Publicado el 24 de febrero, 2020

Abogado de Teillier y Jadue hoy defiende a acusados de atentar contra el Metro

Autor:

Trinidad Morel

Ramón Sepúlveda lleva los casos de dos procesados por participar en los incendios de las estaciones de La Granja y San Pablo, ocurridos en octubre del año pasado. La causa se suma a la defensa que ha hecho de altas figuras del Partido Comunista y del alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp. Además, el abogado representa a dirigentes de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones) tras tomarse oficinas del Demre, en medio del sabotaje de la PSU.

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En videos registrados por cámaras de estaciones del Metro de Santiago los días 18 y 19 de octubre de 2019, se pudieron identificar a algunos de los posibles culpables de causar daños y provocar incendios que dieron origen a la actual crisis.

Ese es el caso, entre otros, de Omar Jerez Meza (33) y Daniel Bustos Trabol (22), quienes fueron reconocidos por el sistema de seguridad de las estaciones de La Granja y San Pablo, respectivamente. 

A Omar Jerez, actualmente se le acusa por “delitos de incendio y daño calificado” en la estación de metro La Granja, cometidos el viernes 18 de octubre, día en que comenzó el estallido de octubre. Por estos hechos, Jerez fue formalizado y quedó en prisión preventiva el día 8 de noviembre. Por su parte, a Bustos se le atribuye haber participado en el incendio de la estación San Pablo el sábado 19 de octubre, lo cual fue determinante para que el pasado 10 de enero fuera formalizado y se decretara prisión preventiva en su contra.  

Jerez y Bustos no solo tienen una condena en común por delitos de incendio y daño calificado, sino que también comparten a su abogado defensor: Ramón Luciano Sepúlveda Castillo.

El abogado Sepúlveda aseguró en La Tercera que sus defendidos «son manifestantes comunes”y que “la fiscalía está persiguiendo a cualquier imputado que aparece en los videos” Frente a las palabras de Bustos, que aseguró que él incendió por accidente la estación de Metro, Sepúlveda agregó que su “declaración demuestra la ingenuidad y buena voluntad de mi representado” y que “simplemente él colabora con la investigación”. Asimismo, frente a los delitos que se le acusa a Jerez, el abogado señaló que “él es un afectado más de estos hechos” y que “tuvo la misma intención que todas las personas que estaban manifestándose, que fue mostrar el descontento social”, asegurando que “en ningún caso organizó u ocasionó un incendio”.

El penalista de 36 años ejerce la profesión en su estudio jurídico RS & CÍA Abogados. En su página web se lee que Sepúlveda se desempeña como “abogado jefe del área penal” y que está “a cargo de la tramitación conjunta de índole civil”. El egresado de derecho de la Universidad de Chile el año 2006, también trabajó por cinco años en el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

En el último tiempo, el penalista ha defendido a autoridades de fuerzas políticas que desde el comienzo de la crisis han criticado abiertamente al gobierno, solicitado la renuncia del Mandatario y que han cuestionado el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, firmado el 15 de noviembre, el cual fue apoyado por la gran mayoría de las organizaciones políticas.

Teillier, Jadue y Sharp: Los clientes de Sepúlveda

En mayo de 2017, Sepúlveda se desempeñó como abogado defensor del diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, quien había sido querellado por el Partido Regionalista Independiente (PRI) por una millonaria transacción que realizó la tienda del parlamentario relacionada con la ley de partidos políticos. En la denuncia se incluía supuestos contratos simulados, estafa, falsificación de documentos públicos o auténticos, y eventual uso malicioso de instrumento público falso. Sepúlveda logró el sobreseimiento definitivo del caso del presidente del PC.

Asimismo, en enero de 2018, fue el defensor del militante comunista Daniel Jadue y alcalde de Recoleta, quien presentó una querella contra el ex edil de la comuna, Gonzalo Cornejo (UDI) por delitos de calumnias graves con publicidad. En este caso también logró la victoria de su defendido.

Desde el comienzo del estallido de octubre, el Partido Comunista ha usado diversas técnicas para desestabilizar al gobierno, tales como validar la “desobediencia civil”, pedir la renuncia del Presidente a los pocos días de que comenzara la crisis, criticar activamente al Ejecutivo en redes sociales, impulsar la acusación constitucional contra el Mandatario, realizar una presentación internacional contra el Jefe de Estado por su supuesta responsabilidad en las violaciones de Derechos Humanos, entre otras iniciativas. 

El mismo Guillermo Teillier señaló el 19 de octubre del año pasado que si el Presidente Piñera “se escuda tras los militares, lo mejor sería que renunciara y llamara a nuevas elecciones”. Asimismo, apoyó a la evasión masiva del metro y junto a su partido presentaron una acusación constitucional contra el Presidente de la República.

