La fecha límite la fijó el Presidente Gabriel Boric durante su última cuenta pública. “En noviembre de este año la Comisión entregará un informe final de propuestas en materia de tierras, reparación, diálogo y reconocimiento”, dijo el Jefe de Estado en su alocución del 1 de junio. Boric se refería a la propuesta que debe presentar la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, instancia que busca una solución de largo plazo para el conflicto en la Macrozona Sur.
Pero noviembre llegó y pasó y los ocho comisionados aún trabajan en redactar y ponerse de acuerdo en cada uno de los detalles de una propuesta. “La parte más difícil”, dicen conocedores del trabajo de la entidad.
Los mismos desdramatizan el deadline presidencial, ya que se sabía que difícilmente habría una propuesta antes de la segunda vuelta de la elección de gobernadores y, además, porque el mandato de la comisión es hasta el 12 de enero.
De acuerdo con lo que El Líbero pudo investigar, los integrantes de la comisión “tienen los titulares, pero todavía falta afinar las bajadas de cada uno de ellos”; es decir: las cifras respecto a las tierras, la solución para el tema tierras, medidas de reconocimiento y reparación para el pueblo mapuche, medidas de reparación para las víctimas, medidas de desarrollo para la Región de La Araucanía y para el pueblo mapuche. En todos esos ítems aún se están acordando medidas, por lo que todavía “queda un buen trecho” para continuar trabajando, señalan quienes conocen el trabajo interno. Además, la comisión llegó a la determinación de que todas las decisiones deben ser tomadas con unanimidad.
Y si bien los comisionados han tratado de desarrollar la tarea encomendada con discreción, la última semana se prendieron las alarmas con las declaraciones del senador DC y copresidente de la Comisión, Francisco Huenchumilla, quien el pasado domingo afirmó que “existe la posibilidad de que no se logre un acuerdo”.
“Las trabas están fundamentalmente en las tierras, porque el mundo de las comunidades dice ‘bueno, quiero que me restituyan las tierras, porque esa es la deuda histórica’, y el mundo de los agricultores y de las forestales dice ‘bueno, esto le corresponde al Estado resolverlo’”, planteó el senador. Agregó que está poco optimista y reiteró que “es una posibilidad que no se logre el acuerdo, porque nadie quiere firmar un acuerdo que no le satisfaga y yo, al menos, no estoy disponible si no se resuelve el problema”.
Hectáreas más, hectáreas menos
El problema es que la tierra es un recurso limitado. El exministro y copresidente de la Comisión, Alfredo Moreno, explicó en el programa Tolerancia Cero del 14 de octubre que ya se han entregado alrededor de 300.000 hectáreas a partir de 1993, cuando entró en vigencia la Ley Indígena. A esto se suma que hay 320 comunidades que ya cuentan con aplicabilidad, es decir un documento que entrega el Estado y dice que tienen derecho a recibir tierras “y por lo tanto hay que entregárselo”; y hay otras 400 comunidades a quienes se le entregó tierra parcialmente “por lo tanto también tienen un derecho ya concedido por el Estado”, que hace un total de 720.
Por otro lado, hay casi 1.200 comunidades que están haciendo el proceso para obtener esta aplicabilidad. “Aproximadamente un 80 o 90% de las que entran al proceso terminan teniendo esa aprobación. Por lo tanto, tenemos del orden de 2.000 comunidades que en el proceso actual, si no entrara nadie más, habría que entregarles tierras. Hoy día más o menos se entregan 12, 15 campos al año. Eso significa que los papeles que estamos entregando no se van a poder cumplir hasta más allá probablemente de 70, 80, 100 o más años. Por lo tanto, tenemos enfrente un sistema que no puede continuar tal como está, tenemos que mirarlo de frente y buscar una solución”.
No obstante, uno de los asuntos que genera debate al interior de la comisión es por qué habría que reconocer aplicabilidades que recién están en trámite; en especial “si tierra no hay, y no va a haber”. Quienes han conocido estos diálogos indican que las hectáreas disponibles en Conadi son muy pocas y que el Estado tiene que comprar solo aquello a lo que se pueda llegar a un acuerdo con el propietario, “porque el respeto a la propiedad es fundamental”.
Es por ello que uno de los objetivos de los comisionados es proponer medidas que tomen en consideración los intereses y la situación de todos los grupos involucrados, que incluyen no solo a comunidades mapuche, sino también a agricultores, forestales y víctimas, ya que de lo que se trata es intentar resolver el conflicto de la mejor forma posible.
Mientras este diálogo ocurre, las cifras definitivas –el número de hectáreas entregadas, por entregar y a quiénes– están siendo precisadas todas las semanas. Y los conocedores de la instancia prefieren no hablar de números hasta que se conozca su informe final.
La Comisión para la Paz tendrá recursos para continuar
El asunto de la tierra se anticipaba complicado desde el inicio, es por ello que desde el origen de la Comisión para la Paz se ha propuesto que existan otros métodos de reparación que permitan que, a decisión de las comunidades, puedan optar a otros beneficios si es que no hay disponibilidad de tierra en los lugares donde ellos están. No obstante, esta será una decisión a tomar por los beneficiarios. “La Comisión va a promover soluciones, pero la decisión definitiva la toma el titular del derecho”, dicen a El Líbero.
