Publicado el 15 de noviembre, 2019

El abogado rodriguista que defiende al profesor imputado por destrozos en el Metro

Autor:

Emily Avendaño

Lorenzo Morales Cortés es el abogado de Roberto Campos Weiss (35), en prisión preventiva por los destrozos causados en la estación San Joaquín del Metro de Santiago. Forma parte de la organización Defensoría Popular, que representa a ciudadanos sin que tengan que “justificar las tácticas políticas que les impulsaron a desarrollar sus acciones de disidencia”. El jurista fue candidato a alcalde de San Ramón por la coalición de partidos de izquierda Pacto Pueblo Unido, que agrupaba al Partido Igualdad, Partido Frente Popular (Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez). 

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Emily Avendaño

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El 2 de noviembre Roberto Campos Weiss (35), en prisión preventiva por los destrozos causados en la estación San Joaquín de la Línea 4 del Metro de Santiago, informó al 12º Juzgado de Garantía de Santiago que a partir de ese momento su defensa correría por cuenta del abogado Lorenzo Morales Cortés. De ahí en adelante, es este quien presenta el recurso de apelación el pasado 3 de noviembre -la Corte de Apelaciones de San Miguel confirmó la prisión preventiva- y quien ha solicitado los permisos para que al profesor de matemáticas, que tenía una cuenta de Facebook en la que se identificaba como «Roberto Vivaldi (Gato de Campo Semántico)», lo visiten psicólogos, asistentes sociales, una periodista y los diputados del Frente Amplio: Gabriel Boric, Diego Ibáñez, Gael Yeomans y Gonzalo Winter en la Cárcel de Alta Seguridad. Ayer Boric se restó de la visita al alegar que su foco ahora es colaborar para llegar a un acuerdo y que el país pueda salir de la crisis en la que se encuentra.

Lorenzo Morales fue candidato a alcalde por la comuna de San Ramón en 2016, y es parte de la organización Defensoría Popular -plataforma que según su descripción “pretende visibilizar la persecución y criminalización de los luchadores sociales”, creada en el año 2008-, misma a la que pertenece el abogado Rodrigo Román, conocido por defender a implicados en casos que involucran la Ley Antiterrorista y más recientemente por representar al adolescente de 16 años identificado con las iniciales B.E.S.M, imputado por participar en el incendio de la estación Pedrero del Metro, en Macul, el pasado 18 de octubre, y quien cumple una medida de internación provisoria durante los 40 días que dure la investigación.

Desde que comenzaran las protestas, Morales ha mostrado su respaldo a las demandas en las redes sociales. Y a la postura de algunos partidos de izquierda. El 28 de octubre, por ejemplo, escribió: “Espero que hayan estudiado la acusación constitucional, espero la redacten, espero hayan sumado las firmas, espero la presenten lo antes posible…espero que no sigan jugando con nosotros. #AcusacionConstitucionalAPiñera”. 

En otros escritos utiliza la etiqueta #ReunciaPineraQl, acompañando el mensaje: “Ojalá pronto alguien con liderazgo y responsabilidad convoque a una gran marcha pacífica a La Moneda y nos quedamos hasta que se vaya Piñera. Antes que se negocien los derechos de los ciudadanos”; y en otros deja clara su admiración por Manuel Rodríguez: “#MilicosSinGloria. Brindo por el verdero (sic) ejército el que creó Manuel Rodríguez en la patria vieja con sus húsares formidables, por el ejército que defendió a Balmaceda de manera impecable y brindo por los rodriguistas el único ejército del pueblo con jóvenes admirables.!!”. 

Su admiración por Manuel Rodríguez queda patente en su militancia política y en su intento por lograr la alcaldía de San Ramón en 2016, a través de la coalición de partidos de izquierda Pacto Pueblo Unido, que agrupaba al Partido Igualdad, Partido Frente Popular (Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez, MPMR) e Independientes. El objetivo de esta alianza, de acuerdo con una nota publicada en 2015 era convocar a una Asamblea Constituyente Social. Según Bio Bio, en el conglomerado también había representación de Socialismo Revolucionario, Comités Comunistas, Partido Constituyente, Nueva Fuerza, Colectivo Norte, Brigada Salvador Allende y el Movimiento de Izquierda Independiente.

