignas rayadas en las instalaciones, con mensajes como “Fuera las forestales del Wallmapu” y “Libertad a los presos mapuche”, lo que refuerza el componente político del ataque.
Desde el Gobierno, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, calificó el hecho como “un atentado incendiario que miramos con preocupación, además porque esa era una zona que se había mantenido con cierta tranquilidad”.
El hecho, que quedó registrado en el Indicador de Violencia e Impunidad de El Líbero, ocurrió solo un día después de que el Presidente Gabriel Boric diera a conocer, en cadena nacional, la hoja de ruta que seguirá La Moneda tras recibir el informe de la Comisión Presidencial por la Paz y el Entendimiento.
Los anuncios de la cadena nacional
Boric anunció que se realizará una consulta indígena durante el segundo semestre de este año para revisar las recomendaciones referidas a los procesos de entrega de tierras.
Otras medidas apuntaban al fortalecimiento del programa de apoyo a víctimas de violencia rural, así como la actualización del catastro de víctimas y la presentación de un proyecto de ley de reparación integral.
Por otro lado, y sin mencionar un ministerio de asuntos indígenas, propuso impulsar la creación de un nuevo órgano de asuntos indígenas de alta jerarquía en el Estado y fortalecer la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).
También mencionó la puesta en marcha de un plan de reactivación económica para las zonas de Arauco y Malleco, medida que también responde a lo propuesto por el Plan Araucanía del expresidente Sebastián Piñera.
No obstante, los parlamentarios de la zona llamaron la atención sobre que se omitió el Plan Buen Vivir, anunciado por el Gobierno cuando recién asumieron en mayo de 2022, que se proponía “revertir el rezago que existe en las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, con especial énfasis en zonas rurales y comunidades mapuche”.
El diputado Miguel Mellado (RN) cuestionó que “va a enviar un proyecto de ley de reparación de víctimas, pero no dijo cuánto costará ni cómo se financiará. Ahora, anunció un plan de inversión a través de su ministro de Economía… ¿y el Plan Buen Vivir? Nos dio la razón de que eso nació muerto y que solo terminó beneficiando a los amigos del Presidente”.
La promesa sin fin del reconocimiento constitucional
Y así como el anunciado plan de reactivación económica evoca al Plan Araucanía y al Plan Buen Vivir, otro de los anuncios del Presidente también responde a una promesa que se ha hecho a los pueblos originarios en múltiples oportunidades durante los últimos gobiernos: el reconocimiento constitucional.
El propio Jefe de Estado recordó en su alocución que “el reconocimiento constitucional fue uno de los compromisos adquiridos por el país en el Acuerdo de Nueva Imperial de 1989 y que ha sido renovado en varias ocasiones, como la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato de 2003 o la Comisión Asesora Presidencial de La Araucanía presidida por el obispo Vargas de 2017. Impulsaremos entonces, un proyecto de reforma constitucional en los términos propuestos por la misma Comisión y que recoge una fórmula compartida transversalmente. Con esto, Chile gana en paz y en unidad”.
Según las recomendaciones de la comisión, es necesario hacer una reforma a la Constitución “para que el Estado reconozca a los pueblos indígenas que existen en el territorio nacional desde tiempos precolombinos, en el marco de la unidad del Estado, garantizando sus derechos individuales y colectivos conforme a la Constitución, las leyes, y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.
La comisión también recomienda que se reconozca la interculturalidad y establecer como pueblos indígenas preexistentes: los Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Atacameño, Quechua, Colla, Diaguita, Chango, Kawésqar, Yagán, y Selk’nam.
La iniciativa de Bachelet que fue archivada
Desde el año 1999 al Congreso han ingresado al menos 12 proyectos de ley referidos al reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas.
De las 12 iniciativas, solo una corresponde a un mensaje presidencial: se trata de un proyecto de reforma constitucional para el reconocimiento de los pueblos indígenas de Chile, presentado por la expresidenta Michelle Bachelet el 23 de noviembre de 2007.
En su argumentación se expone que “el Estado, a nuestro juicio, debe reconocer la existencia de los pueblos indígenas, negada por siglos, y comprometerse a promover su desarrollo y el respeto de sus tierras. Con ello, nadie pone en duda la unidad de la Nación chilena, de la cual los pueblos indígenas son parte constitutiva e indisoluble”. Además de reconocer la existencia de los pueblos originarios, el proyecto indicaba que “la ley deberá proteger las tierras y derechos de aguas de las personas y comunidades indígenas”.
Durante su tramitación –entre 2007 y 2011– el proyecto tuvo 50 urgencias, bien sea sumas, simples o discusión inmediata. Sin embargo, la iniciativa no logró avanzar del primer trámite en el Senado y en 2024 el proyecto terminó por ser archivado, después de no tener ningún avance desde enero de 2012.
El origen de la plurinacionalidad en el Congreso
Las iniciativas parlamentarias para reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas en Chile han evidenciado un patrón persistente de presentación y estancamiento.