Desde el mismo partido, Daniel Jadue, que este fin de semana dijo que «el pueblo tiene todo el derecho a defenderse de las fuerzas de orden», señaló en diciembre en radio Universidad de Chile que “el Presidente todavía no es consciente de que su gobierno ya terminó”, y cuestionó el manejo de la situación que ha tenido el Mandatario.

El abogado Sepúlveda también representó al actual alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, en noviembre de 2017. En la instancia, el penalista presentó junto con el edil una querella contra Jorge Castro (UDI), quien precedió a Sharp en el cargo, por delitos de fraude al fisco, malversación de caudales políticos y obtención fraudulenta de prestaciones públicas. La acción judicial obedece a eventuales irregularidades en la administración de Castro, las cuales fueron conocidas tras un informe de la Contraloría General de la República. 

Jorge Sharp, quien ha tenido un punto de vista similar al PC tras el estallido, también apoyó las evasiones del Metro y las manifestaciones, así como las duras críticas al Ejecutivo. Incluso, el alcalde de la ciudad puerto renunció a su partido político tras el 18 de octubre. La decisión de abandonar su militancia en Convergencia Social surgió luego de que Gabriel Boric, uno de los mayores liderazgos del partido, decidiera unirse al Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución del 15 de noviembre. La misma postura que tuvo la tienda comunista que decidió abstenerse y rechazar la resolución en la que concordaron la mayoría de las fuerzas políticas del país. 

Sepúlveda también tomó el caso de los 15 estudiantes de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones), querellados tras tomarse las oficinas del Demre el 12 de enero de este año. Manifestación que se realizó en medio del sabotaje a la PSU. El abogado señaló que las acusaciones eran una «persecución política».

Otro caso polémico previo al 18 de octubre que fue tomado por Sepúlveda, se relaciona con las manifestaciones que se sucedieron el año pasado en el Instituto Nacional donde el caso de un alumno que cursaba 2º medio llegó hasta la Corte de Apelaciones de Santiago. El estudiante fue expulsado del recinto escolar tras ser sometido a la ley conocida como Aula Segura. En un primer momento se dijo que el joven de 15 años había sido sorprendido lanzando objetos contundentes a personal de Carabineros en mayo de 2019 y de haber preparado artefactos incendiarios. Tras apelar, el estudiante fue reintegrado al liceo.

Los críticos comentarios del abogado en las redes sociales 

Ramón Sepúlveda, quien suele utilizar Twitter para compartir publicaciones de sus casos o de sus apariciones en los medios, tras el 18 de octubre ha comenzado a hacer publicaciones en esta red con críticas al gobierno y a las medidas que este ha tomado frente a la situación del país. 

El 26 de octubre retwitteó a la comediante Natalia Valdebenito, quien en su tweet hacía un llamado a manifestarse frente a La Moneda, en el que dejaba por escrito que “no olvidaremos que mandaste a matar y amenazar a tu pueblo”.

Asimismo, el penalista comentó en sus redes sociales que “subir las penas es simplemente más represión y no entender nada”, haciendo referencia a la nueva agenda de seguridad presentada por el Presidente Piñera tras el 18 de octubre.

Sus otros casos emblemáticos 

El abogado también ha representado al alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo (IC) en diversas causas. La más reciente fue en noviembre del año pasado, donde la municipalidad de Tamayo, junto con la Fiscalía Popular de la comuna, se querelló contra Carabineros por denuncias de violencia hacia menores de edad y habitantes del sector. “Tenemos casos de personas que han sido heridas por balines en el ojo, tenemos un caso terrible de cuatro menores de edad”, afirmó Ramón Sepúlveda, y agregó que “los órganos policiales en vez de proteger a la gente la amedrentan y atacan al pueblo de Chile”. 

Una de las primeras causas denominadas «grandes» que tomó Sepúlveda fue la defensa del ex funcionario del Servicio de Impuestos Internos (SII) Juan Martínez, en los inicios del caso Penta. Tras la audiencia llevada a cabo en marzo de 2015, Sepúlveda logró evitar la prisión preventiva que había sido solicitada por el entonces fiscal nacional Sabas Chahuán, luego de lograr desvirtuar los delitos de cohecho por el que su cliente había sido acusado. 

Asimismo, Sepúlveda fue querellante en el denominado caso “AC Inversions”. El abogado aseguró en ese entonces que “estamos frente a la estafa piramidal más grande de nuestro sistema y con un número de víctimas que superan las 3 mil”, y que defraudó más de $100 mil millones en cuatro años. 

Ramón Sepúlveda también fue el defensor de los hermanos Huaiquipán, hijos del futbolista chileno, quienes fueron declarados culpables por el homicidio de una persona en una discoteque de la comuna de Maipú. La sentencia se dictó en noviembre de 2019 y en esa instancia el abogado defensor aseguró que iba a presentar una solicitud de nulidad de la sentencia e iniciar un nuevo juicio.

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