En su página de Facebook, creada el 6 de julio de 2016, hay publicaciones propias de los actos de campaña, proponía la creación de una oficina de la vivienda dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario, destinada a organizar la demanda de vivienda en la comuna, internet gratuito en los espacios públicos, la conformación de un colegio de excelencia en la comuna, dignidad en el trato de la salud municipal y visitas a terreno constantes. 

“El poder popular, hará que San Ramón sea la comuna que soñamos (…), que los consejos consultivos de usuarios sean las verdaderas fuerza que conforme la nueva salud comunal, y no la medición matemática de los abultados y falsos per cápita, que se conforme un liceo de excelencia comunal, acentuando en cada uno de ellos el carácter cultural, todo ello dentro de una Corporación Municipal, debido a que la mala educación y salud actual no se financia, no funciona bajo el antiguo esquema; todo ello con una conectividad gratuita a internet en los parques y centros abiertos de la comuna; por este inicio de un nuevo y mejor San Ramón; somos Pueblo Unido”, escribió el 27 de septiembre de 2016.

Sin embargo, los resultados electorales no le favorecieron. Logró 1.215 votos, equivalentes al 5,48% de los 22.191 votos válidamente emitidos. Fue el candidato que obtuvo menos sufragios en ese territorio, en el que salió victorioso Miguel Ángel Aguilera, de la Nueva Mayoría, quien más tarde se vio envuelto en un escándalo por fraude al fisco y por la incidencia del narcotráfico en la comuna.

Al final de 2016, el Partido Igualdad, que respaldaba la candidatura de Morales comenzó a participar en las reuniones que luego dieron origen al Frente Amplio. Cuando se hizo público que los diputados de esta coalición visitarían a Campos Weiss, indicó uno de los legisladores a Emol: “La forma en que se generó el nexo para esta invitación es porque el imputado es simpatizante del Frente Amplio y conoce a gente del equipo, quienes les solicitaron la visita”.

Especialista en causas mapuche

Las redes sociales de la Defensoría Popular han hecho una campaña con diversos afiches, etiquetas y videos para solicitar la libertad de Campos Weiss. “Hoy se está criminalizando de forma intimidadora y violenta a los manifestantes de distintas instancias pero los casos de violaciones por parte de los agentes del estado y la justicia para ellos ha sido firma quincenal, como Defensoría Popular estaremos firmes con el pueblo”, comparten en una publicación acompañada de un video con el testimonio de la pareja del imputado, Armando Arjona, quien ha iniciado una recolección de firmas para denunciar que Campos Weiss es un “detenido político del Estado de Chile”.

“Desde sus inicios la impronta de urgencia marcó el quehacer de la organización, la disposición a estar siempre preparados a recibir a quienes buscaban ser defendidos sin tener que justificar las tácticas políticas que les impulsaron a desarrollar sus acciones de disidencia, fue la principal característica de Defensoría Popular. Incluso en contra de lo que cada defens@r popular pudiera considerar como correcto políticamente”, se lee en el artículo de mayo de 2018, Defensoría Popular: 10 años defendiendo a los que luchan, escrito por Hugo Catalán Flores, es así como la organización ha estado ligada a la defensa de causas de origen mapuche, o a los “casos bombas”. 

Morales se ha desarrollado en causas indígenas. A mediados de 2010 estaba involucrado en la defensa de Leonardo Quijón Pereira, en ese entonces con 17 años, acusado por la quema de dos camiones en Angol y de haberse enfrentado con funcionarios de Carabineros en servicio en octubre de 2009. El caso llegó hasta la justicia militar, e incluso hubo que repetir el juicio en el que había sido absuelto de los delitos de robo con intimidación, incendio reiterado, porte ilegal de arma de fuego y homicidio frustrado a carabinero.

En agosto de 2010, Morales representó a la familia de Jaime Mendoza Collío, quien falleció por impacto de una bala que le entró por la espalda disparada por un carabinero de fuerzas especiales. Por este caso, el abogado dijo que iba a recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a fin de recusar la decisión tomada por la Corte Marcial, que absolvió del crimen al cabo de Carabineros Miguel Patricio Jara Muñoz. Años más tarde, en 2013, informó que la familia de Mendoza Collío solicitaría un relator especial de la ONU para que revisara el caso, y descartó acudir a la CIDH. Mientras en diciembre de 2011, Morales se unió a la familia de Matías Catrileo -fallecido en enero de 2008 también a consecuencia del disparo de un carabinero- en una demanda al Estado por daño moral y lucro cesante.

