Ya en la última semana de febrero, con la vuelta a clases a la vuelta de la esquina y ad portas de un cambio de Congreso y de Gobierno, podemos tener un primer diagnóstico de los dos primeros meses de la nueva Mesa de la Convención y su desempeño en el proceso constitucional.
Al igual que la Mesa anterior, la conducción de Quinteros y Domínguez ha enfrentado los mismos problemas: un debate de bajísima calidad, infracciones reglamentarias, aprobación de normas polémicas cuyos efectos perniciosos fueron extensamente advertidos, una participación popular aparente, una consulta indígena sin claridad alguna sobre su realización y problemas comunicacionales para informar sobre el trabajo de la Convención.
Los debates en las comisiones y en el Pleno se sujetan a protocolos diseñados para cumplir su tarea antes del 4 de julio (día en que se cumplirá un año desde la instalación de la Convención), lo que obliga a tener pocos minutos para discutir sobre el contenido de las indicaciones, y a que pocas preguntas hechas entre los convencionales obtengan respuestas satisfactorias (porque no alcanza el tiempo o porque la respuesta no existe).
Al poco tiempo que tienen los convencionales en el Pleno para deliberar sobre el trabajo enviado por las comisiones, se sumó la nueva restricción de la Mesa, al aprobar el 20 de febrero ciertas medidas que limitan el debate, como reducir la duración de la sesión de discusión general de 8 a 5 horas, y de 8 a 3 horas para la discusión en particular. En las comisiones, las indicaciones siguen siendo presentadas (“patrocinadas”) por más de la mitad de sus integrantes, por lo que, a la hora de votar, lógicamente esas indicaciones obtienen el voto favorable de más de la mitad de los integrantes, ya que quienes presentaron dichas indicaciones votan a favor de ellas. O sea, en la práctica ya está decidido, desde el momento en que se presentan, cuáles indicaciones serán aprobadas y, con ello, el texto final que se enviará al Pleno (algo similar a lo que ocurrió con la aprobación del Reglamento de Consulta Indígena).
A estos problemas se suma el veto contra los convencionales de Vamos por Chile. A causa de esto hay quienes han manifestado la necesidad de incorporar las ideas de este grupo en el borrador de texto constitucional, como ha ocurrido con el convencional socialista Andrés Cruz, en la Comisión de Sistemas de Justicia, o la denuncia hecha por la convencional Evópoli Bárbara Rebolledo, quien acusó al resto de los convencionales de la Comisión de Derechos Fundamentales de tener un grupo de Whatsapp en el que decidían el destino de las indicaciones.
Todo lo anterior tiene una repercusión directa en la calidad de las normas, y las que han sido aprobadas demuestran el deficiente debate: no se le reconocen derechos a las personas jurídicas salvo mención expresa, educación sexual integral única y de carácter laico, aborto libre, pluralismo jurídico, paridad y perspectiva de género como principios de la función jurisdiccional, Estado Regional y asambleas regionales, entre muchas otras.
Ante la aprobación de estas normas, voces críticas de izquierda y derecha han denunciado las graves consecuencias que tendrían para nuestro país, pero la Convención insiste en estar sometida a un ataque comunicacional y a una campaña de desprestigio, lo que se traduce en una censura encubierta a la opinión crítica del trabajo realizado hasta el momento. En algún momento existió la esperanza de que hubiese un cambio de rumbo, pero el plazo ya está encima, las decisiones finales son tomadas de antemano y solo hemos visto los mismos errores y actitudes de la primera etapa.