La moción que concede un indulto general y que pretende extinguir la responsabilidad penal de  personas imputadas o condenadas debido a los disturbios que ha habido en el país tras el 18 de octubre de 2019, no solo favorece a los autores de los incendios, o quienes han saqueado, o lanzado bombas molotov a carabineros y sus cuarteles policiales. También significa un borrón y cuenta nueva para quienes los han defendido e incluso incitado a cometer distintos de estos hechos de violencia, varios de ellos relacionados con el Partido Comunista, el Frente Amplio u organizaciones con un largo historial de defensa a personas implicados en casos que involucran la Ley Antiterrorista, a anarquistas o a responsables de hechos de violencia rural en la macrozona sur del país. 

Entre los abogados defensores en el llamado Caso UdeC confluyen juristas tanto de la Defensoría Popular como una militante del Partido Comunista. Los primeros se definen como una «plataforma que pretende visibilizar la persecución y criminalización de los luchadores sociales», y la segunda se trata de Victoria Fariña, que en su perfil de Twitter se describe como «profesora, abogada, feminista, comunista, madre y defensora de DD.HH.», y quien además se desempeñó como Seremi del Trabajo en el Biobío, designada por el intendente Rodrigo Díaz, durante la segunda administración de Michelle Bachelet, y antes fue profesora de la Arcis.

En este caso, la Universidad de Concepción se querelló por los delitos de desórdenes públicos, daños a monumentos nacionales, porte de arma prohibida, daños simples, porte y lanzamiento de bombas molotov e incendios; esto debido a los ataques que sufrió la casa de estudios entre el 18 de febrero y el 6 de marzo pasados.  La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo en septiembre a 12 hombres, cinco de ellos menores de edad, por su presunta responsabilidad en los millonarios daños causados en el campus.

El fiscal Guillermo Henríquez, solicitó al Juzgado de Garantía de Concepción la prisión preventiva para los adultos y provisoria para los menores de edad. En el caso de los adultos la petición se cumplió y fueron enviados a la cárcel de El Manzano. Si bien a principios de diciembre se les revocó la medida cautelar por arresto domiciliario, en la previa cinco de ellos (Alan Contreras Montecinos, Felipe Muñoz Ríos, Francisco Grandón Baeza, Sebastián Saavedra Burdiles y Francisco Henríquez Elgueta) difundieron una carta en la que celebraban la propuesta de «amnistía», hecha antes por algunos legisladores, y además se autodefinen como «presos políticos».

No obstante, fuentes que conocen el caso indican que ninguno de ellos tiene militancia política, que la universidad se querelló «contra quienes resultaran responsables» y que ninguno invocó una circunstancia política en su presentación. Además ninguno es estudiante de la universidad.

Desde la Defensoría Popular, el Partido Comunista y el Frente Amplio se ha intentado levantar la tesis de la existencia de presos políticos en el país, situación que ha sido negada transversalmente por legisladores, fiscales y desde el Ejecutivo. No obstante, quienes promueven este argumento o defienden a los involucrados en delitos como incendio a universidades, iglesias o locales comerciales; saqueos o a quienes han lanzado molotov a carabineros y sus cuarteles policiales, sí son cercanos a la política.

El perfil político de los abogados de la Defensoría Popular

Hay un hilo conductor entre varios de los implicados en los delitos relacionados al 18 de octubre de 2019 y es el abogado de la Defensoría Popular Rodrigo Román Andoñe. Román y otros juristas de la plataforma se cuentan entre  los defensores de los jóvenes del Caso UdeC. Pero no solo de ellos sino también de otros imputados por crímenes relacionados con el llamado «estallido social» que hubo a partir del 18 de octubre de 2019. 

Romás defiende al adolescente B.E.S.M., el primer aprehendido por los incendios dentro del Metro de Santiago. Él y su tío, Daniel Benjamín Morales Muñoz, detenidos desde noviembre y diciembre del año pasado, respectivamente, y eran los únicos acusados por el ataque incendiario en la estación Pedrero, y fueron absueltos a principios de noviembre de 2020.