El jurista también defendió a Paulino Levipán y Daniel Levinao quienes enfrentaban una condena de 10 años de cárcel por homicidio frustrado contra carabineros, además de 541 días de presidio por porte ilegal de arma, y estuvieron en huelga de hambre por 59 días en la cárcel de Angol en septiembre de 2012. El caso fue revisado a través de un recurso de nulidad por la Corte Suprema, que ordenó un nuevo juicio a Levinao «solo» por el ataque a general de Carabineros y rebajó sustancialmente la condena a Levipán.

En mayo de 2015, Morales en conjunto con el senador Alejandro Navarro, Cristina Quijón -hermana del comunero en huelga de hambre Leonardo Quijón- a la comunidad Mapuñancu de Collipulli, y a distintas ONG presentó un proyecto de ley -que él ayudó a redactar- que establecía prohibiciones y restricciones al uso de testigos protegidos como medios de prueba en juicios criminales. 

El jurista ha sido incisivo contra el Estado, casi tres años después -diciembre de 2017- presentó junto a la ONG Defensoría Popular un recurso de protección “en favor del pueblo de Chile” y en contra de la Presidenta Michelle Bachelet, el ministro de Obras Públicas Alberto Undurraga, el ministro de Agricultura Carlos Furche, y de los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados Andrés Zaldívar y Fidel Espinoza respectivamente, por la reforma al Código de Aguas. “La legislación actual no tocará ni la gratuidad ni la perpetuidad del 90% de los derechos de agua ya entregados, por lo que esta iniciativa es absolutamente insustancial, perpetuando el mercado del agua, y fragilizando la vida de las comunidades, su identitario cultural y territorial. Además, tiene escaso impacto real. Particularmente ocurre con las normas de caducidad de los derechos de aprovechamiento”, sostuvo en la ocasión Morales. 

Más recientemente formó parte de una acción de la Defensoría Popular que el 28 de octubre interpuso distintas querellas por los delitos de homicidio frustrado, lesiones graves, abuso contra particulares, en contra del ex ministro del Interior Andrés Chadwick, Carabineros de Chile, Ejército de Chile y quienes resulten responsables por los delitos mencionados; y el 30 de octubre estuvo en el Senado como parte de los representantes de las querellas por violación a los DD.HH. en contra de Chadwick y el Jefe de la Seguridad Nacional durante el Estado de Emergencia, general Javier Iturriaga.

El domicilio de Morales fue allanado cuando trabajaba en la defensa de Avelino Meñaco, lonko de la comunidad Pascual Coña (sector Lleu Lleu, Región del BioBío), así como la residencia de sus padres, en diciembre de 2008. De acuerdo con la página web de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), “el abogado Morales Cortés también ha recibido amenazas telefónicas, en las cuales le dicen que tenga presente lo que ya les ha ocurrido a los abogados Myriam Reyes, Pablo Ortega y Jaime Madariaga, quienes han defendido causas mapuche y de quienes, cuya carrera profesional, según las informaciones se ha visto afectada posteriormente”.

En la actualidad, Myriam Reyes García, actuó por la Defensoría Penal Pública, como abogada de Omar Jerez Meza, quien se encuentra en prisión preventiva por los delitos de daños calificados y de incendio con peligro para las personas, por su participación en la quema de la estación del Metro La Granja, ocurrida la noche del 18 de octubre. 

En 2016 Reyes fue designada como defensora interamericana, lo que la habilita para tomar parte de los procesos que conozca la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia en la que ya ha actuado. La abogada estuvo vinculada a la causa, que condenó al Estado de Chile en el caso “Norín Catrimán y otros”, que terminó de resolverse en mayo de este año cuando el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, dio a conocer la sentencia que determinó que “han perdido la totalidad de los efectos” las condenas contra ocho comuneros mapuches por delitos de incendio y amenazas de carácter terrorista. En ese momento Reyes comentó que la sentencia “es una contribución al estado de derecho y un avance en la inserción de Chile en el sistema de protección internacional de los DD.HH.”.

Nota de la redacción: El 14 de noviembre el defensor privado Lorenzo Morales renunció a la defensa de Roberto Campos Weiss. se designó como Defensor Penal Público del imputado a Christian Basualto.

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