En cuanto a las iniciativas parlamentarias, la primera que alude a este tema es de 1999, tiene entre sus autores al copresidente de la Comisión para la Paz, Francisco Huenchumilla, y nunca tuvo urgencia legislativa. Su proyecto planteaba que el Estado reconociera en la Constitución la existencia de los pueblos indígenas como parte esencial de la nación chilena, otorgándoles participación política en los órganos de decisión que afectan al país, incluyendo la propuesta de escaños reservados en el Congreso. Sin embargo, tras más de dos años sin avances, el proyecto fue archivado en 2004, marcando un precedente para la suerte de futuras iniciativas similares.
En 2018, el debate se reactivó con dos proyectos que buscaban avanzar en el concepto de la plurinacionalidad, muy bullado en el debate de la Convención Constitucional de 2021 y 2022, y al que se le atribuye el fracaso del texto. Por un lado, el 4 de julio de 2018 en el Senado Francisco Huenchumilla se unió a los senadores Alfonso De Urresti (PS), Juan Ignacio Latorre (FA), Yasna Provoste (DC) y Jaime Quintana (PPD) para presentar una reforma que reconocía la plurinacionalidad y los derechos de los pueblos indígenas. En su argumentación se explicaba que “la plurinacionalidad es una versión profundizada del multiculturalismo, en el sentido que, busca realizar políticas de reconocimiento recíproco entre grupos culturales, pero va más allá de las formas iniciales o neoliberales del multiculturalismo, que se contentan con reconocimientos simbólicos o garantizando sólo derechos culturales”.
Casi en paralelo, el 19 de julio de 2018, entró por la Cámara de Diputados otro proyecto, de los legisladores de izquierda René Alinco, Miguel Crispi, Fidel Espinoza, Hugo Gutiérrez, Marcos Ilabaca, Manuel Monsalve, Daniel Núñez, Emilia Nuyado, Alexis Sepúlveda y Víctor Torres, de un tenor similar: una reforma a la constitución “para consagrar el reconocimiento de los pueblos indígenas, su cultura y tradiciones, y garantizar su participación y representación política”.
Allí se reconoce la República de Chile “como plurinacional y multicultural”, así como “la existencia de los pueblos indígenas como habitantes originarios del territorio chileno y anteriores a la formación del Estado”.
Ambos quedaron detenidos indefinidamente en las comisiones de Constitución, sin avanzar hacia su discusión general.
El 22 de noviembre de 2022 fue presentado un nuevo proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción de los senadores Carmen Gloria Aravena, Rodrigo Galilea, Sebastián Keitel y Kenneth Pugh para conferir reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas, por cuanto se considera su existencia y cultura “como elemento esencial de nuestra nacionalidad. Asimismo, la propuesta considera una mención expresa de la interculturalidad y multiculturalidad”. No obstante, esta iniciativa también quedó paralizada tras su ingreso a la Comisión de Constitución del Senado.
Otras iniciativas
Una iniciativa política más transversal fue ingresada el 2 de septiembre de 2015. Fuad Chahín (DC), René Manuel García (RN), Fernando Meza (PC), Sergio Ojeda (PPD), Diego Paulsen (RN), Yasna Provoste (DC), René Saffirio (PPD), Joaquín Tuma (PPD) y Mario Venegas (DC) propusieron reconocer a los pueblos originarios y el carácter multicultural de la Nación chilena. Allí insisten en que “en las últimas décadas ha existido un amplio consenso político y social, tanto de actores indígenas, como no indígenas, en la necesidad de avanzar hacia el reconocimiento constitucional. Este ha sido un compromiso de los diversos gobiernos desde el inicio de la transición democrática, que en definitiva se ha transformado en una deuda pendiente del Estado de Chile con sus comunidades originarias”.
El proyecto dio algunos pasos muy espaciados. Comenzó su primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, pasando inicialmente a la Comisión de Constitución. En diciembre de 2016, la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios solicitó que el proyecto, una vez informado por la Comisión de Constitución, fuera remitido a ella, lo cual fue aprobado. En mayo de 2018, la Comisión de Cultura pidió recibir el proyecto, pero esta solicitud fue rechazada; sin embargo, en junio de ese mismo año, la Comisión de Constitución acordó remitirlo a la Comisión de Cultura con la condición de que luego retornara para su análisis final. Finalmente, la Comisión de Cultura emitió su primer informe el 29 de noviembre de 2018, y hará allí llegó la tramitación.
Y así la cuenta sigue, hay un proyecto de 2017 para reconocer a los pueblos originarios y garantizarles cargos de diputados y senadores. Otro de 2019, en 2020 nuevamente se buscó modificar la constitución “en materia de bases de la institucionalidad, reconocimiento de los pueblos originarios, derechos fundamentales, conformación y atribuciones del Tribunal Constitucional y libre competencia”; y en 2022 hubo dos nuevos intentos con dos proyectos que fueron refundidos.
“Si al Presidente realmente le hubiera importado la reforma constitucional o la reparación, le habría puesto urgencia en su primer año. Lo único que ha hecho es bypassar a La Araucanía con mesas sin resultados, mientras la CAM, la WAM y la RMM siguen actuando con total impunidad”, concluyó el diputado Mellado.