La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) compró tierras a dos comunidades que protagonizaron “usurpaciones” de predios en años pasados. El 17 de agosto de 2020 la comunidad Amuley Lof Pichi Pantano 1 “embanderó” un campo particular en Traiguén. Mientras que en febrero de 2021 la comunidad José Huenchual 2 anunció que daban inicio “al proceso de recuperación territorial” del Fundo El Vergel, ubicado en Lautaro.
A la comunidad Amuley Lof Pichi Pantano 1 les hicieron entrega de 660 hectáreas, y a la comunidad José Huenchual 2 se le restituyeron 347,83 hectáreas; ambos procesos amparados en el artículo 20, letra b, de la Ley Indígena. Sin embargo, desde la Conadi omitieron que desde hace varios años existe una glosa en la Ley de Presupuesto según la cual la instancia no puede comprar terrenos que hayan sido “perturbados”, es decir, marcados o tomados.
La glosa 16 de la partida 21, capítulo 6 de la Ley de Presupuesto del año 2022, correspondiente a la Conadi señala que respecto de la lista de espera de las comunidades que tengan aplicabilidad para la compra, deberá priorizarse aquellas referidas a inmuebles cuya posesión o mera tenencia no se encuentre de ninguna forma perturbada. El objetivo de esta disposición, según el informe sobre “Usurpaciones” elaborado por el Observatorio Judicial, es “desincentivar la usurpación como medio de presión para la entrega de tierras por parte del Estado”.
El balance de Conadi en 2022
De acuerdo con información obtenida por Ley de Transparencia, en la que se solicitó el detalle de todas las compras de tierras hechas en 2022, hasta el 12 de diciembre la Conadi había concretado la compra de predios para ocho comunidades indígenas, a través del artículo 20, letra b, de la Ley 19.253. Las comunidades beneficiadas son:
-Andres Calbuñir Epu Dos
-José Antonio Huaiquian Dos
-Amuley Lof Pichi Pantano 1
-José Huenchual 2
-Juante Nahuelpan
-Victorina Millablanca Mariano
-Juan Calfuman
-Punoñanco Llancapi
El monto total invertido hasta el 12 de diciembre fue de $17.740.265.781; que permitió la compra de 3.005,44 hectáreas. Y según pudo conocer El Líbero se trató de procesos de compra que se venían avanzando desde el gobierno anterior.
“Es una irregularidad comprar tierras a comunidades que ocasionan o realizan acciones violentas. Va en contra del espíritu de la ley y el estado de derecho”, afirma Richard Caifal, abogado y director ejecutivo de la Fundación Rakizuam.
José Huenchual 2 y la “reivindicación” de todo Lautaro
En el caso de la comunidad José Huenchual 2 la compra de Conadi tiene su origen en un título de merced del año 1916, concedido al lonko José Huenchual y 30 familias de la época, detalla en una nota informativa la propia Conadi.
Agregan que en 2016 la comunidad José Huenchual 2 inició ante la corporación la tramitación de su restitución territorial. El proceso incluyó también el derecho de aprovechamiento de aguas por doscientos litros por segundo desde el Río Muco, y con esto “cierran completamente su demanda territorial”.
Sin embargo, esta comunidad se encuentra entre las firmantes de un comunicado publicado en marzo de 2021, emitido por la Alianza de Comunidades Wenteche de Lautaro, que dice: “Hacemos saber que reivindicamos todo el territorio que comprende a la actual comuna de Lautaro y sus alrededores”.
El texto comienza “saludando” a todas las comunidades que en ese momento se encontraban “en proceso de recuperación territorial en nuestro Wallmapu” y luego escriben: “Hacemos un llamado a las comunidades que aún no inician su proceso a ocupar aquellos espacios que están disponibles, entendiendo que el territorio mapuche que alguna vez nos quitaron comprende todo el territorio que actualmente reclamamos y que reivindicamos”.
Este mismo comunicado lo firma la Comunidad Mateo Ñirripil (tradicional y autónoma), a la que pertenece el actual director nacional de Conadi Luis Penchuleo Morales, cuya comunidad también tiene un historial de usurpaciones.