En la Comisión están al tanto de que sus propuestas van a requerir cambios, algunos impulsados desde el Ejecutivo y otros desde el Congreso. Incluso, habrá algunas medidas que requieran de consulta indígena. No obstante, confían en la disposición de los partidos para que todo esto se lleve a cabo, considerando que todo el espectro político participó en el origen de la comisión, determinando a sus miembros y objetivos.
Desde el 23 de junio de 2023 –fecha en la que se lanzó la instancia– los comisionados han mantenido diversas reuniones con los representantes de los partidos. Esa buena disposición, además, se ha notado durante la discusión del presupuesto para el año 2025. Explican que se pidió agregar al presupuesto de la Nación una glosa que establece que si las propuestas de la Comisión son exitosas y bien recibidas, se pueda tener los recursos para continuar inmediatamente trabajando con recursos de la Secretaría General de la Presidencia para avanzar de inmediato y que el acuerdo no quede detenido por falta de recursos. Esto fue aprobado por unanimidad en la Cámara y el Senado.
Consideran, como señaló el papa Francisco sobre La Araucanía, que las promesas incumplidas son también una forma de violencia.
¿Éxito o fracaso?
La Comisión para la Paz promovió la realización de Diálogos Interculturales en Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos; así como Encuentros Territoriales Autoconvocados.
Claudia Unicahuin, que hasta julio de 2022 trabajó en la oficina de Conadi en Castro y es exvicepresidenta de Pueblos Originarios de Renovación Nacional asistió a uno de esos diálogos y no quedó satisfecha. Opina que había “poca pertinencia cultural de la zona” ya que en Chiloé, más que preocupación por la Ley Indígena y las tierras, hay preocupación por la Ley Lafkenche y el borde costero, sumado a lo que acusa como desconocimiento de los facilitadores gubernamentales sobre la realidad indígena en esa región (ejemplifica con que se referían a los dirigentes de las comunidades como lonkos, siendo que allí son caciques).
Cuestiona que para empezar a discutir se haya partido de foja cero, con preguntas del tipo: “a qué nos referimos cuando hablamos de conflicto” o “qué podemos hacer para reconocer nuestra espiritualidad”.
“Es una lástima que se pierda la instancia. Se autoimpusieron un tiempo muy corto para abordar temas que son profundos y para entregar soluciones (…). Yo esperaba más de la comisión por como se planteó, pero creo que va a ser un rotundo fracaso”, declara Unicahuin.
Por su parte, Hugo Alcamán, presidente de la corporación de profesionales mapuche Enama, señala que el ánimo general de la dirigencia mapuche es de mucho “pesimismo y desconfianza, pues no hay convicción de que la comisión vaya a resolver el problema”. No obstante, ve el vaso medio lleno y agrega que “pese a que no tengamos el resultado esperado, la Comisión es positiva porque mueve la aguja a favor de los pueblos originarios y es una Comisión más que va a contribuir en nuestro reconocimiento. En ese sentido, la Comisión ha sido valiosa y lo será para el futuro”.
Para Alcamán, “el gran aporte de la Comisión es visibilizar las ‘líneas rojas’ de los actores en pugna: los agricultores, los forestales y el pueblo mapuche. Para estos últimos son los derechos ya conquistados por ley. Visibilizar esas ‘líneas rojas’ y a sus defensores no lo ha hecho ninguna Comisión anterior”.
En tanto, Francisco Muñoz, gerente de la ONG Campo Seguro, cuenta que ellos también hicieron sus descargos frente a los comisionados. Relevaron el derecho a propiedad y que se excluya la violencia de cualquier proceso de reivindicación de comunidades indígenas. “Tenemos más de 1.400 hechos de violencia en la zona sur, con muy pocas condenas. Eso ha permitido una violación sistemática a los derechos humanos de los productores agropecuarios”, dice.
“Lo que importa es que se logre un buen acuerdo”
Cercanos a la Comisión subrayan que no ven pesimismo, más bien definen que lo que hay es expectación y nerviosismo respecto de cuál será la propuesta. Apuntan que lo que escuchan tiene que ver más bien con intentar posicionarse para decir, “oiga, no me cargue el peso a mí de la solución, cárgueselo al del frente”. No obstante, consideran que la ciudadanía ha visto un trabajo serio con el objetivo de que de allí salga una propuesta que sea aceptable para la inmensa mayoría.
En cuanto al plazo, no dudan que habrá acuerdos y que será “muy pronto”, es decir, antes del plazo de enero. Llaman a no ser tan literales con la fecha, pues lo que se va a entregar “no es la declaración de impuesto que se debe presentar antes del 31 del mes, porque si no le cobran una multa. Aquí no hay multa. Lo importante aquí es el buen acuerdo, más que si se entrega el viernes 29 de noviembre. Lo que importa es que se logre un buen acuerdo y el plazo es hasta el 12 de enero”.
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