El domingo el lector Rodrigo Zuleta envió una Carta al Director de El Mercurio que tituló «Santos en la corte». Allí, en referencia al indulto del exfrentista Jorge Mateluna se preguntó: “¿Es puramente fortuito que esta persona se haya beneficiado, hasta ahora, de tres indultos (uno tentativo de Bachelet), o es que el señor tiene ‘santos en la corte’?”. 

La expresión se utiliza para decir que cierta persona tiene protectores o mentores en los centros de poder. Y en el caso de Mateluna se alzó en su defensa el propio Presidente Gabriel Boric al asegurar desde Brasil: “Tengo la plena convicción de la inocencia de Jorge” y “yo tengo la más profunda convicción de que en el juicio a Jorge Mateluna hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia”.

A eso se suma que Mateluna contó entre sus defensores con el exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Davor Harasic. El jurista es un viejo conocido del Mandatario pues ambos coincidieron en la U. de Chile en los tiempos en que Boric era dirigente estudiantil y empujaba por el cambio del decano de la época Roberto Nahum, a través de la toma de la Escuela en 2009. 

Mateluna no es el único que ha tenido «santos» en los centros de poder que hayan salido en su defensa. Incluyéndolo, diez de los trece indultados han estado vinculados con legisladores, exconvencionales y con abogados que han participado en la defensa de casos de alta connotación por hechos terroristas. 

Estos son, además de Mateluna: Bastián Ignacio Campos Gaete, Jordano Jesús Santander Riquelme, Luis Arturo Castillo Opazo, Felipe Eduardo Santana Torres, Cristián Marcelo Cayupan Queupil, Francisco Andrés Hernández Riquelme, Sebastián Emmanuel Montenegro Coo, Alejandro Samuel Carvajal Gutiérrez y Matías Elías Rojas Marambio.

Entre quienes hoy están en el Ejecutivo, la actual ministra de la Mujer Antonia Orellana, publicó un tuit en enero de 2021 a propósito de la ley de indulto general que se debatía en el Congreso. «El sistema judicial no puede prestarse como herramienta para la prisión política», escribió y adjuntó tres fotografías. Una de ellas correspondía a Francisco Hernández Riquelme, condenado a cinco años y un día de presidio en calidad de autor de cinco ilícitos de arrojar artefacto incendiario (cocktail molotov) en la vía pública hacia Carabineros.

El Líbero presentó el caso de Luis Castillo Opazo, el indultado que tenía 26 causas judiciales y cinco condenas, quien contaba con el respaldo de Wilson Chinga, concejal comunista de la comuna de Copiapó. Además, Castillo entre noviembre de 2020 y junio de 2021 tuvo como abogado defensor a Inti Salamanca, militante de Comunes hasta octubre de 2022; y quien es descrito en los medios regionales de Atacama como “fundador del Frente Amplio”. 

Y también el de Jordano Santander, indultado que intentó atropellar a un PDI, y por quien intercedieron la diputada Camila Rojas (Comunes) y los senadores Juan Ignacio Latorre (Revolución Democrática) y Fabiola Campillai (independiente), quienes lo visitaron en más de una ocasión en la cárcel. Por Santander, también abogaron, entre otros, los diputados Boris Barrera (PC) y Maite Orsini (RD).

Uno de los indultados tenía una condena por vender droga a un adolescente

La madre de Bastián Campos Gaete, Maribel Gaete Cortés, es la presidenta de la organización Madres de la Plaza Colón (de Antofagasta), nombre que hace alusión a las Madres de la Plaza de Mayo, en Argentina, mujeres cuyos hijos, en caso distinto a lo ocurrido en Chile en octubre de 2019, fueron desaparecidos.

A Campos Gaete lo detuvieron en medio de un saqueo en un supermercado en Antofagasta. Según el expediente, en la mochila que llevaba en la espalda al momento de la detención tenía tres botellas de pisco, que habían sido sustraídas de ese establecimiento, así como una botella de vidrio con combustible y un paño.

Al hombre de 22 años lo juzgaron, lo hallaron culpable y lo condenaron a 3 años y 61 días de cárcel. No era la primera vez que se enfrentaba a la justicia. Ya en su contra pesaban dos condenas por hechos que nada tenían que ver con el estallido.