Igualmente representó a Alejandro Samuel Carvajal Gutiérrez, de 19 años de edad, quien fue condenado por el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, el 22 de septiembre de 2020, a la pena de 3 años y un día de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada intensiva. Esto, ya que se le consideró como autor del delito frustrado de incendio de la sede de la Universidad Pedro de Valdivia, ubicada en Providencia.

La Defensoría Popular además interpuso una querella en contra del ex ministro del Interior, Gonzalo Blumel; el ex general director de Carabineros, Mario Rozas; y el funcionario de la institución Carlos Martínez, por la muerte de Jorge “Neco” Mora producto de un atropello a las afueras del Estadio Monumental el 28 de enero de 2020. En general esa organización ha dado la cara por otros imputados en el contexto de los disturbios como Dante Carmona o se han involucrados en procesos por trauma ocular.

Román sí tiene un perfil político. En agosto de 2013, cuando la postulante a La Moneda del Partido Igualdad (PI), Roxana Miranda, fue a oficializar su candidatura ante el Servicio Electoral (Servel), el jurista la acompañó, pues él mismo se estaba postulando a diputado por esa tienda. Para 2014, Román firmó un comunicado del Frente Amplio que llamaba a reunirse por la Asamblea Constituyente y la necesidad de una nueva Constitución. 

Más tarde, en agosto de 2017, apoyó otro texto de la coalición en la que emplazan a Beatriz Sánchez por sus dichos sobre Venezuela, Cuba y Bolivia. “No convocamos a nuestra candidata presidencial a ser admiradora de la revolución cubana como lo somos nosotros, no la queremos convencer de ser bolivariana como somos nosotros. Pero sí creemos fundamental construir una política internacional que marque claramente nuestras diferencias con el duopolio de la Nueva Mayoría y Chile Vamos, y con las coaliciones neoliberales de todo el continente”. Román incluso se desempeñó como Secretario General del Partido Igualdad y desde la colectividad aún promocionan en sus redes sociales las apariciones televisivas del abogado. 

El 16 de noviembre de 2019, la Comisión Política de la tienda acordó suspender su participación en el Frente Amplio en rechazo a la firma del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución. 

Otro ejemplo del perfil de los detenidos por Román es el de Karin Belmar Guzmán, militante de Revolución Democrática (RD) y quien apoyado por esa tienda aspiró en las elecciones del 19 de noviembre de 2017 a un escaño en la Cámara de Diputados.

Belmar fue arrestado el lunes 21 de octubre de 2019. Esa noche alrededor de las 23:20 horas utilizó un neumático, bencina kerosene y fósforos para incendiar una reja de madera que, de acuerdo con la imputación hecha por el Ministerio Público, estaba “a sólo unos metros del condominio departamentos donde habitan muchas personas”, ubicado en la Avenida Kennedy con Los Alpes en la comuna de Rancagua. De allí, él y el otro imputado, Darwin Castañeda Pozo, se dirigieron a las inmediaciones del cuartel de la Policía de Investigaciones, a rostro cubierto, donde fueron sorprendidos. Belmar tenía en su poder una honda, tres piedras, tres cajas de fósforo y un encendedor; y en el furgón en el que se desplazaban había una gran cantidad de neumáticos, un bidón con kerosene, un traje de camuflaje del tipo utilizado por las fuerzas armadas, entre otros elementos.

Los dos quedaron en prisión preventiva por decisión del Juzgado de Garantía de Rancagua el 25 de octubre de 2019. Medida que en diciembre de 2019 pasó a arresto domiciliario total, y en mayo de 2020 a arresto domiciliario nocturno. Cautelar que según un informe de Carabineros presentado ante el tribunal el 22 de septiembre de 2020, Belmar ha incumplido al menos en dos oportunidades. 

Ambos imputados por incendio y porte de elementos conocidamente dispuestos a incendiar están a la espera de que de comience el juicio. 