José Huenchual 2 y el Fundo El Vergel
Cuando se publicó el comunicado, la comunidad José Huenchual 2 ya se encontraba llevando a cabo uno de estos procesos de “recuperación”.
El 16 de febrero de 2021 informaron en la cuenta de Facebook de Radio Kvrruf que habían entrado al Fundo El Vergel antes del amanecer.
En otra publicación hecha el mismo día escriben: “Ponemos en conocimiento que nuestra comunidad hace ocupación de manera pacífica, indefinida y permanente, negándonos a renunciar a nuestros derechos. De igual manera, manifestamos nuestro apoyo a las comunidades que han dado inicio a procesos de recuperación de territorios ancestrales en las diferentes entidades territoriales”. Y el mensaje cierra exigiendo la “libertad a los presos políticos mapuche”.
Hay un tercer comunicado en el que hablan del Fundo El Vergel, donde cuentan que hicieron ingreso el 17 de abril de 2021 con el apoyo de comunidades que integran la Alianza Territorial Wenteche.
En esa ocasión fueron desalojados del predio por Carabineros. Esto ocurrió el 20 de abril de 2021. De acuerdo con los reportes de entonces, cuando las comunidades entraron el dueño del campo resultó con lesiones leves ya que fue golpeado y expulsado de su terreno. También hay antecedentes de que ese día fueron sustraídas distintas maquinarias agrícolas. Durante el desalojo no hubo desórdenes, ni detenidos; ya que no había nadie en el lugar cuando concurrieron a desalojar.
El campo ya contaba con medidas de protección, que consistían en rondas periódicas diurnas y nocturnas. Esto porque el primer ingreso al predio ocurrió en marzo de 2017; entonces desconocidos quemaron la casa patronal del fundo. En abril de 2018 desconocidos incendiaron un galpón y una camioneta –dejaron un panfleto en el que pedían la libertad de Celestino Córdova–; y en enero de 2021 desconocidos quemaron nuevamente la casa patronal, que se encontraba deshabitada.
Naveillán: “Él vendió ese predio a Conadi porque no tenía ninguna alternativa”
Con tales antecedentes a la vista, el diputado por la Araucanía, Miguel Mellado, señala que “no debiera haberse comprado ese predio”.
La también diputada por la IX Región, Gloria Naveillán, relata además que estuvo en contacto con el que era dueño del fundo. “Él vendió ese predio a Conadi porque no tenía ninguna alternativa. Él sufrió al menos dos atentados en ese campo, donde le quemaron todo lo que tenía. Estaba rodeado por esta comunidad violenta y esta comunidad no le permitía ni siquiera trabajar porque amenazaba tanto a sus trabajadores, como a los que le prestaban servicio”.
Y subraya que las amenazas no cesaron después de concretarse la compra-venta: “Para peor cuando él firmó la escritura, la escritura establecía claramente que él tenía entre 30 y 45 días para retirar todas sus cosas del predio antes de que la comunidad se hiciera cargo; pero la comunidad entró al predio dos días después. O sea, no se cumplió nunca el plazo. Es más, él tenía pasto para hacer bolos y no alcanzó a hacerlos porque la comunidad se le metió adentro y la comunidad hizo los bolos y se quedó con los bolos”.
Mellado, por su lado, señala que oficiará a la Contraloría: “Vamos a oficiar para que revise si efectivamente estos predios fueron usurpados o fueron perturbados, cosa que de acuerdo con la Ley de Presupuesto no pueden ser comprados. Entonces, vamos a pedir a la Contraloría que revise cómo se hizo el proceso para la compra de tierras de estas comunidades”.
El diputado de RN hizo la presentación en la Contraloría este lunes 19 de diciembre. En el oficio les solicita que se pronuncien respecto de las compras de tierras efectuadas por Conadi durante el presente año, «con el fin de investigar si dichas adquisiciones se ajustan a las glosas del presupuesto y leyes de la nación, esto último con el fin de verificar que el proceso se haya realizado de forma correcta, sin beneficiar terrenos que hayan sido perturbados».
El caso de “usurpación” de Amuley Lof Pichi Pantano 1
En 2020, Naveillán era vocera del Gremio Agricultores Victoria-Malleco. El 17 de agosto de ese año publicó un tuit en el que denunciaba la “usurpación de un predio particular en Traiguén”. En las imágenes se observa a la comunidad Amuley Lof Pichi Pantano 1 poniendo letreros en el lugar.