Tiene dos condenas previas. Una a 61 días de presidio menor en su grado mínimo más la multa de cinco UTM por el delito de hurto simple con la medida sustitutiva de remisión condicional de la pena; y otra a 541 días de presidio menor en su grado medio, más la multa de cinco UTM por el delito de tráfico en pequeñas cantidades con pena sustitutiva de libertad vigilada que se encontraba cumpliendo, hasta que fue detenido en el contexto del estallido social. 

Según su expediente judicial, en el primer caso, ocurrido en abril de 2018, no pagó la multa, ni se presentó a iniciar el período de observación en el Centro de Reinserción Social de Antofagasta por lo que se le revocó la pena sustitutiva de remisión condicional y se ordenó su ingresó a prisión. En el segundo, ocurrido en julio de 2018 fue condenado por vender droga a un adolescente. 

De acuerdo con un informe emitido en el C.R.S. de Antofagasta tanto un tío como su padre presentarían antecedentes penales. “En relación al componente criminógeno, el penado presentaría una tendencia a favor del delito, minimizando y normalizando el consumo y venta de marihuana. En relación a la condena, el penado aceptaría parcialmente la responsabilidad de los hechos, señalando que la droga incautada era para su propio consumo. El penado presentaría una actitud parcialmente favorable a la supervisión siendo capaz de evaluar que podría cumplir mejor su condena en el medio libre que privado de libertad. No se observarían indicadores de trastorno antisocial, no obstante se observa un estilo de vida parcialmente disfuncional”, concluye el documento.

El lobby de las Madres de la Plaza Colón

Las Madres de la Plaza Colón fueron recibidas por convencionales, senadores y otros políticos, tuvieron reuniones con el INDH y con Gendarmería.

Mediante esta agrupación, Maribel Gaete Cortés logró acercamientos políticos. La entonces convencional Carolina Vilches, que ganó como candidata independiente en la lista del Partido Comunes y de Apruebo Dignidad, estuvo entre quienes se reunieron con esa organización.

Constanza San Juan, convencional que fue apoyada por la Lista del Pueblo y quien además es dirigente de Modatima; Cristóbal Andrade, que asistía asiduamente a las manifestaciones del estallido disfrazado de dinosaurio azul y que más tarde fue elegido convencional en calidad de independiente por la Lista del Pueblo, así como Cristina Dorador, también figuran entre los miembros de la Convención que recibieron a Madres de la Plaza Colón, en mayo de 2022.

En su cuenta en Facebook la agrupación dejó registro del encuentro. «Exponer las historias de detención y de prisión de nuestros hijos», indican en la publicación en cuanto a los fines de la reunión.

Ya en junio de 2021 Madres de la Plaza Colón habían sido recibidas en el Senado, por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, cuando se discutía el proyecto de Ley de Indulto que finalmente no fue aprobado.

En octubre de ese mismo año, cuando se cumplieron 2 años del estallido, la agrupación realizó un acto en el frontis de la Catedral de Antofagasta, precisamente en la Plaza Colón, al que asistieron el gobernador Ricardo Díaz (Patria Progresista), la concejala Natalia Sánchez (Partido de los Trabajadores Revolucionarios, PTR) y el exalcalde Tocopilla, Fernando San Román (Ind. de la Federación Regionalista Verde Social, FRVS), entre otros.

La campaña en redes por Bastián Campos

Por Bastián Campos incluso se hizo una campaña en redes sociales con personalidades conocidas exigiendo su libertad. Entre quienes solidarizaron con Campos están la exconvencional Malucha Pinto; el presidentes de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) José Pérez, militante socialista; el sacerdote Felipe Berríos; Roberto Márquez de Illapu; y Patricio López, director de la Radio Universidad de Chile.

“Bastián ha sido acusado injustamente de portar una bomba molotov, no hay ninguna prueba concluyente. Sin embargo, Bastián sigue detenido; es una acusación completamente injusta”, dijo en el video la exconvencional Malucha Pinto. Y agregó: “Yo exijo la libertad inmediata de Bastián”.

Por su parte, José Pérez de la ANEF apuntó que hubo un montaje y que “el caso particular de Bastián y mucha juventud, que hoy en día está todavía presa sin el debido  proceso, rápido y oportuno”.  

Las Madres de la Plaza Colón aprovecharon su cuenta en Facebook para hacer campaña por el Apruebo. Difundieron el texto con las etiquetas #AprueboSinMiedo y #MeGustaLaNuevaConstitución. 

