Alcalde, quisiera referirme a la causa judicial y sería ideal que usted estuviera presente. Es muy cortito solicitó el concejal José Luis Salas al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

¿A qué causa judicial? preguntó Jadue.

Sobre la acusación grave de prevaricación y negociación incompatible. Para que no se diga que hablo cuando no está presente.

No. Puede hablar todo lo que quiera. Las noticias falsas no merecen ser comentadas, desde mi punto de vista.

Muy amable, muchísimas gracias.

Diez minutos llevaba la sesión del Concejo Municipal de Recoleta cuando ocurrió este intercambio entre el alcalde Daniel Jadue y el concejal José Luis Salas (Unidos por el Apruebo). Luego de señalar que el juicio por prevaricación y negociación incompatible al que se refería Salas correspondía a una “noticia falsa”, Jadue tomó sus cosas y se retiró de la sala.

Quedó entonces a cargo de responder la inquietud del concejal Salas, el director Jurídico de la comuna, Matías Rojas. “No hay mucho realmente que decir, sino que es una acusación particular, respecto de una causa en la cual el Ministerio Público decidió no solo cerrar la investigación, sino que comunicar la decisión de no perseverar, por tanto lo único que falta es el sobreseimiento”, argumentó Rojas. 

La reunión del Concejo ocurrió el 5 de abril de 2022, y para ese entonces ya la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema había resuelto -el día anterior- confirmar el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que declaró inadmisible un recurso de amparo presentado por la defensa del comunista que buscaba poner fin al proceso que tiene fijada como fecha para la audiencia de preparación del juicio oral el día de hoy a las 10:00 de la mañana, según resolución del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago.

El abogado de los querellantes, Christian Espejo, también entrega su versión: “La decisión de la excelentísima Corte Suprema vino a ratificar que este 11 de abril tendremos preparación de juicio oral, por los delitos de negociación incompatible y prevaricación administrativa en contra del señor Daniel Jadue, alcalde de Recoleta”.

“Todo esto se condice con el actuar del alcalde quien ha señalado públicamente que está causa estaba archivada, que era un fake news, en fin, una serie de situaciones que él plantea, todas falsas, y que se derrumban con este fallo de la excelentísima Corte Suprema, que demuestran que él siempre supo de la existencia de este juicio y que por la vía del amparo trató de echar abajo (…) esperamos que las únicas víctimas de esta situación, como son los compradores, puedan al fin ser dueños de sus departamentos, de los cuales han sido privados por una vía espuria”, agrega Espejo.

Este proceso ha sido definido como la “arista penal” de la disputa que existe entre Jadue, en representación de la Municipalidad de Recoleta y la sociedad Desarrollo Inmobiliario Bellavista S.A.; un litigio que suma más de ocho años con laberínticos resultados. 

En particular, este caso se remonta a la presentación de dos querellas en el año 2017 en contra del alcalde por prevaricación y negociación incompatible, la primera del 15 de junio de 2017 presentada por el entonces concejal de Recoleta Mauricio Smok y otra del 27 de noviembre de 2017 interpuesta por la inmobiliaria.

De este modo, explican los querellantes, hoy el alcalde deberá presentarse ante el tribunal en “calidad de acusado”, mientras la defensa de Jadue, a cargo de los abogados Aldo Díaz y Ciro Colombara, continúa buscando el sobreseimiento. Incluso, por decisión del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago del 7 de abril en la audiencia de hoy “se discutirá, en forma preferente, la petición presentada por la defensa de discusión de sobreseimiento definitivo”.

Sin sobreseimiento y ¿con suspensión?

Los abogados que representan a Jadue han solicitado el sobreseimiento en, al menos, cuatro oportunidades desde el comienzo de la causa en 2017.

“En todas las ocasiones el tribunal lo desechó, lo rechazó, en una de las ocasiones que pidieron el sobreseimiento, a los días el fiscal determina no perseverar. ¿No te parece extraño eso? Que un fiscal teniendo diligencias pendientes, sin tener al personaje formalizado diga ‘no voy a continuar en el juicio’. Es muy extraño”, denuncia el exconcejal Mauricio Smok.

Debido a eso, el caso llegó a las manos del Tribunal Constitucional porque un día después de que la Corte de Santiago fallara que en la causa no se habían practicado diligencias necesarias para la averiguación del hecho punible y que, por lo tanto no se podía sobreseer, el fiscal adjunto de la Fiscalía de Alta Complejidad, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Jaime Retamal, envió un oficio al tribunal el 3 de noviembre de 2020 en el que comunicó el cierre de la investigación y su decisión de no perseverar. 

El TC admitió el recurso de inaplicabilidad de la Inmobiliaria y de Smok en diciembre de 2020, y se pronunció el 14 de octubre de 2021 cuando resolvió que el alcalde sí podía ser acusado penalmente por los delitos de prevaricación y negociación incompatible por tráfico de influencias.

Según el fallo del TC, “el Ministerio Público no sólo no ha formalizado, como lo exige el artículo 248 (uno de los efectos de la comunicación es dejar sin efecto la formalización) sino que ha hecho un ejercicio irracional de la facultad de no perseverar, ha solicitado audiencia para comunicarlo, y no ha investigado de conformidad a un justo y racional procedimiento”.

El alcalde fue notificado de la audiencia de preparación del juicio oral el 28 de marzo, a través de la oficina del abogado Colombara, y eso le abrió un nuevo flanco ya que los acusadores consideran que con la notificación realizada el alcalde Jadue quedaría temporalmente incapacitado de ejercer su cargo, de acuerdo con el artículo 16° de la Constitución y el 61° de la Ley de Municipalidades. Escenario similar al que habrían enfrentado la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, en 2020; y el exalcalde de Colina Mario Olavarría en 2017.