Por lo general, Román hace dupla con el abogado Lorenzo Morales Cortés, también de la Defensoría Popular. En principio, Morales Cortés tuvo la responsabilidad de defender a Roberto Campos Weiss, el primer detenido por los destrozos en la estación San Joaquín de la Línea 4 del Metro de Santiago.

Es Morales Cortés quien el 11 de noviembre de 2019 solicita al 12° Juzgado de Garantía de Santiago que le permita la visita dentro de la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) a los diputados frenteamplistas Gabriel Boric, Diego Ibáñez, Gael Yeomans y Gonzalo Winter. Actualmente, Roberto Campos se encuentra con la cautelar de arresto domiciliario nocturno.

Cuando se hizo público que los diputados visitarían a Campos Weiss, uno de los legisladores dijo a Emol: “La forma en que se generó el nexo para esta invitación es porque el imputado es simpatizante del Frente Amplio y conoce a gente del equipo, quienes les solicitaron la visita”.

Morales Cortés fue candidato a alcalde de San Ramón por la coalición de partidos de izquierda Pacto Pueblo Unido, que agrupaba al Partido Igualdad, Partido Frente Popular (Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez) e independientes. En un tuit, el jurista deja clara su admiración por Manuel Rodríguez: “#MilicosSinGloria. Brindo por el verdero (sic) ejército el que creó Manuel Rodríguez en la patria vieja con sus húsares formidables, por el ejército que defendió a Balmaceda de manera impecable y brindo por los rodriguistas el único ejército del pueblo con jóvenes admirables.!!”.

El interés del Partido Comunista

La acusación constitucional que impulsó el Partido Comunista contra el Presidente Sebastián Piñera en noviembre de 2019 es coherente con el plan que delineó la colectividad y que está registrado en diferentes documentos internos. En ellos plantean la “politización del descontento”, la utilización del movimiento estudiantil y sindical para “interrumpir” la agenda del Ejecutivo, además de llamados a paros y movilizaciones que “pueden trazar camino en la pérdida de conducción del gobierno, en el debilitamiento de su iniciativa y agenda legislativa”.

La colectividad ha rechazado las invitaciones al diálogo de La Moneda y optó por no sumarse al Acuerdo Por la Paz Social y la Nueva Constitución.

“Nosotros nunca hemos descartado la posibilidad de la vía armada, siempre y cuando estén las condiciones”, advertía desde 2012 Camila Vallejo, cuando aún no era diputada sino que vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh). La frase la dijo en una entrevista para el diario español El País, y sus dichos fueron defendidos por el presidente del PC, Guillermo Teillier.

Poco más de un mes después de los incendios en el Metro, la empresa chilena ConnectaLabs AI revisó 4.807.736 tweets y a 638.893 usuarios durante las primeras semanas de la crisis e identificó a quienes más inciden en la conversación con mensajes pro movilización o contra el gobierno. Entre ellos aparecen los dirigentes comunistas Daniel Jadue, alcalde de Recoleta; y los diputados Karol Cariola, Camila Vallejo y Daniel Núñez.

Cuando la pandemia parecía haber calmado las aguas de las movilizaciones en abril de 2020 -y había transcurrido poco tiempo desde la declaratoria del Estado de Catástrofe el 18 de marzo-, detuvieron al camarógrafo de Prensa Latina (agencia informativa cubana), Damián Trujillo en Plaza Italia el 26 de abril. En la nota que la agencia informativa hizo a propósito de la detención de su trabajador -ya borrada de la web- decía que Trujillo fue trasladado a la 19 Comisaría de Carabineros, ubicada en Providencia, y que allí lo esperaban “representantes del Partido Comunista, organización en la cual milita”. De hecho, se pronunciaron a favor de su liberación Juan Andrés Lagos, miembro de la comisión política del PC; Lautaro Carmona, secretario general del PC, y el diputado Boris Barrera.

Trujillo figura como dueño de la imprenta Ensamble Impresores, proveedora de las impresiones del semanario El Siglo. Además, en la página del PC aparece una factura por $3.500.000 por la impresión de afiches, dípticos, trípticos y volantes de difusión a nombre de la imprenta. Tras permanecer tres horas en una Comisaría de Carabineros fue liberado, sin ningún tipo de cargo.   