El segundo indultado con más detenciones policiales

Las Madres de La Plaza Colón también intercedieron por Sebastián Montenegro condenado por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta a tres años y un día de presidio, por delitos de tenencia, posesión o porte ilegal de partes o piezas de armas de fuego y cartuchos, estos perpetrados en marzo de 2020.

Fue incluido en la lista al final, junto a Luis Castillo, y es el segundo del listado en tener más detenciones policiales, con 12 por delitos como desórdenes, robo de vehículo, robo con violencia, robo frustrado y consumo de alcohol en la vía pública. Tiene una condena en 2018 por receptación.

Por su caso, las Madres de La Plaza Colón alegaban que había existido un “montaje” de Carabineros. 

El acusado de incendiar una catedral, visitado por una convencional y respaldado por exconvencionales 

Felipe Santana, entre otros delitos, fue condenado a siete años por la quema de la catedral de Puerto Montt. Mientras estaba recluido en la cárcel de Alto Bonito en Puerto Montt, lo visitó la diputada socialista Emilia Nuyado, cuando ejercía como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados en junio de 2021. “Felipe se encuentra en la Cárcel Alto Bonito cumpliendo una injusta condena por la que se le culpó y de la que con firmeza indica no fue responsable”,  declaró entonces Nuyado. 

Desde la Convención Constitucional también defendieron a Santana. Ignacio Achurra, afiliado a la bancada de Convergencia Social, participó en un video en el que subrayó que la condena fue “absolutamente desproporcionada”, siendo que se trataba de “una persona con intachable conducta anterior; un joven con una vida difícil y que en una circunstancia de protesta, de manifestación social se ven envuelto en una circunstancia que hoy en día lo tiene con un delito por una condena de siete años y cuatro meses que da cuenta de la injusticia del sistema chileno que sobrevalora los atentados a la propiedad privada, equiparándolos, incluso, muchas veces a los daños a personas”. Y concluyó que el caso era un “abuso por parte del sistema y el Estado”.

El exconvencional Manuel Woldarsky también exigió en Twitter: “Libertad para Felipe Santana”.

El proyecto de los constituyentes que incluía a los indultados Santana, Cayupán y Santander

A finales de enero de 2022 un grupo de constituyentes inició el trámite de un proyecto que buscaba liberar a quienes hubiesen cometido delitos de «intencionalidad política» desde 1990 a esa fecha.

El documento presentado menciona los casos de Felipe Santana, Cristian Cayupán y Jordano Santander y pedían una amnistía para “todas las personas que, en calidad de autores, cómplices o encubridores, en cualquiera de los grados de desarrollo del delito, hayan cometido hechos delictivos de intencionalidad política, entre el once de marzo de mil novecientos noventa y hasta el día de ratificada la presente constitución en plebiscito de salida”.

Por tanto, además incluía a integrantes del Movimiento Juvenil Lautaro, Movimiento de Izquierda Revolucionario o del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Mencionaron a Mauricio Hernández Norambuena, Ricardo Palma Salamanca, Galvarino Apablaza, Raúl Escobar, Patricio Ortiz y Pablo Muñoz Hoffmann; y a «presos políticos subversivos» como Joaquín García Chanks, Juan Flores Riquelme, Pablo Bahamondes Ortiz, Henry Méndez Uribe, Mónica Caballero Sepúlveda y Francisco Solar Domínguez.

La iniciativa fue patrocinada por los constituyentes María Rivera, Ivanna Olivares, Francisca Linconao, Dayyana González, Manuela Royo, Constanza San Juan, Eric Chinga, Francisco Caamaño, Elsa Labraña, Lisette Vergara y Camila Zárate.

Los indultados representados por abogados de la Defensoría Popular, los mismos de Llaitul

Los «santos en la corte» de otros indultados han venido por cuenta de su equipo de abogados. Alejandro Carvajal Gutiérrez, Francisco Hernández Riquelme y Matías Rojas Marambio no estuvieron representados precisamente por defensores públicos.

Carvajal Gutiérrez, por ejemplo, fue defendido en tribunales por seis abogados. Encabezando la lista, John Maulén Zamorano, reconocido en los medios por haber defendido a Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).

