Todo ocurrió en la sesión de la Subcomisión de Estructura Orgánica el miércoles 11 de agosto. Primero la convencional Rosa Catrileo planteó la indicación para eliminar “República de Chile” de un artículo introductorio que, a ojos de cualquiera, hubiera pasado desapercibido: “Artículo 2. Objeto del Reglamento: El presente reglamento tiene por objeto establecer la organización y funcionamiento y los procedimientos de la Convención constitucional de la República de Chile (…)”. La justificación de la supresión la dio ella misma: “hacer referencia a la república de Chile, no da cuenta que la convención es mandatada por los pueblos y no por la República de Chile”. Acto seguido el convencional Hernán Larraín preguntó lo evidente: ¿excluye acaso a los “pueblos” hablar de “República de Chile”? Y la pregunta inicia una ronda de intervenciones a las que hay que prestar atención. Primero, el convencional aymara Luis Jiménez apoyó la indicación ya que, sostuvo, “en la práctica” se asocia “República de Chile” con el Estado-nación. Luego el convencional Mauricio Daza matizó tal planteamiento y cuestionó, a su modo, el trasfondo de la indicación: argumentó que no eran términos excluyentes (en lo que tiene razón) y agregó que no podía cuestionarse el carácter de República (lo que también es acertado). Finalmente Amaya Álvez coincidió con esto último (la defensa del concepto República) y agregó que el término no se opone al carácter “plurinacional” que ella y otros promueven. Luego se baja la imagen y se cierran los micrófonos por algunos minutos tras lo cual se aprueba la supresión por 9 votos contra 2 (H. Larraín y C. Hube). 

En todo esto hay silencios que hacen ruido. El primero es el del autor del artículo modificado. La subcomisión está trabajando sobre un texto de referencia que elaboraron los convencionales del Partido Socialista Claudio Gómez, Ricardo Montero y Ramona Reyes. Es decir, fueron ellos los que escribieron el artículo que hablaba de “República de Chile”. Claudio Gómez estaba en la sesión y nada argumentó. ¿No hubiera sido razonable, que sea por amor propio, tomar la palabra para explicar que la mención a Chile y a su república no es más que recordar que estamos en un país llamado Chile, con su historia, sus luces y sombras? Al votar dijo tener dudas, pero finalmente aprobó la eliminación.

También sorprende el silencio de los convencionales Daza y Álvez quienes argumentaron en contra y terminaron votando a favor. Ambos criticaron correctamente los fundamentos de la indicación. Y es que, como es claro, la discusión de si en nuestro país somos una o muchas naciones nada tiene que ver con la idea de república y mucho menos con eliminar la palabra Chile. Es cierto que Amaya Álvez, ese día y más tarde en entrevista en El Mercurio (14.08), se abrió a la eliminación por una cuestión simbólica… curioso gesto el que, sobre la base de un error conceptual, elimina dos conceptos fundamentales en cualquier proceso constituyente: “república” y “Chile”.

¿Qué es realmente lo que muestra todo esto? ¿Por qué dos convencionales, como Álvez y Daza, que entendieron rápidamente que la indicación confundía conceptos, terminaron aprobándola? ¿Qué fue lo que se conversó en ese intervalo de micrófonos apagados? ¿Por qué no simplemente rechazar una indicación que, como ha explicado Germán Concha en el Podcast Constituyente del Líbero, se enreda en el uso de las palabras? Podrá decirse que no valía la pena que los convencionales de izquierda rechazaran una indicación poco importante, pese a sus errores, para no enemistarse con sus pares indígenas. Poca esperanza ofrece tal justificación si algo como eso fue lo que inspiró la aprobación. Y es que si no hay fuerza hoy para rechazar algo tan pobremente fundado y conceptualmente equivocado, ¿qué mágica poción deberán tomar para encontrar la fuerza para oponerse a lo importante, pese a que no crean en ello? 

Al final, todo esto es un destello de algo que subyace al devenir de la Convención. La izquierda en su interior camina sobre la culpa y el complejo que ha sembrado con éxito cierto discurso indigenista latinoamericano. Ello terminará por transformar en hegemónicas las aspiraciones de los representantes de los pueblos originarios. En otras palabras, no hay fuerza, ni posiblemente voluntad suficiente, para oponerse a cualquier agenda en materia indígena por lo que, crecientemente, esta terminará capturando la nueva Constitución. 

Si algo como esto es cierto, varios temas quedan abiertos. Desde los contenidos, posiblemente ha llegado el momento de dejar de leer constituciones europeas para empezar a estudiar con más detención las reglas de Bolivia y Ecuador que posiblemente serán trasplantadas. Y en perspectiva política, es temprano aún para saber si es una estrategia sabia, que conectará con las mayorías, subordinar la nueva constitución a la hegemonía de la agenda indígena. Todavía falta para averiguarlo.

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