Desde el domingo 4 de julio se encuentra instalada la Convención Constitucional, no sin varios incidentes que fueron magistralmente salvados por la secretaria relatora del Tribunal Calificador de Elecciones, abogada Carmen Gloria Valladares.

Asimismo, siguiendo lo que dispone el capítulo XV reformado de la Constitución Política, la Convención procedió a elegir una presidenta y un vicepresidente, por mayoría absoluta de sus miembros.

A continuación, la Convención deberá redactar y aprobar un Reglamento destinado a regular su funcionamiento interno, el que con seguridad establecerá diversas comisiones temáticas, mecanismos para asegurar la transparencia y los vínculos con la ciudadanía, y la forma de relacionarse los convencionales al interior de la Convención, entre otras materias, lo que deberá ser aprobado por un quórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio.

Si bien la Constitución reguló detalladamente la ruta institucional para el establecimiento de la Convención muy poco dijo sobre el Reglamento, pero se estima que en este aspecto ella es enteramente autónoma para la elaboración de sus propias reglas, sin que puedan otros órganos constituidos inmiscuirse en ello. Así lo demuestra la experiencia comparada y es lo que avala que sea un órgano constituyente autónomo con el encargo preciso de elaborar y proponer una nueva Constitución.

Pero si bien la Convención Constitucional es autónoma, no es soberana. Tiene la única misión de redactar una Constitución, la que será sometida a la aprobación del pueblo en quien radica la soberanía y que se manifestará mediante el plebiscito de salida con sufragio obligatorio.

Desde los inicios del constitucionalismo se ha estimado por la doctrina que el poder constituyente originario, es decir, aquel que tiene la facultad para dictar una Constitución, tiene como límites los derechos fundamentales inherentes a las personas y los contenidos en los tratados internacionales. Por su parte, el poder constituyente derivado o constituido debe sujetarse al procedimiento de reforma establecido en la propia Constitución.

En este caso, la Convención además tiene como límite lo establecido en el artículo 135 último inciso debiendo, en consecuencia, respetar el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados y vigentes.

En un Estado de Derecho, todo órgano constituyente está sujeto a límites, tanto el constituyente originario como el derivado o constituido, manteniéndose siempre la soberanía en el pueblo.

El tiempo apremia. Para realizar su cometido la Convención tiene plazo máximo de nueve meses contado desde su instalación, pudiendo prorrogarse por una sola vez por tres meses. Vencido el plazo o su prórroga, la Convención quedará disuelta de pleno derecho.

No hay tiempo que perder. Es importante cumplir el encargo de la ciudadanía y tener, dentro de plazo, el anhelado nuevo texto constitucional.

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