Fue Maulén quien a finales de agosto del año pasado, luego de la detención de Llaitul, informó al país que la CAM haría «una declaración y una denuncia donde se detallará cada comunicación que hubo con el Gobierno».

Maulén es parte de la Defensoría Popular, organización que asume a sus defendidos como «luchadores sociales» que el «Estado persigue y criminaliza». Así lo indican en su cuenta en Facebook.

Carvajal, condenado a 5 años y un día de prisión, fue procesado por el conocido caso del incendio de la sede de la Universidad Pedro de Valdivia en Vicuña Mackenna, un inmueble en conservación histórica, ocurrido el 8 de noviembre de 2019.

En la lista de sus defensores también figuran Rodrigo Román Andoñe, Lorenzo Morales Cortés y Carlos Acosta Tarifa, todos abogados de la ya mencionada ONG.

Rodrigo Román también fue parte de la defensa de Llaitul por el caso judicial que enfrenta en la actualidad y por hechos previos -aunque ayer Llaitul decidió renunciar a su defensa-, así como la de los once comuneros imputados por la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay (ver nota: Abogado que defiende a menor formalizado por incendiar el Metro fue candidato a diputado por partido que hoy integra el FA).

En cuanto a Morales Cortés, este se encargó de la defensa de Roberto Campos Weiss, el primer detenido por los destrozos en la estación San Joaquín de la Línea 4 del Metro de Santiago (ver nota: El abogado rodriguista que defiende al profesor imputado por destrozos en el Metro).

Fue este mismo abogado quien el 11 de noviembre de 2019 solicitó al 12° Juzgado de Garantía de Santiago que se permitiera la visita dentro de la Cárcel de Alta Seguridad al entonces diputado Gabriel Boric, junto a sus colegas frenteamplistas Diego Ibáñez, Gael Yeomans y Gonzalo Winter (ver nota: Los políticos que se benefician de la propuesta para indultar a imputados tras el 18-O).

En sus redes sociales, Morales Cortés, que también ha sido parte en causas donde se han visto vinculados integrantes del pueblo mapuche, ha manifestado abiertamente su apoyo a los rodriguistas.

«MilicosSinGloria, Brindo por el verdadero ejército el que creó Manuel Rodríguez en la patria vieja con sus húsares formidables, por el ejército que defendió a Balmaceda de manera impecable y brindo por los rodriguistas el únicos ejército del pueblo con jóvenes admirables.!!», tuiteó un mes antes del estallido.

El jurista fue candidato a alcalde por la comuna de San Ramón en 2016, por la coalición de partidos de izquierda Pacto Pueblo Unido, que agrupaba al Partido Igualdad, Partido Frente Popular (Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez, MPMR) e Independientes.

En cuanto Hernández Riquelme, en su expediente quedó registrado que el 18 de marzo de 2021 otorgó poder al abogado Morales Cortés.

El ahora indultado, de 23 años de edad, fue condenado el 2 de septiembre de 2020 a 5 años y un día de prisión por lanzar cinco artefactos incendiarios en el Parque Bustamante y sus alrededores, el 10 de diciembre de 2019,

Que «iba ir a matar pacos», eso era lo que se leía en uno de los mensajes de WhatsApp que fueron encontrados por los peritos que hicieron la experticia al teléfono que le decomisaron a Hernández Riquelme el día de su detención.

En lo referente a Rojas Marambio, quien fue condenado a 5 años y un día de prisión por el delito de elaboración de artefactos incendiarios, su equipo defensor estuvo integrado por Morales Cortes y Acosta Tarifa.

Jenny Huillín Piñaleo también se sumó a la lista de los defensores de Rojas Marambio, que al momento de su detención estudiaba por segunda vez 3ero medio en el Instituto Nacional.

La abogada es fundadora de la Red de Apoyo Mutuo por la Dignidad, grupo que en su usuario en Facebook compartió un video titulado «Indulto ahora», en el que piden indulto general para los que denominan «presos políticos de la revuelta».

Maulén Zamorano y Román Andoñe, los ya mencionados abogados de Llaitul, también fueron parte en esta causa, pero no por ser defensores de Rojas Marimbo, sino de otros dos acusados que fueron fueron juzgados en ese mismo proceso: Benjamín Aléxis Espinoza Gatica y Jesús Alejandro Yietro Zenteno Guiñez.

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