El pasado 27 de enero la Comisión sobre Sistema Político aprobó en general la idea de un presidencialismo atenuado, caracterizado por una figura paritaria, con una vicepresidencia, y menores atribuciones para el Ejecutivo que las contenidas en la Constitución vigente. Por otra parte, la Comisión aprobó la existencia de un Congreso Plurinacional y Unicameral, compuesto por 205 representantes elegidos por una fórmula paritaria, proporcional y con escaños reservados para los pueblos originarios.

El problema central de estas dos decisiones es su enorme incongruencia. Asume que un presidencialismo atenuado únicamente implica recortar las atribuciones presidenciales y no fortalecer el Congreso. En segundo lugar, la idea de los escaños reservados en un sistema unicameral también irá en perjuicio de las regiones, y, paradójicamente, de los pueblos originarios.

En primer lugar, la existencia de un presidencialismo atenuado significa en teoría que las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso se diseñan de forma más equilibrada que en la actualidad. En ello estamos de acuerdo, y hay gran consenso en que la nueva Constitución debe desmarcarse del hiperpresidencialismo de la Carta de 1980. Los redactores de la Constitución vigente procuraron crear un sistema desequilibrado a favor del Presidente de la República en miras a la experiencia de confrontación de poder bajo la Constitución de 1833, que llevó al país al mal denominado “parlamentarismo a la chilena”; y bajo la de 1925, que también generó una crisis política entre el Presidente y el Congreso en el gobierno del Presidente Allende, y que desencadenó en parte el golpe de Estado.

El presidencialismo atenuado supone tener un Ejecutivo liderado por un Presidente, quien es Jefe de Estado y de Gobierno, que tiene cierta preponderancia sobre el Congreso, pero sin llegar a esquemas como el que actualmente cuenta nuestro diseño. 

Pero ello implica no solo fijarse en debilitar al Presidente en sus atribuciones, sino en fortalecer al Congreso. Un Congreso unicameral no puede ser considerado como más fuerte, sino todo lo contrario. Puede ocurrir, por diversas razones -entre ellos diseño de la fórmula electoral, cuatrienios en ambos poderes, cambios en las dinámicas internas de los partidos- que un Presidente pueda tener mayoría abrumadora en el Congreso. Eso haría al Presidente bastante más poderoso que un Primer Mandatario de la Constitución de 1980. 

El bicameralismo impide aquello. Establece, como dicen algunos politólogos, “jugadores de veto”, es decir instituciones o actores que ejercerán contrapeso entre sí, impidiendo que la mayoría se comporte como un tirano. Un sistema bicameral bien diseñado -congruente con un federalismo o un sistema altamente descentralizado, y con los pueblos originarios- será un mejor negociador de las políticas públicas. 

En segundo lugar, unido a lo anterior, la existencia de un Senado con representación regional y de pueblos originarios representa una solución más eficaz para contrarrestar el aplastante poder de Santiago. A diferencia de otros países, caracterizados por la existencia de un Estado Federal poderoso versus los estados federados, o grandes estados (ya sea por población o poder económico) versus pequeños estados, el caso chileno representa más bien una dicotomía entre el poder de Santiago y el resto de las regiones. En tal sentido, las políticas del Ejecutivo y de la Cámara de Diputados tendrían que ser consensuadas con las preferencias regionales y de pueblos originarios del Senado, llegando a resultados de mayor moderación y justicia regional del país. 

En cambio, los “poderes de veto” de los representantes regionales y de pueblos originarios en un sistema unicameral quedarán más diluidos o absorbidos por la estructura de los partidos políticos o coaliciones, por la exigencia de representación proporcional para los escaños no reservados, y por el histórico peso político que tienen las estructuras de Santiago. En suma, no creo que deban celebrar las regiones y los pueblos originarios con el diseño aprobado el 27 de enero.

Un sistema bicameral, con una Cámara de Diputados con elección proporcional, con duración de cuatro años; y con un Senado, con representación regional (igualdad de escaños para todas las regiones) y escaños reservados para pueblos originarios, con mandatos de ocho años (con renovación parcial), entrega un resultado más coherente. En primer lugar, coherente con un presidencialismo atenuado, ya que el Ejecutivo tendrá un contrapeso mayor, y pocas posibilidades de un control absoluto de las mayorías parlamentarias. En segundo lugar, coherente con un modelo de Constitución de composición política más plural, dado que en este diseño se beneficia de la diversidad que aportan las regiones y los pueblos originarios en las decisiones. En tercer lugar, fortalecerá la descentralización de los partidos políticos, materia muy necesaria, pero poco abordada en este proceso constituyente. Y, en cuarto lugar, se tratará de un sistema con mayores contrapesos, controles que impedirán a las mayorías abatir a las minorías, exigiendo políticas públicas más moderadas, aun cuando puedan igualmente ser reformistas (serán, en ese caso, reformistas con todos y no sólo con algunos).    

Deja un comentario

Cancelar la respuesta