Sin duda alguna, una de las noticias de la semana pasada fue la larga elección de la nueva Mesa de la Convención Constitucional, cuya composición destaca por su juventud, “independencia política” y “postura transformadora”. Pero también por sus convicciones ideológicas.

La presidenta electa, María Elisa Quinteros pertenece al colectivo Movimientos Sociales Constituyentes, y es una firme defensora del aborto libre. A nivel de vicepresidencias resultó electa, entre otros, la convencional Bárbara Sepúlveda, perteneciente al Partido Comunista, que ha sido una de las convencionales que ha liderado la lucha por la consagración de los derechos sexuales y reproductivos, especialmente del aborto. Sobre el resto de los nuevos integrantes de la Mesa, no hay expectativas de que puedan buscar un equilibrio en estos temas, sino todo lo contrario. 

¿Por qué deberían ser preocupantes estos datos? Más allá del nuevo carácter simbólico y político del órgano directivo, hay ciertas normas reglamentarias que permiten suponer que esta Mesa puede tener una incidencia privilegiada en esta segunda etapa del proceso constituyente. 

El artículo 39 del Reglamento General enumera las funciones y atribuciones de la Mesa Directiva, y el literal u) indica que una de ellas es “Interpretar, por mayoría de sus miembros, en caso de contradicción u obscuridad, los reglamentos de la Convención Constitucional”. La inquietud comienza a tomar forma cuando advertimos que algunos artículos tienen una redacción poco clara. 

El artículo 90 del Reglamento General regula los llamados “mecanismos de transversalización”: dos convencionales por cada comisión temática se reunirán mensualmente para analizar que los textos constitucionales de sus comisiones respetan los enfoques de derechos humanos, género e inclusión, entre otros, y emitirán un informe que identifique duplicaciones, divergencias o ausencias en relación con los enfoques mencionados. La comisión temática deberá discutir tal informe, adoptar resoluciones al respecto y deliberar sobre la implementación de tales enfoques, para luego enviar al Pleno un informe sobre el proceso de discusión de tal implementación. 

Como ha sido costumbre de las comisiones temáticas o de los convencionales de forma individual o colectiva, ante vacíos reglamentarios se envían oficios a la Mesa Directiva para que esta emita un pronunciamiento resolviendo el asunto. Así ha ocurrido en más de una ocasión hasta la fecha.

Existe, luego, una preocupación real y fundada, atendido a que los cronogramas y formatos de deliberación no contemplan un espacio para la recepción de los informes de transversalización ni hay claridad sobre el alcance, contenido y obligatoriedad de los mismos. O sea, no existe certeza respecto a la importancia que tendrán los informes de transversalización y si afectarán normas ya aprobadas. Es probable, entonces, que las coordinaciones de las comisiones que deban discutir y votar normas sobre derechos sexuales y reproductivos y aborto soliciten un pronunciamiento acerca de la obligatoriedad de incorporar dichos enfoques y mecanismos, a una Mesa Directiva en donde casi la mitad de sus integrantes son activistas, y buscarán la interpretación más favorable a un mayor reconocimiento y aseguramiento de tal supuesto derecho.

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