A la comunidad se le hizo la compra teniendo en cuenta un título de merced de 1885, otorgado al lonko Juan Marín.
Relata la legisladora que el predio era arrendado a un integrante del lof, pero éste “dejó de pagar y de la noche a la mañana perturbó el predio con estos letreros, esta ceremonia y todo lo demás y desde ese minuto en adelante, el dueño del predio nunca más pudo entrar”.
Señala que en este caso, “él prefirió empezar a negociar con Conadi para vender y olvidarse del problema; pero no significa que Conadi no haya sabido porque yo lo denuncié públicamente. Si ellos hacen un proceso de investigación, lo mínimo es buscar en internet qué pasa en ese predio. ¿Qué investigación hace Conadi? Ninguna”.
Naveillán opina que Conadi no se debe basar para saber si un predio está “perturbado” solo en las denuncias a Fiscalía o a Carabineros, “porque hay muchos dueños de predios que por temor a lo que les pueda pasar prefieren no denunciar. ¿Los que han denunciado qué resultados han tenido? ¿Cuántos detenidos hay? ¿Quién les ha resarcido el daño producido?”.
Solo una condena por usurpación desde 2018
En agosto de este año el Observatorio Judicial, con la colaboración de la Multigremial de La Araucanía, presentó un informe sobre usurpaciones. Consideraron 162 causas por el delito de usurpación en las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, ingresadas entre 2018 y 2021; y hallaron que solo un 13% de las causas se encuentran formalizadas y que se dictó apenas una sentencia condenatoria.
La mayoría de las causas terminan por decisión de no perseverar (25%), ejercicio de la facultad de no iniciar la investigación (13%) o sobreseimiento definitivo (27%). Las penas asignadas al delito de usurpación corresponden solamente a multas.
Desde distintos sectores, incluyendo la Sociedad de Fomento Agrícola (SOFO) de La Araucanía, han llamado a que se agilice la nueva ley de usurpaciones, que aumenta las penas y que lleva casi tres años en trámite parlamentario. Además, el Presidente Boric anunció que aceleraría este proceso en su visita a La Araucanía.
Los delitos que acompañan las usurpaciones
El informe del Observatorio Judicial además detalla que “por regla general, las usurpaciones van acompañadas de otros delitos, como amenazas e incendios y suelen marcar el inicio de una serie de actos de amedrentamiento contra los propietarios”.
Agregan que “la disposición del Estado a comprar tierras, sumado a la falta de acceso a la justicia de las víctimas de la zona, configuran un escenario propicio para presionar a los propietarios a vender sus terrenos, viéndose conminados a abandonarlos. En este contexto, la referida glosa presupuestaria no neutraliza esta presión, produciendo el único efecto de desincentivar la denuncia del delito de usurpación para evitar la prohibición estatal de comprar el terreno usurpado. De este modo, el propietario se ve forzado tanto a vender su terreno como a no denunciar a la justicia”.
Naveillán explica que las usurpaciones en la Macrozona Sur funcionan distinto a cómo operan en el resto del país; donde se hace la toma de un terreno y luego se levanta algún tipo de infraestructura. “Esta gente entra a los predios, pone sus banderas, hace sus amenazas y después se van; pero ese predio queda sujeto a que ellos entren y salgan cuando se les ocurra, a que ejerzan una amenaza con estos letreros a los dueños de los predios y a que presionen a los dueños para que vendan sus predios a través de la Conadi”, dice.
La legisladora afirma que esta presión se ejerce “poniendo problemas para que cosechen, cobrando peaje cuando el agricultor cosecha. También se ejerce amenazándolos con quemarles su siembra, o a través de daños ocasionados en los predios que están con esos letreros, ya sea que les quemen bodegas, casas, que les amenacen a los trabajadores, en fin”.
Las glosas en el presupuesto
Sobre la glosa, la diputada señala que opera en dos sentidos: “En la vía del terreno usurpado o perturbado, en el momento de la historia que sea; y en términos de la comunidad que ejerció esta perturbación en el momento de la historia que sea”.
