La semana pasada la Comisión de Justicia de la Convención, en una sola audiencia pública recibió a representantes de la Corte Suprema, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, la Contraloría, el Banco Central, el Servicio Electoral y el Tribunal Calificador de Elecciones.
Es indudablemente una iniciativa provechosa. La importancia que tienen dichos organismos en el ordenamiento constitucional y en el buen funcionamiento de la vida pública es muy alta. Se trata de instituciones que cuentan con una rica experiencia, de dos siglos en el caso de la Corte Suprema o, al menos, de varias décadas las otras instituciones, y es por ello que al momento de redactarse una nueva Constitución sería insensato ignorarlas.
Sea para apreciar las exigencias que requiere una democracia auténtica, los desafíos a superar para la vigencia efectiva del Estado de Derecho, la protección de los derechos e intereses de las personas, o la estabilidad económica del país, conocer de primera mano el pensamiento de los representantes recibidos en audiencia pública por la Comisión de Justicia de la Convención, debiera significar, para sus integrantes, un aporte de gran valor cuando tengan que redactar su propuesta al Pleno.
Es de lamentar, sin embargo, que para conocer los planteamientos de los órganos constitucionales invitados se les haya recibido a todos en una sola audiencia, y más aún que al parecer no habrá otras reuniones. Una audiencia no basta.
Es, en efecto, imposible compenetrarse en tan poco tiempo de los desafíos y problemas que enfrentan instituciones como la Corte Suprema, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, o el Banco Central -por no mencionar a todos los organismos invitados-, salvo que se tenga un conocimiento cercano de los mismos. Y sin ese conocimiento mal podrá acertarse cuando llegue el momento de decidir si serán aceptados en la nueva Constitución, cuál será su organización y atribuciones, y qué relaciones tendrán con los poderes y órganos del Estado.
Al respecto quisiera recordar lo que ocurrió, en cambio, en la Comisión de Estudios, o Comisión Ortúzar, que propuso en 1978 el Anteproyecto de Constitución que está en la base de la Constitución de 1980.
Esa Comisión, en los dos años finales de su existencia se ocupó de la parte orgánica de la Constitución. Y al hacerlo, tuvo cuidado de consultar a autoridades que podían ilustrarla en las materias de su competencia. Al respecto, recuerdo que no en una sino en varias sesiones, y por separado, la Comisión Ortúzar recibió al Presidente de la Corte Suprema, al Contralor General de la República y a quien, entonces, era Fiscal del Banco Central, Roberto Guerrero, cuyas intervenciones fueron una gran ayuda para elaborar la normativa constitucional. Así lo puede apreciar quien consulte las actas de la Comisión de Estudios.
Llevar a cabo una serie de audiencias requiere, por cierto, tiempo y una buena disposición por parte de los convencionales si quieren aprovechar la audiencia a que se invita a los representantes de los órganos constitucionales interesados. No se trata de enfrentarse a ellos sino de conocer lo que se espera y lo que hacen las instituciones constitucionales que presiden.