Los días posteriores a la elección de la Convención Constitucional han surgido voces, de cara a la discusión del reglamento, sobre la inconveniencia de mantener la regla de los 2/3. El debate resulta relativamente conocido, y considera que el nuevo cuerpo elegido -más aún con los resultados obtenidos en los comicios de mayo- podría modificar el quórum, dado que éste fue fijado “entre cuatro paredes” por representantes de los partidos políticos. En términos constitucionales, los objetores de la regla de los 2/3 plantean que existiría un conflicto entre el poder constituyente derivado -es decir, el poder de reforma de la Constitución vigente (ejercido por el Presidente de la República y el Congreso) -y el poder constituyente originario (representado por la Convención).

Sin embargo, ello importa, para comenzar, una transgresión abierta de la Constitución, que expresamente señala que las normas y el reglamento deben cumplir con este quórum (artículo 133 inc. 3°). Se debe recordar que en este proceso la Constitución actual mantendrá su completa vigencia hasta la entrada en vigor de la futura Carta, lo cual impide desconocer su texto. Además de que cualquier infracción a las reglas establecidas por la Constitución pueden ser resueltas por cinco ministros de la Corte Suprema (art. 136).

La regla de los 2/3 no es un capricho constitucional para proteger el derecho de veto de algunos sectores políticos, y en tal sentido, no debiera evaluarse su conveniencia según lo que fueron los resultados de los comicios. Tampoco es un esfuerzo para mantener los históricos tres tercios con los que tradicionalmente se manejó la política chilena.

La regla debe ser entendida dentro de la lógica de que la Constitución debe necesariamente ser un acuerdo de una mayoría significativa. Así, si evaluamos las cerca de 200 constituciones del mundo, la regla de los 2/3 es el estándar más común para reformar las Cartas Políticas, dado que se busca asegurar un consenso más que un poder de veto, una conciencia de que el compromiso e ideario político que plantea la ciudadanía requiere de un apoyo excepcionalmente más amplio que el de la aprobación de las leyes. No busca el bloqueo, sino la representatividad, la legitimidad y la permanencia democrática que debe ser el punto de partida de cualquier constitución.

Pero más importante que lo anterior, es que los objetores de la regla -lo que también incluye a quienes pretenden con fórmulas a veces curiosas para evadirla, como la del plebiscito- no sinceran que en realidad están desafiando la voluntad del pueblo. La propia reforma que inició el proceso constituyente fue explícita en reconocer que la soberanía reside en el pueblo, que se expresa a través de las elecciones y plebiscitos, proscribiendo cualquier intento contrario de parte de los convencionales constituyentes en calidad de mandatarios de la Nación.

Es en el pueblo en que reside el poder constituyente originario, es decir, el que manifestó su voluntad de darse una nueva Constitución. El mismo pueblo que en ese contexto, y bajo esas reglas, votó mayoritariamente en comenzar este trascendental paso en nuestra convivencia política, y en convocar a la Convención Constitucional en calidad de mandatarios, y luego eligió a quienes formarían este órgano el pasado 15 y 16 de mayo. Los convencionales constituyentes carecen de competencia para alterar esta voluntad popular claramente expresada en dos procesos electorales. Tampoco se podría, como algunos han planteado, modificar el artículo 133 de la actual Constitución, eliminando los 2/3, porque para ello se requeriría iniciar nuevamente todo el proceso, convocando a un nuevo plebiscito y elección, situación prácticamente inviable.

Debe tenerse presente que cualquier intento para alterar o eludir las bases con las que se estructuró el mecanismo constituyente irá en contra de la voluntad popular, depositaria de la soberanía. Ni la Convención ni autoridad alguna pueden atribuirse potestades que ya están fijadas en el poder constituyente que se inició el 25 de octubre pasado. Dicho de otro modo, es un error entender que el proceso constituyente partirá con la instalación de la Convención Constitucional: ya se inició el 25 de octubre, teniendo como antecedentes el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución y la reforma constitucional posterior. Cambiar las reglas una vez iniciado el juego siempre pone en peligro su desarrollo.

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