“Los predios que Conadi compró fueron los predios perturbados, por lo tanto Conadi de acuerdo con la ley no podía comprar esos predios y cometió una ilegalidad al comprarlos. Ilegalidad irreversible, porque ya fueron comprados, ya se le pagó a los expropietarios y no solamente eso, sino que además a esas comunidades no las vas a lograr sacar de ahí bajo ningún punto de vista. La Conadi pasó a llevar esta glosa de la ley y eso es gravísimo”, señala.
Fuentes que conocen el funcionamiento interno de la Conadi dicen a El Líbero que “la perturbación debe ser jurídica. Usurpaciones, tomas u otros similares. Con denuncias en Fiscalía o algo acreditable. Si hicieron un guillatún y los dueños no hicieron nada, difícilmente Conadi va a saber que hay algo. Además los propietarios luego declaran que no hay perturbación al momento de la compra”.
Mientras que otros consultados aseguran que basta la denuncia pública de los hechos, para que Conadi haga cumplir la glosa.
Para el presupuesto de 2023 se agregó además otra limitación: si Conadi entregó ya el desmedro de un título de merced, éste no se podrá volver a utilizar.
Mellado, quien integra la Comisión de Hacienda y participó de la incorporación de esta nueva glosa, explica que “si una comunidad tenía 250 hectáreas y de esas tenía 100 hectáreas en desmedro, se ocupa el título de merced y cuando se terminen de entregar las 100 hectáreas ese título de merced no se puede usar nunca más. Eso está aprobado en el presupuesto de 2023. Por lo tanto en 2023 no se puede ocupar algún título donde ya las hectáreas de desmedro están finiquitadas”.
Para Richard Caifal, de la Fundación Rakizuam, “respecto de las subdivisiones de comunidades que resultan beneficiadas con compras de tierras es responsabilidad del director nacional (de Conadi) entregar una respuesta concreta y entregar certeza al resto de comunidades que igualmente postulan al fondo de tierras”.
La misma glosa que aparece en la Ley de Presupuesto del año 2022 indica que se deberá privilegiar a aquellas comunidades que no hayan sido beneficiadas con anterioridad en virtud del artículo 20 letra b) de la Ley N° 19.253.
Entre las ocho comunidades beneficiadas en 2022 hay dos que comparten nombre con otras a las que Conadi ya les había hecho restitución. Se trata de la José Antonio Huaiquian Dos y la Juan Calfuman.
¿Cumplió su meta Conadi?
En mayo la entonces ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, anunció que duplicarían el presupuesto de la Conadi para adquirir tierras este año. Detalló que destinarían $35 mil millones –frente a los 15 mil millones asignados previamente– para la compra de 39 predios durante este 2022, los que beneficiarían a 19 comunidades.
Específicamente, Conadi había comprometido para este fin $32.053.010.000, de acuerdo con una solicitud vía Ley de Transparencia hecha por El Líbero y respondida el 2 de noviembre de 2022.
En septiembre, los medios daban cuenta de las declaraciones del director nacional de Conadi, Luis Penchuleo, en las que aseguró que “nosotros tenemos en cuatro meses de gestión un 150% más de ejecución presupuestaria que todo el 2021 en el artículo 20 letra b, entonces con el presupuesto en un inicio estimado en 15.000 millones de pesos, hoy día ya incluso podemos acercarnos a los 40.000 millones de pesos comprometidos para fin de año y que se van a ejecutar prontamente.
Sin embargo, al 12 de diciembre la ejecución presupuestaria es de 17 mil millones de pesos, son ocho las comunidades beneficiadas a las que podrían sumarse otras cinco, que desde el mismo septiembre Conadi informó que estaban “en proceso de toma de razón ante Contraloría”.
Mellado considera que lo hecho “es un gran fracaso, porque ellos pensaban ejecutar los 35 mil millones que con bombos y platillos anunciaron a principios de año. Ese iba a ser su éxito, pero fue un fracaso si solo lograron ejecutar 17 mil millones de los 35 mil millones; y para ocho comunidades de las más de 700 que están en lista de espera”.
*Esta nota fue actualizada el lunes 19 de diciembre a las 14:55 horas.