Publicado el 14 junio, 2021

[Columna Constituyente] Sebastián Zárate: Los límites del poder constituyente

Abogado constitucionalista y académico de la Universidad de los Andes. Director de ECU, Estudios de la Comunicación UANDES Sebastián Zárate

Así como un Presidente no podría atribuirse el poder de violar la Constitución, ni aún “invocando” al pueblo, tampoco lo pueden hacer los convencionales como ejecutores de la voluntad popular ya expresada.

Sebastián Zárate Abogado constitucionalista y académico de la Universidad de los Andes. Director de ECU, Estudios de la Comunicación UANDES
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Un grupo de convencionales constituyentes ha afirmado que el poder constituyente originario es soberano y autónomo, y no sujeto a reglas constitucionales previas. Si bien esta postura no está equivocada en cuanto a la naturaleza del poder de darse una nueva Constitución, incurre en un grave error conceptual: ni el grupo de los 34 convencionales firmantes de tal declaración, ni aún la Convención Constitucional completa son titulares de la soberanía, tampoco lo son del poder constituyente originario.

El poder constituyente originario consiste en la decisión popular de otorgarse una Constitución. Para ello, la teoría constitucional no admite más límites que el respeto de los derechos fundamentales. Pero, como es entendible, Chile no se está refundando, existe una voluntad soberana del pueblo que expresó con claridad cuáles son los objetivos y límites para elaborar una nueva Carta Política. Asimismo, el caso chileno se produce en un escenario en el cual difícilmente puede hablarse de un sistema constitucional en quiebre o con una crisis profunda, como podrían ser otros ejemplos de países cuyos pueblos convocan al poder constituyente en medio de guerras civiles o golpes de Estado.

Los límites al poder constituyente en nuestro caso fueron antecedidos por el poder constituyente derivado (también llamado poder de reforma) de la Carta vigente, y finalmente fijados por el plebiscito de octubre de 2020. Es cierto que el pacto político fundante fue el Acuerdo por la Paz de noviembre de 2019, pero tal voluntad se materializó en la reforma constitucional que dio lugar al plebiscito. En este acto electoral, el pueblo ejerció su poder soberano de convocar a un cuerpo para elaborar una nueva Constitución, con algunos límites, entre los cuales se encuentran que los acuerdos de la Convención se realicen por el quórum estándar en el mundo, que son los 2/3; que se mantenga un régimen democrático, se respeten los tratados internacionales ratificados por Chile, así como las sentencias judiciales; y que se elabore un texto dentro de un plazo determinado, al fin del cual la propuesta vuelve al pueblo en calidad de soberano para ratificarlo o desecharlo, que es el plebiscito de salida.

Es decir, el caso chileno -como razonablemente podía pensarse- estableció límites a su poder constituyente originario. Éstos son ineludibles para los convencionales constituyentes. El mandato del pueblo soberano los fijó, y los mandatarios elegidos tienen autonomía para actuar, sin estar facultados por el pueblo para excederlos.

En este último sentido, no se debe olvidar que los convencionales son mandatarios del pueblo. Un mandatario no puede reemplazar la voluntad del mandante. Así como un Presidente no podría atribuirse el poder de violar la Constitución, ni aún “invocando” al pueblo, tampoco lo pueden hacer los convencionales como ejecutores de la voluntad popular ya expresada. El mandato representativo en Derecho Constitucional, si bien es libre, en cuanto a que no está sujeto a instrucciones precisas que le pueda dar el mandante (el pueblo o la Nación), no implica que sea ilimitado, y que el mandatario le esté permitido arrogarse más autoridad que la entregada.

Por lo anterior, resulta lamentable que un grupo de representantes del pueblo anuncien su intención de estar dispuestos a actuar en contra de su mandante. Confunden su rol, por cuanto no fueron elegidos para reemplazar al pueblo, que es el verdaderamente soberano, sino para representarlo. Confunden el momento en que el pueblo se pronunció sobre la necesidad de elaborar una nueva Constitución, que no fue en el Acuerdo por la Paz del 15 de noviembre de 2019, gestado entre representantes políticos, sino en el plebiscito del 25 de octubre de 2020, proceso electoral que contó con la mayor participación en la historia de Chile. Y confunden, enseguida, que su autonomía no es sinónimo de poder ilimitado, sino de una función encaminada a la propuesta de un texto constitucional: no a legislar o a establecer condiciones a la actuación de los poderes del Estado (principalmente al Congreso Nacional y el Poder Judicial).

El debate que generó este grupo de convencionales electos resulta necesario y oportuno a nivel político. Necesario, porque permitió a los ciudadanos comprender que tenemos un rol activo y no pasivo en la redacción del pacto político que nos gobernará en los próximos años. Y oportuno, porque antes del inicio del funcionamiento de la Convención Constitucional nos recordó que fuimos nosotros mismos, como cuerpo electoral, quienes determinamos la finalidad y límites del proceso constituyente.

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