Espejo explica que al estar “acusado por pena aflictiva indudablemente que opera el artículo 61, opera por el solo ministerio de la ley”, pero como el alcalde Jadue ha continuado ejerciendo sus funciones en la municipalidad corresponde que “algún concejal o también cualquier vecino pueda hacer presente ante el Tribunal Electoral Regional que él se encuentra acusado y que debería ser suspendido de sus funciones mientras dure el juicio”, explica. 

Fuentes consultadas en Recoleta ven poco probable que alguno de los concejales ejerza alguna acción ante el Tribunal Electoral Regional, comentan que la información con la que cuentan hasta el momento es que varios vecinos de la comuna se están organizando para asistir hoy ante los tribunales para protestar contra la gestión del alcalde. 

Fuera de micrófono, las mismas fuentes señalan que si se llegara a suspender al alcalde de su cargo, correspondería la subrogancia a la administradora municipal Gianinna Repetti Lara, una figura que ya reemplazó al alcalde en el pasado y sobre quien también pesan acusaciones. 

El caso del Liceo Valentín Letelier

En otro de los frentes judiciales que tiene abierto la alcaldía, se encuentra en tramitación desde el año 2016 una investigación por fraude al fisco por la ejecución de la obra de reconstrucción y mejoramiento del Liceo Valentín Letelier, que involucra a funcionarios del municipio, incluyendo a la administradora municipal Gianinna Repetti Lara, quien fue querellada por el Consejo de Defensa del Estado, y quien de Jadue ser suspendido podría quedar a cargo de sustituirlo.  

El origen de este caso se remonta al 26 de enero de 2016, cuando el Concejo Municipal, ante la propuesta del Municipio, aprobó la contratación directa del proyecto de Inversión Conservación Liceo Valentín Letelier con la empresa “Ingeniería, Construcción e Inversiones Rosachi Ltda.” o “Rosachi Ltda.”, representada legalmente por el querellado César Andrés Salazar Salamanca.

Rosachi S.A. debía presentar, entre otros antecedentes, una boleta para garantizar el fiel cumplimiento de las obras, por el 10% del valor del contrato celebrado, la que no fue entregada al momento de la celebración del convenio, de acuerdo con la ampliación de la querella presentada el 29 de octubre de 2020 por el Consejo de Defensa del Estado.

Dice el documento que Rosachi S.A. posteriormente presentó copia de la boleta de garantía no endosable en pesos, del Banco de Créditos e Inversiones, N°18146235 por la suma de $94.160.179; el certificado de inscripción vigente Nº96709 en el Registro A2, Segunda Categoría, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y; la póliza de seguro Nº2693559, de Chilena Consolidada Seguros Generales S.A., «siendo todos estos documentos falsos, por encontrarse en los mismos sendas adulteraciones», según el CDE.

Las adulteraciones no fueron advertidas por los funcionarios de la Municipalidad por lo que se procedió a celebrar el contrato e incluso a efectuar el pago por los avances de la obra, “produciendo un perjuicio para las arcas fiscales ascendente a la suma aproximada de $ 1.000.000.000 (mil millones de pesos)”.

El Consejo de Defensa del Estado denuncia una serie de maniobras realizadas por los funcionarios municipales, Gianinna Repetti Lara -que al momento de los hechos era la directora de la SECPLA- y Vilcia Quezada Martínez -también funcionaria municipal- quienes habrían hecho las veces de intermediarias con los llamados “gestores de licitación”, José Luis Ortega Álvarez y Pablo Bulboa Quezada, y con la empresa Rosachi. 

“Es así como desde el inicio se manipulan las bases administrativas para la licitación, además de demorar excesivamente su elaboración y publicación, luego se declara desierta la licitación, se realiza una invitación irregular a oferentes, se aceptan ofertas fuera del plazo establecido, se valoran las propuestas dando el mayor puntaje a una empresa que no cumplía con los requisitos establecidos en las condiciones, etcétera, todas maniobras desplegadas por los querellados para defraudar a la Municipalidad de Recoleta abusando de sus cargos, en especial la querellada Repetti, funcionaria de exclusiva confianza del Alcalde”, dice la querella del CDE.

Ya la Municipalidad de Recoleta se había querellado en agosto de 2016 contra quienes resultaran responsables por la “falsificación de instrumento privado y uso malicioso” en la documentación presentada en el proceso de licitación para las obras de mejoramiento del Valentín Letelier. El Gobierno Regional Metropolitano se querelló por los mismos hechos en febrero de 2017, solo contra Salazar Salamanca. 

No obstante, parte de la intervención del CDE consistió en solicitar el 6 de noviembre de 2020 la exclusión de la Municipalidad de Recoleta como querellante, entendiendo que sus intereses se encuentran representados por el CDE. Asimismo también pidió que se excluyera al Gobierno Metropolitano.

En diciembre de 2020 Repetti encargó su defensa al abogado Ramón Sepúlveda Castillo, quien también ha sido defensor de Jadue en otros procesos y del presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier.

Tras esas diligencias el caso no presentó mayores movimientos durante 2021 y lo que va de 2022, de acuerdo con el expediente disponible en el portal del Poder Judicial. 

***Nota de la redacción: El Tercer Juzgado de Garantía de Santiago resolvió sobreseer al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en una decisión a cargo de la magistrada Katherinne Román, al considerar que se había presentado la acusación fuera del plazo. El abogado Christian Espejo informó que apelarán la decisión.

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