Ni los más avezados analistas proyectaron que el resultado de la elección traería consigo una derrota tan aplastante para el gobierno y su coalición. Menos se imaginaron que las fuerzas de centro izquierda serían derrotadas por la izquierda más radical y que los independientes irrumpirían con la fuerza que lo hicieron tomando una representación de casi un tercio en la Convención; aunque está en observación como estos se alinearán y qué grado de coincidencia exhibirán en temas tan sensibles como el rol del Estado, derechos sociales, estatuto para explotar recursos naturales, función social de la propiedad, autonomías constitucionales de órganos técnicos, entre otros. Con todo, en una primera impresión pareciera que los llamados “independientes” se apartarán de las definiciones que para esas materias adoptó el constituyente de 1980.
Explicar las causas de la debacle que para los partidos tradicionales y sus dirigentes trajo consigo esta elección, será motivo de infinitos análisis. El estallido social, que expresó un fastidio con el sistema político tradicional y con “el modelo” que habría instaurado la actual Constitución -a la que se atribuye ser la responsable final de todos los males-, los efectos económicos y sociales de una pandemia que no cesa, el avance del populismo que se ha enseñoreado como la respuesta corta a agudos problemas sociales, un gobierno que no ha sabido defender sus prerrogativas constitucionales, entre muchas otras, podrían ser las causas a incluir en ese análisis.
Pero tal no es el propósito de estas líneas, sino uno más concreto: poner de relieve que quien ganó la elección fue la otrora criticada “hoja en blanco”, desde que la discusión tendrá lugar sin que ninguna fuerza pueda expresar e imponer a priori su posición irreductible en alguna materia de las que deberán resolverse en la Convención. Esto que parece ser un aliciente para que la futura deliberación se encamine a la búsqueda de acuerdos en torno a cada una de las definiciones constitucionales en los asuntos que -por ser los propios- habrán de incluirse en la nueva Carta Fundamental, es a la vez una causa latente de la inseguridad institucional que el veredicto ciudadano sembró con todos los efectos nocivos que ello trae consigo.
Incrementa el riesgo institucional lo planteado por algunos convencionales electos que anuncian que la Convención debe autoproclamarse soberana y que la ciudadanía debiera ser convocada para zanjar las discrepancias que de tal deliberación surjan. No solo porque con ello se desconoce abiertamente la normativa constitucional que rige el proceso constituyente en curso, que, precisamente, radicó en la Convención Constitucional la potestad constituyente para acordar -en todos sus extremos- el nuevo pacto social, sino porque una pretensión tal da pábulo para que el Congreso siga adelante en lo que parece ser una acción consciente de apartarse de las normas de la Constitución que actualmente lo rigen, erosionado con tal proceder gravemente el valor de la seguridad jurídica.
De allí que quienes resultaron electos convencionales deban reafirmar el compromiso asumido al momento que decidieron participar en este proceso de que ceñirán su actuación estrictamente al marco constitucional que le dio origen y descartar cualquier intento encaminado a transformar la Convención en una instancia que se autoproclame soberana, pues tal es la única vía para garantizar la estabilidad del marco institucional que se requiere para iniciar un debate que trazará el futuro del país por los próximos 40 o 50 años y la legitimidad de su resultado.