Varios días después el dirigente ligado al PC, Eduardo Leiva, se convirtió en el “rostro” de los desmanes del lunes 18 de mayo en la comuna de El Bosque. Leiva además es simpatizante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez; y en el perfil de Instagram de los Comités Víctor Jara/Gladys Marín, identificado con el usuario  allegado_rodriguista, hay diversas fotografías suyas vistiendo un suéter con el logo del FPMR, portando banderas del Frente o con su estandarte en el lugar en el que realizan sus reuniones.

“Esta hue… no la para nadie. Todos contra Sadi Melo, todos contra la Claudia Pizarro, todos contra los políticos corruptos”, dijo Leiva tras sacarse la mascarilla con motivos mapuches que llevaba en el rostro en un video que se viralizó en las acciones del 18 de mayo. Tras estos incidentes, Leiva no fue detenido. Sin embargo, sobre él sí existe un proceso en el 15° Juzgado de Garantía de Santiago por haber amenazado de muerte a un funcionario municipal de la comuna de La Pintana.

En ese contexto, el diputado Juan Antonio Coloma denunció a través de las redes sociales que “lo de El Bosque fue orquestado por miembros del PC!!” y compartió una imagen, a rostro descubierto de una de las personas que protestó en esa comuna: “Él es Eduardo Leiva, vive en La Pintana, dirigente de los Comité Gladys Marín y Víctor Jara y activo miembro del PC”.

Relacionado al Partido Comunista también está Fernando Monsalve Arias, quien aparece como personal de apoyo del diputado Hugo Gutiérrez en la Cámara. Actualmente, es el abogado del adolescente de 16 años que cayó -según Fiscalía- “impulsado” por un carabinero desde el puente Pío Nono al lecho del río Mapocho el 2 de octubre.

Monsalve Arias respalda la propuesta de dar una amnistía a los presos relacionados con los hechos violentos posteriores al 18 de octubre, y tras conocerse el veredicto que dejó en libertada a Daniel Benjamín Morales Muñoz y al adolescente B.E.S.M. acusó a la Fiscalía Oriente de haber incurrido en un “montaje”. El asesor de Hugo Gutiérrez es hijo del juez del Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, Fernando Monsalve Figueroa, uno de los responsables de dejar en libertad a los dos imputados, pese a que en las evidencias se encontró un mensaje de B.E.S.M a su tío que decía: “Vamos a hacer su atentado al Metro. ¿Te motivas? pero a lo loco, hacer cagar los torniquetes, con combos y todo”.

Además, tanto desde el Frente Amplio, como del Partido Comunista avalaron la existencia de un supuesto centro de torturas al interior de la estación Baquedano, situación que fue desacreditada por la Fiscalía Metropolitana Oriente y el 8° Juzgado de Garantía de Santiago decretó el sobreseimiento definitivo en la investigación.

Hay otro abogado defensor con un perfil más político. A la 1:00 am del 26 de mayo de 2020 alrededor de 120 personas participaron en el saqueo de las dependencias de Coca Cola ubicadas en Puente Alto. Por este hecho fueron imputadas 14 personas, uno de ellos, de iniciales J.L.F.S., designó para su defensa a Nicolás Pavez Cuevas y María Fernanda Castro, pertenecientes al estudio jurídico Pavez & Quagliotti. 

Pavez fue gobernador de la Provincia de Chacabuco, entre enero de 2009 y marzo de 2010; designado por la ex Presidenta Michelle Bachelet. El ex militante de la Democracia Cristiana (DC), fue además concejal de Colina, Jefe del Departamento de Asistencia Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, entre 2014 y 2015; y abogado de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos. En una carta a El Mercurio publicada el 17 de diciembre de 2012 defendió al Partido Comunista debido a los cuestionamientos surgidos por su apoyo a regímenes autoritarios de Corea del Norte y Siria.

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